Martín Rafael Flores Aguilar
Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Rafael Flores Aguilar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Cuestión previa. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, así como la dilación u omisión de futuros actos procesales fuera de los plazos y términos legales dentro del juicio de origen, los cuales son de naturaleza inminente." Además, de una lectura integra a su demanda se desprende que pretende se le conceda el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable tramite y concluya en forma expedita el procedimiento especial de origen, conforme a los plazos y términos previstos en la ley, argumentos que sustenta en las jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS" En efecto, de la jurisprudencia en cita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales -señaladas en la demanda de amparo-, sino también las subsecuentes. Sin embargo, de una nueva reflexión determinó abandonar dicho criterio, en razón de que -sostuvo- los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Argumentos de los cuales surgió la jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". De ahí que, atendiendo a dicho criterio, se tiene que en el caso, del informe rendido por la autoridad responsable, se desprende que el quince de febrero de dos mil diecinueve, ordenó radicar el escrito de demanda ordinaria laboral, registrándola bajo el número 1227/208, notificar a la parte demandada para que comparezcan al desahogo de la audiencia de conciliación a celebrarse a las diez horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve. Bajo esa premisa, se tiene que a la presentación de la demanda constitucional, la etapa en la que se encuentra el procedimiento laboral de origen es en la de radicación o no de la demanda laboral, de ahí que se atenderá a esa circunstancia para resolver el presente asunto. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a los quejosos en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de los quejosos haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que la etapa en la que se encuentra el procedimiento especial de origen, hasta antes de la presentación de la demanda de amparo era de radicar o no la demanda presentada por el actor -aquí quejoso-, así como la falta de citación de las partes a la audiencia conciliatoria. Mas cierto es que de la constancia remitida por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías -seis de febrero de dos mil diecinueve-, el quince de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó acuerdo en el que se pronunció sobre la promoción presentada por la parte actora -aquí quejosos-, en la que radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 1227/2018, y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, citó a las partes a una audiencia de conciliación, misma que habrá de celebrarse a las diez horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve; en ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues éste quedó implícitamente sin efectos, al haberse dictado el acuerdo relativo, por lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito exhibe pedimento. Agréguese el pedimento ministerial de cuenta y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que se ordena relacionar y recibir en la audiencia constitucional. Con apego a lo establecido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia respectiva, expídasele copia certificada de dicha resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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