Martín Santiago Cañez Valdez

Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
317/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Martín Santiago Cañez Valdez
  • Manuel Ibarra Canizalez
  • Juez Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MANUEL IBARRA CANIZALEZ, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE INTERPONE RECURSO)

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por el autorizado de la parte quejosa, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida en este sumario. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios respectivo, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, así como tres tomos de prueba, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese ******************** a la ******************** de la adscripción y a la ********************, por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 317/2023-P-C, promovido por Martín Santiago Cáñez Valdez. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación y trámite de la demanda. Por escrito depositado el tres de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, y remitido a este Juzgado el día siguiente hábil, por razón de turno, Martín Santiago Cáñez Valdez, presentó demanda de amparo, contra un acto atribuido a la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, se radicó y admitió a trámite la demanda con el número de juicio de amparo 317/2023-P-C; se pidió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las nueve horas con cuarenta y siete minutos de hoy, en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancias que lo dotan de competencia. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que de acuerdo al estudio íntegro realizado a la demanda de amparo, sus anexos y de las constancias de autos, se advierte que el quejoso hace consistir su reclamo en lo siguiente: La resolución interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de intereses moratorios emitida en autos del juicio ejecutivo mercantil 2966/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad. Existencia de los actos reclamados. La juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Se cita por su aplicación, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, debe acotarse que la existencia de la resolución impugnada, se corrobora con las copias certificadas remitidas por la propia juez responsable, las cuales constan en un tomo de pruebas que obra por separado, a las cuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se les otorga pleno valor probatorio, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 264931, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causales de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con registro digital 222780, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y esta juzgadora no advierte que se actualice alguna; por tanto, procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de reclamo que plantea la parte quejosa. Conceptos de violación Innecesaria su transcripción. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir". Por lo anterior, resulta innecesaria realizar su transcripción literal, ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlo así; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes, aunado a que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer al respecto, en revisión, lo que a su interés conviniere, respecto de la sentencia que se emite. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Estudio de fondo Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son inoperantes, sin que exista queja deficiente que suplir pues se trata de un asunto de estricto derecho, sin que se considere actualizado alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO EN MATERIA CIVIL. Es de estricto derecho, y se viola la ley con suplir en él la intención del quejoso, haciendo figurar hechos distintos de los que aparecen en la demanda y que han sido motivo del amparo." El quejoso afirma que la resolución reclamada viola lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Federal y 21.3 de Convención Americana sobre Derechos Humanos en razón que los intereses reclamados por el tercero interesado resultan usurarios e impagables. Refiere que dichos preceptos prescriben que en el cobro de intereses moratorios estos no sean usurarios; y, que resulta notoria la desproporción de la tasa reclamada. Expresa, que es así, con la mera ejecutividad del documento base de la acción, donde el riesgo para la parte acreddora resulta ser medio. Que no se justifica el reclamo de una tasa tan elevada de intereses moratorios (setenta por ciento, dice), por lo que pide que se esté a lo dispuesto en lo que establece el artículo 2395 del Código Civil Federal, supletorio al Código de Comercio, según el cual el interés legal es del 9%. Substancialmente, el quejoso alega abuso, en virtud del apuro pecuniario que pudo haber enfrentado como deudor e inexperiencia o ignorancia al suscribir el pagaré base de la acción. Que lo anterior trajo consigo un estado de desventaja del demandado ante la actora, en virtud de una serie de parámetros que denotan un provecho excesivo por parte la acreedora actora. Así sintetizados los conceptos de violación expuestos, resultan inoperantes en virtud que se actualiza un impedimento para su análisis al existir jurisprudencia aplicable al tema planteado, que da respuesta integral al tópico de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 14/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997, registro digital 198920, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." A efecto de dar contestación a los argumentos del quejoso debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al integrar la tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2014 (10a.) de rubro: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].", determinó abandonar el criterio contenido en la diversa jurisprudencia 1a./J. 132/2012 (10a.), y estableció que la interpretación de la potestad de las partes para pactar el rédito y los intereses que deban debe realizarse en el sentido que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, lo que incluso debe hacerse con el carácter de oficioso por el juzgador. No obstante, ello sólo se circunscribe a aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario o, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación de lo sentenciado, como es el juicio de amparo. En efecto, la aplicación oficiosa de dichos criterios encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice lleva inserta la consecuencia de que, una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no puede efectuarse el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva. Esto quiere decir que en el periodo de ejecución de sentencia no puede analizarse si los intereses moratorios condenados en sentencia definitiva, con el carácter de cosa juzgada, son posiblemente usurarios, pues el derecho en disputa ya no se encuentra sub júdice. Lo anterior fue dilucidado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 284/2015, cuyas consideraciones sustanciales fueron las siguientes: ".Como ya se analizó, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho humano, contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra como límite la institución de la cosa juzgada. Esto es así, en razón de lo siguiente: Por regla general, cuando el acreedor se ve obligado a demandar en la vía judicial el pago de un préstamo que no ha sido saldado, no sólo demanda el monto de la cantidad prestada, sino que además, atendiendo al principio de concentración procesal, también demanda el pago de los intereses ordinarios o moratorios que ese préstamo haya devengado, conforme al acuerdo de voluntades asumido en el documento base de la acción. Por ello, al momento de emitir la sentencia correspondiente, el juzgador, atendiendo al principio de congruencia que rige a las determinaciones judiciales, no sólo debe pronunciarse con relación a la suerte principal reclamada como monto del préstamo, sino que además, debe hacer un pronunciamiento en relación con los intereses devengados, por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, una vez que la sentencia respectiva queda firme porque en su contra ya no procede ningún recurso ordinario o extraordinario alguno, esa decisión se vuelve inmutable; de ahí que deba ejecutarse en sus términos. Ciertamente, aunque el análisis de la usura puede efectuarse de manera oficiosa mientras la sentencia que condena al pago de los intereses derivados de un préstamo se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, hecho valer por el acreedor de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura, pues la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa especifica en monto porcentual, debe considerarse firme. Esto es así, porque si bien no pasa inadvertido que mientras no se cubra la suerte principal, los intereses se siguen devengando, ello no puede conducir a considerar que, si bien ya no se puede ejercer el control de usura sobre los devengados hasta el momento en que se emitió la sentencia, si podría ejercerse respecto de los que se sigan generando después de emitida, pues no debe perderse de vista que cuando se emite la sentencia respectiva, la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además, comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal, de ahí que, la circunstancia de que los intereses se sigan devengando, aun después de emitida la sentencia no autoriza a considerar que en la etapa de ejecución de sentencia pueda ejercerse el control de usura respecto de dichos intereses, pues aun y cuando éstos se están generando después de emitida la sentencia que se pretende ejecutar, lo cierto es que la condena que obliga a su pago a una tasa específica en monto porcentual, deriva de una sentencia que se encuentra firme, de ahí que pese a la obligación que tienen los juzgadores de proteger, respetar y promover los derechos humanos, no es dable que en la etapa de ejecución de sentencia se pretenda ejercer un control de usura sobre los intereses devengados, ni siquiera aún de los que se siguen generando después de emitida la sentencia que condena a su pago. Lo anterior, también encuentra sustento en lo decidido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2015, pues en la ejecutoria respectiva cuyo tema a dilucidar consistió en determinar ¿qué criterio jurisprudencial debe aplicar el Tribunal Colegiado de Circuito de Circuito (sic) el que regía cuando se emitió el acto reclamado y que, por ende, vinculaba a la autoridad responsable a resolver tal cuestión sólo a petición de parte, o el que rige al momento en que el tribunal de amparo debe resolver el juicio de garantías, cuyos requisitos de obligatoriedad se encuentran colmados y por virtud del cual, se abandonó el criterio aplicado por dicha autoridad responsable? se estableció lo siguiente: "... en el entendido de que, de acuerdo con las consideraciones que han quedado expresadas a lo largo de esta ejecutoria, la aplicación de dicha interpretación encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa especifica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, verbigracia, en el incidente de liquidación de sentencia." El referido criterio quedó condensado en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657, Décima época, con registro digital 2014920, q ue dice: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." En medida de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que los argumentos expresados vía conceptos de violación por la parte quejosa, devienen inoperantes toda vez que mediante las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia relatada, obligatoria para este Juzgado de Distrito conforme a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, se da respuesta integral al planteamiento de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, pues como se puede apreciar de las constancias que integran el juicio de origen, en sentencia de ocho de septiembre de dos mil quince, se condenó al ahora quejoso aquí quejoso al pago de la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), así como el pago de intereses moratorios a razón del 5% (cinco por ciento) anual, que se cuantificaría en vía incidental (fojas 295 a 307 del tomo III de pruebas). Dicha sentencia, en el aspecto relativo al interés moratorio, se aclaró en auto de dieciocho de septiembre de ese año, en el que se dejó diáfanamente expuesto que el interés sería del 5% (cinco por