Martín Servín García

Expediente 721/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
721/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Martín Servín García
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa solicita devolución de constancias. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Martín Servín García, mediante el cual solicita la devolución de las constancias originales que obran en el presente asunto; atento a su contenido y como se advierte de la certificación de cuenta, devuélvansele las constancias que indica, pues así se ordenó en auto de once de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.UBB

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintidós. 1. Manifestaciones de la parte quejosa. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso Martín Servín García, mediante el cual, manifiesta su inconformidad con el descuento de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), vía nómina de la segunda quincena de septiembre del año en curso, que le realizó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, debido a un error al hacer el depósito de la cantidad de $87,766.10 (ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.), lo que acredita con copia simple del recibo correspondiente, por lo que considera que con dicho acto se violenta su derecho adquirido, debido a que aún no se resuelve sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y solicita se requiera al Director de Pensiones Civiles del Estado, para que se abstenga de realizar dichas prácticas, hasta en tanto se resuelva lo procedente en el presente juicio de amparo; manifestaciones que serán tomadas en consideración en apartados posteriores. 2. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a Martín Servín García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Se deberá desincorporar de la esfera jurídica del quejoso a Martín Servín García, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Deberán respetar derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio 543/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido del quejoso de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. 3. Ejecutoria. Inconformes las autoridades responsables Congreso del Estado de Michoacán y director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión; respecto de los cuales, únicamente se admitió el interpuesto por la segunda de las autoridades en comento. Seguido el trámite procesal, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria pronunciada el diez de marzo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 153/2021, determinó desechar el recurso de revisión, por lo que el veintiocho de marzo siguiente, se requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 261/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, por parte de las autoridades responsables, a través del cual hicieron del conocimiento: La desincorporación de la esfera jurídica del quejoso a Martín Servín García, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. El respeto al derecho adquirido que el quejoso posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. Asimismo, dejaron insubsistentes los oficios 543/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, y el 194/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, por lo que se ordenó el pago actualizado de la pensión por la cantidad de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional) mensuales. Asimismo, se realizó el pago correspondiente de la diferencia de la pensión efectivamente pagada con la diversa a que tenía derecho. Por su parte, mediante oficio sin número, presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable Director de Pensiones Civiles del Estado, adjuntó la impresión del comprobante de pago Interbancario del banco BBVA, realizado el veintiocho de junio anterior, relativo a la operación autorizada por $87,766.10 (ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.), con la cual se acredita el pago de las diferencias del pago que recibiría por derecho a jubilación desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte -fecha en que adquirió tal derecho, pues en esa data fue dado de baja como trabajador y se le reconoció el derecho a una pensión- hasta el treinta de abril de dos mil veintidós, lapso de tiempo en que no se le cubrió el pago correspondiente, pues la fecha de inicio del pago del derecho adquirido, esto es, el referido pago por concepto de jubilación del cien por ciento que debería haber percibido a la fecha en que causó baja como servidor público, inicialmente se hizo a partir de la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós. Por último, mediante oficio sin número de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Director de Pensiones Civiles del Estado, con residencia en esta ciudad, adjuntó la hoja de cálculo relativa a las diferencias entre la pensión concedida por la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y la establecida en la sentencia ejecutoria, documental en la que se desglosan los montos netos que le fueron pagados mes con mes al quejoso, en el periodo comprendido del dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós, en