Martín Xiconténcatl Gómez Ramírez

Expediente 848/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
848/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Martín Xiconténcatl Gómez Ramírez
  • Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con ocho minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en el sumario y da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, con el informe justificado, e informe en alcance a este, rendidos por las autoridades señaladas como responsables. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo. Asimismo, hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y de la totalidad de las constancias que obran en el juicio. El juez acuerda, téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar las documentales aportadas por las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe con justificación e informes en alcance a éste, así como las documentales ofrecidas por la parte quejosa; igualmente, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda, Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Mediante demanda de amparo presentada el nueve de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, recibida en este juzgado de Distrito el día hábil siguiente,********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, de esta ciudad. Después, a través de un acuerdo de trece de junio siguiente, este juzgado federal ordenó formar el expediente bajo el número 848/2023 L-III, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se dictó una determinación judicial de veinte de junio de ese mismo año, en el que se previno al accionante de amparo para que manifestara si era su voluntad señalar como responsable a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, ello, con la intención de establecer de manera correcta la Litis Constitucional. Luego, mediante escrito de veintiséis de junio siguiente, el solicitante de amparo señaló como autoridad responsable a la antedicha Junta, para los efectos legales a los que hubiere lugar. Por último, se solicitaron diversas constancias del juicio de origen y tras previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y culmina con esta sentencia. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto cuya ejecución material tiene verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: La resolución dictada en el expediente 3716/2021JE1 del índice de dicha Junta, en el que declina competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. De la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, sito en esta localidad: La resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós en el expediente 3716/2021JE1 de la estadística de esa Junta, en el que declina competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo: El auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el expediente 314/2023 del control de ese Tribunal. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir informe justificado, ya que aseveró que el expediente de origen que indicó la parte quejosa, pertenece a la diversa Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. Así las cosas, y toda vez que el impetrante de amparo no aportó pruebas que desvirtuaran la negativa formulada por la responsable mencionada en primer término, ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado que en este apartado se analiza, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Certeza del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, ambos con sede en esta ciudad. Ello, con independencia de que la primera de las autoridades mencionadas haya negado el acto que se le reclama y que la restante no haya afirmado o negado lo que le concierne. Esto es así, en razón de que se corrobora con las constancias que dichas autoridades remitieron en apoyo a sus informes, consistentes en los autos del expediente 3716/2021JE1 y 314/2023, de sus respectivos índices. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2. Causas de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, la Junta Especial responsable, invoca en su respectivo informe las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVII, XVIII y XXI, del numeral 61 de la ley de la materia, empero, no se abordará el estudio de la improcedencia propuesta por la citada autoridad, en atención a que no señala en forma concreta los motivos por los cuales considera que se actualizan dichas causas. Por tanto, sus aseveraciones son insuficientes para que este órgano jurisdiccional verifique si se actualizan las hipótesis contenidas en las citadas porciones normativas debido a que no son de obvia y objetiva constatación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala, de texto y rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." (No. de Registro: 194697, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo IX, Enero de 1999, página 13). Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes ni advertirse una de oficio, procede estudiar lo señalado por el solicitante de la protección constitucional. Estudio de fondo Es menester precisar lo relativo a la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en su calidad de trabajadora en el juicio natural, de conformidad con la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Luego, a la luz de dicha suplencia, en complementación a sus conceptos de violación, se advierte que el quejoso aduce que los actos reclamados transgreden los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, estos últimos, en atención al arábigo 10 de la Ley del Servicio Civil, que contempla la supletoriedad con base en los principios del artículo 123 Constitucional apartado B, la Ley Federal de Trabajo, la jurisprudencia, el uso y la costumbre. Así como los argumentos vertidos, en relación con la errónea fundamentación y motivación de las determinaciones judiciales reclamadas. Son infundados los conceptos de violación, por las siguientes consideraciones jurídicas y fácticas. Para abordar el estudio de los conceptos de violación, es indispensable tener en cuenta, en primer término, lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal que dice textualmente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Del texto transcrito se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que el precepto legal aplicable al caso ha de expresarse con precisión y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así, dicho precepto constitucional consagra la garantía de legalidad consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, lo que significa, respectivamente, que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, que exprese las circunstancias y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. En