Martin Serrano Gomez

Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
516/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Martin Serrano Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual comunica el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del que se advierte que admite a trámite la demanda de amparo registrándolo con el número D.A. 287/2019, de lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del Cuaderno de Antecedentes Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, diez de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual transcribe el proveído de ocho de mayo del año en curso, mediante el cual el referido órgano colegiado informa que se reservó proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo, hasta en tanto la autoridad responsable le remita las constancias del juicio contencioso administrativo, promovido **********; de lo anterior este Juzgado Federal toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista

  3. Principal

    Ciudad de México, siete de mayo de dos mil diecinueve. Registro Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 11047/2019 516/2019 24881402 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista 1. ********** 2. ********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ********** Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridad responsable y acto reclamado Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se tienen como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrados integrantes de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La resolución administrativa dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, por la que resolvió el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de nulidad. Incompetencia en cuanto a la vía En primer término, debe hacerse referencia a los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.] Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órgano jurisdiccionales de amparo. De los preceptos anteriores, en la cuestión de interés, se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, mientras que los jueces de distrito lo son para conocer del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, como se observa, en el caso concreto el acto reclamado pone fin al juicio de nulidad de origen, por lo que la competencia corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen. ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. "ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales. De los numerales transcritos, se desprende que el legislador estableció dos vías para dilucidar la violación a derechos fundamentales, atendiendo al tipo de acto reclamado. Por una parte, instituyó el juicio de amparo indirecto para combatir normas generales, actos u omisiones de autoridades distintas a las jurisdiccionales, o bien, contra actos de estas últimas autoridades que se ubiquen en los supuestos específicos del artículo 107 de la Ley de Amparo. A su vez, dispuso que mediante el juicio de amparo directo deben reclamarse las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, conforme a los demás requisitos de procedencia establecidos en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En el caso, es importante señalar que el quejoso manifiesta, como antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, lo siguiente: 8. En contra de la resolución que dictó el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, la parte demanda, Secretaría de Gobernación, promovió recurso de revisión en contra de la misma, conociendo de dicho recurso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual resolvió en la sesión correspondiente al día 30de septiembre de 2015, misma que dice lo siguiente: (Transcribe) 9. Ante tal situación fue con fecha 10 de febrero de 2016, el suscrito presenté mi escrito de reclamación patrimonial del estado en contra de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se me fuera indemnizado por el daño moral causado por los actos cometidos por el Estado en materia de Seguridad Pública. 10. Derivado de lo anterior, y mediante oficio **********, de fecha 3 de marzo del año 2016, la Dirección General de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación; desechó la reclamación patrimonial del Estado promovida por el suscrito, haciendo mención que la misma era improcedente. 