Martín Zamora Cázares
Expediente 479/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martín Zamora Cázares
- Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de Celaya, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Martin Zamora Cazares, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 -fracción II- del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación al titular de la Gerencia del Registro Público de Derechos del Agua, residente en la Ciudad de México, de proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión dado el sobreseimiento decretado. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, en virtud de lo anterior únicamente agréguese en autos el oficio que remite la gerente de lo Contencioso, de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la citada dependencia, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual refiere rendir su informe justificado. .
- Principal
Agréguese a sus el oficio y anexo signado por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del título de concesión número ********** a nombre del quejoso **********, con su debida inscripción y notificación. Ahora bien, de las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante reclamó: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, señalo como acto reclamado la omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, referente a la prórroga de vigencia del título de concesión número *********, recibido por esa autoridad bajo el número de expediente ***********. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, que fueron anexadas al oficio de cuenta, se desprende: Que el once de junio de dos mil dieciocho, quedó inscrito el título de concesión número ********* a nombre del quejoso, de conformidad con la resolución número ********* de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y, Que el dos de julio de dos mil dieciocho, le fue notificado a la parte quejosa el referido título de concesión con su correspondiente inscripción. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable le notificó el título de concesión número 08GUA122302/12AADL18, el cual fue inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua el once de junio de dos mil dieciocho, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la notificación del título de concesión en comento, cesaron las omisiones que el quejoso reclamó en ésta instancia, dado que desaparecieron los efectos de la falta de emitir resolución a la solicitud de prórroga de vigencia de título de concesión, así como su respectiva notificación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus el oficio y anexo signado por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del título de concesión número ********** a nombre del quejoso **********, con su debida inscripción y notificación. Ahora bien, de las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante reclamó: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, señalo como acto reclamado la omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, referente a la prórroga de vigencia del título de concesión número *********, recibido por esa autoridad bajo el número de expediente ***********. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, que fueron anexadas al oficio de cuenta, se desprende: Que el once de junio de dos mil dieciocho, quedó inscrito el título de concesión número ********* a nombre del quejoso, de conformidad con la resolución número ********* de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y, Que el dos de julio de dos mil dieciocho, le fue notificado a la parte quejosa el referido título de concesión con su correspondiente inscripción. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable le notificó el título de concesión número 08GUA122302/12AADL18, el cual fue inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua el once de junio de dos mil dieciocho, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la notificación del título de concesión en comento, cesaron las omisiones que el quejoso reclamó en ésta instancia, dado que desaparecieron los efectos de la falta de emitir resolución a la solicitud de prórroga de vigencia de título de concesión, así como su respectiva notificación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación con que se da cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, a efecto de que rinda su informe justificado, además de no obrar constancia en autos (acuse), de que el titular de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, residente en la ciudad de México, haya recibido el oficio mediante el cual se le solicitó su respectivo informe justificado; por tanto, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con diez minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo.
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