síntesis, para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Así, resulta necesario destacar que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que produce la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambos requisitos (fundamentación y motivación) en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su indebida o incorrecta. Se produce la falta de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí invoca el precepto legal pero el mismo resulta inaplicable al asunto, por sus características específicas, que impiden su adecuación o subsunción en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto que sí se indican las razones que toma en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en discrepancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Ahora bien, del contenido del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de una sentencia: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, y el segundo está referido a que las sentencias deben ser congruentes no sólo consigo misma, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; por lo que, existe congruencia interna cuando la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, existe congruencia externa, cuando se advierte concordancia entre la demanda y la contestación formuladas por las partes. En efecto, significa que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de estas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio de origen. Mientras que el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio. Lo anterior, también implica que el juzgador condene o absuelva al demandado resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. En consecuencia, cuando la autoridad laboral dicta una sentencia (laudo, o resolución) sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de una resolución propiamente incompleta, falta de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que la sentencia ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Por ende, si la resolución no satisface esto último es inconcuso que resulta contraria al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en una sentencia o resolución incompleta, violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis: IV.2o.T. J/44, publicada en la página 888, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, Materias(s): Laboral, Novena Época, con registro electrónico 182221, que dice: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal." Luego, se narran los hechos de donde deriva el acto reclamado, que atañen a la controversia constitucional: El quince de junio de dos mil cuatro, el directo quejoso ********************, inició una relación laboral con el Consejo para la Promoción Económica de Sonora (COPRESON), organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal. El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado "PROSONORA"; el cual, entro en vigor el uno de marzo de dos mil dieciocho; también, el aludido decreto establecía que los recursos humanos, financieros, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integren el patrimonio del Consejo para la Promoción Económica de Sonora, pasarían a formar parte del organismo mencionado en primer término. También, el citado decreto, establece que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores del Consejo para la Promoción Económica de Sonora, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado y demás ordenamientos aplicables, por lo que la Secretaría de Hacienda y PROSONORA realizarían las gestiones necesarias ante las instituciones nacionales y estatales correspondientes. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, el solicitante de amparo, presentó formal demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en el que reclamaba despido injustificado, a PROSONORA, y en esa misma data, le correspondió a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje el trámite de la referida demanda, proveyó lo conducente y se siguió el procedimiento. El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la segunda de las Juntas mencionadas, se declaró incompetente y declinó el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, cabe mencionar, que el procedimiento se encontraba en etapa de conciliación demanda y excepciones. El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el citado tribunal aceptó la competencia declinada. Después, para mejor proveer, resulta conveniente precisar que la Junta Especial responsable, fundamentó su actuar al declinar competencia con base en las siguientes porciones normativas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 116. (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y (.)" "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.)" Ley Federal del Trabajo "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley." Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora "ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal." Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado "PROSONORA" -publicado el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete-. "ARTÍCULO 17.- Las relaciones laborales entre PROSONORA y sus trabajadores, se regirán por la legislación aplicable en la materia." También, la referida Junta aseveró lo siguiente en el auto reclamado "(.) Y a juicio de este tribunal el trabajador MARTÍN XOCONTÉNCATL (sic) GÓMEZ RAMÍREZ, encuadra en la figura de servidor público por la naturaleza de sus funciones y régimen de seguridad social que están regulados por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.- (.)". Por su parte, el Tribunal Administrativo responsable, admitió la competencia del asunto, fundándose en los siguientes dispositivos legales: Ley del Servicio Civil (del Estado de Sonora) "ARTICULO 2o.- Servicio civil es el trabajo que se desempeña en favor del Estado, de los municipios, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; así como de los otros organismos descentralizados, cuando el ordenamiento jurídico de su creación así lo disponga." "ARTICULO 112.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores; (.)" "ARTICULO SEXTO.