Maryflor Quiñones Aguilar

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Maryflor Quiñones Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a este cuadernillo el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Maryflor Quiñones Aguilar, contra actos que reclamó de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo este Juzgado federal se declaró carecer de competencia legal, por razón de grado. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a este cuadernillo, para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual acusa de recibo del oficio 11396/2023, con el cual se remitió el expediente 739/2023 del índice de este juzgado, con motivo de competencia que le fue declinada a dicho tribunal respecto de la demanda de amparo promovida por Maryflor Quiñones Aguilar. Ahora bien, ya que de la revisión de dicha comunicación se advierte que el Tribunal de Alzada requirió a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia a efecto de que le remita el toca de apelación 111/2022, a efecto de determinar su competencia en el trámite del asunto, estese a la espera de la resolución respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por autorización otorgada en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2129/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por Maryflor Quiñones Aguilar, contra actos que reclaman de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se acuerda: En la especie este Juzgadora, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. En un primer término, se tiene que en la demanda se señaló como acto reclamado el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, donde se decretó la caducidad de la instancia en el toca civil 111/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva pronunciada en el juicio extraordinario de arrendamiento 929/2017, promovido por Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, División Fiduciaria, por conducto de su apoderado Eduardo Alejandro López Novelo, contra Daniel Mauricio Fuentes Quiñones y Maryflor Quiñones Aguilar. Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso a), y fracción V, inciso c), Constitucional, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (...) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales y, ... Por su parte, los diversos numerales 33, fracción II, 34, párrafo primero, 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: .II.- Los tribunales colegiados de circuito. Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De lo anteriores preceptos, se aprecia en lo que interesa que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. En ese sentido, atento al acto que reclama la parte quejosa, se advierte que el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, declaró la caducidad de la instancia y declaró firme la sentencia pronunciada en el juicio de origen, tiene como consecuencia dar por concluido al juicio al declarar la firmeza de la sentencia pronunciada el treinta de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio extraordinario de arrendamiento 929/2017, por lo que contra dicha determinación, previo cumplimiento al principio de definitividad, lo que procede es el amparo directo, el cual es competencia de un Tribunal Colegiado, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 Constitucional, por tratarse de una determinación que puso fin al juicio. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 180958, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, materia común, Novena Época, que señala: APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. También se estima aplicable la tesis XIV.2o. J/23, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con registro digital 193044, que a la letra dice: CADUCIDAD. EL AUTO QUE LA DECLARA EN SEGUNDA INSTANCIA ADMITE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y EL AMPARO DIRECTO RESULTA IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Es improcedente el amparo directo promovido contra una resolución que declara la caducidad en segunda instancia toda vez que, aun cuando se trata de una resolución que pone fin al juicio, admite el recurso de revocación previsto en el artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y, por tanto, si no se agotó este medio de defensa, la vía constitucional directa resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. De ahí que se declara que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo de que se trata, al estimar que dicha competencia se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la ley de Amparo y artículo 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas consideraciones encuentran sustento la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, página 466, la cual a la letra establece lo siguiente: RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Por lo expuesto, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, para que a su vez la turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del cual se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe la determinación procedente. Tal como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tienen como correos de la parte quejosa los que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Y como autorizados a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no haber encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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