Mateo Ballesteros Rodríguez

Expediente 379/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
379/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2019

Partes del expediente

  • Mateo Ballesteros Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mateo Ballesteros Rodríguez, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 379/2019. EXAMEN DE LA DEMANDA Y PRECISCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados, en: 2.1. El acta de emplazamiento de ocho de julio de dos mil diecinueve, realizada por la actuaria del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio ordinario familiar 449/2019, en la que asentó incorrectamente la fecha cuatro de julio de la referida anualidad. 2.2. El auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, donde se tiene por no contestando en tiempo la demanda, dada la certificación de la secretaria de acuerdos, basándose en el acta de emplazamiento en que asentó una fecha errónea. 3. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En el caso, en relación a la diligencia de emplazamiento reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de actuaciones. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, Tomo XVII, julio de 1993, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establecen los artículos 756, 758, 760 y 761del Código Familia para el Estado de Michoacán de Ocampo: "Artículo 734. Las notificaciones, emplazamientos y citaciones se verificarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan. Se sancionará a los infractores de este artículo por el Consejo del Poder Judicial, conforme a la Ley Orgánica. Las notificaciones electrónicas deberán realizarse en horas hábiles del día en que se dicte la resolución de que se trate." "Artículo 741. La primera notificación se hará en el domicilio designado al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, de no encontrarlo el notificador y cerciorado por el informe de dos vecinos, de que ese es su domicilio y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba, de todo ello se levantará acta pormenorizada suscribiéndola los que intervinieron en ella, incluyendo a los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo." "Artículo 752. Las notificaciones se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si esta no supiere o no quisiere firmar, lo hará aquella, haciéndose constar esta circunstancia." "Artículo 756. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en el juicio sabedora de la providencia, por haber hecho alguna promoción o recibido alguna notificación posterior, la notificación indebida surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha, sin que por eso quede relevado el que la hizo, de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior." "Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria." "Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes." "Artículo 761. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en este." De los normativos citados, se advierten las reglas para la diligenciación del auto con efectos de mandamiento en forma, en los juicios familiares, así como los términos en los que se debe realizar el emplazamiento en tales juicios, notificaciones contra las cuales si se considera que dicha notificación se realizó en forma distinta de la prevenida, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado; pues la incidencia de mérito, tiene por objeto dirimir las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. En el caso, la parte quejosa reclama que en el acta de emplazamiento se asentó como fecha de su diligenciación el cuatro de julio de dos mil diecinueve, por parte de la actuaria del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio ordinario familiar 449/2019, cuando dicho emplazamiento se llevó a cabo con fecha ocho de julio del presente año. De ahí que, contra el emplazamiento combatido en esta instancia, la parte quejosa debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones, al ser parte formal en el juicio de origen, y haber acudido al mismo a dar contestación a la demanda instaurada en su contra. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. Por identidad jurídica sustancial, robustece lo sustentado, la Jurisprudencia 3a./J.1/95 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 86-1, Febrero de 1995, materia civil de epígrafe: "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACION SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACION SUPLETORIA DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES). A fin de que una actuación nula no se convalide, es necesario, excepto cuando se trate de la nulidad por defecto en el emplazamiento, que se reclame en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve (artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado); sin que sea aplicable el artículo 1079, fracción VIII del Código de Comercio que establece un término de tres días cuando la ley no señale expresamente otro para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho, en virtud de que por la estrecha vinculación que existe entre las disposiciones que regulan la nulidad de actuaciones en la legislación común, no es posible establecer un término para su interposición, distinto del que prevé el propio código adjetivo local, ya que una aplicación parcial de este ordenamiento, sólo conduciría a desmembrar dicha figura procesal." De igual forma, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reza: "NULIDAD EN MATERIA MERCANTIL, TERMINO PARA INTERPONERLA. Como las leyes procesales, ordinarias o locales, sólo pueden aplicarse en asuntos mercantiles cuando son necesarias supletoriamente, es decir, en los casos de omisión de las leyes mercantiles, o en cuanto a detalles o particularidades de las instituciones en éstas consignadas, debe considerarse que tratándose