- En tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los asuntos previstos por el artículo 112 de la presente ley el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora." - Transitorio -. Ley de Justicia Administrativa "ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley del Servicio Civil, el Tribunal de Justicia Administrativa continuará conociendo de los asuntos previstos en el artículo 112 de la citada Ley del Servicio Civil, hasta en tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje." - Transitorio -. En ese orden de ideas, es factible entrar al análisis de los actos reclamados. La parte quejosa asevera que en el auto en el que la Junta Especial responsable declinó competencia, ignoró lo estatuido en el sexto transitorio del decreto por el que se creaba PROSONORA, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Consejo para la Promoción Económica de Sonora, del Sistema de Parques Industriales de Sonora O.P.D.E. y de la Comisión para el Desarrollo Económico del Estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado y demás ordenamientos aplicables, por lo que la Secretaría de Hacienda y el Organismo que se crea por este Decreto realizarán las gestiones necesarias ante las instituciones nacionales y estatales correspondientes." Ello lo argumenta así, en razón de que, si bien, los recursos humanos de COPRESON pasaron a formar parte de PROSONORA, los derechos laborales de los trabajadores se respetarían, conforme a la Ley Federal del Trabajo. También, manifiesta en su demanda que él no es un servidor público, con independencia de que la Junta Especial responsable lo haya catalogado de esa manera, pues aduce que no le es aplicable la Ley del Servicio Civil, ya que se desempañaba en un Organismo Público Descentralizado Paraestatal. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado y establecido criterios obligatorios al respecto y que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora los ignoró. Por último, si bien, la parte quejosa no plasmó los criterios a los que se refería, a la luz de la suplencia de la queja, se denota que invocaba la tesis 2a./J. 3/2000 de la Segunda Sala del citado Alto Tribunal Constitucional, que señala: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene "TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva." Lo argumentado por el accionante de la tutela constitucional es incorrecto. Se explica: Inicialmente, es necesario plasmar las consideraciones efectuadas la tesis 2a./J. 130/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, que dispone: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." También, en la sentencia del amparo directo en revisión 6490/2015, el cual fue uno de los precedentes que elevó a categoría de jurisprudencia la tesis apenas transcrita, en lo que interesa, se proveyó lo siguiente: "(.) Además, sí se toma en cuenta que el ámbito de aplicación del apartado A del artículo constitucional referido, consiste en cualquier contrato de trabajo en la República Mexicana y que el Poder Reformador al modificar en mil novecientos sesenta el artículo 123 constitucional, quiso distinguir de manera expresa las relaciones laborales de los servidores públicos y las personas que prestan servicio de índole privado (o público y que la constitución lo haya diferenciado expresamente); de así estimarlo la Legislatura Estatal, al regular las relaciones laborales de los organismos descentralizados, que en el algunos casos actúan de manera similar a empresas privadas, podría a tenerse al contenido del apartado A del artículo constitucional referido o incluso remitirse directamente a él y a su ley reglamentaria, en atención, precisamente, a las funciones económicas equivalentes a las entidades del sector privado (como se hace a nivel federal). No obstante, no todos los organismos descentralizados actúan como empresas paraestatales, y aun si se toma en cuenta que una de las características principales de éstos es que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios, lo anterior no implica que tengan una finalidad distinta a la de contribuir al bienestar general y que, por ende, sus trabajadores ejerzan una función pública que los hace sujetos de la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Federal. De lo expuesto, se concluye que las relaciones de los trabajadores de los organismos descentralizados de carácter local -como entes públicos que cumplen con diversos propósitos dentro de la actividad estatal- forman parte de la atribución prevista en el artículo 116, fracción VI, constitucional, por lo que las Legislaturas Locales están facultadas para emitir la normatividad correspondiente que atienda a las características y particularidades de cada localidad. (.) en una nueva reflexión, esta Segunda Sala arriba a la convicción de que la voluntad del constituyente plasmada en artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad, para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada Estado y Municipios, aunado a que de su interpretación gramatical, se observa que se afirmó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como organismos constitucionales autónomos de la entidad. Consecuentemente, lo procedente es abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.), así como todos aquellos en donde se hubiere sostenido una postura similar, dado que es de reiterase, las entidades federativas, tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive de manera mixta, sin obligación a sujetarse a alguno de ellos en especial. (.)" De lo apenas reproducido, se denota que, las entidades federativas, tienen la posibilidad de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive de manera mixta, sin obligación a sujetarse a alguno de ellos en especial. La intención de dejar al arbitrio de los legisladores locales esa la posibilidad de crear leyes, es para que estas se realicen en atención a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada Estado y Municipios, lo que incluye a los poderes locales, organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como organismos constitucionales autónomos de la entidad. Así las cosas, si bien, el meollo de este asunto no recae en la mencionada facultad de los legisladores locales para ese efecto, sino en que si la relación laboral de un trabajador que se desempeñó en algún Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal deba regirse en el apartado A del artículo 123 constitucional, o bien, por las leyes estatales que versen en relación con los trabajadores al servicio de la entidad federativa. Después, como se evidenció, la calidad del órgano patronal, no determina que, en efecto, las relaciones laborales se circunscriban en específico a uno de estos apartados, pues se estará a expensas del decreto o norma que haya creado el órgano en cuestión. En esa guisa, se resalta que en el multicitado Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado "PROSONORA", se estableció en su artículo 17, el cual fue transcrito con anterioridad, que las relaciones laborales entre PROSONORA y sus trabajadores, se regirán por la legislación aplicable en la materia. También, en su artículo sexto transitorio, dispuso