ciento) mensual (foja 312 del tomo III de pruebas). Posteriormente, impugnada que fue la sentencia en las instancias correspondientes, mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se decretó la sentencia como cosa pasada en autoridad de cosa juzgada (foja 494 del tomo III de pruebas). Fue así que mediante escrito agregado en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo a la parte actora Manuel Ibarra Canizalez, por interpuesto incidente de liquidación de intereses moratorios (fojas 1, 2 y 5 del tomo II de pruebas). En relación con dicha incidencia, la hoy juez responsable ordenó dar vista personal a la parte demandada y efectuado el trámite correspondiente, el dos de febrero de dos mil veintitrés se citó a oír sentencia interlocutoria, la cual se emitió el diez de febrero de dos mil veintitrés (fojas 20 y 21 a 23), la cual aquí constituye el reclamo del quejoso. Es menester acotar que en dicha resolución las bases que se tomaron en cuenta para la liquidación del incidente de intereses moratorios, fueron las establecidas en la sentencia y el auto aclaratorio de dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que se dejó claramente establecido que el los intereses moratorios serían calculados al 5% (cinco por ciento), a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del documento base de la acción. Así, por cuanto ve a los intereses moratorios, dicho aspecto constituye una cuestión firme, de modo que se está ante la presencia de una circunstancia inmutable, que no puede ser modificado en esta sede constitucional. En tal virtud, acorde a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se da respuesta a lo esgrimido por el quejoso respecto al tema del análisis de los intereses en etapa de ejecución en confrontación al principio de la cosa juzgada, de modo que este juzgador no puede efectuar una valoración, pues se alteraría el estatus de la cosa juzgada sobrepasando el criterio jurisprudencial, razón por la cual, los conceptos de violación vertidos al respecto por el quejoso, se consideran inoperantes para la pretensión que persigue. Por otra parte, la parte quejosa señala como conculcación a sus derechos humanos, los preceptos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; sin embargo, al respecto nada dice en sus conceptos de violación, razón por la cual tal señalamiento resulta igualmente inoperante en el particular, porque la sola referencia no ataca las consideraciones, razones y motivos que la juez responsable tuvo para emitir la resolución impugnada. En efecto, existen varias hipótesis en las que se debe declarar la inoperancia de los conceptos de violación que se hacen valer en una demanda de amparo, siempre y cuando no sea obligatoria la suplencia de la queja en favor del impetrante de amparo, destacando, en el caso concreto, el siguiente: Cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no atacan los fundamentos del acto reclamado. En el presente caso, se está en el supuesto que se menciona, ello es así, ya que se ha determinado que si bien para la procedencia del estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, de modo alguno implica que la parte quejosa se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ella corresponde exponer razonadamente porqué estima inconstitucional o ilegal el acto reclamado. Lo anterior se contiene en la tesis 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, Novena época, con registro digital: 185425, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así se sostiene esta resolución, pues se itera, en sus conceptos de violación, la parte quejosa se limita a realizar afirmaciones genéricas y subjetivas sobre cuestiones que, como se expuso ya fueron resueltas por el Máximo Órgano impartidor de justicia en el País, de modo que los argumentos del quejoso no concretizan lesión o agravio, distinto a lo tratado con antelación, que le cause la resolución controvertida. De modo que sus argumentos se trata solo de motivos de discrepancia que debieron haberse controvertido durante el trámite del juicio, dado que al existir cosa juzgada en relación con la sentencia y aclaración emitidas en el juicio de origen y jurisprudencia en torno al tópico de los intereses usurarios impugnados en ejecución de sentencia, y no advertirse del sumario constitucional que se haya expresado moción de inconformidad alguna en relación con la interlocutoria impugnada que deba ser analizada respecto de su legalidad, como fueron las consideraciones y motivos que tuvo el juzgador para emitir la resolución en la forma que hizo, los argumentos del quejoso resultaron inoperantes. Luego, si en el caso, la parte quejosa no controvierte directa y frontalmente las consideraciones con base en las cuales la autoridad responsable emitió la resolución interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente impedido para examinar su legalidad; y, por ende, los motivos de disenso resultan inoperantes. En las relacionadas circunstancias, al estimarse inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, y al no resultar procedente la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. D e c i s i ó n : De acuerdo a lo analizado, dado que este órgano constitucional no advierte ninguna violación evidente en contra de los derechos del peticionario y al resultar inoperantes sus argumentos de conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 74 a 75, y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e : Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Santiago Cáñez Valdez, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando II, por los fundamentos, motivos y argumentos tratados en el diverso apartado VI de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades. Así lo resolvió y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el secretario de Juzgado Santiago Flores Cota, con quien actúa, que autoriza y da fe, terminando de engrosarse esta resolución hasta hoy once de agosto de dos mil veintitrés, data en que lo permiten las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MANUEL IBARRA CANIZALEZ, LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL TERMINDA DE ENGROSAR EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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