Marvin Ulises Hernández Cantero

Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
395/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Marvin Ulises Hernández Cantero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "5" En la Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por la actuaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo indirecto 767/2022 de su índice, promovido por -------------------------------------, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y otras, del que se advierte que por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, declinó competencia para conocer de ese asunto por razón de materia. Postura que esta juzgadora no comparte bajo las consideraciones que se expresan a continuación. -Aspectos Generales- ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 395/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. -Determinación sobre la competencia planteada- La autoridad declinante, al resolver sobre la demanda de amparo de que se trata, determinó: ? Que atendiendo a las constancias de autos, debe considerarse que la naturaleza jurídica de los actos reclamados son del orden penal y no administrativa, al desprenderse de la demanda de amparo que se reclama el aseguramiento, retención, detención, orden de incomunicación o aislamiento, deportación, expulsión y destierro, por parte del personal de la Estación Migratoria de esta ciudad, en virtud de que son actos que innegablemente afectan la libertad personal del quejoso, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, además, sin que se advierta que tales medidas se traten de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. ? Además que cuando el acto reclamado consistente en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, corresponde conocer al juez en materia penal, en virtud que el acto reclamado, encuentra su relación directa ya que el procedimiento administrativo migratorio inicia con la presentación de extranjeros, que es la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona migrante en una estación migratoria, mientras el Instituto dicta una resolución en el procedimiento, el cual puede culminar en la regularización, el retorno asistido o la deportación. Analizados los argumentos expuestos por el homólogo federal declinante, en correlación con la demanda de amparo - de manera respetuosa- no se comulga con dicha postura en atención a lo siguiente: En primer término, contrario a que estima la Juez declinante, el quejoso no se encuentra privado de la libertad e la estación Migratoria, pues lo único que se desprende de su narrativa en los antecedentes del acto reclamado, es que en su momento el veintisiete de abril de dos mil veintidós, fue detenido por presunto personal de migración, quién únicamente le indicó que no podía transitar por territorio mexicano dada su condición migratoria de Nicaragüense, por lo que tenía que buscar alojamiento y, más adelante reitera su intención de agendar cita para su regularización y legalizar su estancia, por lo que teme a ser detenido y deportado. En tanto, por el momento no obra en autos algún elemento objetivo del que se desprenda que exista un acto de naturaleza penal como podría ser una orden de deportación o de privación de la libertad. La línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para fijar la competencia en razón de la materia hay que atender a la naturaleza del acto; al resolver el contradicción de tesis 81/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que al no contar con claridad la naturaleza del acto debe atenderse a la de la autoridad responsable. De modo que a efecto de verificar si en el caso se trata de un asunto de naturaleza penal, ha de analizarse el acto que reclama el quejoso. Sin embargo, no se deduce con un mínimo de certeza cuál es el actuar que en concreto se impugna; por el contrario se trata de actos futuros e inciertos. Aun cuando el quejoso menciona una posible deportación, en modo alguno refiere algún dato o circunstancia que permita afirmar que su libertad está en riesgo con motivo de una orden similar. Ni siquiera se puede deducir de las autoridades, porque atribuye actos genéricos a diversas autoridades migratorias, a las cuales puede atribuirse procedimientos de carácter administrativos relativos al estatus migratorio de las personas. De modo tal, que la forma en que fue planteada la demanda, hasta este momento, no se cuentan con elementos suficientes para considerar que se trata de actos de naturaleza penal, esto es, en específico que actuaciones que ataquen la libertad de la persona (inclusive, se reitera que el quejoso está libre); sin que se inadvierta que tratándose de personas migrantes convergen autoridades de naturaleza dual, administrativa y penal, empero, no debe dejarse al arbitrio cuál de ellas ha de conocer el asunto, sino este conocimiento ha de basarse en datos objetivos y precisos, los cuales no se tienen. Porque los actos que se afirmó, derivados de la cita de una jurisprudencia, no se observan deriven de la información sesgada proporcionada por el quejoso, quien busca, como lo indicó, tener un salvo conducto para trasladarse libremente en el país, tan es así, que señala que irá a otro Estado a realizar los trámites migratorios correspondientes, lo que confirma que no está privado de la libertad. Por tanto, debe decirse que no se cuenta con los elementos suficientes -hasta este momento-, para aceptar la competencia planteada, pues tampoco se puede afirmar que se actualice alguna hipótesis prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica antes invocada. De ahí que ante la poca información con la que se cuenta hasta este momento, así como en los términos en que se plantea el conocimiento del asunto, no se acepta la competencia declinada. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el presente asunto al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y solicítese para que, de no tener inconveniente legal alguno, una vez que existan en su poder los presentes autos, acuse el recibo correspondiente, en el que informe si insiste o no, en declinar la competencia planteada. -Domicilio del quejoso y autorizados- Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ---------------------------------. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tiene por autorizada a -----------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. -Autorización y habilitación al personal del Juzgado- Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. -Uso de medios electrónicos- Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. -Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos Personales- Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

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