Martín Santacruz Flores
Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martín Santacruz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecisiete de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rafael Santacruz Flores y Sara Flores Rodríguez. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Visto lo de cuenta agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada, remite copia certificada de la demanda que obra en el juicio de amparo 683/2020 de su estadística. Ahora bien, toda vez que por cuestión de turno corresponde a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda signada por Rafael Santacruz Flores y Sara Flores Rodríguez, contra la negativa de entregar el microbús SA0155, atribuida al Director General de Movilidad de Salamanca, Guanajuato; de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto respecto al acto precisado anteriormente. Acúsese recibo. Sentado lo anterior se tiene que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio, por el cual se obtenga la modificación, revocación o nulidad de ese acto. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Así, se concluye que el juicio correspondiente tiene por objeto anular cualquier clase actos emitidos por las autoridades de la administración pública municipal y procede, en el caso concreto, respecto de que aquellos que afecten intereses de particulares. En la especie, el acto en estudio consiste en la negativa de entregar el microbús SA0155 por personal de movilidad de la dirección General de Movilidad de Salamanca, Guanajuato De lo anterior, se advierte que tal negativa constituye un acto emitido por una autoridad administrativa, el cual es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del procedimiento administrativo. Se arriba a tal aserto, puesto que no se actualiza algún caso de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional: 1. Los quejosos no tienen el carácter de terceros extraños, pues como lo refieren en la demanda, ellos presentaron la solicitud. 2. Los inconformes combaten cuestiones de legalidad y no violaciones directas a la constitución, en tanto que se duelen de la negativa a acceder a sus peticiones por parte de la autoridad administrativa, en transgresión a las leyes del procedimiento; lo cual puede ser reparado a través del citado medio de defensa. 3. La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la tramitación del procedimiento administrativo, y no un reglamento. 4. En la substanciación del procedimiento administrativo puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y el Capítulo II, denominado "De la suspensión", del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual comprende los artículos 268 al 278, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el procedimiento administrativo como en vía constitucional, resultan ser iguales. Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el procedimiento administrativo en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
- Principal
Juez de Ejecución Penal con sede Valle de Santiago, Guanajuato, informa las medidas que han tomado las autoridades responsables del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, para cumplir con la suspensión definitiva y para acreditarlo remite copias certificadas de las listas de entrega de medicamentos al quejoso.- Lo anterior sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que en auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente principal se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del asunto. En ese sentido, la suspensión definitiva concedida en la presente incidencia dejó de tener vigencia y, por ende, la obligación de remitir las constancias que demuestren su cumplimiento.
- Principal
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, remite copia certificada de constancias que integran el juicio de amparo 683/2020 de su estadística. Ahora bien, en dichas constancias obra la demanda de amparo promovida contra los actos que reclaman de la Dirección General de Movilidad de Salamanca.- Por tanto, previo a realizar el pronunciamiento respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo se solicita a la jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, remita copia certificada de la demanda de amparo que dio origen al juicio 683/2020, de su estadística, ya que el escrito que obra agregado al legajo de copias enviado por ese órgano jurisdiccional, es diverso al que refiere en su oficio mediante el cual separó los autos.
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