Marylu Gonzalez Ibarra
Expediente 874/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- MARYLU GONZALEZ IBARRA y Otros.
- Marylu Gonzalez Ibarra
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento legal, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la determinación judicial de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo relativa al presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto 21, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda relativa al presente asunto, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo acordó y firmó Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en funciones de Jueza del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Análisis del escrito inicial de demanda y sus anexos. Así, al analizar íntegramente la demanda y sus anexos se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: La orden de remoción o despido de la plaza de maestra que tiene asignada como profesora de secundaria desde el veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DEAMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En efecto, los artículos112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de esa ley. Por otra parte, los artículos 1, fracción I y 5, fracción II de la misma legislación textualmente disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica" De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad según se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". De los anteriores preceptos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para ese Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, según lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento, llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". (Registro digital: 199459. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: P. XXVII/97. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118. Tipo: Aislada) Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) Que sea un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de la Novena Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Precisado lo anterior, al Titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Baja California; Secretario o Titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California; Titular del Sistema Educativo Estatal, con residencia en Mexicali, Baja California; Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con residencia en Ciudad de México; al Director de la Secundaria Número 61 Frontera Tijuana, y al Director de la Secundaria Número 61 Frontera Tijuana, con residencia en esta ciudad; no les reviste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, pues la relación existente entre éstas y la quejosa no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación laboral, como se explica a continuación. Respecto a las responsables Titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Baja California; Secretario o Titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California; Titular del Sistema Educativo Estatal; Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y al Director de la Secundaria Número 61 Frontera Tijuana, La Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, regula la relación existente entre los poderes del Estado y sus trabajadores, como se precisa en los numerales 1, 2 y 3 del dicho ordenamiento. "Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Baja California y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre las Autoridades Públicas y sus trabajadores, acorde a las instituciones jurídicas comprendidas en los artículos 123 apartado B, 116 fracción VI y segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son Autoridades Públicas Patronales: Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo; los Municipios del Estado de Baja California; el Tribunal de Arbitraje del Estado y las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado. La relación jurídica de los servidores públicos contemplados en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por sus propias leyes. Articulo 2.- Trabajador es la persona física que presta a las autoridades públicas un trabajo personal subordinado consistente en un servicio material, intelectual, o de ambos géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida, para cada profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores permanentes o temporales. Para los efectos de esta Ley, no se considerarán trabajadores: I.- El Gobernador; II.- Los Diputados; III.- Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y IV.- Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores, Regidores y Consejeros Municipales. Los servidores públicos mencionados en las fracciones anteriores, no tendrán derecho a las prestaciones que se contienen en esta Ley. "Articulo 3.- La relación de trabajo entre las Autoridades Públicas y sus trabajadores se establecerá mediante nombramiento, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación de un servicio personal y directo, en forma subordinada, a cambio de la percepción de un salario. Las Autoridades Públicas podrán ser representadas en juicio mediante simple oficio, por conducto de sus respectivos titulares, los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o por los representantes legales que aquéllos designen para tales fines." Así conforme a lo descrito, en el caso concreto, la parte quejosa frente a dichas autoridades, no tiene la calidad de un gobernado ante una entidad productiva pública como autoridad responsable, en virtud de que el origen del acto que por esta vía constitucional se reclama tiene como base la solicitud de basificación, otorgamiento de titularidad y reinstalación en el puesto de docente de secundaria en la asignatura de español, la cual es sujeto de litigio en el expediente 536/2021-VI del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por lo que, lo que se pretende con la interposición del presente juicio de amparo, debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal competente, esto es, los actos que se reclaman, no son emanados de autoridad alguna, pues, no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente administrativo-laboral, como lo es, su caso, la remoción o despido de la quejosa como docente de secundaria en la asignatura de español que viene desempeñando. De igual forma, respecto al Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual en los artículos 26 y 41 dispone: "Artículo 26. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere esta Ley a esa dependencia y las que otras leyes establezcan de manera específica." "Artículo 41. La Unidad del Sistema regulará el proceso de promoción que será público, transparente, equitativo e imparcial; para ello, emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas de las entidades federativas en el proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión de la educación básica." Así conforme a lo descrito, en el caso concreto, la parte quejosa frente a dicha Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), no tiene la calidad de un gobernado ante una entidad productiva pública como autoridad responsable, en virtud de que, se itera, el origen del acto que por esta vía constitucional se reclama tiene como base la solicitud de basificación, otorgamiento de titularidad y reinstalación en el puesto de docente de secundaria en la asignatura de español, la cual como se precisó en párrafos precedentes, es sujeto de litigio, por lo que, lo que se pretende con la interposición del presente juicio de amparo, debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal competente, esto es, los actos que se reclaman, no son emanados de autoridad alguna, pues, no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente administrativo-laboral, como es, en su caso, la remoción o despido de la quejosa como docente de secundaria en la asignatura de español que viene desempeñando. Por tanto, deben considerarse que lo reclamado por la quejosa no tiene el carácter de actos emitidos por una autoridad; esto, específicamente, porque los efectos inherentes a la remoción o despido del puesto de docente de secundaria en la asignatura de español, emana de la relación laboral existente entre la quejosa y las autoridades designadas como responsables, de ahí que la problemática que se suscite al respecto, debe estar sujeta a la ley laboral que corresponda. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es así, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre sujetos, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de la relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones laborales, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el estado, y sus trabajadores, es del ámbito competencial, establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se corrobore el nivel en que la quejosa y las autoridades señaladas como responsables se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de amparo que se promueve contra los hechos narrados con antelación es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5o de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de amparo, debe acudir ante la autoridad ya mencionada, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse". (Jurisprudencia 414, Cuarta Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 436, Tomo II Semanario Judicial de la Federación periodo de 1917 a Septiembre de 2011). Adicionalmente, lo reclamado en comento no resulta equivalente a un acto de autoridad, pues con la actuación reprochada no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal de la gobernada, pues no se actúa en ejercicio de un mandato proveniente de la ley; sin que tampoco se considere imperativa tal actuación, habida cuenta que al obedecer al ejercicio legítimo del régimen jurídico al que pertenece, quedan a salvo los derechos de la inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente, de lo que se colige que a las mencionadas no les reviste la calidad de autoridades responsables. Así las cosas, al reclamar aspectos vinculantes con la relación laboral con la autoridad responsable, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el actuar de que se duele ante la autoridad ordinaria y, al no hacerlo así, el juicio de amparo resulta improcedente, porque en este supuesto las señaladas como responsables no son consideradas autoridades para efectos del juicio constitucional. Tienen aplicación por las razones que informan, los criterios: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". (Época: Décima Época. Registro: 2011298. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, página 1639. Materia(s): Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). Página: 1639). "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." (Época: Novena Época. Registro: 182820. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 97/2003. Página: 152). Así las cosas, desde un plano objetivo, este órgano de control constitucional tiene información suficiente para advertir de manera manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio, pues aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, al operar lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de dos mil doce, tomo 2, página novecientos veintinueve, bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, dicho criterio en los términos que fue redactado no se encuentra vigente, en virtud de que la Sala en la jurisprudencia citada, resolvió en contradicción de tesis, respecto a actos reclamados consistentes en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas; lo que en el caso no acontece. Dicha situación, es así, pues a efecto de brindar mayor certeza a los gobernados en relación a su contenido, la jurisprudencia fue esclarecida en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de la referida jurisprudencia, y al efecto consideró: "(.) En ese orden de ideas, si bien en el caso concreto la tesis cuya sustitución se solicita tiene como rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo que, al parecer de los solicitantes, transmite la idea de que en ningún caso los Jueces pueden desechar una demanda de amparo desde el auto inicial, cuando lo que se trate de dilucidar es si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello resulta insuficiente para estimar procedente la sustitución propiamente de la jurisprudencia, tal como lo pretenden los solicitantes. Lo anterior, en virtud de que la construcción, en particular, del "rubro" de una tesis de jurisprudencia, como la que en el caso nos ocupa, derivó directamente de lo dispuesto en el Acuerdo Número 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte,(9) pero no constituye propiamente un error en su redacción o bien, una imprecisión que dé lugar a sustituir la jurisprudencia. (.) En ese sentido, es claro entonces que lo aquí detallado fue atendido puntualmente en la elaboración del "rubro" de la jurisprudencia en examen, pues si se toma en cuenta del contenido de la tesis que, lo que se pretendió reflejar de manera concreta y abstracta, fue que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo; resulta evidente que su "rubro" resulta conciso, congruente, claro y concreto en relación con el contenido fundamental de la jurisprudencia, en la que se detalló con claridad que el estudio que estaba imposibilitado a hacer el Juez en el auto inicial, para determinar si el acto reclamado, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, era respecto del acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, tal como expresamente se precisó dentro del contenido del criterio jurisprudencial en cita. Consecuentemente, resulta infundada la sustitución de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), por los motivos aducidos en esta ejecutoria. SEXTO.