Marwin Josue Salinas Aké
Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marwin Josue Salinas Aké
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
ELECT.VISTO, para resolver los autos del INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, promovido por PALOMA NOEMÍ LARA ESCALANTE, representante del menor quejoso ELÍAS FAHRID ALPUCHE LARA, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 71/2022-VI-A; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció PALOMA NOEMÍ LARA ESCALANTE, representante del menor quejoso ELÍAS FAHRID ALPUCHE LARA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que le atribuye a las autoridades siguientes: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL. CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA. YUCALPETÉN, YUCATÁN. De quienes reclama, lo siguiente: La omisión de aplicar la vacuna para la prevención del SARS-CoV-2 al grupo etario de cinco a once años, al que pertenece el menor de edad quejoso, atendiendo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de trece de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se ordenó tramitar por separado y duplicado el presente incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Concesión de la suspensión definitiva. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada para los siguientes efectos: ".Por lo que SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que la responsable Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, a la brevedad, lleve a cabo la aplicación del esquema de vacunación en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda." CUARTO. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, PALOMA NOEMÍ LARA ESCALANTE, representante del menor quejoso ELÍAS FAHRID ALPUCHE LARA, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva respecto del Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. En consecuencia, por auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva efectuada por la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a dicha responsable para que rindiera su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva planteado, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión definitiva, resulta pertinente transcribir parte de la resolución interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, a fin de determinar los efectos de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa: ".En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado determina que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Ahora bien, la promovente del amparo solicita la suspensión respecto de la omisión de las responsables de contemplar a los menores de cinco a once años, entre ellos, su menor hijo que tiene ocho (8) años de edad, en la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, pues refiere que su exclusión del plan nacional de vacunación puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. En este contexto, es oportuno invocar como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del gobierno federal, que dispone en la parte que interesa, lo siguiente: "...El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, las expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible enhttps://bit.ly/3tNfUzL. Se reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto que se sospeche es apócrifo o que los ofertantes lo hagan pasar como sustancia contra el virus SARS-CoV-2, usted podrá realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: www.gob.mx/cofepris/accionesyprogramas/denunciassanitarias." De la transcripción anterior, se aprecia que la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, denominada Pfizer-BioNTech, en México sólo es recomendable al grupo etario mayor de los 12 años; esto es, al momento no existe un pronunciamiento de la autoridad mexicana especializada en la evaluación de los riesgos a salud, que haya definido la seguridad de la aplicación del biológico en menores de doce años, como el caso del quejoso, quien a la fecha tiene diez años de edad. Sin embargo, también es un hecho notorio que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. -FDA, por sus siglas en inglés- autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; autorización que se basó en la evaluación exhaustiva de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron, contundentemente, a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos, se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños. Lo anterior, además está reforzado por las recomendaciones emitidas por el Centro Para el Control de Enfermedades de los E.E.U.U. -CDC por sus siglas en inglés- y la Academia Americana de Pediatría. Además, es un hecho notorio que no sólo la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también recomendó que se otorgue una extensión de indicación para la vacuna frente a la COVID-19, para incluir su uso en menores de cinco a once años; lo a su vez fue retomado por la Asociación Española de Pediatría. Datos que redundan en el consenso científico que existe respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna en niños de ese grupo etario de cinco a once años de edad. Más aún, el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización de la OMS amplió su recomendación sobre el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech con una dosis reducida, precisamente al grupo etario que comprende a los niños entre cinco y once años de edad. En el documento publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351139/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Se observa que se hace la recomendación de la aplicación de la vacuna con dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda entre las cuatro u ocho semanas. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte que la evaluación científica referida, pone en evidencia los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna en este grupo etario. Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. Con base en lo expuesto, resulta procedente conceder la suspensión definitiva al menor quejoso, ya que de no hacerlo se pone en riesgo su vida, dado que esa petición se funda en la condición de peligro grave que le afecta al no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Ello para no infligir el derecho fundamental del quejoso de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Por lo que SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que la responsable Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, a la brevedad, lleve a cabo la aplicación del esquema de vacunación en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Al tratarse de un menor de edad, deberá explicárseles a él y a quienes lo acompañen (tutores), el procedimiento de aplicación de la vacuna antes de hacerlo, así como la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivarse. