Mateo Martinez Alvarado

Expediente 913/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
913/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Mateo Martinez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    (publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 26 DE enero DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud que las últimas notificaciones se efectuaron al quejoso ******************** y al tercero interesado ********************por lista -previo citatorio- el tres de enero de dos mil veintitrés, las cuales surtieron efectos al día siguiente hábil, es decir, el cuatro de enero, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, el aludido plazo transcurrió del cinco al veinticinco de enero de la presente anualidad, previo descuento de los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que se remitió en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla lo siguiente: ( Copia certificada de la causa penal ********************de su índice; las cuales formaron los anexos I y II de pruebas del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de la constancia devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. En otro orden de ideas, dígase al quejoso ******************** que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger el documento que exhibió en este asunto, consistente en: ( El documento original de la receta médica de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, expedida al citado quejoso por la doctora ********************. Finalmente, se ordena devolver al quejoso ******************** los billetes de depósito N 894815, por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida y el diverso N 894874, por la cantidad de $30,600.00 (treinta mil seiscientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida, debidamente endosados a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que para la devolución de las garantías exhibidas, el aludido quejoso deberá comparecer personalmente y que por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dichos billetes de depósito prescribirán a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso ********************; por lista al tercero interesado ********************; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier otro medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud que las últimas notificaciones se efectuaron al quejoso ******************** y al tercero interesado ********************por lista -previo citatorio- el tres de enero de dos mil veintitrés, las cuales surtieron efectos al día siguiente hábil, es decir, el cuatro de enero, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, el aludido plazo transcurrió del cinco al veinticinco de enero de la presente anualidad, previo descuento de los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que se remitió en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla lo siguiente: ( Copia certificada de la causa penal ********************de su índice; las cuales formaron los anexos I y II de pruebas del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de la constancia devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. En otro orden de ideas, dígase al quejoso ******************** que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger el documento que exhibió en este asunto, consistente en: ( El documento original de la receta médica de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, expedida al citado quejoso por la doctora ********************. Finalmente, se ordena devolver al quejoso ******************** los billetes de depósito N 894815, por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida y el diverso N 894874, por la cantidad de $30,600.00 (treinta mil seiscientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida, debidamente endosados a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que para la devolución de las garantías exhibidas, el aludido quejoso deberá comparecer personalmente y que por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dichos billetes de depósito prescribirán a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso ********************; por lista al tercero interesado ********************; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier otro medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 1412/2023 remitido -vía interconexión-, por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual solicita que se haga disponible el expediente electrónico correspondiente al presente juicio y se vincule al juicio de amparo 1373/2022 de su índice, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena habilitar el campo correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por oficio vía correo electrónico o interconexión a la autoridad oficiante y por cualquier medio al oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA GUILLERMO HERRERA DÍAZ, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso *******, respecto de la orden de reaprehensión dictada en su contra el catorce de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 322/2010-7° del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y su ejecución; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Así las cosas, mediante auto emitido el quince de diciembre de la presente anualidad, la sentencia de amparo causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; en ese tenor, con el contenido de los oficios 1953/2022/SEC-PAR y 1460/2022/SEC-PAR y sus anexos -registros 20214 y 20285 de 2022-, remitidos por el juez responsable, se dio vista a las partes quejosa y terceras interesadas para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso ******** el catorce de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 322/2010-7° de la estadística del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, pues para su emisión no se respetaron los derechos humanos de debido proceso y legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por tanto, se concedió al citado quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución, porque no se combatieron por vicios propios, sino con motivo de la orden de reaprehensión emitida por la autoridad ordenadora. Las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo radicaron, esencialmente, en lo siguiente: A. Se destacó que la autoridad responsable, mediante determinación de catorce de marzo de dos mil veintidós, libró la orden de reaprehensión en contra del quejoso, porque, a su consideración, éste no había cumplido con lo ordenado en el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, en donde se le fijaron, en esa ocasión, los montos que debía exhibir para gozar de su libertad provisional bajo caución; esto es, por no haber presentado los mismos ni haberse puesto a disposición de la autoridad judicial internándose en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla. B. Sin embargo, este órgano jurisdiccional consideró que la resolución reclamada no se encontraba debidamente motivada, pues el citado auto de doce de julio de dos mil diecinueve, había quedado insubsistente en acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio constitucional 411/2019 del índice de este órgano de control constitucional; es decir, se dijo que la responsable basó su decisión en una resolución sin efectos jurídicos vigentes; asimismo, se advirtió que el juez de la causa, en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, no fijó el plazo en el cual el quejoso debía exhibir los montos para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. C. Dicho de otra forma, se señaló que si bien era cierto en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se habían fijado los montos para el goce del aludido beneficio y las consideraciones ahí plasmadas se ajustaron a las directrices y efectos de la ejecutoria de amparo emitida en el aludido juicio de derechos fundamentales, también lo era que en esa determinación no se estipuló al quejoso un tiempo para que exhibiera las garantías por conceptos de obligaciones procesales, posible multa a imponer y reparación del daño; y, sin tomar en consideración esa circunstancia, se refirió que la autoridad responsable emitió la reaprehensión al considerar que el procesado no había cumplido. D. Aspectos que, se estimó, dejaron al quejoso en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, cuenta habida que la orden de captura se emitió con base en el supuesto incumplimiento a una determinación que ya no tenía vigencia jurídica y, además, aquél nunca tuvo conocimiento de la temporalidad en que debía exhibir los montos para gozar de su libertad provisional bajo caución, por lo que -se agregó- el quejoso, lógicamente, podría alegar que a la fecha en que se emitió la orden de captura se encontraba aún en tiempo para tales efectos; de ahí la necesidad de que el juez fijara un término para la exhibición de los montos establecidos. E. Por tanto, se concluyó que la orden de reaprehensión afectaba los derechos fundamentales de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica del quejoso, los cuales no sólo debían ser respetadas por la autoridad, sino además imperar en todo procedimiento que se instruyera, para garantizar una adecuada y oportuna defensa al gobernado. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la orden de reaprehensión reclamada. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera otra determinación en la que hiciera saber al quejoso que debía ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento penal, ya sea a través de la exhibición de los montos que le fueron fijados mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve para el disfrute del beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien, internándose voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente; para lo cual, debía fijarle un plazo prudente y apercibirlo que, en caso de no cumplir con el requerimiento, se ordenaría su reaprehensión. 3. Notificara personalmente al quejoso y a su defensa la nueva actuación, conforme a lo dispuesto por Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 4. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, el 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo, efectuó los siguientes actos: 1. Mediante acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 322/2010-7° de su índice, dejó insubsistente la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso ********* el catorce de marzo de dos mil veintidós, dentro de la citada causa penal -acto reclamado- y, en su lugar y con libertad de jurisdicción, emitió una determinación en la que hizo saber al quejoso que debía ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento penal, ya sea a través de la exhibición de los montos que le fueron fijados mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve para el disfrute del beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien, internándose voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente; para lo cual, le concedió el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente de su notificación, y lo apercibió que, en caso de no cumplir con lo requerido, se ordenaría su reaprehensión. 2. Remitió copia certificada del referido auto y de las constancias de notificación del mismo, realizadas personalmente al quejoso y a su defensa, conforme a lo dispuesto por Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 3. Remitió copia certificada de los oficios por los cuales hizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, del Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la orden de reaprehensión reclamada; ii) en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió otra determinación en la que hizo saber al quejoso que debía ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento penal, ya sea a través de la exhibición de los montos que le fueron fijados mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve para el disfrute del beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien, internándose voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente; para lo cual, fijo un plazo prudente y lo apercibió que, en caso de no cumplir con el requerimiento, se ordenaría su reaprehensión; iii) notificó personalmente al quejoso y a su defensa la nueva actuación, conforme a lo dispuesto por Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; y, iv) ordenó al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso ****** y al tercero interesado Guillermo Herrera Díaz; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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