que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores del Consejo para la Promoción Económica de Sonora, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado y demás ordenamientos aplicables. Posteriormente, se hace patente que la entidad federativa estatuyó un régimen mixto, es decir, flexible, atendiendo a las particularidades de las relaciones laborales que nazcan con el ente PROSONORA, lo que quiere decir, que no es obligatorio de subsumirse a alguno en específico. Empero, si no es obligatorio, resulta revelador para este juzgador, hacerse el siguiente cuestionamiento. ¿Qué determina la legislación laboral aplicable a las particularidades de la relación laboral? Para contestar lo anterior, se ha de voltear a ver los antecedentes que fueron incrustados en líneas anteriores de esta sentencia, para saber cuáles son esas particularidades, así como los autos del juicio natural. Así las cosas, las particularidades serían la naturaleza de las prestaciones, derechos, obligaciones que se reclaman de la relación laboral. Posteriormente, se denota que en el escrito inicial de demanda laboral de la parte actora, aquí quejosa, demandó por diversas prestaciones a PROSONORA, en lo que interesa, las cuotas y aportaciones patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Luego, se dilucida que, por una parte, la Ley Federal del Trabajo, refiere a las aportaciones del estilo al Instituto Mexicano del Seguro Social, y por otra, que la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, asevera lo concerniente a las aludidas aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En esa intelección, y como bien dictaminó la Junta Especial responsable, que a razón del régimen de seguridad social que reclamó el actor en su demanda, aquí quejoso, ese lo prevé en específico, la Ley del Servicio Civil; y toda vez que el decreto que creo al consabido organismo descentralizado, da la oportunidad de encausar el asunto, con base en la legislación laboral aplicable, en este caso, que satisfaga los derechos reclamados del demandante. Por tanto, es inconcuso que la Junta Especial responsable, actuó de forma congruente a la flexibilidad que le otorga el decreto en cuestión. Ya que la mencionada Junta no podría pronunciarse en cuanto a las cuotas y aportaciones que se regulan en una ley distinta a las que refiere Ley Federal del Trabajo, siendo esta legislación, la de su competencia. Asimismo, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, se declaró incompetente, antes del desahogo de pruebas en el expediente ********************de su índice, en observancia al numeral 701 de la ley obrera. Sin que pase inadvertido que la aludida Junta haya encuadrado al quejoso como servidor público, y que él mismo asevere que eso no es cierto. Pues fue él quien reclamó prestaciones que conciernen a servidores públicos, por lo que, para no dejarlo en estado de indefensión, y para no pronunciarse en circunstancias que no son de su competencia, la multireferida Junta remitió los autos al Tribunal que sí tiene competencia, ello, para salvaguardar sus derechos laborales. Luego, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, correctamente, admitió la competencia, y fundó su decisión en los artículos que fueron precisados en párrafos precedentes, de lo que se denota que dicho órgano hará funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se pronunciará en cuanto a los conflictos individuales entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores. Por último, no pasa inadvertido para este juzgador, que el solicitante de amparo adujo lo siguiente: "(.) la Junta jamás debió dejar de conocer el JUCIO (sic) ORDINARIO, pues la legislación aplicable es la que más favorezca al trabajador en caso de duda pues lo que resulte más favorable al trabajador (.)". Lo anterior denota que se argumenta que las autoridades responsables desconocieron el principio Pro Persona. Sin embargo, es infundado dicho argumento, ya que el aludido principio no implica que el órgano jurisdiccional, al ejercer su función, deje de observar los principios constitucionales y legales establecidos en el orden jurídico mexicano, en tanto que hacerlo provocaría un estado de incertidumbre en los gobernados. Además, del aludido principio constitucional no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados, deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables. En consecuencia, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Pues es inconcuso que los actos reclamados que en esta sección se analizan, en las respectivas partes de las que se duele el impetrante de amparo, cumplen con las directrices constitucionales, de la Ley Federal del Trabajo y Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, ya que: Se encuentran fundados y motivados. Sus preceptos legales aplicados son adecuados al caso específico y las razones que justifican la actualización de los supuestos normativos son idóneas al asunto; y, Son congruentes las determinaciones de declinar y aceptar competencia de las responsables, en concordancia con las prestaciones reclamadas por la parte actora, aquí quejosa. Decisión En las relatadas consideraciones, por una parte, es procedente sobreseer en el juicio por lo que refiere al acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, al ser infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal respecto de los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Sonora. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal,********************, respecto del acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su apoderado legal,********************, por lo que refiere a los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Sonora, por las razones expuestas en el considerando VII de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el diecinueve de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las doce horas con ocho minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexos provenientes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas el cuatro de septiembre del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Finalmente dese vista a las partes con su contenido. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés -señalado como acto reclamado- dictado por la responsable en el controvertido de origen 314/2023, se encuentra incompleto. Requerimiento de constancias. Por ello, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible, del auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio 314/2023; toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con dieciocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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