-No obstante, aun cuando como se evidenció, está expresamente señalado en el cuerpo de la propia jurisprudencia el elemento relevante del caso del que derivó el criterio jurisprudencial correspondiente; en aras de brindar mayor certeza jurídica a los gobernados, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) refleje con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar con ello su localización; esta Segunda Sala estima procedente aclarar dicho rubro para quedar de la siguiente manera: 'AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.' (.)" (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de Jurisprudencia 9/2015, en la que se analizó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), cuyo rubro es "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE AMPARO.", determinó que la contradicción de tesis 297/2011, que le dio origen, no contiene la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, debía modificarse para dar claridad a qué supuestos era aplicable, y por tanto, el rubro que debía prevalecer era el de "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De modo que la nueva jurisprudencia en su nueva redacción no definió en todos los casos que en el auto que recae a la presentación de una demanda los jueces estén impedidos para determinar si un acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo lo restringió cuando el acto reclamado fuera el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, acto diverso al que aquí se analiza. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Ochoa Barrera, Ismael Torres Vea, Antonio Pérez Martínez y Miguel Zamorano Valdez, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así las diversos profesionistas Óscar Manuel Contreras Montaño, Alejandro Oscar Ramires Cortez y Pilar Antelma Chávez Pérez, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontraron registradas en el sistema antes indicado, cédulas profesionales que los faculte para ejercer la licenciatura en derecho, por tanto, se les autoriza en términos restringidos establecidos en el artículo 12, párrafo segundo última parte, es decir solo para oír y recibir toda clase de notificaciones; por lo que una vez que acrediten lo anterior, y previa solicitud de la parte quejosa se proveerá lo que en derecho corresponda. Asimismo y como lo solicita la parte quejosa, se autoriza tiene como domicilio procesal el ubicado en boulevard Cuauhtémoc Sur, número 10501, kilómetro 13.5 de la antigua Carretera Libre Tijuana-Ensenada, en el Poblado La Gloria en esta ciudad. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes . Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la promovente. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
virtud de que la parte promovente no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a Marylu González Ibarra, el contenido del acuerdo(sentencia) dictado(a) el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 874/2022-G:virtud de que la parte promovente no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a Marylu González Ibarra, el contenido del acuerdo(sentencia) dictado(a) el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 874/2022-G: "Análisis del escrito inicial de demanda y sus anexos. Así, al analizar íntegramente la demanda y sus anexos se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: La orden de remoción o despido de la plaza de maestra que tiene asignada como profesora de secundaria desde el veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DEAMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En efecto, los artículos112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de esa ley. Por otra parte, los artículos 1, fracción I y 5, fracción II de la misma legislación textualmente disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica" De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad según se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". De los anteriores preceptos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para ese Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, según lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento, llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". (Registro digital: 199459. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: P. XXVII/97. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118. Tipo: Aislada) Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) Que sea un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de la Novena Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Precisado lo anterior, al Titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Baja California; Secretario o Titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California; Titular del Sistema Educativo Estatal, con residencia en Mexicali, Baja California; Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con residencia en Ciudad de México; al Director de la Secundaria Número 61 Frontera Tijuana, y al Director de la Secundaria Número 61 Frontera Tijuana, con residencia en esta ciudad; no les reviste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, pues la relación existente entre éstas y la quejosa no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación laboral, como se explica a continuación. Respecto a las responsables Titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Baja California; Secretario o Titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California; Titular del Sistema Educativo Estatal; Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y al Director de la Secundaria Número 61 Frontera Tijuana, La Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, regula la relación existente entre los poderes del Estado y sus trabajadores, como se precisa en los numerales 1, 2 y 3 del dicho ordenamiento. "Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Baja California y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre las Autoridades Públicas y sus trabajadores, acorde a las instituciones jurídicas comprendidas en los artículos 123 apartado B, 116 fracción VI y segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son Autoridades Públicas Patronales: Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo; los Municipios del Estado de Baja California; el Tribunal de Arbitraje del Estado y las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado. La relación jurídica de los servidores públicos contemplados en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por sus propias leyes. Articulo 2.