Marvin Alan Sánchez Zarco

Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
336/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Marvin Alan Sánchez Zarco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "En el supuesto de que no se hubiera emplazado a la parte demandada al juicio de origen a través del exhorto número ******************** de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, provea lo que corresponda a efecto de que el llamamiento a juicio de la patronal se lleve a cabo inmediatamente.." 2. Causa ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La citada autoridad responsable remitió las constancias relativas a la diligencia de emplazamiento y "cédula de notificación/instructivo" de veinte de junio de dos mil veintitrés, de las que se aprecia se emplazó a ********************, al juicio de origen. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable sí se ajustó a los lineamientos trazados en el fallo protector; por tanto, es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un escrito, registrado con el número de folio 11856. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por el Secretario Instructor Especializado en Materia Laboral de la Región con sede en Uruapan, Michoacán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior y con las constancias recibidas en autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacerlo, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente resolverá sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  3. Principal

    En once de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente asunto, transcurrió para la autoridad responsable Juzgado Laboral de la Región Judicial de esta ciudad, del ocho al veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; y para la parte quejosa del veinticuatro de agosto al seis de septiembre de este año, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificados el siete y veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por oficio y vía electrónica, respectivamente: Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada la sentencia dictada en el presente asunto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, son: ". EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el dispositivo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la tutela constitucional son para que el Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: - En el supuesto de que no se hubiera emplazado a la parte demandada al juicio de origen a través del exhorto número ******************** de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, provea lo que corresponda a efecto de que el llamamiento a juicio de la patronal se lleve a cabo inmediatamente." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************(********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la Ley de la Materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, siete de agosto de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 336/2023, promovido por ********************, apoderado legal de ********************, contra actos atribuidos al Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional, ********************, apoderado legal de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad que a continuación se transcribe: "III. - AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. - DEL JUZGADO LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. IV. - ACTOS RECLAMADOS: 1. - El auto de fecha 02 de mayo del año 2023 donde la autoridad responsable señala fecha para conciliación judicial; pues dicha determinación viola la igualdad de las partes en el proceso laboral de origen. 2. - La omisión de la autoridad responsable de implementar el uso de tecnología de la información a efecto que dentro del expediente117/2023 ordinario laboral promovido por el ahora quejoso se agilice dicho proceso, tal y como lo dispone el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley Federal del Trabajo última reforma 27 de diciembre del año 2022, el cual me permito transcribir: "Vigésimo Primero. Implementación de Tecnologías de la Información. Los Tribunales, así como los Centros de Conciliación a que hace referencia este Decreto, deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberán crear las plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarios para operar la conectividad por medios electrónicos con las autoridades laborales". 3. - En nombre y representación de mi poderdante reclamo el auto de fecha 02 de mayo del año 2023 en razón de que dicho auto obliga a mi representada a constituirse de manera presencial en el Juzgado Laboral de Uruapan, ubicado en calle Paseo Lázaro Cárdenas número 2001 de la colonia la Joyita a una junta de conciliación judicial a las 11:00 del día veinticinco de mayo. 4. - La omisión de la autoridad responsable de asignar un buzón electrónico a mi representado a efecto de que pueda consultar su expediente, revisar los acuerdos que se dicten y comparecer de manera remota a las audiencias. 5. - La omisión de la autoridad responsable de emplazar en tiempo y forma a la parte demandada tal y como lo establece el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo que menciona que, dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la parte demandada. 6. - La omisión de la autoridad responsable de velar por la igualdad procesal de las partes, pues obligan al trabajador ahora quejoso a trasladarse de Lázaro Cárdenas a Uruapan Michoacán para celebrar las audiencias y desahogos de pruebas, siendo que mi representado es empleado de una empresa de seguridad, percibe el sueldo mínimo y tiene familia que mantener, por lo cual se le complica asistir de manera presencial a dichas audiencias y más se le complica solventar los gastos de traslado de los testigos, de abogados y de él mismo. 7. - La omisión de la autoridad responsable de velar por el debido proceso o por el principio de "igualdad de armas", la equidad e igualdad en el expediente de origen 123/2023 ordinario laboral. Violando el derecho humano del ahora quejoso a una igualdad procesal o equidad en la contienda; pues siendo el trabajador la parte que represento, este no cuenta con la economía para solventar tantos gastos como sean posible para demostrar ante la autoridad responsable que fue despedido injustificadamente". El promovente expuso que se vulneran los derechos humanos reconocidos a su representado en los artículos 1, 2, inciso B, 3, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número de expediente 336/2023; se admitió a trámite; se pidió el informe justificado de la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama:Del Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán: - El acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 123/2023, relativo al juicio ordinario laboral que sobre despido injustificado promovió por el impetrante ********************, contra Prosegur Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual se admitió el juicio a trámite. - La omisión de emplazar a la demandada Prosegur Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del término previsto por la ley. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en el acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 123/2023, relativo al juicio ordinario laboral que sobre despido injustificado, así como en la omisión de emplazar a la demandada Prosegur Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues señaló que efectivamente dictó el auto reclamado, aunque eran falsas las violaciones que en el mismo se le atribuían, y respecto del emplazamiento de la demandada, dijo que se remitió el exhorto correspondiente para que se llevara a cabo. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la impresión de diversas constancias con firma electrónica que integran el procedimiento de origen, mismas que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez constitucional, a fin de dar claridad al asunto, procede a relatar los antecedentes del caso. a) Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el Juzgado Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, compareció el ahora quejoso Marvín Alan Sánchez Zarco, por conducto de su apoderado, a demandar en la vía ordinaria laboral a la empresa con razón social Prosegur Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la indemnización constitucional, así como el pago de salarios caídos. b) Por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario Instructor del Juzgado Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, tuvo por recibida la demanda; la registró con el número de expediente 123/2023; determinó que no existiría un expediente físico de dicho procedimiento; tuvo al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones personales vía electrónica, así como la consulta del expediente digital bajo el folio 00005223, autorizándose en lo sucesivo que las notificaciones personales se hicieran por ese medio; admitió la demanda en la vía ordinaria laboral; declaró iniciado el juicio ordinario laboral contra la parte demandada Proseguir (sic) Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que ordenó emplazar a juicio y, al advertir que tenía su domicilio en la Ciudad de México, giró exhorto al juez competente y en turno especializado en materia laboral de dicha ciudad, a fin de que en auxilio y delegación de las labores del Tribunal autorizara al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la diligencia encomendada; e, invitó a los contendientes a una junta de conciliación judicial, señalando día y hora para que la misma tuviera verificativo. c) En cumplimiento del referido proveído, el tres de mayo del año en curso, se giró el exhorto número 66/2023. d) En términos de la razón actuarial de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, hizo constar que se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada, entendió la diligencia con una persona que no se identificó, de quien dio su media filiación, a quien al hacerle saber el motivo de la diligencia señaló lo siguiente: ". donde me constituyo no se encuentra la buscada ni alguna otra empresa con su nombre añadiendo que la única empresa que se encuentra en ese lugar es "PROSEGUR TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V." y no "PROSEGUIR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.". Por tanto, al no contar con elementos suficientes de cercioramiento que acreditaran que la buscada tenía su domicilio donde se constituyó, devolvió sin diligenciar el exhorto. e) En proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, el Secretario Instructor del Juzgado Laboral tuvo por recibido el exhorto número 66/2023, que remitió el Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, y en atención a lo establecido en dicho comunicado, en el sentido de que el nombre correcto de la persona moral demandada es Prosegur Tecnología, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenó girar de nueva cuenta exhorto vía electrónica al Juez competente y en turno especializado en materia laboral con jurisdicción en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio y delegación de las labores de ese Tribunal, autorizara a quien correspondiera para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de la demandada a fin de llevar a cabo el emplazamiento. f) A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el dos de junio del mismo año, giró el exhorto 89/2023. Hasta aquí la reseña de antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLADO CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 123/2023, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL DE ORIGEN. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La autoridad responsable, al rendir su informe de ley refiere que, en el caso, respecto del acuerdo reclamado se debe sobreseer en el juicio, ya que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad requerido, pues contra el acto impugnado debió agotar el recurso de reconsideración establecido en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. De conformidad con lo expuesto, tenemos que la autoridad hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no se agotó el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Dicha causal de improcedencia resulta fundada. En efecto, dicho precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El precepto transcrito prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Esto es, contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa. Se estima de esa manera, dado que los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores o ilegalidad. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es aplicable, a lo anterior por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, y el numeral 73, fracción XIII, de la ley de la materia abrogada que ahí se interpreta, la jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 902, tomo XV, mayo de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, se recapitula que el quejoso reclama del Juez de la Región Judicial con sede en esta ciudad, el acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 123/2023, relativo al juicio ordinario laboral que sobre despido injustificado promovió por el impetrante ********************, en el cual se admitió el juicio a trámite. Ahora, cabe precisar, que el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 871. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal competente. En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos: a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley; b) Ordenar la notificación al demandado; c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones; d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias; e) Dictar las providencias cautelares, y f) Las demás que el juez le ordene. Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido". El Precepto legal transcrito, en lo que interesa establece, que el procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal competente. Dispone que, en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta ante de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar, entre otros, el acuerdo de admisión o prevención de la demanda y, en su caso, subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la ley. Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar, el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. En el supuesto de que resultara fundado dicho medio de impugnación, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido. Así, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado que se reseñaron, el acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés que se impugna se emitió por el Secretario Instructor del Juzgado Laboral de origen, por tanto, en términos del citado numeral 871 de la Ley Federal del Trabajo, procedía en su contra el recurso de reconsideración, mismo que el peticionario de amparo debía agotar previamente a acudir a esta sede constitucional. En consecuencia, al no haber interpuesto el mencionado recurso de reconsideración, el quejoso inobservó el principio de definitividad para los efectos del juicio de amparo, por lo que respecto del acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 123/2023, en el cual se admitió el juicio a trámite, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ilustra, la tesis III.2o.T.47 L (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que puede consultarse en la undécima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2026889, que dispone: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 871 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PROCEDENCIA NO SE LIMITA A LOS ACTOS DEL SECRETARIO INSTRUCTOR ESTABLECIDOS EN ESE PRECEPTO. Hechos: Los demandados en un procedimiento laboral ordinario promovieron juicio de amparo indirecto contra la resolución emitida por el secretario instructor en la que se desecharon los incidentes de nulidad interpuestos y se les impuso una multa a cada uno. El Juez de Distrito desechó la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque no agotaron el recurso de reconsideración previsto en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo; inconformes, interpusieron recurso de queja aduciendo que el medio de impugnación sólo procede contra los actos citados expresamente en el propio precepto, dentro de los cuales no se encuentran los reclamados. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el recurso de reconsideración procede contra los actos emitidos por el secretario instructor, aun cuando no encuadren en los supuestos previstos expresamente en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: Lo anterior, ya que el artículo 871 citado establece que en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento laboral ordinario y hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de acuerdos o providencias de un secretario instructor y enlista los acuerdos que podrá emitir, precisando en su inciso f) "los demás que el Juez le ordene". Por su parte, el artículo 873-K del mismo ordenamiento establece que en los juicios laborales ordinarios no procederá recurso alguno, salvo el de reconsideración establecido en el diverso 871, contra los actos emitidos por el secretario instructor, sin hacer algún distingo; por tanto, previamente a promover el juicio de amparo indirecto, se tiene que agotar el medio ordinario de defensa indicado, aun cuando el acto reclamado no se encuentre dentro de los supuestos que se enlistan en el precepto que lo prevé, pues basta con que sea emitido por el secretario instructor para que pueda ser modificado por el Juez en la audiencia preliminar y, en todo caso, sería un tema de fondo analizar si el secretario tiene o no facultad para emitirlo". Máxime que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, porque: 1. No se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No se trata de un acto que afecte la libertad dentro de un procedimiento penal. 3. La parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento, ya que tiene la calidad de actor. 4. La procedencia del recurso de reconsideración es clara en señalar que contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá dicho medio de impugnación, el cual debe promoverse de forma oral en la audiencia preliminar, el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. Por tanto, razonablemente, no es posible considerar que el quejosa tuviera que efectuar interpretaciones adicionales sobre la procedencia del recurso de mérito ya que, ante el señalamiento expreso y categórico del autor de la norma, cobra vigencia el principio general de derecho que establece que "donde la ley no distingue, el intérprete no tiene porqué distinguir". Sustenta lo anterior, la tesis 1, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que puede verse en la página 3142, del libro 2, enero de 2014, tomo IV, de la décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005388, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales". No es óbice a lo anterior, el hecho de que el impetrante contra el acto reclamado haga valer exclusivamente violaciones directas a la Constitución, ya que esa excepción al principio de definitividad es aplicable únicamente tratándose de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; esto es, cuando el acto reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, lo que no ocurre en el caso, que la responsable es una autoridad jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 3141, del libro 2, enero de 2014, tomo IV, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005387, que señala: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución". Con base en las consideraciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ACTO RECLAMADO DEL JUEZ LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Los conceptos de violación son fundados, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio, se acota que la síntesis de los disensos se realizará conforme a la cuestión efectivamente planteada, en términos del numeral 76 de la ley de la materia. De la demanda de amparo se aprecia que el solicitante de la tutela constitucional considera que omisión reclamada contraviene sus derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución, ya que el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio de origen no se ha realizado en los términos que establece el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, que menciona que dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda el Tribunal emplazará a la parte demandada. Los disensos son fundados. En efecto, el artículo 17 de la Carta Magna, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Como se observa, la administración de justicia, como derecho fundamental, comprende cuatro aspectos: Justicia pronta. Consistente en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena; es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables; esto es, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Esto tiene sustento en la jurisprudencia 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del tomo XXVI, octubre de 2007, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171257, que