Martiniano Olvera Vidal
Expediente 1182/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martiniano Olvera Vidal
Actuaciones
- Principal
MESA "4" AGRÉGUESE A LOS AUTOS, LA RAZÓN ASENTADA POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO MARTINIANO OLVERA VIDAL Y SUS AUTORIZADOS, EL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, PROCEDIÓ A TOCAR VARIAS VECES LA PUERTA, SIN QUE NADIE ACUDIERA A SU LLAMADO, POR LO QUE PROCEDIÓ A PEGAR AVISO; POR ELLO AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS QUE SE LES DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE DICHO PROVEÍDO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I, DEL NUMERAL 27 INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO, EL REFERIDO ACUERDO, POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: " MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. VISTA la certificación secretarial que antecede; como se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que el quejoso, interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil catorce, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia por una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo que es al único a quien perjudica dicha determinación, transcurrió del nueve al veintidós de enero del año en curso, con deducción de los días diez, once, diecisiete, dieciocho de enero de dos mil quince; sin que hubiese sido recurrida tal sentencia; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2º, se declara que dicha resolución, HA QUEDADO FIRME. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, como de la certificación secretarial que antecede se desprende que el presente expediente CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA HISTÓRICA, JURÍDICA Y DOCUMENTAL, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el expediente en que se actúa será susceptible de destruirse, previa su desincorporación, una vez que transcurran más de CINCO AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que actúa, será susceptible de destruirse, previa su desincorporación, una vez que transcurran más de seis meses, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto del acuerdo conjunto invocado. Toda vez que en la caja de valores de éste Juzgado se encuentra resguardado el billete de depósito número N 042663 expedido respectivamente por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara las cantidades de $2,000.00 ( DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), a nombre de MARTINIANO OLVERA VIDAL, que exhibió ante este Juzgado de Distrito para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida por auto de cuatro de diciembre de dos mil catorce, y dado que la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia por cesación de efectos, en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria; queda a disposición de los impetrantes de amparo dichos certificados de depósito, para lo cual deberán comparecer ante este Tribunal debidamente identificados en día y hora hábil, con la finalidad de hacerle la entrega respectiva; previa toma de razón que de su recibo se asiente en autos; apercibidos que en caso de que no lo hagan dentro del término de dos años, dichos billetes se harán efectivo a favor del Erario Federal, con fundamento en los artículos 36, 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."
- Incidental
MESA "4" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE COMO SE ADVIERTE QUE EL DÍA DE HOY, EN EL JUICIO DE AMPARO 1182/2014-4, DEL CUAL DERIVA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PROMOVIDO POR EL QUEJOSO MARTINIANO OLVERA VIDAL, CAUSÓ EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; CONSECUENTEMENTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009 DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO, POR LO QUE DEBERÁN CONSERVARSE TODAS LAS CONSTANCIAS RELATIVAS A SU OTORGAMIENTO Y EN SU CASO, A SU VIOLACIÓN. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "4" VISTA LA RAZÓN ASENTADA LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR A AL QUEJOSO MARTINIANO OLVERA VIDAL Y SUS AUTORIZADOS DE MANERA PERSONAL, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, PROCEDIÓ A TOCAR VARIAS VECES, SIN QUE NADIE ATENDIERA A SU LLAMADO; POR LO QUE FIJÓO AVISO CORRESPONDIENTE; POR ELLO AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS QUE SE LE DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE DICHO PROVEÍDO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO, DICHO PROVEÍDO, POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. Agréguense a los autos, el oficio número 494 signado por el Juez Décimo Octavo Penal del Distrito Federal y anexo consistente en copia certificada del auto de plazo constitucional donde se decretó la formal prisión o preventiva al aquí quejoso MARTINIANO OLVERA VIDAL O MARTINIANO OLVERA AGUILAR, por el delito de EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO, así como el escrito de cuenta signado por el aquí quejoso, por lo que este Juzgador Constitucional señala que tales circunstancias actualizan la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ante ello y tomando en consideración que conforme a la técnica que rige el juicio de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador de Control Constitucional, analizar de oficio si en el caso se actualiza la citada hipótesis que hace improcedente el presente juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público. Resulta aplicable a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a la normatividad vigente, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 163/2005 , del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Lo anterior, sin menester dar vista al quejoso MARTINIANO OLVERA VIDAL O MARTINIANO OLVERA AGUILAR, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. En esas condiciones, este Juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, es menester señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso MARTINIANO OLVERA VIDAL O MARTINIANO OLVERA AGUILAR, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la consonancia armónica de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior conduce a este Juzgador Constitucional, a concluir que el acto reclamado por el quejoso MARTINIANO OLVERA VIDAL O MARTINIANO OLVERA AGUILAR, consistente en la orden de aprehensión, así como su ejecución; ahora bien como del oficio número 494 signado por el Juez Décimo Octavo Penal del Distrito Federal y anexo consistente en copia certificada del auto de plazo constitucional donde se decretó la formal prisión o preventiva al aquí quejoso MARTINIANO OLVERA VIDAL O MARTINIANO OLVERA AGUILAR, por el delito de EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce y toda vez que el aquí quejoso en su escrito de cuenta informa que con fecha doce de diciembre del año en curso compareció a rendir su declaración preparatoria en la causa penal número 225/2014 del índice del Juzgado Décimo Octavo Penal del Distrito Federal; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la solicitante del amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos; de modo que resulta ocioso analizar las posibles violaciones contenidas en el acto reclamado, pues al dejar de surtir sus efectos, deja de dañar la esfera de derechos del accionante del amparo, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto práctico tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a la normatividad vigente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003 , de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, glósense a los autos, los oficios números 9784 y 65399/2014, signados por los Jueces Séptimo y Décimo Segundo ambos de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, mediante los cuales desahogan la vista de dieciocho de diciembre del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
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