los términos consignados en dicho documento, precisándose su respectivos totales, lo anterior debido a que refiere que la primera quincena de mayo de dos mil veintidós por concepto de jubilación le fue pagada al quejoso conforme a la sentencia dictada en autos, asimismo se realizaron las operaciones matemáticas necesarias para obtener la diferencia del pago correspondiente, mismo que arroja un total de $85,766.10 (ochenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.). Al respecto la citada autoridad responsable manifiesta y aclara que, por un error, inicialmente se le depositó al quejoso la cantidad de $87,766.10 (ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.), es decir, $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) más que el monto total que por concepto de la diferencia del pago que recibiría por derecho a jubilación desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós, le corresponde, por lo que la citada autoridad se reservó el derecho de cobrar esa cantidad mediante el descuento vía nómina que para tal efecto se realice. No pasan inadvertidas las manifestaciones que realiza el quejoso Martín Servín García, en el sentido de que no está conforme con el descuento vía nómina correspondiente a la segunda quincena de septiembre del año en curso que le realizó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), puesto que considera que con dicho acto se violenta su derecho adquirido, sin embargo contrariamente a lo señalado por el citado quejoso, se estima que no es procedente requerir a la autoridad responsable en los términos solicitados, esto es, para que se abstenga de realizar dicha práctica, máxime que como ya se dijo, el Director de Pensiones Civiles del Estado, manifestó y aclaró que por un error, inicialmente se le depositó al quejoso la cantidad de $87,766.10 (ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.), es decir, $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) más que el monto total que por concepto de la diferencia del pago que recibiría por derecho a jubilación desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós, le correspondía, y que lo es la cantidad de $85,766.10 (ochenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.). Sin embargo, dicha cuestión (descuento) no fue materia de la concesión de la protección constitucional otorgada al peticionario de amparo, aunado a que en los párrafos que anteceden este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto y dicha circunstancia (descuento) no impide tener por cumplida la misma en los términos antes señalados; máxime que, de estimar procedente que no se hiciera tal retención, implicaría consentir el pago de lo indebido. 5. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables restituyeron al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado, toda vez que se le desincorporó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales y se respetó el derecho adquirido que el promovente posee, pues se le comunicó que su jubilación comprende el cien por ciento de su salario; lo que así aconteció a través del oficio 261/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós y, además, se dejaron sin efectos los diversos comunicados 543/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, y el 194/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, además le fue pagada la cantidad que por concepto de la diferencia del pago que recibiría por derecho a jubilación le correspondía desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 8. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 9. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 10. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 11. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Informa cumplimiento a la sentencia de amparo. Agréguese el oficio enviado por el Director de Pensiones Civiles del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa gestiones y da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, se concedió a Martín Servín García, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizara lo siguiente: Se deberá desincorporar de la esfera jurídica del quejoso a Martín Servín García, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Deberán respetar derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio 543/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido del quejoso de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. 