Martín Tamayo Serrato

Expediente 75/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
75/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/02/2017

Partes del expediente

  • Martín Tamayo Serrato

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de enero del año en curso, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico por ende destruible.

  2. Principal

    Vista, la demanda de amparo promovida por Martín Tamayo Serrato, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas y otra autoridad, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V este último aplicado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: "(.) LA ILEGAL ORDEN DE NO NOTIFICARME DEMANDAS EN MI CONTRA." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: 1. Martín Tamayo Serrato, se dedica al comercio y que desde marzo de dos mil dieciséis, se han presentado ante él personas de las cuales es deudor manifestándole que ya lo demandaron y que les pague. 2. Martín Tamayo Serrato, ha acudido a investigar si efectivamente existen la demandas instauradas en su contra y únicamente le refieren que sí y que espere al actuario. 3. Sin que el actuario lo haya buscado hasta el momento, pero los acreedores y sus abogados, si lo buscan manifestándole que pague, porque ya lo demandaron. 4. El diez de enero de dos mil diecisiete, Martín Tamayo Serrato, solicitó por escrito que le notifiquen las demandas instauradas en su contra, manifestándole en forma verbal el actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, que espere al actuario; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, la omisión que constituye el acto reclamado no es una determinación que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que se trata de una violación al procedimiento; por lo que, aun cuando se estime inexacta la misma, al no ser de carácter irreparable, por no afectar como ya se indicó, de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues que se haya omitido notificarle la existencia de demandas instauradas en su contra, no lo priva del derecho de defensa que el mismo tiene, ya que dicha omisión, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Es decir, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, podría quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses en los autos de los juicios de los que deriva el acto reclamado, en caso de que existieran los mismos, ya que ésta constituye una violación al procedimiento que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario en caso de proceder éste o bien acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma resulta aplicable por similitud jurídica la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), registro 2011580, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Martín Tamayo Serrato, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Como lo solicita el quejoso ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Faustino López Juárez y Gonzalo Acosta Hernández y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos más no así para promover a Alfredo Navarro Rodríguez, Hilda Alicia Meza Delgado y Mario Magallanes, toda vez que no acreditan ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Toda vez que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Vicente Guerrero número doscientos dieciocho, zona centro en Chalchihuites, Zacatecas, mismo que no se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, ésta y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, practíquensele por medio de lista de conformidad con lo establecido en el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo.

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