Mateo Martinez Alvarado
Expediente 761/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mateo Martinez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 31 a 33), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el promovente Mateo Martínez Alvarado y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 16 a 19), pues el efecto señala: -Que en el auto de doce de julio del año que transcurre, no se le dictó auto de formal prisión, y sí señala los montos para gozar de su libertad personal. De lo anterior, toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO. En la especie, el suscrito Juez de Distrito, advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por Mateo Martínez Alvarado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el caso particular, de la copia certificada de cuenta, relativa al auto emitido el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el proceso penal 322/2010-7 de su índice, se aprecia que dejó sin efectos el diverso de doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se fijó al quejoso Mateo Martínez Alvarado, monto de la caución para gozar de su libertad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude especifico, cometido en agravio de Guillermo Herrera Díaz -acto aquí reclamado-; y se fijaron unos diversos, lo que constituye un hecho notorio. Luego, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado el proceso penal 322/2010-7 , del índice del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que se sigue al aquí quejoso, al haberse dejado sin efectos con posterioridad en el diverso auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, razón por la cual el primero fue sustituido procesalmente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia III.2o.C.J/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Este criterio es aplicable al caso por analogía, porque la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, analizada en la jurisprudencia en cita, prevé el mismo supuesto que el diverso ordinal 61, en su fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, transcrito en supralíneas. En ese sentido, en términos de la sexta disposición transitoria de la citada legislación actual, la jurisprudencia de referencia sigue vigente porque no se opone a la reglamentación vigente. En mérito de lo expuesto, resulta evidente que se han destruido todos los efectos de la determinación combatida por Mateo Martínez Alvarado, en forma total e incondicional, como si tal resolución no hubiera dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; siendo sustituido procesalmente por el diverso auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del proceso penal de origen. Es por lo anterior que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la diversas autoridades señaladas como responsables ejecutoras 2. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 3. Director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, ya que el acto que se les imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del auto materia del desechamiento. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución."
- Principal
(publicación citatorio)SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 20 DE agosto DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el promovente Mateo Martínez Alvarado y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 16 a 19), pues el efecto señala: -Que en el auto de doce de julio del año que transcurre, no se le dictó auto de formal prisión, y sí señala los montos para gozar de su libertad personal. De lo anterior, toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO. En la especie, el suscrito Juez de Distrito, advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por Mateo Martínez Alvarado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el caso particular, de la copia certificada de cuenta, relativa al auto emitido el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el proceso penal 322/2010-7 de su índice, se aprecia que dejó sin efectos el diverso de doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se fijó al quejoso Mateo Martínez Alvarado, monto de la caución para gozar de su libertad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude especifico, cometido en agravio de Guillermo Herrera Díaz -acto aquí reclamado-; y se fijaron unos diversos, lo que constituye un hecho notorio. Luego, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado el proceso penal 322/2010-7 , del índice del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que se sigue al aquí quejoso, al haberse dejado sin efectos con posterioridad en el diverso auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, razón por la cual el primero fue sustituido procesalmente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia III.2o.C.J/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Este criterio es aplicable al caso por analogía, porque la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, analizada en la jurisprudencia en cita, prevé el mismo supuesto que el diverso ordinal 61, en su fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, transcrito en supralíneas. En ese sentido, en términos de la sexta disposición transitoria de la citada legislación actual, la jurisprudencia de referencia sigue vigente porque no se opone a la reglamentación vigente. En mérito de lo expuesto, resulta evidente que se han destruido todos los efectos de la determinación combatida por Mateo Martínez Alvarado, en forma total e incondicional, como si tal resolución no hubiera dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; siendo sustituido procesalmente por el diverso auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del proceso penal de origen. Es por lo anterior que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la diversas autoridades señaladas como responsables ejecutoras 2. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 3. Director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, ya que el acto que se les imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del auto materia del desechamiento. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 761/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase la parte promovente para que bajo protesta de decir verdad dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise si en el proveído de doce de julio del año en curso, emitido en el proceso 322/2010-7, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, se le dictó auto de formal prisión por el delito de fraude específico, cometido en agravio de Guillermo Herrera Díaz. Lo anterior es así, pues del capítulo correspondiente al acto reclamado, el aquí promovente únicamente refirió lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA LE RECLAMO EL AUTO DE FECHA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO DENTRO DEL PROCESO NÚMERO 322/2010-7 DEL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA., (SIC) Y QUE ME FUE NOTIFICADO CON FECHA DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ME ESTÁ PROCESANDO POR EL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO AUTO QUE VIOLA MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA; Y DE LA AUTORIDAD EJECUTORA EL QUERERME PRIVAR DE MI LIBERTAD INJUSTAMENTE, RECLAMANDO TODAS LAS CONSECUENCIAS LÓGICAS, JURÍDICAS Y NATURALES QUE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE EN SI MISMOS SON INCONSTITUCIONALES Y QUE SE DERIVAN DEL PROCESO 322/2010-7 DEL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA." SEGUNDO. Manifieste si desea señalar como acto reclamado los montos que le fueron impuestos para que goce de su libertad bajo caución, en el proceso 322/2010-7, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Lo anterior es así, pues del capítulo de conceptos de violación, señaló que: "(.) EL AUTO DE FECHA QUE SE COMBATE MEDIANTE ESTE JUICIO DE GARANTÍAS DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON FECHA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. PRIMERO,- En virtud de que la Justicia de la Unión le concede EL AMPARO Y PROTECCIÓN FEDERAL al quejoso MATEO MARTÍNEZ ALVARADO, este tribunal procede ha (SIC) dictar una nueva resolución, en cumplimiento a dicha ejecutoria. SEGUNDO.- Con la finalidad de dar cumplimiento a la protección federal SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUAL SE FIJÓ MONTO PARA PODER GOZAR DE LA LIBERTAD PERSONAL Y SE FIJAN LA CAUCIÓN (SIC) DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. (.) La cantidad de $306,000.00 TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL COMO POSIBLE REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIA (.) 2.- Como garantía de las sanciones pecuniarias respecto a este rubro, debemos indicar que este concepto se fija como monto la cantidad de $49,500,00 cuarenta y nueve mil quinientos peros cero centavos moneda nacional, que es el equivalente a la multiplicación de 49.50 que es el salario mínimo vigente en la época de los hechos por mil que es el máxima multa a imponer (.) 3.- Finalmente como garantía de las obligaciones procesales se estima justo fijarle al procesado el equivalente a $I00,000.00 CIEN MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NAIONAL fin de garantizar su LIBERTAD PERSONAL. (.) YA QUE SE ME SEÑALARON LOS MONTOS SIN VALORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SUSCRITO Y SIN ESTABLECER UNA CONGRUENCIA CON LO ACTUADO EN EL PROCESO MULTIREFERIDO YA QUE DICHAS CANTIDADES YA FUERON TAMBIÉN SEÑALADAS A OTROS PROCESADOS EN EL MISMO PROCESO Y OFRECIDOS EN EL MISMO, ES DECIR LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ESTABLECIÓ EN QUE SE BASA EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL SUSCRITO, PARA SEÑALAR DICHOS MONTOS EN LOS MISMOS MONTOS Y TERMINAS QUE A OTROS PROCESADOS, ES DECIR NO HAY CONGRUENCIA PORQUE ENTONCES BAJO QUE FUNDAMENTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ FACULTADO PARA SEÑALAR Y ESTABLECER LOS MISMOS MONTOS EN EL PROCESO PENAL EN EL QUE EN TODO CASO EL GRADO PARTICIPACIÓN DE LOS PROBABLES RESPONSABLES ES TOTALMENTE DISTINTO, SITUACIÓN QUE RESULTA EVIDENTE EN EL AUTO QUE COMBATO MEDIANTE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS ES ILEGAL." Ahora, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados; sin embargo, como se advierte de la lectura integra de la demanda de amparo, tal requisito no se surte, en virtud que la parte promovente es ambiguo al respecto. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que dichos montos ya fueron reclamados en el diverso juicio de amparo 411/2019, el cual se encuentra en vías de cumplimiento, pues es un hecho notorio para este juzgador que mediante auto de auto de diecisiete de julio pasado, se requirió nuevamente al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos la resolución materia del acto reclamado, y la diversa de doce de julio de dos mil diecinueve, con la que pretendió cumplir el fallo constitucional, y cumpla a cabalidad con todos los efectos de la sentencia de mérito, tomando en cuenta los argumentos precisados en párrafos que anteceden y atendiendo puntualmente y en su totalidad los efectos de la sentencia pronunciada en este juicio de derechos constitucionales, conforme a las consideraciones y lineamientos precisados en la misma." Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise los actos que reclama por esta vía constitucional, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que amplíe la misma. Por lo anterior, se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por autorizado alguno. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADO. Se tienen por autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Laureano Cruz, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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