Mary Carmen Osuna Osuna
Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 14/03/2023
Partes del expediente
- Mary Carmen Osuna Osuna
- Z. S. O.
- MARY CARMEN OSUNA OSUNA y Otros.
- Z. S. O. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Por ello, se ordena estampar en la carátula del juicio de amparo el sello con la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 18, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en veinticinco de agosto de dos mil veinte, se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y en resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva; el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 18 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
a las nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 371/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado en proveído de seis de septiembre del año en curso, en la que se le dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Ahora, de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Mary Carmen Osuna Osuna, por propio derecho y en representación de la menor Z.S.O., promovió la presente demanda contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la que reclamó lo siguiente: "[.] IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Omisión de acordar, las medidas cautelares y precautorias urgentes, solicitadas el 11 de agosto de 2020, en la cual se le requiera al C. PAULO CESAR SALAZAR BOJORQUEZ, CUMPLA con las CLAUSULAS S ~GUNDA, TERCERA, CUARTA Y NOVENA del convenio de divorcio, y pase personalmente a recoger a nuestra menor hija ZOE SALAZAR OSUNA; a mi domicilio ubicado en, Av. San Andrés No. 6077-109, fraccionamiento San Ángel, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, y así se satisfaga el derecho fundamental de la menor de convivir con su progenitor. Dentro del expediente número 1798/2016, el cual se celebró Convenio de Divorcio que fue debidamente aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada el 14 de octubre de 2016. 2. Omisión de acordar, las medidas cautelares y precautorias urgentes solicitadas el 29 de julio de 2020, en la cual la Autoridad Responsable autorice provisionalmente a la suscrita MARY CARMEN OSUNA OSUNA, para que pueda viajar sola, yendo y viniendo a Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Salt Lake City, Utah, provisionalmente entre los meses de agosto a diciembre de 2020, con el fin de ubicar la casa donde me instalaré para vivir con mi menor hija, así como ubicar e inscribirla en la escuela donde estudiará; para seleccionar con las referencias necesarias y contratar a la persona calificada y certificada que la cuidará en las horas en que la suscrita tenga que trabajar, y en fin, para llevar a cabo el proceso de relocalización de mi trabajo. Esto es, en estos meses la suscrita viajaría sin mi menor hija ZOE SALAZAR OSUNA. Autorizando a que nuestra menor hija se quede en mi domicilio ubicado en Av. San Andrés No. 6077 interior 109, Fraccionamiento San Angelín, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, bajo el cuidado de sus abuelos maternos MIGUEL ÁNGEL OSUNA ROJAS y MARÍA DEL CARMEN OSUNA HERNÁNDEZ, mientras se resuelve en definitiva el cambio de residencia solicitado. Dentro del expediente número 1798/2016, el cual concluyó con Convenio, elevado a categoría de cosa juzgada el 14 de octubre de 2016. 3. El auto de fecha cinco de agosto de 2020, en el cual se me requiere no obstaculizar ni impedir la conviviencia de mi menor hija ZOE SALAZAR OSUNA, con su progenitor PAULO CESAR SALAZAR BOJORQUEZ; en el cual apercibe a la suscrita MARY CARMEN OSUNA OSUNA, con una medida de apremio consistente en multa de veinte unidades de medida de actualización por el equivalente a la cantidad de $1 ,737.60 pesos Moneda Nacional." Posteriormente, en seis de septiembre del año en curso, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias entre las que se desprende que en el juicio de origen, en veintinueve de agosto del año en curso, en escrito signado por Paulo César Salazar Bojórquez, comunicó que el régimen de convivencias con su menor hija han sido de forma parcial por parte de la señora Mary Carmen Osuna Osuna, además le informó los domicilios donde reside la menor y que atendiendo al interés superior de la niña se ordenaron diversas diligencias entre ellas entrevista con la misma, exámenes psicológicos a ambas partes procesales a la niña, abuelos maternos y paternos y demás familiares que convivan directamente con la menor; asimismo, que por parte de la madre Mary Carmen Osuna Osuna, por conducto de su abogado procurador en fecha veintinueve de agosto pasado, desahogó la vista que el régimen de convivencia se está cumplimiento a cabalidad e informó los domicilios donde reside la niña y quienes comparten su domicilio. Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera y únicamente la parte quejosa por conducto de su autorizado, realizó diversas manifestaciones y solicitó que se sobresea fuera de audiencia al quedar acreditadas de manera plena e indudable las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, por tanto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional ya que como se advierte las omisiones reclamadas a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, han dejado de afectar el derecho que la quejosa considero vulnerado, lo anterior al haber proveído en el juicio de origen lo conducente en relación a las medidas cautelares y precautorias urgentes para lograr el cumplimiento del convenio en relación al régimen de convivencia entre Paulo César Salazar Bojórquez (aquí tercero interesado) y la menor quejosa; y se han realizado diversas gestiones buscando la estabilidad de la menor respecto al domicilio que habita y las partes han manifestado que actualmente se encuentran dando cumplimiento al régimen de convivencia previamente establecido, actualizándose de esta manera la hipótesis contemplada en la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado en proveído de seis de septiembre del año en curso, en la que se le dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Ahora, de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Mary Carmen Osuna Osuna, por propio derecho y en representación de la menor Z.S.O., promovió la presente demanda contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la que reclamó lo siguiente: "[.] IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Omisión de acordar, las medidas cautelares y precautorias urgentes, solicitadas el 11 de agosto de 2020, en la cual se le requiera al C. PAULO CESAR SALAZAR BOJORQUEZ, CUMPLA con las CLAUSULAS S ~GUNDA, TERCERA, CUARTA Y NOVENA del convenio de divorcio, y pase personalmente a recoger a nuestra menor hija ZOE SALAZAR OSUNA; a mi domicilio ubicado en, Av. San Andrés No. 6077-109, fraccionamiento San Ángel, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, y así se satisfaga el derecho fundamental de la menor de convivir con su progenitor. Dentro del expediente número 1798/2016, el cual se celebró Convenio de Divorcio que fue debidamente aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada el 14 de octubre de 2016. 2. Omisión de acordar, las medidas cautelares y precautorias urgentes solicitadas el 29 de julio de 2020, en la cual la Autoridad Responsable autorice provisionalmente a la suscrita MARY CARMEN OSUNA OSUNA, para que pueda viajar sola, yendo y viniendo a Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Salt Lake City, Utah, provisionalmente entre los meses de agosto a diciembre de 2020, con el fin de ubicar la casa donde me instalaré para vivir con mi menor hija, así como ubicar e inscribirla en la escuela donde estudiará; para seleccionar con las referencias necesarias y contratar a la persona calificada y certificada que la cuidará en las horas en que la suscrita tenga que trabajar, y en fin, para llevar a cabo el proceso de relocalización de mi trabajo. Esto es, en estos meses la suscrita viajaría sin mi menor hija ZOE SALAZAR OSUNA. Autorizando a que nuestra menor hija se quede en mi domicilio ubicado en Av. San Andrés No. 6077 interior 109, Fraccionamiento San Angelín, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, bajo el cuidado de sus abuelos maternos MIGUEL ÁNGEL OSUNA ROJAS y MARÍA DEL CARMEN OSUNA HERNÁNDEZ, mientras se resuelve en definitiva el cambio de residencia solicitado. Dentro del expediente número 1798/2016, el cual concluyó con Convenio, elevado a categoría de cosa juzgada el 14 de octubre de 2016. 3. El auto de fecha cinco de agosto de 2020, en el cual se me requiere no obstaculizar ni impedir la conviviencia de mi menor hija ZOE SALAZAR OSUNA, con su progenitor PAULO CESAR SALAZAR BOJORQUEZ; en el cual apercibe a la suscrita MARY CARMEN OSUNA OSUNA, con una medida de apremio consistente en multa de veinte unidades de medida de actualización por el equivalente a la cantidad de $1 ,737.60 pesos Moneda Nacional." Posteriormente, en seis de septiembre del año en curso, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias entre las que se desprende que en el juicio de origen, en veintinueve de agosto del año en curso, en escrito signado por Paulo César Salazar Bojórquez, comunicó que el régimen de convivencias con su menor hija han sido de forma parcial por parte de la señora Mary Carmen Osuna Osuna, además le informó los domicilios donde reside la menor y que atendiendo al interés superior de la niña se ordenaron diversas diligencias entre ellas entrevista con la misma, exámenes psicológicos a ambas partes procesales a la niña, abuelos maternos y paternos y demás familiares que convivan directamente con la menor; asimismo, que por parte de la madre Mary Carmen Osuna Osuna, por conducto de su abogado procurador en fecha veintinueve de agosto pasado, desahogó la vista que el régimen de convivencia se está cumplimiento a cabalidad e informó los domicilios donde reside la niña y quienes comparten su domicilio. Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera y únicamente la parte quejosa por conducto de su autorizado, realizó diversas manifestaciones y solicitó que se sobresea fuera de audiencia al quedar acreditadas de manera plena e indudable las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, por tanto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional ya que como se advierte las omisiones reclamadas a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, han dejado de afectar el derecho que la quejosa considero vulnerado, lo anterior al haber proveído en el juicio de origen lo conducente en relación a las medidas cautelares y precautorias urgentes para lograr el cumplimiento del convenio en relación al régimen de convivencia entre Paulo César Salazar Bojórquez (aquí tercero interesado) y la menor quejosa; y se han realizado diversas gestiones buscando la estabilidad de la menor respecto al domicilio que habita y las partes han manifestado que actualmente se encuentran dando cumplimiento al régimen de convivencia previamente establecido, actualizándose de esta manera la hipótesis contemplada en la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes.
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