- Trabajador es la persona física que presta a las autoridades públicas un trabajo personal subordinado consistente en un servicio material, intelectual, o de ambos géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida, para cada profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores permanentes o temporales. Para los efectos de esta Ley, no se considerarán trabajadores: I.- El Gobernador; II.- Los Diputados; III.- Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y IV.- Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores, Regidores y Consejeros Municipales. Los servidores públicos mencionados en las fracciones anteriores, no tendrán derecho a las prestaciones que se contienen en esta Ley. "Articulo 3.- La relación de trabajo entre las Autoridades Públicas y sus trabajadores se establecerá mediante nombramiento, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación de un servicio personal y directo, en forma subordinada, a cambio de la percepción de un salario. Las Autoridades Públicas podrán ser representadas en juicio mediante simple oficio, por conducto de sus respectivos titulares, los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o por los representantes legales que aquéllos designen para tales fines." Así conforme a lo descrito, en el caso concreto, la parte quejosa frente a dichas autoridades, no tiene la calidad de un gobernado ante una entidad productiva pública como autoridad responsable, en virtud de que el origen del acto que por esta vía constitucional se reclama tiene como base la solicitud de basificación, otorgamiento de titularidad y reinstalación en el puesto de docente de secundaria en la asignatura de español, la cual es sujeto de litigio en el expediente 536/2021-VI del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por lo que, lo que se pretende con la interposición del presente juicio de amparo, debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal competente, esto es, los actos que se reclaman, no son emanados de autoridad alguna, pues, no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente administrativo-laboral, como lo es, su caso, la remoción o despido de la quejosa como docente de secundaria en la asignatura de español que viene desempeñando. De igual forma, respecto al Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual en los artículos 26 y 41 dispone: "Artículo 26. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere esta Ley a esa dependencia y las que otras leyes establezcan de manera específica." "Artículo 41. La Unidad del Sistema regulará el proceso de promoción que será público, transparente, equitativo e imparcial; para ello, emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas de las entidades federativas en el proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión de la educación básica." Así conforme a lo descrito, en el caso concreto, la parte quejosa frente a dicha Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), no tiene la calidad de un gobernado ante una entidad productiva pública como autoridad responsable, en virtud de que, se itera, el origen del acto que por esta vía constitucional se reclama tiene como base la solicitud de basificación, otorgamiento de titularidad y reinstalación en el puesto de docente de secundaria en la asignatura de español, la cual como se precisó en párrafos precedentes, es sujeto de litigio, por lo que, lo que se pretende con la interposición del presente juicio de amparo, debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal competente, esto es, los actos que se reclaman, no son emanados de autoridad alguna, pues, no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente administrativo-laboral, como es, en su caso, la remoción o despido de la quejosa como docente de secundaria en la asignatura de español que viene desempeñando. Por tanto, deben considerarse que lo reclamado por la quejosa no tiene el carácter de actos emitidos por una autoridad; esto, específicamente, porque los efectos inherentes a la remoción o despido del puesto de docente de secundaria en la asignatura de español, emana de la relación laboral existente entre la quejosa y las autoridades designadas como responsables, de ahí que la problemática que se suscite al respecto, debe estar sujeta a la ley laboral que corresponda. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es así, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre sujetos, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de la relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones laborales, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el estado, y sus trabajadores, es del ámbito competencial, establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se corrobore el nivel en que la quejosa y las autoridades señaladas como responsables se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de amparo que se promueve contra los hechos narrados con antelación es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5o de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de amparo, debe acudir ante la autoridad ya mencionada, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse". (Jurisprudencia 414, Cuarta Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 436, Tomo II Semanario Judicial de la Federación periodo de 1917 a Septiembre de 2011). Adicionalmente, lo reclamado en comento no resulta equivalente a un acto de autoridad, pues con la actuación reprochada no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal de la gobernada, pues no se actúa en ejercicio de un mandato proveniente de la ley; sin que tampoco se considere imperativa tal actuación, habida cuenta que al obedecer al ejercicio legítimo del régimen jurídico al que pertenece, quedan a salvo los derechos de la inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente, de lo que se colige que a las mencionadas no les reviste la calidad de autoridades responsables. Así las cosas, al reclamar aspectos vinculantes con la relación laboral con la autoridad responsable, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el actuar de que se duele ante la autoridad ordinaria y, al no hacerlo así, el juicio de amparo resulta improcedente, porque en este supuesto las señaladas como responsables no son consideradas autoridades para efectos del juicio constitucional. Tienen aplicación por las razones que informan, los criterios: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". (Época: Décima Época. Registro: 2011298. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, página 1639. Materia(s): Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). Página: 1639). "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." (Época: Novena Época. Registro: 182820. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 97/2003. Página: 152). Así las cosas, desde un plano objetivo, este órgano de control constitucional tiene información suficiente para advertir de manera manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio, pues aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, al operar lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de dos mil doce, tomo 2, página novecientos veintinueve, bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, dicho criterio en los términos que fue redactado no se encuentra vigente, en virtud de que la Sala en la jurisprudencia citada, resolvió en contradicción de tesis, respecto a actos reclamados consistentes en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas; lo que en el caso no acontece. Dicha situación, es así, pues a efecto de brindar mayor certeza a los gobernados en relación a su contenido, la jurisprudencia fue esclarecida en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de la referida jurisprudencia, y al efecto consideró: "(.) En ese orden de ideas, si bien en el caso concreto la tesis cuya sustitución se solicita tiene como rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo que, al parecer de los solicitantes, transmite la idea de que en ningún caso los Jueces pueden desechar una demanda de amparo desde el auto inicial, cuando lo que se trate de dilucidar es si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello resulta insuficiente para estimar procedente la sustitución propiamente de la jurisprudencia, tal como lo pretenden los solicitantes. Lo anterior, en virtud de que la construcción, en particular, del "rubro" de una tesis de jurisprudencia, como la que en el caso nos ocupa, derivó directamente de lo dispuesto en el Acuerdo Número 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte,(9) pero no constituye propiamente un error en su redacción o bien, una imprecisión que dé lugar a sustituir la jurisprudencia. (.) En ese sentido, es claro entonces que lo aquí detallado fue atendido puntualmente en la elaboración del "rubro" de la jurisprudencia en examen, pues si se toma en cuenta del contenido de la tesis que, lo que se pretendió reflejar de manera concreta y abstracta, fue que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo; resulta evidente que su "rubro" resulta conciso, congruente, claro y concreto en relación con el contenido fundamental de la jurisprudencia, en la que se detalló con claridad que el estudio que estaba imposibilitado a hacer el Juez en el auto inicial, para determinar si el acto reclamado, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, era respecto del acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, tal como expresamente se precisó dentro del contenido del criterio jurisprudencial en cita. Consecuentemente, resulta infundada la sustitución de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), por los motivos aducidos en esta ejecutoria. SEXTO.-No obstante, aun cuando como se evidenció, está expresamente señalado en el cuerpo de la propia jurisprudencia el elemento relevante del caso del que derivó el criterio jurisprudencial correspondiente; en aras de brindar mayor certeza jurídica a los gobernados, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) refleje con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar con ello su localización; esta Segunda Sala estima procedente aclarar dicho rubro para quedar de la siguiente manera: 'AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.' (.)" (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de Jurisprudencia 9/2015, en la que se analizó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), cuyo rubro es "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE AMPARO.", determinó que la contradicción de tesis 297/2011, que le dio origen, no contiene la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, debía modificarse para dar claridad a qué supuestos era aplicable, y por tanto, el rubro que debía prevalecer era el de "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De modo que la nueva jurisprudencia en su nueva redacción no definió en todos los casos que en el auto que recae a la presentación de una demanda los jueces estén impedidos para determinar si un acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo lo restringió cuando el acto reclamado fuera el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, acto diverso al que aquí se analiza. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Ochoa Barrera, Ismael Torres Vea, Antonio Pérez Martínez y Miguel Zamorano Valdez, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así las diversos profesionistas Óscar Manuel Contreras Montaño, Alejandro Oscar Ramires Cortez y Pilar Antelma Chávez Pérez, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontraron registradas en el sistema antes indicado, cédulas profesionales que los faculte para ejercer la licenciatura en derecho, por tanto, se les autoriza en términos restringidos establecidos en el artículo 12, párrafo segundo última parte, es decir solo para oír y recibir toda clase de notificaciones; por lo que una vez que acrediten lo anterior, y previa solicitud de la parte quejosa se proveerá lo que en derecho corresponda. Asimismo y como lo solicita la parte quejosa, se autoriza tiene como domicilio procesal el ubicado en boulevard Cuauhtémoc Sur, número 10501, kilómetro 13.5 de la antigua Carretera Libre Tijuana-Ensenada, en el Poblado La Gloria en esta ciudad. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes . Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la promovente. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe."
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