indica: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En lo que interesa, resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades tramiten y resuelvan las controversias que se les plantean, dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En relación con lo anterior, el dispositivo 750 de la Ley Federal del Trabajo, indica que el emplazamiento deberá realizarse, por regla general, dentro de los cinco días siguientes a la data en que fue ordenado. Por otro lado, el arábigo 873-A de la legislación laboral referida, señala que dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en ésta, para que produzca su contestación por escrito dentro de los quince días siguientes, ofrezca pruebas y de ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención. Asimismo, deberá apercibirlo que de no cumplir lo previsto en el numeral 739 de la ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo establecido en la ley. Al respecto, la autoridad responsable al rendir su informe de ley señaló que era falso que el emplazamiento no se realizara dentro de los términos establecidos por la ley, si se tomaba en consideración que el domicilio de la fuente laboral se encontraba fuera de esta ciudad, ubicándose en la Avenida Nuevo León número 265, tercer piso, de la colonia Escandón, Código Postal 11800, Delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, por lo que se remitió el exhorto respectivo de manera inmediata, el cual se regresó el treinta y uno de mayo sin diligenciar, en razón de que no era el nombre correcto de la empresa, lo que generó que de manera oficiosa en auto de dos de junio del año en curso se girara nuevamente exhorto a efecto de llevar a cabo el emplazamiento ordenado, mismo que se encuentra en vías de diligenciación. A efecto de demostrar sus afirmaciones, la autoridad responsable remitió diversas constancias que integran el procedimiento de origen, de las que, en lo que interesa, se desprende que por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario Instructor del Juzgado Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, entre otras cosas ordenó emplazar a demandada Proseguir (sic) Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, para lo cual giró exhorto al juez competente y en turno especializado en materia laboral de dicha ciudad, a fin de que en auxilio y delegación de las labores del Tribunal autorizara al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la diligencia encomendada. De lo expuesto se advierte, que en el acuerdo referido se asentó incorrectamente el nombre de la persona moral demandada, y con esos datos erróneos se giró el exhorto 66/2023, a efecto de que se llevar a cabo la diligencia de emplazamiento correspondiente. Así, en cumplimiento de lo encomendado en el referido proveído, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, levantó razón actuarial en la que hizo constar que se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada, entendió la diligencia con una persona que no se identificó, de quien dio su media filiación, a quien al hacerle saber el motivo de la diligencia señaló lo siguiente: ". donde me constituyo no se encuentra la buscada ni alguna otra empresa con su nombre añadiendo que la única empresa que se encuentra en ese lugar es "PROSEGUR TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V." y no "PROSEGUIR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.". Por tanto, al no contar con elementos suficientes de cercioramiento que acreditaran que la buscada tenía su domicilio donde se constituyó, devolvió sin diligenciar el exhorto. De la diligencia descrita se desprende, que no se pudo diligenciar el exhorto en atención a que el domicilio en el que se constituyó la Secretaria Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, correspondía a la empresa Prosegur Tecnología, Sociedad Anónima de Capital Variable, no a la demandada dentro del juicio laboral de origen Proseguir Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, en proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, el Secretario Instructor del Juzgado Laboral, en atención a lo establecido en dicho comunicado, en el sentido de que el nombre correcto de la persona moral demandada era Prosegur Tecnología, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenó girar de nueva cuenta exhorto vía electrónica al Juez competente y en turno especializado en materia laboral con jurisdicción en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio y delegación de las labores de ese Tribunal, autorizara a quien correspondiera para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de la demandada a fin de llevar a cabo el emplazamiento. Así, de las constancias se puede constatar que de la fecha en que se admitió la demanda (dos de mayo de dos mil veintitrés), a la en que se giró un nuevo exhorto, el cual se registró con el número 89/2023 para emplazar a la demandada (dos de junio del mismo año), transcurrió un mes, plazo que excede el contemplado en el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el emplazamiento se hubiera ordenado llevar a cabo fuera de la circunscripción territorial de la responsable, pues como se puede ver de las constancias, el primer exhorto que se remitió para emplazar a la parte demandada no pudo diligenciarse debido a que se señaló de manera incorrecta el nombre de la patronal en el auto de admisión del juicio laboral y, por tanto, en el exhorto, pues en el mismo se ordenó emplazar a Proseguir Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, y no a Prosegur Compañía de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, error que trajo como consecuencia que se tuviera que girar un nuevo exhorto lo que retardó el emplazamiento lo que trastoca el arábigo 17 de la Constitución Federal. En esas condiciones, al resultar el concepto de violación fundado, procede conceder el amparo. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el dispositivo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la tutela constitucional son para que el Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: - En el supuesto de que no se hubiera emplazado a la parte demandada al juicio de origen a través del exhorto número 89/2023 de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, provea lo que corresponda a efecto de que el llamamiento a juicio de la patronal se lleve a cabo inmediatamente. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado del Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, consistente en el acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 123/2023, en el cual se admitió el juicio a trámite, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, contra el acto reclamado del Juez Laboral de la Región Judicial con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de emplazar a la demandada dentro del juicio de origen dentro del término previsto por la ley, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, y para los efectos precisados en el diverso octavo de esta sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano