Martina Galindo Medina
Expediente 28/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Martina Galindo Medina
- Fernando Cinto Tepale
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por José Fernando Cinto Tepale y/o Fernando Cinto Tepale, visto su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto se autorizan, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio 004/2016 con el que se da cuenta, mediante el cual dicho juzgador remite vía correo electrónico el acta de la diligencia de deslinde realizada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en el predio denominado Calale ubicado en la calle Guadalupe de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec perteneciente el municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, al respecto se proveerá más adelante. Por otra parte, vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que realizara manifestación alguna en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, y se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil quince (fojas 644 a 660), se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado por la quejosa Martina Galindo Medina. Inconforme con dicha sentencia, la mencionada quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-122/2016 quien mediante ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se declara infundado el incidente de objeción de firma planteado por MARTINA GALINDO MEDINA. TERCERO.- Se Sobresee en el juicio de garantías, respecto al acto reclamado relativo a la orden de desposesión del inmueble denominado CALALE ubicado en el pueblo de Santa María Zacatepec, perteneciente a Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, ordenado por el Juez de Paz de dicha población. CUARTO.- Para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de la presente ejecutoria, la justicia de la Unión ampara y protege a MARTINA GALINDO MEDINA, en contra de los actos que reclamó del Juez de Paz de la población de Santa María Zacatepec, Municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, consistentes en la orden de deslinde y la diligencia de catorce de junio de dos mil catorce, realizada a petición de JOSÉ FERNANDO SINTO TEPALE o FERNANDO CINTO TEPALE." (foja 882). La parte conducente del último considerando de la mencionada resolución es del tenor siguiente: ".En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la diligencia de catorce de junio de dos mil catorce, reclamada y cite a la quejosa al deslinde del predio que nos ocupa, solicitado por FERNANDO CINTO TEPALE, advirtiéndose que quedan las actuaciones por tres días, en la secretaría de dicho juzgado responsable, para que se imponga de ellas y manifieste lo que a su interés convenga dentro de igual término y una vez hecho lo anterior, se continúe el trámite conforme a derecho." (foja 881 vuelta). Mediante oficio de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juez de Paz de la Juta Auxiliar de Santa María Zacatepec perteneciente el Municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, autoridad encargada del cumplimiento remitió a esta autoridad copa certificada de la resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Dado lo anterior y en ejecución de la ejecutoria de amparo R-122/2016 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito se ordena dejar sin efectos e insubsistente la diligencia reclamada de fecha catorce de junio de dos mil catorce. SEGUNDO.- Se ordena girar atento citatorio a la señora Martina Galindo Medina para que el día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis a las catorce horas se constituya en el predio denominado CALALE para la práctica de una diligencia de deslinde solicitado por el señor Fernando Cinto Tepale. TERCERO.- Se le advierte a la señora Marina Galindo Medina que quedan las actuaciones en la secretaría de este juzgado para que se imponga de las mismas, teniendo igual término para el efecto de que realice las manifestaciones que considere pertinentes, y una vez hecho lo anterior se continúe con el trámite conforme a derecho." (foja 955). Posteriormente, dicho juzgador remitió el diverso oficio de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en el que anexó la invitación de deslinde que realizó a Fernando Cinto Tepale y a Martina Galindo Medina (961 a 963). En la invitación dirigida a Martina Galindo Medina se advierte que dicho juzgador hizo de su conocimiento que contaba con el término de tres días para imponerse de las actuaciones que obran en la secretaría del juzgado a su cargo para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga (foja 962). Asimismo, mediante oficio de veintidós de agosto de dos mil dieciséis dicho juzgador remitió a esta autoridad las constancias de notificación de las invitaciones mencionadas a Fernando Cinto Tepale y a Martina Galindo Medina (fojas 969 a 974). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. En consecuencia, se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó la suspensión y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Por lo que hace al oficio 004/2016 presentado por el juez de paz responsable, en virtud de haberse declarado cumplida la sentencia de amparo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto..."
