Marythelma de Fatima Medina Palma
Expediente 1438/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1438/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marythelma de Fatima Medina Palma
Actuaciones
- Principal
MESA VII- Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del juicio de amparo 1438/2017, promovido por Marythelma de Fátima Medina Palma, que fue remitido con motivo de la incompetencia legal planteada por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, y comunica que se acepta la competencia para continuar conociendo de dicho expediente. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo siga en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, con relación al valor jurídico de los presentes autos, se estima que este expediente no lo tiene. ...
- Principal
VII. Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa Marythelma de Fátima Medina Palma, con el que da cumplimiento a la prevención de veintitrés anterior. En ese sentido, vista de nueva cuenta la demanda de garantías promovida por la citada Medina Palma, contra el acto que reclama de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otras autoridades; al efecto, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones siguientes. De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 575/2017, de la estadística de la Junta responsable, por el cual determinó que, ante la contumacia de la parte actora para cumplir el requerimiento realizado en dicho expediente laboral, se tenía por no interpuesta la demanda y se ordenaba el archivo del asunto. Establecido lo anterior, el suscrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en atención a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin al juicio, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece que se entenderá por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En esa virtud, los actos que corresponde conocer en la vía directa del juicio de amparo son: a) Sentencias definitivas o laudos, entendiéndose por éstas las que resuelven el juicio en lo principal y que no admiten recurso o medio ordinario de defensa, o bien, las sentencias dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, si los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que las leyes comunes permitan dicha renuncia; y, b) Resoluciones que ponen fin al juicio, que son las que sin resolver el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales no procede recurso o medio de impugnación alguno. En esas condiciones, si el auto reclamado guarda identidad con el supuesto referido en el inciso b), deberá combatirse mediante el juicio de garantías en la vía directa. Por tanto, si como acontece en la especie, el acto reclamado se trata de una determinación que pone fin al juicio, ordenando su archivo definitivo, es evidente que se surte el requisito previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo; por lo que, en consecuencia, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal para avocarse al conocimiento y resolución del presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa, en contra del proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por la Junta responsable en el expediente laboral 575/2017. En ese tenor, la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclamen este tipo de resoluciones, recae en los Tribunales Colegiados de Circuito y no en los Jueces de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, interpretada a contrario sensu, la jurisprudencia (XI Región)1o. J/3 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, de rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA LABORAL RESPECTO DE UNO DE LOS DEMANDADOS ANTE LA FALTA DE RATIFICACIÓN DE LA ACTORA DE LA CARTA PODER OTORGADA A SU APODERADO PARA REPRESENTARLA EN EL JUICIO. AL NO SER UN ACTO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO, SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO. El auto que tiene por no interpuesta la demanda laboral respecto de uno de los demandados, con motivo de la falta de ratificación de la carta poder otorgada al apoderado legal de la actora para representarla en el juicio, no constituye una resolución que ponga fin al juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, en razón de que el juicio prosigue respecto del resto de los demandados, por lo que si se reclama en amparo directo, con fundamento en el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá declararse incompetente y remitir la demanda al Juzgado de Distrito que corresponda." Por las anteriores consideraciones, se declara la legal incompetencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con apoyo en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo; por tanto, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Primer Circuito, previa la formación del cuadernillo de antecedentes correspondiente, el expediente del presente juicio de amparo indirecto 1438/2017, en el cual obra la demanda de amparo. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un Juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". Asimismo, es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Así como, por analogía, la jurisprudencia número 829, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 634, Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Finalmente, solicítese atentamente al mencionado Tribunal Colegiado que de no existir impedimento legal, acuse el recibo de estilo e informe lo conducente en relación con la presente determinación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa Marythelma de Fátima Medina Palma, con el que da cumplimiento a la prevención de veintitrés anterior. En ese sentido, vista de nueva cuenta la demanda de garantías promovida por la citada Medina Palma, contra el acto que reclama de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otras autoridades; al efecto, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones siguientes. De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 575/2017, de la estadística de la Junta responsable, por el cual determinó que, ante la contumacia de la parte actora para cumplir el requerimiento realizado en dicho expediente laboral, se tenía por no interpuesta la demanda y se ordenaba el archivo del asunto. Establecido lo anterior, el suscrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en atención a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin al juicio, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece que se entenderá por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En esa virtud, los actos que corresponde conocer en la vía directa del juicio de amparo son: a) Sentencias definitivas o laudos, entendiéndose por éstas las que resuelven el juicio en lo principal y que no admiten recurso o medio ordinario de defensa, o bien, las sentencias dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, si los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que las leyes comunes permitan dicha renuncia; y, b) Resoluciones que ponen fin al juicio, que son las que sin resolver el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales no procede recurso o medio de impugnación alguno. En esas condiciones, si el auto reclamado guarda identidad con el supuesto referido en el inciso b), deberá combatirse mediante el juicio de garantías en la vía directa. Por tanto, si como acontece en la especie, el acto reclamado se trata de una determinación que pone fin al juicio, ordenando su archivo definitivo, es evidente que se surte el requisito previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo; por lo que, en consecuencia, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal para avocarse al conocimiento y resolución del presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa, en contra del proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por la Junta responsable en el expediente laboral 575/2017. En ese tenor, la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclamen este tipo de resoluciones, recae en los Tribunales Colegiados de Circuito y no en los Jueces de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, interpretada a contrario sensu, la jurisprudencia (XI Región)1o. J/3 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, de rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA LABORAL RESPECTO DE UNO DE LOS DEMANDADOS ANTE LA FALTA DE RATIFICACIÓN DE LA ACTORA DE LA CARTA PODER OTORGADA A SU APODERADO PARA REPRESENTARLA EN EL JUICIO. AL NO SER UN ACTO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO, SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO. El auto que tiene por no interpuesta la demanda laboral respecto de uno de los demandados, con motivo de la falta de ratificación de la carta poder otorgada al apoderado legal de la actora para representarla en el juicio, no constituye una resolución que ponga fin al juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, en razón de que el juicio prosigue respecto del resto de los demandados, por lo que si se reclama en amparo directo, con fundamento en el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá declararse incompetente y remitir la demanda al Juzgado de Distrito que corresponda." Por las anteriores consideraciones, se declara la legal incompetencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con apoyo en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo; por tanto, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Primer Circuito, previa la formación del cuadernillo de antecedentes correspondiente, el expediente del presente juicio de amparo indirecto 1438/2017, en el cual obra la demanda de amparo. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un Juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". Asimismo, es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Así como, por analogía, la jurisprudencia número 829, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 634, Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Finalmente, solicítese atentamente al mencionado Tribunal Colegiado que de no existir impedimento legal, acuse el recibo de estilo e informe lo conducente en relación con la presente determinación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Marythelma de Fátima Medina Palma, por su propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; al respecto, se acuerda: De la lectura de la demanda, se advierte que la parte impetrante, señala como acto reclamado, el proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 575/2017; empero, tanto en el capítulo correspondiente al acto reclamado, como al de antecedentes del mismo, omite indicar qué fue lo que se determinó en dicho acuerdo. De esta manera, es evidente que la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: .V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el citado numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Precise, bajo protesta de decir verdad, qué fue lo que se determinó en el proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 575/2017 del índice de la Junta responsable, transcribiendo en su totalidad el mismo o exhibiendo copia certificada de éste, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de conocer lo acordado en dicho auto. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizados para tal efecto a las personas que indica, con las facultades expresamente conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Marythelma de Fátima Medina Palma, por su propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; al respecto, se acuerda: De la lectura de la demanda, se advierte que la parte impetrante, señala como acto reclamado, el proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 575/2017; empero, tanto en el capítulo correspondiente al acto reclamado, como al de antecedentes del mismo, omite indicar qué fue lo que se determinó en dicho acuerdo. De esta manera, es evidente que la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: .V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el citado numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Precise, bajo protesta de decir verdad, qué fue lo que se determinó en el proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 575/2017 del índice de la Junta responsable, transcribiendo en su totalidad el mismo o exhibiendo copia certificada de éste, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de conocer lo acordado en dicho auto. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizados para tal efecto a las personas que indica, con las facultades expresamente conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto. ...
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