11. Inconforme con tal resolución, el abajo firmante promoví juicio de amparo indirecto, del cual le tocó conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, juicio que quedó registrado bajo el número de expediente 768/2016. Del citado juicio de amparo indirecto, mediante ejecutoria de fecha 13 de octubre del 2016, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al suscrito, lo anterior para el efecto de que se dictara una nueva determinación en la que se dejara insubsistente el oficio número **********, en el cual se ordenó desechar la reclamación patrimonial del Estado y en consecuencia se dictara una nueva determinación, conforme a los lineamientos establecidos en la referida sentencia de amparo. 12. En cumplimiento a la sentencia de amparo citada en supra líneas, la Autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, emitió un nuevo acuerdo de fecha 11 de mayo de 2017, dentro del expediente de responsabilidad patrimonial del estado; **********, donde se determinó admitir a trámite el escrito de reclamación suscrito por el abajo firmante. 13. Una vez iniciado el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, iniciaron sus etapas procesales correspondientes, siendo así que con fecha 12 de febrero del año en curso se admitieron y desahogaron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el suscrito, teniendo por concluida dicha etapa, se ordenaron poner los autos a la vista para que las partes presentaran sus respectivos alegatos, y posteriormente citar a resolver el asunto. 14. Con fecha 27 de agosto de 2018, se resolvió en definitiva el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado, haciendo alusión a que resultaba infundada la reclamación presentada por el suscrito, siéndome notificada el día 5 de septiembre de 2018. 15. El día 16 de octubre de 2018, me fue negado el acceso al expediente administrativo, así como la recepción de un escrito de solicitud de copias certificadas del mismo. 16. Por tal motivo, el día 18 de octubre del 2018, el suscrito comparecí a demandar la nulidad de la resolución administrativa de fecha 27 de agosto de 2018, dictada en el expediente de reclamación por Responsabilidad Patrimonial del Estado número **********. 17. El día 22 de noviembre de 2018, se advirtió que no se cumplía con el requisito de procedibilidad, y se le requirió al suscrito constancia de la notificación de la resolución impugnada y copias suficientes de la misma para el traslado. 18. Siendo así que el día 30 de noviembre de 2018, el suscrito ingresé en la Oficialía de Partes el escrito para dar cumplimiento al requerimiento antes mencionado. 19. A tal escrito el día 6 de diciembre de 2018 recayó acuerdo en el cual se tiene por no cumplido el requerimiento de mérito y por consecuencia por no presentada la demanda de nulidad. 20. Por tal motivo el día 24 de enero de 2019 el suscrito presente Recurso de Reclamación sobre el acuerdo antes mencionado mediante el auto de fecha 28 de enero de 2019. 21. Dicho recurso se tuvo por admitido y se corrió traslado a la contraparte en fecha 5 de marzo de 2019. 22. De esta forma el día 21 de marzo del presente año se dictó la resolución dentro del Recurso de Reclamación aludido, en la cual se resuelve como infundado el recurso interpuesto por el suscrito y se confirma el auto de 6 de diciembre de 2018. 25. (sic) Dicha resolución me fue notificada el día 9 de abril del presente año mediante correo electrónico De lo expuesto, se advierte que el quejoso se duele de la resolución del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual los integrantes de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvieron el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de nulidad. Esto es, reclama una resolución que puso fin o decidió el juicio en lo principal, dándolo por concluido, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales colegiados de circuito mediante el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, ya transcrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara legalmente incompetente, en atención a la vía, para conocer y resolver este asunto, toda vez que la quejosa reclaman actos que se estiman son materia de amparo directo. Remisión al tribunal colegiado competente Por las razones expuestas, se ordena remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para su conocimiento, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982 Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960 Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Por oficio