del incidente de nulidad de actuaciones, puede promoverse dentro de los tres días que fija el artículo 1079 del Código de Comercio, pues debe tenerse en cuenta que el indicado ordenamiento no fija término alguno para promover dicho incidente. En consecuencia, en casos de esta naturaleza, es indebido aplicar como supletorias, leyes locales." Así como, la tesis IV.3o.C.47 C, del Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito, localizable en la Página 2380 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común de título y contenido: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SI LA QUEJOSA COMPARECE AL PROCEDIMIENTO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA Y NO AGOTA EL INCIDENTE RELATIVO, EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR NO HABER PREPARADO ESTA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE LA MATERIA. De la interpretación del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, se advierten, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en la ley, la parte agraviada tendrá el incidente de nulidad de notificaciones para impugnarla, por lo que si la quejosa comparece al procedimiento antes del dictado de la sentencia y no agota dicho medio de impugnación, respecto del emplazamiento que alegue que se le practicó de manera irregular, todo lo que exponga en relación con él, resultará inoperante y, por tanto, el amparo promovido en su contra es improcedente, precisamente por no haberse preparado esa violación procesal en los términos que requiere el artículo 161 de la Ley de Amparo." También, resulta necesario precisar que, en la especie, no se está en presencia de un acto de imposible reparación, contra el cual procede por excepción el juicio de amparo indirecto, entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Es así, en virtud de que la naturaleza la violación alegada, solo produce una afectación de naturaleza procesal que no afecta el desarrollo del juicio de origen, ni vulnera la garantía de defensa de las aquí quejosas; tampoco, en forma actual se impide a las promoventes el ejercicio de un derecho, pues tales violaciones intraprocesales solo afectan sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderán al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar el acto que aquí reclaman, en caso de trascender al resultado del fallo. Además, si bien es cierto que el acto del que se duelen el quejoso en esta instancia constitucional, tienen como consecuencia el emplazamiento de éste al juicio oral familiar de origen, y tal acto jurídico resulta ser la violación procesal de mayor magnitud, también lo es que el mismo, en el caso concreto, como se expuso, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por las razones mencionadas. Máxime, que el quejoso está en condiciones de acudir al juicio de origen y ejercer la garantía de audiencia, incluso interponer los medios ordinarios de defensa, ya que todavía existe la posibilidad de que puedan obtener una sentencia favorable que haga que las violaciones procesales que aduce resulten intrascendentes. Por otra parte, en relación con el acto que la quejosa reclama, consistente en el auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107 fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En el auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro juicio Oral Familiar número 449/2019, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se tuvo por no contestada la demanda entablada en contra de la parte quejosa. Sin embargo, los efectos del acto reclamado no conllevan a la afectación material de derechos sustantivos de la parte quejosa, tampoco se produce afectación material de los mismos, por lo tanto, no son de imposible reparación, sino únicamente afectan derechos procesales o adjetivos, como es la no tramitación del escrito de contestación a la demanda. Dicho en otras palabras, la resolución reclamada fue dictada dentro del procedimiento del juicio, y ello de ninguna manera afecta en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos del quejoso, porque los efectos jurídicos producidos por el referido acto reclamado son meramente intraprocesales, pues la circunstancia de que no se acuerde de conformidad el escrito de contestación de demanda y las consecuencias que ello generaría, verbigracia, la imposibilidad de ofrecer pruebas, oponer excepciones y defensas, no significa necesariamente que se dictará una sentencia condenatoria, porque el juez de origen tiene la obligación de examinar la procedencia de la acción, pruebas y demás argumentos que haya hecho valer la parte actora, para determinar si se configuraron o no sus elementos. Ahora, ante la eventualidad de que el fallo que se dictara en el juicio natural fuera contrario a los intereses de la parte quejosa, ésta tendría la oportunidad de impugnarlo a través del juicio de amparo directo, en donde además, podrá hacer valer lo que reclama en el presente juicio, de acuerdo al artículo 172 de la Ley de Amparo, que prevé la impugnación en amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento y que afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 20/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Asimismo, la tesis aislada número VII.2o.T.43 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 2786, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracciones XVIII y XXIII, en concordancia con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel Ramos Valle, Ricardo Rodiles Ramírez, Carlos Aguilar Martínez y Abigail Uriostegui Mendoza, por así haberlo manifestado en su ocurso. 5. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tomado en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3161/2019; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

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