2. Ejecutoria. Inconformes las autoridades responsables Congreso del Estado de Michoacán y director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión; respecto de los cuales, únicamente se admitió el interpuesto por la segunda de las autoridades en comento. Seguido el trámite procesal, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria pronunciada el diez de marzo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 153/2021, determinó desechar el recurso de revisión, por lo que el veintiocho de marzo siguiente, se requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio recibido en proveído de seis de abril de dos mil veintidós, el Director de Pensiones Civiles del Estado, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 135/2022, de esa data, con el cual se acreditó la inclusión del presente cumplimiento a la sesión a celebrarse el veintiocho de abril del año en curso; solicitando prórroga; la cual le fue otorgada por un plazo de quince días. Posteriormente, en auto de dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable anexando copia certificada del oficio 194/2022, de seis de mayo pasado, firmado por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, mediante el cual se realizó lo siguiente: Se comunicó al quejoso la desincorporación de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio del decreto legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso 638, publicado el cinco de octubre del dos mil dieciocho. Asimismo, la Junta Directiva de esa Institución, mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho de abril del año que transcurre, acordó respetar el derecho adquirido que posee como cotizante al fondo de pensiones en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado, mediante sesión extraordinaria del once de agosto de dos mil quince. Por lo que, de conformidad con el artículo 12, inciso d) de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, la jubilación concedida ha sido aprobada conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete. Además, dejó insubsistente el oficio 543/2020 emitido el seis de octubre de dos mil veinte, firmado por la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de esa Descentralizada. A dicho comunicado también adjuntó copia certificada del oficio 52/2022, de dos de mayo de dos mil veintidós, firmado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, dirigido a Titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, mediante el cual comunicó que, en atención a lo resuelto en la mencionada sesión ordinaria y en el fallo protector, se determinó que la cantidad actualizada que deberá percibir el quejoso por concepto de jubilación, es $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.). Lo que acreditó con la impresión correspondiente al recibo de nómina del quejoso, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós, que se obtuvo de la página de Internet de dicha dependencia; acreditándose que el quince de mayo del presente año, se realizó el incremento en el pago quincenal por la cantidad de $10,577.69 (diez mil quinientos setenta y siete pesos 69/100 M.N.), por concepto de pago de la pensión otorgada conforme a la sentencia dictada en autos. 4. Manifestaciones de la parte quejosa. El quejoso, a través del ocurso presentado el diecisiete de mayo del año en curso, hizo del conocimiento que, con fecha doce de mayo del año en curso, fue notificado del oficio 194/2022 emitido por la Subdirectora de Jubilados y Pensionados Civiles del Estado de Michoacán. Asimismo, manifestó su inconformidad con la fecha de inicio del pago del derecho adquirido, que es el pago por concepto de jubilación del cien por ciento que debería haber percibido a la fecha en que causó baja como servidor público, mismo que se ajustó a la cantidad de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.) mensuales; esto es, la cantidad depositada por la responsable se hizo a partir de la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo -dijo-, no fue en esa fecha cuando causó baja como trabajador, que es el momento en que adquirió el derecho a la pensión; sino que ello aconteció desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, cuando la autoridad responsable reconoció su derecho a la jubilación y que es desde ese instante en el que dejó de percibir el cien por ciento del sueldo base como derecho adquirido. Por lo que consideró que, con la emisión del nuevo oficio de referencia y la cantidad depositada, no se le respetaba su derecho adquirido en su totalidad, pues no se realizó el depósito de la parte proporcional que dejó de percibir desde la fecha en que causó baja como servidor público y se reconoció su jubilación -dieciséis de septiembre de dos mil veinte-, hasta la última quincena del mes de abril de dos mil veintidós; recibiendo durante ese periodo la cantidad de $14,194.86 (catorce mil ciento noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.) mensuales. 4.1. Manifestaciones de las autoridades responsables. En ese sentido, se requirió a las responsables para que informaran si efectivamente al quejoso le correspondía recibir el pago por concepto de la pensión que le fue concedida a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte y no como se asentó en el oficio 194/2022, que se indicaba que sería a partir de la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós. Así, el delegado de las autoridades responsables precisó que: Las manifestaciones del quejoso no formaban parte de los actos reclamados en la demanda de amparo y que las diferencias de las percepciones aludidas, no formaron parte de los efectos concedidos al quejoso; máxime no se inconformó con la sentencia de amparo ni sus efectos protectores. De ahí que no se encontraban en condiciones de determinar la procedencia de las diferencias solicitadas, pues no deberían ser otorgadas de conformidad a la interpretación jurídica