  4. Principal

    EN TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE SIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, siete de mayo de dos mil diecinueve. Registro Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 11047/2019 516/2019 24881402 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista 1. ********** 2. ********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ********** Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridad responsable y acto reclamado Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se tienen como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrados integrantes de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La resolución administrativa dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, por la que resolvió el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de nulidad. Incompetencia en cuanto a la vía En primer término, debe hacerse referencia a los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.] Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órgano jurisdiccionales de amparo. De los preceptos anteriores, en la cuestión de interés, se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, mientras que los jueces de distrito lo son para conocer del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, como se observa, en el caso concreto el acto reclamado pone fin al juicio de nulidad de origen, por lo que la competencia corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen. ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. "ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales. De los numerales transcritos, se desprende que el legislador estableció dos vías para dilucidar la violación a derechos fundamentales, atendiendo al tipo de acto reclamado. Por una parte, instituyó el juicio de amparo indirecto para combatir normas generales, actos u omisiones de autoridades distintas a las jurisdiccionales, o bien, contra actos de estas últimas autoridades que se ubiquen en los supuestos específicos del artículo 107 de la Ley de Amparo. A su vez, dispuso que mediante el juicio de amparo directo deben reclamarse las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, conforme a los demás requisitos de procedencia establecidos en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En el caso, es importante señalar que el quejoso manifiesta, como antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, lo siguiente: 8. En contra de la resolución que dictó el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, la parte demanda, Secretaría de Gobernación, promovió recurso de revisión en contra de la misma, conociendo de dicho recurso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual resolvió en la sesión correspondiente al día 30de septiembre de 2015, misma que dice lo siguiente: (Transcribe) 9. Ante tal situación fue con fecha 10 de febrero de 2016, el suscrito presenté mi escrito de reclamación patrimonial del estado en contra de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se me fuera indemnizado por el daño moral causado por los actos cometidos por el Estado en materia de Seguridad Pública. 10. Derivado de lo anterior, y mediante oficio **********, de fecha 3 de marzo del año 2016, la Dirección General de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación; desechó la reclamación patrimonial del Estado promovida por el suscrito, haciendo mención que la misma era improcedente. 11. Inconforme con tal resolución, el abajo firmante promoví juicio de amparo indirecto, del cual le tocó conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, juicio que quedó registrado bajo el número de expediente 768/2016. Del citado juicio de amparo indirecto, mediante ejecutoria de fecha 13 de octubre del 2016, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al suscrito, lo anterior para el efecto de que se dictara una nueva determinación en la que se dejara insubsistente el oficio número **********, en el cual se ordenó desechar la reclamación patrimonial del Estado y en consecuencia se dictara una nueva determinación, conforme a los lineamientos establecidos en la referida sentencia de amparo. 12. En cumplimiento a la sentencia de amparo citada en supra líneas, la Autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, emitió un nuevo acuerdo de fecha 11 de mayo de 2017, dentro del expediente de responsabilidad patrimonial del estado; **********, donde se determinó admitir a trámite el escrito de reclamación suscrito por el abajo firmante. 13. Una vez iniciado el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, iniciaron sus etapas procesales correspondientes, siendo así que con fecha 12 de febrero del año en curso se admitieron y desahogaron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el suscrito, teniendo por concluida dicha etapa, se ordenaron poner los autos a la vista para que las partes presentaran sus respectivos alegatos, y posteriormente citar a resolver el asunto. 14. Con fecha 27 de agosto de 2018, se resolvió en definitiva el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado, haciendo alusión a que resultaba infundada la reclamación presentada por el suscrito, siéndome notificada el día 5 de septiembre de 2018. 15. El día 16 de octubre de 2018, me fue negado el acceso al expediente administrativo, así como la recepción de un escrito de solicitud de copias certificadas del mismo. 16. Por tal motivo, el día 18 de octubre del 2018, el suscrito comparecí a demandar la nulidad de la resolución administrativa de fecha 27 de agosto de 2018, dictada en el expediente de reclamación por Responsabilidad Patrimonial del Estado número **********. 17. El día 22 de noviembre de 2018, se advirtió que no se cumplía con el requisito de procedibilidad, y se le requirió al suscrito constancia de la notificación de la resolución impugnada y copias suficientes de la misma para el traslado. 18. Siendo así que el día 30 de noviembre de 2018, el suscrito ingresé en la Oficialía de Partes el escrito para dar cumplimiento al requerimiento antes mencionado. 19. A tal escrito el día 6 de diciembre de 2018 recayó acuerdo en el cual se tiene por no cumplido el requerimiento de mérito y por consecuencia por no presentada la demanda de nulidad. 20. Por tal motivo el día 24 de enero de 2019 el suscrito presente Recurso de Reclamación sobre el acuerdo antes mencionado mediante el auto de fecha 28 de enero de 2019. 21. Dicho recurso se tuvo por admitido y se corrió traslado a la contraparte en fecha 5 de marzo de 2019. 22. De esta forma el día 21 de marzo del presente año se dictó la resolución dentro del Recurso de Reclamación aludido, en la cual se resuelve como infundado el recurso interpuesto por el suscrito y se confirma el auto de 6 de diciembre de 2018. 25. (sic) Dicha resolución me fue notificada el día 9 de abril del presente año mediante correo electrónico De lo expuesto, se advierte que el quejoso se duele de la resolución del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual los integrantes de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvieron el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de nulidad. Esto es, reclama una resolución que puso fin o decidió el juicio en lo principal, dándolo por concluido, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales colegiados de circuito mediante el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, ya transcrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara legalmente incompetente, en atención a la vía, para conocer y resolver este asunto, toda vez que la quejosa reclaman actos que se estiman son materia de amparo directo. Remisión al tribunal colegiado competente Por las razones expuestas, se ordena remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para su conocimiento, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982 Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960 Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Por oficio", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 516/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.

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