Martin Torres Rodriguez

Expediente 451/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
451/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Martin Torres Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y debido a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha al quejoso a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, por lo que una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo citado del referido Acuerdo, procédase a su depuración, conservando la demanda, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que la declaró firme, este auto y los demás documentos que se considere necesario conservar. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento al quejoso que deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, a recoger los documentos, en el entendido que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese y por lista al quejoso en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de noviembre de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a los autos el oficio enviado vía juicio en línea en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes, incluido al Fiscal Ejecutivo Asistente, copia del oficio de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, sin ulterior acuerdo remítase el original del oficio de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno, para la sustanciación y resolución del recurso de referencia. Con copia del recurso de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, en atención a que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Asimismo, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos CUARTO y SÉPTIMO de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos y autoridades precisados en el considerando QUINTO y por los motivos expresados en el NOVENO considerando de esta sentencia. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de febrero del dos mil catorce

  4. Principal

    Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el oficio por medio del cual la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, conviene destacar que por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la resolución dictada por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que determino lo siguiente en relación al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa: "[.] Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por extemporáneo el recurso de revisión promovido por la parte quejosa *****, por las razones expuestas en el QUINTO considerando de esta resolución." Asimismo, conviene recalcar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa: "(.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: . . TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. NOTIFÍQUESE." Por lo que, en auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que realizara lo siguiente: SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Deberá informar si a las morales quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: PARTE QUEJOSA ***** Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." ANÁLISIS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 600-04-04-03-00-2022-08751 enviado por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria recibido en este órgano jurisdiccional el siete de septiembre de dos mil veintidós, informó respecto las quejosas, lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la quejosa ***** no le fue instaurada revisión electrónica alguna de conformidad con lo previsto en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación vigente hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, al advertirse que la parte quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna respecto del oficio que antecede y dado que se advierte que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de la contribuyente *****, por lo que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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