que se realice a la ejecutoria de amparo; ya que el fallo protector se había acatado en su literalidad, sin ser -desde su perspectiva- omisos en su cumplimiento, menos excederse o haber cumplido defectuosamente. Que cumplieron las obligaciones impuestas, ya que desincorporó al quejoso de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales y se respetó el derecho adquirido que el promovente posee, pues se le comunicó que su jubilación comprende el cien por ciento de su salario; lo que así aconteció a través del oficio 194/2022, en el que se realizó lo anterior y, además, se dejó sin efectos el diverso comunicado 543/2020. Con lo anterior y las demás constancias relatadas, por auto de veintiséis de mayo del año en curso, se dio vista las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. 4.2. Quejoso desahoga vista. La parte quejosa desahogó la vista otorgada a través del escrito presentado el tres de junio del año en curso, al indicar que en la demanda de amparo sí se había solicitado el pago retroactivo de la pensión que no recibió desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte; fecha en que fue dado de baja como trabajador y que se le reconoció el derecho a una pensión. 5. Defecto en el cumplimiento ejecutoria. En proveído de veintidós de junio del año en curso, se determinó que existía defecto en el cumplimiento de ejecutoria y para ello se dijo, respecto del primero de los efectos protectores, el mismo se pretendió atender a través del oficio 194/2022, de seis de mayo pasado, firmado por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, mediante el cual, se comunicó al quejoso la desincorporación de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio del decreto legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso 638, publicado el cinco de octubre del dos mil dieciocho. Asimismo, que el segundo punto, se pretendió acatar también en dicho comunicado, pues se asentó que la Junta Directiva de esa Institución, mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho de abril del año que transcurre, acordó respetar el derecho adquirido que posee como cotizante al fondo de pensiones en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado, mediante sesión extraordinaria del once de agosto de dos mil quince; por lo que, de conformidad con el artículo 12, inciso d) de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, la jubilación concedida ha sido aprobada conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete. Finalmente, por lo que hace al tercero de los efectos, el mismo se pretendió atender también el referido comunicado, ya que también se dejó insubsistente el oficio 543/2020 emitido el seis de octubre de dos mil veinte, firmado por la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de esa Descentralizada, recibiendo la cantidad actualizada de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.). Sin embargo, se estimó que existía un defecto en el cumplimiento del fallo protector, ya que con los nuevos actos realizados por las responsables no se había respetado el derecho adquirido del quejoso. Lo anterior, porque como se apreciaba de las constancias, el quejoso se desempeñó como servidor público del Poder Judicial del Estado de Michoacán por treinta y dos años y siete meses; por lo que, al estimar que satisfacía los requisitos suficientes para su jubilación, solicitó la misma ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. Así, a través del oficio 543/2020 -que constituyó el acto de aplicación de las normas generales combatidas- de seis de octubre de dos mil veinte, la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de esta dependencia comunicó al quejoso que en sesión ordinaria de la Junta Directiva de veinticuatro de septiembre de ese año, se aprobó su solicitud de jubilación; por ello, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte, le correspondía recibir un pago por concepto de jubilación. De ahí que, el derecho reconocido de jubilación al quejoso nació de la aprobación de su solicitud de jubilación; por lo que, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte, le correspondía recibir el pago respectivo. Esto significó que fue desde el momento en que se reconoció su derecho a la jubilación en que éste se adquirió y, por tanto, desde ese instante el que comprende el pago correspondiente. Así, si bien en el oficio reclamado 543/2020 se comunicó al quejoso el monto de la pensión y la aplicación de las porciones normativas, lo cierto es que -se dijo-, la propia autoridad reconoció el derecho a recibir un pago por jubilación; el cual iba a iniciar a partir de que causara baja como servidor público, lo que aconteció el dieciséis de septiembre de dos mil veinte. Por esto, se estimó que existió defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues si bien era cierto que se pretendió desincorporar al quejoso de la aplicación de las normas generales y se dejó insubsistente el referido comunicado 543/2020, también lo fue que con la emisión del nuevo oficio 194/2022 no se respetó el derecho adquirido del quejoso de acceder al pago por jubilación de acuerdo a las condiciones anteriores del texto original del