Mateo Vásquez Parédez

Expediente 1156/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1156/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Mateo Vásquez Parédez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El emplazamiento que se le practicó en el juicio 3061/2019/L1/CB/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad y, como consecuencia, todo lo actuado dentro de ese procedimiento, incluyendo el laudo y su ejecución. Bajo dicha guisa, el suscrito considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad para interponer el incidente de nulidad de notificaciones, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de biinstancial. Ciertamente, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 752, 762 al 764 establecen: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 763 Bis.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." De los numerales transcritos se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para nulificar las notificaciones, que no se practiquen conforme a las reglas establecidas por la citada legislación laboral. Por ello, se afirma que la parte quejosa, previo a promover el presente juicio de amparo, debió hacer valer el referido medio de impugnación ordinario en contra del emplazamiento que reclama en la presente instancia constitucional, ya que al ser parte demandada en el controvertido de origen, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Luego, como el solicitante del amparo no controvirtió el acto que reclama mediante el incidente de nulidad de notificaciones, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que un acto de la Junta es violatorio de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 971, tomo I, Septiembre de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a juicio, pues es parte demandada en el controvertido de origen; además de que tiene conocimiento de que se sigue un juicio laboral en su contra según se advierte de sus manifestaciones en el escrito de demanda: ".Que, ante la información obtenida, el día 05 de diciembre del presente año, me traslade a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje local, a efecto de lograr se me diera información respecto de la presunta demanda formulada en mi contra(SIC) .En razón de lo anterior; existe el temor fundado de que con motivo de la Sentencia que se haya dictado dentro del Juicio Ordinario Laboral según expediente 3061/2019/L1/CB/IND." (SIC) Además que de constancias se desprende que al momento en que el quejoso promovió su demanda de amparo y hasta la presente determinación, aún no se ha dictado laudo por lo que se encuentra en posibilidades de acudir al juicio 3061/2019/L1/CB/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad, para hacer valer sus derechos, por los medios legales correspondientes; por lo que se insiste deberá acudir a dicha instancia a fin de hacer valer la ilegalidad de los actos que reclama. TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Además, el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para su celebración, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El emplazamiento que se le practicó en el juicio 3061/2019/L1/CB/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad y, como consecuencia, todo lo actuado dentro de ese procedimiento, incluyendo el laudo y su ejecución. Bajo dicha guisa, el suscrito considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad para interponer el incidente de nulidad de notificaciones, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de biinstancial. Ciertamente, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 752, 762 al 764 establecen: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 763 Bis.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." De los numerales transcritos se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para nulificar las notificaciones, que no se practiquen conforme a las reglas establecidas por la citada legislación laboral. Por ello, se afirma que la parte quejosa, previo a promover el presente juicio de amparo, debió hacer valer el referido medio de impugnación ordinario en contra del emplazamiento que reclama en la presente instancia constitucional, ya que al ser parte demandada en el controvertido de origen, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Luego, como el solicitante del amparo no controvirtió el acto que reclama mediante el incidente de nulidad de notificaciones, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que un acto de la Junta es violatorio de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 971, tomo I, Septiembre de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a juicio, pues es parte demandada en el controvertido de origen; además de que tiene conocimiento de que se sigue un juicio laboral en su contra según se advierte de sus manifestaciones en el escrito de demanda: ".Que, ante la información obtenida, el día 05 de diciembre del presente año, me traslade a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje local, a efecto de lograr se me diera información respecto de la presunta demanda formulada en mi contra(SIC) .En razón de lo anterior; existe el temor fundado de que con motivo de la Sentencia que se haya dictado dentro del Juicio Ordinario Laboral según expediente 3061/2019/L1/CB/IND." (SIC) Además que de constancias se desprende que al momento en que el quejoso promovió su demanda de amparo y hasta la presente determinación, aún no se ha dictado laudo por lo que se encuentra en posibilidades de acudir al juicio 3061/2019/L1/CB/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad, para hacer valer sus derechos, por los medios legales correspondientes; por lo que se insiste deberá acudir a dicha instancia a fin de hacer valer la ilegalidad de los actos que reclama. TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Además, el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para su celebración, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Agréguense en autos los oficios signados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y el Actuario de su adscripción, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele a la primera autoridad responsable ofertando como pruebas de su intención las documentales que anexa, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Incidental

    PRIMERO. Se niega a ******** la suspensión definitiva que solicita únicamente por cuanto hace a la cantidad de $15,208.20 (quince mil doscientos ocho pesos 20/100 m.n.), suma que se estima necesaria para garantizar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo. SEGUNDO. Se concede al quejoso **********la suspensión definitiva que solicita para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de requerir el pago de lo condenado en el laudo dictado en el procedimiento laboral, por una cantidad que exceda del monto señalado para la subsistencia del aquí tercero interesado, que asciende a la cantidad de $15,208.20 (quince mil doscientos ocho pesos 20/100 m.n.); por las razones precisadas en el último considerando de la presente resolución.

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