Martín Sánchez Ramírez
Expediente 721/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martín Sánchez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio 751/2019, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, informó a este órgano jurisdiccional que recibió en esa a su cargo el escrito presentado por Juan Manuel Valdez Campos, el apoderado legal de la demandada "Instituto Universitario Metropolitano", Sociedad Civil, mediante el cual desistió del recurso de revisión intentado contra los autos de ejecución pronunciados dentro del juicio laboral 1037/2010-I, del que deriva el acto reclamado; asimismo, que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, actor Martín Sánchez Ramírez, compareció a manifestar su conformidad y solicitar la entrega del cheque número 0002066 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de $1'212,724.47, por concepto de pago total del laudo emitido dentro del referido procedimiento laboral, el que le fue entregado en la propia fecha, según copia fotostática certificada de la constancia que adjuntó al oficio de que se trata. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que sobreviene de manera notoria una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; .". En efecto, el quejoso acude a la presente instancia constitucional, doliéndose de la omisión de la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de dictar la resolución del incidente del recurso de revisión intentado por la parte demandada "Instituto Universitario Metropolitano", Sociedad Civil, dentro del juicio laboral 1037/2010-I. Al respecto, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidenta, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, dicha autoridad en el propio informe, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que recibió en la dependencia a su cargo el escrito presentado por Juan Manuel Valdez Campos, apoderado legal de la demandada "Instituto Universitario Metropolitano", Sociedad Civil, mediante el cual desistió del recurso de revisión intentado contra los autos de ejecución pronunciados dentro del juicio laboral 1037/2010-I, del que deriva el acto reclamado; asimismo, que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, actor Martín Sánchez Ramírez, compareció a manifestar su conformidad y solicitar la entrega del cheque número 0002066 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de $1'212,724.47, por concepto de pago total del laudo emitido dentro del referido procedimiento laboral, el que le fue entregado en la propia fecha, según copia fotostática certificada de la constancia que adjuntó al oficio de que se trata. Así, resulta evidente que en la especie sobreviene la causa de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por el quejoso, respecto de la omisión de dictar resolución dentro del recurso de revisión intentado contra los actos ejecución, fue expresamente consentido por el quejoso al manifestar éste su conformidad con el desistimiento realizado por el demandado, aquí tercero interesado, para aceptar la recepción del cheque número 0002066 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de $1'212,724.47, como pago total del laudo pronunciado dentro del juicio laboral del que deriva el acto reclamado, lo cual constituye una manifestación de voluntad que implica la actualización del principio de conformidad, esto es, entraña su consentimiento con la omisión reclamada y, por ende, el juicio de amparo en su contra es improcedente. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIII, sin necesidad de esperar la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve, se deja sin efectos dicho señalamiento.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio 751/2019, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, informó a este órgano jurisdiccional que recibió en esa a su cargo el escrito presentado por Juan Manuel Valdez Campos, el apoderado legal de la demandada "Instituto Universitario Metropolitano", Sociedad Civil, mediante el cual desistió del recurso de revisión intentado contra los autos de ejecución pronunciados dentro del juicio laboral 1037/2010-I, del que deriva el acto reclamado; asimismo, que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, actor Martín Sánchez Ramírez, compareció a manifestar su conformidad y solicitar la entrega del cheque número 0002066 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de $1'212,724.47, por concepto de pago total del laudo emitido dentro del referido procedimiento laboral, el que le fue entregado en la propia fecha, según copia fotostática certificada de la constancia que adjuntó al oficio de que se trata. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que sobreviene de manera notoria una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; .". En efecto, el quejoso acude a la presente instancia constitucional, doliéndose de la omisión de la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de dictar la resolución del incidente del recurso de revisión intentado por la parte demandada "Instituto Universitario Metropolitano", Sociedad Civil, dentro del juicio laboral 1037/2010-I. Al respecto, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidenta, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, dicha autoridad en el propio informe, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que recibió en la dependencia a su cargo el escrito presentado por Juan Manuel Valdez Campos, apoderado legal de la demandada "Instituto Universitario Metropolitano", Sociedad Civil, mediante el cual desistió del recurso de revisión intentado contra los autos de ejecución pronunciados dentro del juicio laboral 1037/2010-I, del que deriva el acto reclamado; asimismo, que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, actor Martín Sánchez Ramírez, compareció a manifestar su conformidad y solicitar la entrega del cheque número 0002066 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de $1'212,724.47, por concepto de pago total del laudo emitido dentro del referido procedimiento laboral, el que le fue entregado en la propia fecha, según copia fotostática certificada de la constancia que adjuntó al oficio de que se trata. Así, resulta evidente que en la especie sobreviene la causa de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por el quejoso, respecto de la omisión de dictar resolución dentro del recurso de revisión intentado contra los actos ejecución, fue expresamente consentido por el quejoso al manifestar éste su conformidad con el desistimiento realizado por el demandado, aquí tercero interesado, para aceptar la recepción del cheque número 0002066 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de $1'212,724.47, como pago total del laudo pronunciado dentro del juicio laboral del que deriva el acto reclamado, lo cual constituye una manifestación de voluntad que implica la actualización del principio de conformidad, esto es, entraña su consentimiento con la omisión reclamada y, por ende, el juicio de amparo en su contra es improcedente. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIII, sin necesidad de esperar la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve, se deja sin efectos dicho señalamiento.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el dos de octubre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
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