artículo quince transitorio del proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. Esto, pues si bien se indicó que la cantidad actualizada de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.) -misma que debió pagarse desde un inicio- es la cantidad correcta a la que asciende la jubilación, lo cierto es que afirmó que la misma se pagaría a partir de la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós; y no desde el momento en que se reconoció su derecho a la jubilación, que fue desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte. Por ello se determinó que con las acciones realizadas por las responsables en el oficio 194/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, lejos de respetar el derecho adquirido de jubilación por el quejoso, se siguió vulnerando, pues se desconoció que, desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte -fecha en que causó baja como servidor público y a partir de la cual tiene derecho a la jubilación- hasta el treinta de abril de dos mil veintidós, no se había cubierto el derecho al pago de la jubilación de manera íntegra, sino únicamente se había realizado el pago con base en la aplicación de las normas generales declaradas inconstitucionales. Por esto, el mencionado comunicado 194/2022 desconoció la prestación a que tiene derecho el quejoso desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós; lo que implica validar la aplicación de las normas generales declaradas inconstitucionales durante ese tiempo, lo que no es factible en atención a la naturaleza de los efectos protectores de los juicios de amparo. Esto, ya que el efecto protector de la sentencia de amparo fue desincorporar a la parte quejosa de las leyes declaradas inconstitucionales; lo que implica que las porciones normativas combatidas no se le apliquen al quejoso desde el primer acto de aplicación, consistente en el referido oficio 543/2020 de seis de octubre de dos mil veinte; en el cual se comunicó la cantidad del pago que recibiría por derecho a jubilación, mas no se desconoció en ningún momento la fecha en que adquirió tal derecho, que lo fue desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte. Por lo que -se puntualizó-, si uno de los efectos de la sentencia era dejar insubsistente el oficio 543/2020, igualmente acontece respecto a las consecuencias que el mismo generó, que consistían en el pago menor al quejoso del que debió haber recibido. Así, en atención a la restitución al derecho que tenía el quejoso, se determinó debía reintegrársele la diferencia de la pensión que debió percibir; es decir, si la pensión correcta fue de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.) mensuales, y desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se le realizó un pago por la $14,194.86 (catorce mil ciento noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.) mensuales, ello implicaba que, hasta el momento de la emisión del oficio 194/2022 -que ampara la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós-, se le debía cubrir la diferencia de la pensión que no percibió el quejoso. Considerándose por esas razones, desacertadas las manifestaciones realizadas por el delegado de las autoridades responsables, en el sentido de haber acatado la ejecutoria de amparo y que en los efectos protectores no se estableció el pago de la diferencia desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós; puesto que los efectos de la protección constitucional -se precisó- son destruir las consecuencias jurídicas que generaron las normas declaradas inconstitucionales durante su aplicación. Normas que se pueden proyectar en su aplicación en el tiempo hasta que causa ejecutoria una sentencia de amparo; lo que en el caso aconteció, pues desde la emisión del oficio 543/2020 -que constituye el acto de aplicación- al quejoso se le pagó la cantidad de $14,194.86 (catorce mil ciento noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.) mensuales. Máxime que, al no haberse solicitado la suspensión del acto reclamado, dicho acto se siguió suscitando hasta en tanto causó ejecutoria la sentencia protectora. Por ello, se destacó no ser necesario que expresamente en la ejecutoria de amparo se hubiera indicado que se debía cubrir la diferencia entre lo que debió pagarse y lo efectivamente pagado, pues el efecto de la protección constitucional -se reiteró- es destruir todas las consecuencias de las normas generales y restituir en el goce del derecho humano violado al quejoso desde el primer momento en que se le aplicaron; lo que aconteció el dieciséis de septiembre de dos mil veinte. Pensar lo contrario implicaría reconocer que durante el lapso transcurrido desde el acto de aplicación de las normas generales y hasta ese momento, el quejoso no tenía reconocido un derecho adquirido respecto de su pensión; es decir, validar que durante ese tiempo se aplicaron las normas declaradas inconstitucionales y cuyos efectos quedaron destruidos en virtud de la concesión del amparo. De ahí que, para restituir en el pleno goce de los derechos humanos del quejoso, se dijo era necesario que la responsable realizara el pago de la diferencia desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós; por ello se estimó un cumplimiento defectuoso por parte de la autoridad responsable. Por lo que, se requirió a las autoridades responsables, para que cumplieran cabalmente con lo anterior. 