Martin Ruiz Jimenez (de Cujus)

Expediente 1718/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1718/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Martin Ruiz Jimenez (de Cujus)
  • ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ (ALBACEA DEFINITO DE MARTIN RUIZ JIMENEZ) y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el trece de febrero de dos mil diecisiete (foja 52), se ordenó el archivo del juicio de amparo indirecto en que se actúa. En ese sentido, como ya no es necesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, en su denominación correcta, como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la averiguación previa 1016/2013/ECNTE de su índice, y con la que se ordenó formar el anexo I, devuélvase a la mencionada autoridad responsable dicha documental. Se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio relativo, para que se cerciore que en el acuse se haga constar la entrega del anexo en mención. Finalmente, una vez hecho lo anterior, se ordena regresar el presente expediente al archivo de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ALEJANDRO RUÍZ RAMÍREZ albacea definitivo de MARTÍN RUÍZ JIMÉNEZ, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117, en relación con el 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable oficiante, la documental que anexa a su oficio de cuenta; sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. En ese sentido, en razón al cuantioso número de fojas que conforma el legajo formado con motivo de las copias certificadas de la averiguación previa 1016/2013/ECNTE, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando los folios de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. Por otra parte, la suscrita Jueza Federal toma conocimiento de la manifestación hecha por la autoridad responsable oficiante, en el sentido de que a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, la denominación correcta de la misma es: Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones de las que se advierte que fueron señaladas las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil diecisiete (foja 16 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos precedentes; y, al ser un hecho notorio que no mediará el término a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del contenido del informe que en esta propia fecha se acuerda; esto es, que deberán mediar por lo menos ocho días entre su notificación y la fecha para su celebración, por lo que, no se encuentra debidamente integrado el presente asunto, llegada la fecha antes citada. En razón de lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil dieciséis Visto el escrito de demanda presentado por Alejandro Ruíz Ramírez albacea definitivo de Martín Ruíz Jiménez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Trámite Turno Matutino, Especializado en Delitos Culposos Número Dos Norte de la ciudad de Puebla, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo vigente, con la copia certificada de la diligencia de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 337/2014 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martín Ruíz Jiménez, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la que consta su nombramiento como albacea definitivo de Martín Ruíz Jiménez En principio, debe indicarse que la suscrita Secretaria encargada del despacho se pronuncia respecto a la personalidad con la que comparece el ocursante, la que es dable examinar porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso y que se debe hacer constar en el acuerdo admisorio Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, la personalidad del aquí ocursante se tiene por acreditada con la la copia certificada de la diligencia de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 337/2014 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martín Ruíz Jiménez, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, que en copia certificada por el secretario del juzgado en cita exhibió, en donde obra su nombramiento como albacea definitivo. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1718/2016-II-D. Con fundamento en los artículos 103, fracción i, 107 fracciones i, vii, X y xv de la Constitución Federal; 1 fracción i, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por Alejandro Ruíz Ramírez albacea definitivo de Martín Ruíz Jiménez, contra actos de la siguiente autoridad: 1 Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Trámite Turno Matutino, Especializado en Delitos Culposos Número Dos Norte de la ciudad de Puebla. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado ya que la parte quejosa no lo solicitó expresamente, y sin que a criterio de la suscrita Secretaria encargada del despacho resulte procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado en el presente juicio no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una orden de extradición y no es un acto que sea de imposible reparación. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y, 260, fracción II de la Ley de Amparo. En la inteligencia, que deberá de rendir su respectivo informe justificado haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (01222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que en caso de que convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y, 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. En términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Por otra parte, resérvese acordar lo procedente respecto a la parte tercero interesada, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. De conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser relacionada con el valor que la ley le concede en el momento procesal oportuno. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de cuenta y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Patricia Hernández Guzmán, toda vez que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a las restantes personas que menciona por así haberlo solicitado la parte quejosa, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial

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