Mary Angélica Perez López

Expediente 1297/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1297/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Mary Angélica Perez López
  • MARY ANGÉLICA PEREZ LÓPEZ y Otros.
  • Maria Esther Perez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso como el del incidente, coinciden en su totalidad con los electrónicos generados con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTMérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia levantada el veintiuno de julio del año en curso, por la actuaria de la adscripción, en la que asentó, por los motivos que expone, que no pudo notificar a los terceros interesados Wendolyn y Heder, ambos de apellidos Santacruz Flores, el auto de veintidós de julio en curso; por tanto, SE ACUERDA: Toda vez que de la revisión de los autos no se aprecia un diverso domicilio donde dirigirles notificaciones; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele la notificación de dicho acuerdo, así como las subsecuentes que se dicten en este asunto, incluso las que sean de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente señalen nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos o que haga la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Notifíquese por lista a los terceros interesados y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguense para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, que remite en cumplimiento al requerimiento de once del actual mes, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de junio del presente año, dio por concluida su intervención judicial en el expedientillo 209/2021, y en consecuencia, ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Lo anterior, con motivo de que la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, en autos de la carpeta de investigación UNADTD-35-GC/000992/2020 de la cual la parte quejosa solicitó su control judicial, generadora de dicho expedientillo de su índice y del que deriva el acto reclamado en el presente asunto, se decretó la extinción de la acción penal ejercida en contra de ++++++, decretando el archivo de dicha indagatoria como asunto concluido. Lo anterior lo acreditó con las constancias que remitió la Juez responsable, las cuales tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, a fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.] En este orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la ley en cita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diecisiete minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIOD E LISTA D EOCNFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguense para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, que remite en cumplimiento al requerimiento de once del actual mes, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de junio del presente año, dio por concluida su intervención judicial en el expedientillo 209/2021, y en consecuencia, ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Lo anterior, con motivo de que la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, en autos de la carpeta de investigación UNADTD-35-GC/000992/2020 de la cual la parte quejosa solicitó su control judicial, generadora de dicho expedientillo de su índice y del que deriva el acto reclamado en el presente asunto, se decretó la extinción de la acción penal ejercida en contra de ++++++, decretando el archivo de dicha indagatoria como asunto concluido. Lo anterior lo acreditó con las constancias que remitió la Juez responsable, las cuales tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, a fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.] En este orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la ley en cita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diecisiete minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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