5.1. Actos realizados por las autoridades responsables. A través del oficio sin número, presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable Director de Pensiones Civiles del Estado, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento lo siguiente: ". adjunto a la presente la impresión del comprobante de pago Interbancario del banco BBVA, realizado con fecha veintiocho de junio del presente año, documental con la cual se acredita el pago de las diferencias ordenadas mediante auto de fecha veintidós de junio del presente año. Por otra parte, y toda vez que en autos obran las documentales consistentes en la copia certificada del oficio número 194/2022, de fecha seis de mayo del presente año, firmado por el C. Martín Farías Barajas, Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, la Copia certificada del oficio 52/2022, de fecha dos de mayo del año dos mil veintidós, firmado por el L.A.E. Julio Enrique Peguero Espinosa, Director General de Pensiones Civiles del Estado, dirigido al Lic. Sergio Pérez Calderón, Titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado y la impresión correspondiente al recibo de nómina del quejoso, obtenido de la página web Institucional de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se acredita que con fecha quince de mayo del presente año se realizó el incremento en el pago quincenal por la cantidad de $10,577.69 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 69/100 M.N.), por concepto de pago de la pensión otorgada conforme a la sentencia dictada en autos, se estima que se ha dado el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, acreditando que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para el cumplimiento de la misma, por lo que solicito se tenga dando cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos, teniéndola cumplida en lo esencial y ordenando su archivo definitivo por ser un asunto totalmente concluido. .". No obstante lo manifestado, se le tuvo por no cumpliendo cabalmente con la ejecutoria de amparo, reiterándosele los efectos y precisándole que para cumplir con los lineamientos, debía dejar insubsistente el diverso oficio 194/2022, de seis de mayo de dos mil veintidós, ya que el mismo contenía un vicio que reiteraba los actos reclamados. Además también se dijo que las responsables deberían acreditar que realizaron el pago de la diferencia de la jubilación concedida al quejoso a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte y hasta el treinta de abril de dos mil veintidós. Por lo que, a través del proveído de treinta de junio del año que transcurre, se requirió a la autoridad responsable el debido cumplimiento, en el sentido siguiente: Para cumplir con el fallo protector, deberá cumplir con las obligaciones descritas en la sentencia. Además, deberá dejar insubsistente el diverso oficio 194/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, ya que el mismo contiene un vicio que reitera los actos reclamados. Asimismo, en el cumplimiento de la ejecutoria, las responsables deberá (sic) acreditar que realizaron el pago de la diferencia de la jubilación concedida al quejoso a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte, hasta el treinta de abril de dos mil veintidós. 5.2. Actos realizados por las autoridades responsables. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 261/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, por parte de las autoridades responsables, a través del cual hicieron del conocimiento: La desincorporación de la esfera jurídica del quejoso a Martín Servín García, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Así como el respeto al derecho adquirido que el quejoso posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. Asimismo, dejaron insubsistentes los oficios 543/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, y el 194/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós. 5.3. Manifestaciones de la parte quejosa. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, quien al desahogar la misma, se inconformó con el cumplimiento de las autoridades responsables, las que se tuvieron por recibidas en proveído de quince de julio de dos mil veintidós, y son en el sentido siguiente: ". no informa de manera detallada de cómo llegó a sacar dicha cantidad de $87,766.10 ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 m.n., misma que me depositó mediante transferencia bancaria con fecha 28 de junio del año en curso, ya que siguiendo el lineamiento que establece su señoría en el sentido de que si la pensión correcta fue de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 m.n. que el suscrito debería de haber percibido desde el día 16 de septiembre del año 2020 y que dicha cantidad multiplicada por las 38 treinta y nueve quincenas que abarca desde el día 16 de septiembre del año 2020 dos mil veinte hasta el día 30 treinta de abril del año 2022, nos arrojaría una cantidad de $412,529.91 (cuatrocientos doce mil quinientos