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO JOSÉ FERNANDO SINTO TEPALE Y/O FERNANDO CINTO TEPÁLE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio 004/2016 con el que se da cuenta, mediante el cual dicho juzgador remite vía correo electrónico el acta de la diligencia de deslinde realizada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en el predio denominado Calale ubicado en la calle Guadalupe de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec perteneciente el municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, al respecto se proveerá más adelante. Por otra parte, vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que realizara manifestación alguna en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, y se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil quince (fojas 644 a 660), se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado por la quejosa Martina Galindo Medina. Inconforme con dicha sentencia, la mencionada quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-122/2016 quien mediante ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se declara infundado el incidente de objeción de firma planteado por MARTINA GALINDO MEDINA. TERCERO.- Se Sobresee en el juicio de garantías, respecto al acto reclamado relativo a la orden de desposesión del inmueble denominado CALALE ubicado en el pueblo de Santa María Zacatepec, perteneciente a Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, ordenado por el Juez de Paz de dicha población. CUARTO.- Para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de la presente ejecutoria, la justicia de la Unión ampara y protege a MARTINA GALINDO MEDINA, en contra de los actos que reclamó del Juez de Paz de la población de Santa María Zacatepec, Municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, consistentes en la orden de deslinde y la diligencia de catorce de junio de dos mil catorce, realizada a petición de JOSÉ FERNANDO SINTO TEPALE o FERNANDO CINTO TEPALE." (foja 882). La parte conducente del último considerando de la mencionada resolución es del tenor siguiente: ".En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la diligencia de catorce de junio de dos mil catorce, reclamada y cite a la quejosa al deslinde del predio que nos ocupa, solicitado por FERNANDO CINTO TEPALE, advirtiéndose que quedan las actuaciones por tres días, en la secretaría de dicho juzgado responsable, para que se imponga de ellas y manifieste lo que a su interés convenga dentro de igual término y una vez hecho lo anterior, se continúe el trámite conforme a derecho." (foja 881 vuelta). Mediante oficio de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juez de Paz de la Juta Auxiliar de Santa María Zacatepec perteneciente el Municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, autoridad encargada del cumplimiento remitió a esta autoridad copa certificada de la resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Dado lo anterior y en ejecución de la ejecutoria de amparo R-122/2016 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito se ordena dejar sin efectos e insubsistente la diligencia reclamada de fecha catorce de junio de dos mil catorce. SEGUNDO.- Se ordena girar atento citatorio a la señora Martina Galindo Medina para que el día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis a las catorce horas se constituya en el predio denominado CALALE para la práctica de una diligencia de deslinde solicitado por el señor Fernando Cinto Tepale. TERCERO.- Se le advierte a la señora Marina Galindo Medina que quedan las actuaciones en la secretaría de este juzgado para que se imponga de las mismas, teniendo igual término para el efecto de que realice las manifestaciones que considere pertinentes, y una vez hecho lo anterior se continúe con el trámite conforme a derecho." (foja 955). Posteriormente, dicho juzgador remitió el diverso oficio de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en el que anexó la invitación de deslinde que realizó a Fernando Cinto Tepale y a Martina Galindo Medina (961 a 963). En la invitación dirigida a Martina Galindo Medina se advierte que dicho juzgador hizo de su conocimiento que contaba con el término de tres días para imponerse de las actuaciones que obran en la secretaría del juzgado a su cargo para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga (foja 962). Asimismo, mediante oficio de veintidós de agosto de dos mil dieciséis dicho juzgador remitió a esta autoridad las constancias de notificación de las invitaciones mencionadas a Fernando Cinto Tepale y a Martina Galindo Medina (fojas 969 a 974). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. En consecuencia, se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó la suspensión y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Por lo que hace al oficio 004/2016 presentado por el juez de paz responsable, en virtud de haberse declarado cumplida la sentencia de amparo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Paz de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec municipio de Juan Crisóstomo Bonilla Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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