Martín Roberto Rocha Zaragoza

Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Martín Roberto Rocha Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del auto de cinco de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Martín Roberto Rocha Zaragoza, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese con el número 578/2022-VI. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado. Analizada la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado consiste en el auto de treinta de marzo del año en curso, emitido por el Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C219/2022, en el cual admitió la demanda, en la vía ordinaria civil, promovida por el quejoso Martín Roberto Rocha Zaragoza, como tercero opositor a la ejecución de la sentencia del diverso juicio C258/2013, en contra de Marcia Sonia García Valdez y otra, y omitió proveer respecto de solicitud de suspender la ejecución de la sentencia referida. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." Los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales del quejoso como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. El acto reclamado no tiene la naturaleza de imposible reparación, pues puede ser reparado en el mismo procedimiento. Existe un principio esencial, sustentado en el aforismo utile per inutile non vitiatur, conocido también como utile non debet per inutile vitiari, indispensable para la concepción práctica y útil del derecho, de conservación de los actos y negocios jurídicos, aplicable también al derecho público, cuya existencia data desde el derecho romano, con aplicación ágil hasta nuestros días. Desde su concepción original se admitió como un principio útil, "en el sentido de utilidad social y, con una función bien definida: la conservación de todo lo que fuera útil, en general". Así, lo relevante sobre ese principio, es el aprovechamiento al máximo posible, de todo aquello que jurídicamente implicó un esfuerzo contractual o del Estado, cuando por alguna circunstancia de derecho, una de sus partes pudiera verse afectada. El concepto subyacente en ese principio es la conservación al máximo de todos los elementos jurídicamente admisibles, surgidos con los requisitos legales o con deficiencias mínimas o parciales. La mecánica y estructura del principio puede conducir a otro de mayor magnitud, consistente en que, si al comparar dos actos o situaciones jurídicas, una reporta cierto grado de utilidad al orden público, y la otra aporta una utilidad claramente mayor, lo más útil debe prevalecer sobre lo menos útil, que debe inmolarse en beneficio de los valores protegidos. Los principios de favorecimiento de la acción, subsanación de los defectos procesales y de conservación de las actuaciones integran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo cual está previsto en el artículo 17 de la Constitución y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, los órganos judiciales están obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de formalismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo (favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al principio de proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los diversos grados de defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran incurrir las partes y a partir de las circunstancias concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a la voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de oficio los defectos advertidos, cuando ello sea necesario para preservar el derecho fundamental en cita, con la única limitante de no afectar las garantías procesales de la parte contraria (subsanación de los defectos procesales) y, a imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven afectados por una decisión posterior, en aras de evitar repeticiones inútiles que nada añadirían y sí, en cambio, afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal (conservación de actuaciones). Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia I.3o.C. J/4 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1829, tomo 3, enero de dos mil trece, libro XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002600, que dice: "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO." En el caso, como se adelantó, el acto reclamado consiste en la omisión por parte del juez responsable de haber proveído en el auto de admisión de la demanda del expediente C219/2022, respecto de la petición que formuló el quejoso de suspender la ejecución de la sentencia del juicio ordinario civil C258/2013. El artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece que, por una ocasión y por una situación concreta, los jueces y magistrados pueden ordenar de oficio o por petición de parte, que se subsanen las omisiones en la substanciación de sus asuntos a efecto de regularizar el procedimiento, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto a regularizar, siempre que: No se trate de violaciones a las formalidades del procedimiento; No se afecte algún derecho procesal adquirido; y, No incida en el fondo del negocio planteado. De lo anterior, se obtiene que el quejoso está en oportunidad de pedir la regularización del procedimiento, o en su caso, el juez responsable para hacerlo de oficio, a efecto de que éste se pronuncie respecto de la suspensión solicitada por el quejoso, pues con ello no se vulneran las formalidades de ese asunto, ni se afectan derechos procesales adquiridos y tampoco se influye en el fondo de la litis planteada. Es así, toda vez que el promovente expresó en su demanda que la resolución reclamada se le notificó personalmente el uno de abril actual, surtiendo sus efectos el cuatro de ese mismo mes, por lo que el término de tres días para pedir dicha regularización, transcurre del cinco al siete del mes y año en curso; de ahí que sí se encuentre en oportunidad de solicitar al juez responsable que regularice el procedimiento para el efecto de que se pronuncie respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia del juicio ordinario civil C258/2013, solicitada en su demanda, y de esa manera, se repare el acto reclamado. En este orden de ideas, al versar sobre un acto que no es de imposible reparación, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata.

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