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de sus padres o tutores, y previo conocimiento informado y firma que deben tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación del esquema completo de la vacuna, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad de salud correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 61, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 168549, que se transcribe: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." En la inteligencia de que la autoridad responsable señalada debe acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se indican. TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión definitiva, expuso lo siguiente: ".Vengo por medio del presente memorial a promover INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, en su Modalidad de INCUMPLIMIENTO, en virtud de lo señalado a continuación: 1.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de febrero de los corrientes, este Juzgado concedió la SUSPENSIÓN DEFINITIVA al menor E.F.A.L, a fin de que se le aplique a la brevedad la vacuna Pfizer/BioNTech contra covid-19 en la dosis correspondiente a su grupo etario. La suspensión se concedió señalando a la autoridad "Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán", como responsadle directa de cumplir con la medida cautelar. 2.- Hasta la fecha de la promoción de este incidente, la citada autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la Suspensión Definitiva concedida por Su Señoría en favor del menor quejoso, pues ni se ha inoculado a mi representado, ni obra en el expediente oficio mediante el cual se señale, por lo menos y de forma ANTICIPADA, fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación y así dar cumplimiento a la suspensión.". CUARTO. Es el caso, que el COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, omitió rendir su informe sobre la materia de la denuncia, por lo que es dable en el caso, que opera la presunción de certeza de la conducta que se reclama, en términos del artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que está dentro de sus atribuciones, dar cumplimiento a la suspensión definitiva decretada en autos. QUINTO. Resulta fundada la denuncia de violación a la suspensión definitiva hecha valer por la parte quejosa, por los motivos que se explicaran. De inicio, cabe acotar que el exceso o defecto en la suspensión se analizará sólo respecto a la autoridad responsable COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, ya que del escrito mediante el cual se promueve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, se advierte que la parte quejosa sólo hace valer cuestiones imputables a esta última autoridad; además de ser a quien directamente le corresponde llevar a cabo la aplicación del esquema de vacunación ordenada en la suspensión definitiva. En primer término conviene determinar la naturaleza jurídica y el objeto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo. De los artículos descritos se desprende que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida, puede ser promovido por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, y podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falla el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme. Los mencionados requisitos se encuentran colmados en este caso, habida cuenta que este incidente fue planteado por PALOMA NOEMÍ LARA ESCALANTE, representante del menor quejoso ELÍAS FAHRID ALPUCHE LARA, por lo que resulta incuestionable que se encuentran legitimados para hacer valer este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida al directo quejoso, en la medida en que resiente el perjuicio que ello ocasiona de manera directa y personal. Asimismo, este incidente fue planteado con la oportunidad legal establecida en el párrafo segundo del artículo 206 de la Ley de Amparo, que previene que podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal; pues en el caso, del expediente principal del que deriva este incidente, se advierte que aún no se ha dictado sentencia definitiva ejecutoriada; por tanto, dicha queja fue interpuesta con la oportunidad legal establecida en el citado numeral 206 de la ley de la materia. Sentado lo anterior, le asiste la razón a la parte quejosa, pues de la lectura integral de las constancias que obran en autos, se advierte que la suspensión definitiva se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, a la brevedad, llevara a cabo la aplicación del esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menor aquí quejoso. Es preciso aclarar, que el responsable directo de la coordinación de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que previene la enfermedad COVID-19, es el COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA. Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en el juicio constitucional, cuyo objeto es mantener viva la materia de éste, mediante la paralización temporal de los efectos del acto reclamado y, en algunos casos, atendiendo a la naturaleza del acto, la restitución provisional del quejoso en los derechos afectados mientras se resuelve el juicio en lo principal. Así, cuando en el juicio de amparo se otorga la suspensión provisional o definitiva con efectos restitutorios y la autoridad responsable considera que se deben satisfacer determinados requisitos de orden técnico o administrativo para que continúe en el ejercicio de sus derechos, desde el momento en que sea notificada de la medida cautelar deberá precisar cuáles son esas condicionantes y hacerlo inmediatamente del conocimiento del quejoso y del juzgador, para que sea efectiva la suspensión otorgada, en términos de los artículos 136, 153 y 158 de dicha ley. En el caso concreto, la responsable a pesar de estar legalmente notificada de la suspensión definitiva desde el veintitrés de febrero último, incurrió en la hipótesis a que se refiere el aludido artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, pues con motivo de las actitudes omisivas que se destacarán, desobedeció injustificadamente la suspensión definitiva que fue otorgada al quejoso. En efecto, en el presente asunto, no se advierte que el COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, hubiera aplicado al quejoso menor de edad la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNtech, por lo que se determina que se acredita el defecto en el cumplimiento de la medida cautelar por parte de dicha autoridad responsable. Aunado a que tampoco existe evidencia alguna de que la citada responsable hubiera informado alguna imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada al menor quejoso, lo cual era de su exclusiva responsabilidad al estar vinculada directamente a la observancia de la medida cautelar en comento. Por lo que con ese proceder incurrió en la figura que en la doctrina se denomina "omisión antijurídica", que podría dar lugar a la responsabilidad penal prevista en el artículo 262, fracción III, de la referida ley. En consecuencia, este incidente resulta procedente y fundado, en atención a que se incurrió en defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada dentro de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 71/2022-VI-A. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase al COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente, señale fecha y hora en el que podrán comparecer el menor quejoso y su representante legal a fin de llevar a cabo la aplicación del esquema de vacunación COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menor quejoso ELÍAS FAHRID ALPUCHE LARA, en dos dosis, cada una de 10 pg. 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas, en los términos en que fue concedida la medida cautelar. Apercibido que de no cumplir esta determinación será denunciado al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de imponerle otras medidas para vencer su contumacia. Apoya lo anterior la tesis XXIII.3 K (10a.), publicada en la página 1245, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas". Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. RESULTA FUNDADO el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 71/2022-VI-B, promovido por PALOMA NOEMÍ LARA ESCALANTE, representante del menor quejoso ELÍAS FAHRID ALPUCHE LARA, contra el acto reclamado al COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Se requiere al COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, para que en el término de veinticuatro horas cumpla cabalmente con la suspensión, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese y regístrese.
- Principal
El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta al Juez con la circunstancia de que en relación con la autoridad señalada como responsable Coordinador Estatal Correcaminos en Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, este Juzgado Federal no tiene conocimiento de que haya presentado su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia respectiva que obra en autos, relativa a la entrega del oficio correspondiente. Por otra parte, se advierte que tampoco obra agregado en este cuaderno el informe previo de la autoridad foránea Secretario de Salud del Gobierno de México; ni tampoco obra constancia de que hubiese recibido el correspondiente oficio con el que se le solicitó. En consecuencia, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha, para el desahogo de la audiencia incidental por lo que a la citada autoridad foránea se refiere. Ello, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera del lugar de residencia de este juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. Asimismo, téngase por hecha la relación secretarial que antecede y celébrese la audiencia incidental en el presente asunto. Seguidamente, abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó al escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia naturaleza. Con ello, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 83/2022-IV-A, promovido por ALEJANDRA GUZMÁN GARCÍA COLÍN, representante de su hija menor de edad quejosa LUCÍA VALDEZ GUZMÁN; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ALEJANDRA GUZMÁN GARCÍA COLÍN, representante de su hija menor de edad quejosa LUCÍA VALDEZ GUZMÁN solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: 1.- SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO MEXICANO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 2.- COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con residencia en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo previo diferimiento conforme al acta que antecede, únicamente por la autoridad responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad que representa, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de este año, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo la salud de la menor. SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a la autoridad señalada como responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, al momento de resolver la presente interlocutoria, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia respectiva, relativa a la entrega del oficio correspondiente; misma que obra en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente CONCEDER la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que la responsable programe a la brevedad la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda (13 años). Considerando que, en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece; "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que la autoridad responsable señalada debe acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se señalan. CUARTO. Diferimiento de la audiencia por lo que se refiere a las autoridades foráneas. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, procede DIFERIR la audiencia incidental respecto de la autoridad foránea siguiente: SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO MEXICANO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Fijándose para tal efecto, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a la menor LUCÍA VALDEZ GUZMÁN, solicitada por conducto de su representante por ALEJANDRA GUZMÁN GARCÍA COLÍN, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se DIFIERE la celebración de la audiencia incidental respecto de la autoridad responsable foránea señalada en la consideración cuarta, fijándose para tal efecto, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, agréguense para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo, el cual remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del acuerdo de cuatro de marzo de esta anualidad, por el que se puso a la vista el informe justificado de la autoridad responsable, aunado a que aún se encuentra pendiente el emplazamiento de los terceros interesados Soluciones Constructivas Casmar, Sociedad Anónima de Capital Variable, CDI Instalaciones, Construcciones y Desarrollos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Gráfica y Arquitectura, Sociedad Anónima de Capital Variable, Carlos Ramón Salazar Solís, Georgina Salazar Solís, José Alfonso Castilla Martínez y Jesús Alberto Puc Chan. Por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con siete minutos del once de abril de dos mil veintidós, como nuevas fecha y hora para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
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