veintinueve pesos 91/100 M.N., y si a dicha cantidad le restamos la cantidad de $298,183.77 (doscientos noventa y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 77/100 M.N.), que percibí durante dicha cantidad de quincenas con sus respectivos aumentos de cada año, de las cuales fueron 7 siete quincenas en el año de 2020 dos mil veinte de $7,157.42, (siete mil ciento cincuenta y siete pesos 42/100 M.N.) que nos arroja la cantidad de $50,102.01 (cincuenta mil ciento dos pesos 01/100 M.N.); sin tomar en cuenta el aguinaldo que me depositaron equivocadamente en la segunda quincena de diciembre del año 2020, mismo que me fue descontado durante la primera y segunda quincena de febrero, primera y segunda quincena del mes de marzo así como la primera quincena del mes de abril todas del año 2022, 24 veinticuatro quincenas en el año 2021 por la cantidad de $7,583.28 siete mil quinientos ochenta y tres pesos 28/100 M.N. que nos arroja la cantidad de $181,998.72 ciento ochenta y un mil pesos 72/100 M.N; y 8 ocho quincenas del año 2022 dos mil veintidós, por la cantidad de $8,260.38 ocho mil doscientos sesenta 38/100 M.N., lo que nos da la cantidad de $66,083.04 sesenta y seis mil pesos ochenta y tres pesos 04/100 M.N.; nos arroja la diferencia de $114,346.14 ciento catorce mil trescientos cuarenta y seis pesos 14/100 M.N., y si a dicha diferencia la descontamos la cantidad que me depositó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de $87,766.10 ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N., me restaría la cantidad de $26,580.04 (veintiséis mil quinientos ochenta pesos 04/100 M.N., y esto sin aplicar el aumento que año con año se me otorga, motivos por los cuales desde mi óptica considero que con el depósito de dicha diferencia de $87,766.10 ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N., no se está dando cumplimiento en su totalidad con lo ordenado en sentencia de amparo, salvo su mejor análisis, por lo que es necesario que se me reintegre en su totalidad la diferencia de la pensión que no percibí, durante 39 treinta y nueve quincenas, para acreditar lo antes manifestado exhibo 36 recibos de los pagos quincenales, correspondientes a los meses que dejé de percibir la pensión correcta de los años 2020, 2021 y 2022 expedidos por la dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, sin poder anexar los recibos de la segunda quincena del mes de septiembre y de la primera y segundo quincena del mes de octubre del año 2020, ya que en el sistema de pensiones no los tengo registrados. .". 6. Defecto en el cumplimiento de ejecutoria. En ese sentido y analizada la documental adjunta al oficio sin número, signado por el Delegado de las autoridades responsables, presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, relativa a la operación autorizada por $87,766.10 (ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.), con la cual refiere se acredita el pago de las diferencias ordenadas en auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se determina que existe defecto en el cumplimiento de ejecutoria. Es así, pues no basta esa determinación categórica y dogmática inserta en el oficio en cita, en el sentido de que con la constancia relativa a la operación autorizada, se acredita el pago de las diferencias. En efecto, en auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, expresamente se dijo que: "las responsables deberán acreditar que realizaron el pago de la diferencia por jubilación concedida al quejoso a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte, hasta el treinta de abril de dos mil veintidós; lo anterior, para estar en condiciones de analizar si la ejecutoria se encuentra cumplida". Sin embargo, de la constancia relativa a la operación autorizada, no se advierte un desglose a detalle que evidencie que esa cantidad sea la que le corresponde recibir al quejoso por el pago de la diferencia de la pensión que debió percibir a razón de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.) mensuales, desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós. De ahí que, para estar en condiciones de analizar esa documental, con la cual refiere el Delegado de las autoridades responsables se acredita el pago de las diferencias, se deberá elaborar un informe detallado en el que incluya: Primeramente, el monto total de la pensión a razón de $21,155.38 (veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.) mensuales, calculado desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós. Luego, el desglose del monto neto que le fue pagado mes por mes, desde el dieciséis de septiembre de dos mil veinte hasta el treinta de abril de dos mil veintidós, precisándose su respectivo total. Hecho lo anterior, deberán realizarse las operaciones matemáticas que resulten necesarias, para obtener la diferencia del pago correspondiente. Sólo así, se tendrá certeza de si la cantidad pagada, efectivamente corresponde a la diferencia y así tener por cumplido el fallo protector. 6.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con lo anterior 6.2. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

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