Martín Ramírez Chavarría

Expediente 346/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
346/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público . .
  • Martín Ramírez Chavarría
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 149), sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto (foja 156). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de julio de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Martín Ramírez Chavarría, la protección constitucional, para los efectos de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita uno nuevo en el que deberá reiterar las siguientes consideraciones: a) La absolución del codemandado Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala. b) Que entre los demandados Secretaría de Gobierno y la ahora Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, y el actor Martín Ramírez Chavarría, existió relación de trabajo. c) Que el inicio del vínculo laboral fue el once de febrero de dos mil cinco y que la misma concluyó el nueve de febrero de dos mil once. d) Que el nombramiento otorgado al actor fue el de chofer de camión de mando superior, pero que durante el tiempo que duró la relación de trabajo se desempeñó como Coordinador de Zona, y que sus funciones eran ejecutar la operatividad de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos de prevención y/o auxilio, recuperación y apoyo, tendentes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; que tales acciones se llevaban a cabo ante los riesgos, emergencias o desastres, y que estaba a su cargo coordinar la operatividad de las mismas; y que tales actividades corresponden a las de un trabajador de confianza. e) Que el último salario quincenal percibido por el actor, asciende a $3,722.45, lo que representa $248.16 pesos diarios. 3. Con libertad de jurisdicción el Tribunal responsable, de manera fundada y motivada, deberá pronunciarse en cuanto a la acción de indemnización constitucional por despido injustificado, así como respecto al pago de salarios caídos y prima de antigüedad, teniendo en cuenta que el actor, al haber sido contratado durante la vigencia de la abrogada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, goza del derecho a la estabilidad en el empleo, independientemente de la naturaleza de sus funciones; analizando para ello la totalidad de las constancias existentes en autos, entre ellas la oferta de trabajo realizada por la enjuiciada. 4. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria deberá: a) Reiterar la condena al pago de siete días festivos, pero por la cantidad de $5,211.36 (cinco mil doscientos once pesos 36/100 moneda nacional). b) La condena al pago de cincuenta y dos días de descanso semanal u obligatorio, correspondiente al domingo, pero por la cantidad de $38,712.96 (treinta y ocho mil setecientos doce pesos 96/100 moneda nacional); y con libertad de jurisdicción pronunciarse en cuanto a los sábados reclamados también como días de descanso semanal, y de estimar procedente su pago, tendrá que tener en cuenta la excepción de prescripción opuesta por los enjuiciados, así como los tres sábados que ya fueron materia de condena como días festivos laborados, y la forma triple en que debe cuantificarse la condena, prevista en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo. c) Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se pronuncie en cuanto al reclamo de horas extras y salarios devengados, estos últimos por el período comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil once. En el entendido, que tratándose del reclamo de horas extras, deberá analizar con plenitud de jurisdicción la verosimilitud o no de la jornada laboral y, de ser el caso, tener en cuenta la excepción de prescripción opuesta por el demandado, que resultó procedente, y que los sábados y domingos fueron materia de reclamo como días de descanso semanal. d) Finalmente, deberá prescindir de nombrar al actor como Jesús Antonio Medina Rojas." (Fojas 111 vuelta a 113). En la misma ejecutoria se negó la protección constitucional a los quejosos adherentes Secretaría de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil, ambas del Estado de Tlaxcala. Cabe mencionar que el presente juicio de amparo está relacionado con el diverso 361/2017, promovido a su vez por la Secretaría de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, ambas de esta Entidad, en el cual, en sesión de la misma fecha, se les negó la protección constitucional solicitada. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado (fojas 123 y 124); y el veintiuno subsecuente dictó uno nuevo (fojas 129 a 147), en el que siguiendo los lineamientos del fallo protector: 1. Reiteró las siguientes consideraciones: a) La absolución del codemandado Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala [foja 135 vuelta]. b) Que entre los demandados Secretaría de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, y el actor Martín Ramírez Chavarría, existió relación de trabajo [133 vuelta]. c) Que el inicio del vínculo laboral fue el once de febrero de dos mil cinco y que el mismo concluyó el nueve de febrero de dos mil once [foja 133 vuelta]. d) Que el nombramiento otorgado al actor fue el de chofer de camión de mando superior; que durante el tiempo que duró la relación de trabajo se desempeñó como Coordinador de Zona, y que sus funciones eran ejecutar la operatividad de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos de prevención y/o auxilio, recuperación y apoyo, tendentes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; que tales acciones se llevaban a cabo ante los riesgos, emergencias o desastres, y que estaba a su cargo coordinar la operatividad de las mismas; y que tales actividades corresponden a las de un trabajador de confianza [fojas 133 vuelta, 135 y 137]. e) Que el último salario quincenal percibido por el actor, asciende a $3,722.45, lo que representa $248.16 pesos diarios [foja 133 vuelta]. Asimismo, reiteró la consideración en el sentido que el horario al que se encontraba sujeto el actor, comprendía los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día, que también se dejó firme en la ejecutoria de amparo (fojas 86 y 136). 2. Con libertad de jurisdicción el Tribunal responsable tuvo por demostrado que el actor fue despedido injustificadamente el diez de febrero de dos mil once, por lo que condenó a los demandados Secretaría de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, al pago de la indemnización constitucional por el importe de noventa días de salario (foja 141). También con plenitud de jurisdicción condenó a ambos enjuiciados al pago de salarios caídos o vencidos desde la fecha en que ocurrió el despido y hasta que sea cumplimentado el laudo, con apoyo en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y los absolvió del pago de prima de antigüedad (foja 141 vuelta), esta última prestación, por considerar que la misma no se encuentra prevista en la abrogada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Previamente, la responsable tuvo en cuenta que el actor, al haber sido contratado durante la vigencia de la abrogada ley burocrática local, goza del derecho a la estabilidad en el empleo, independientemente de la naturaleza de sus funciones [fojas 136 y 137], y con libertad de decisión, calificó de mala fe la oferta de trabajo realizada por ambos enjuiciados, al estimar que en la propuesta no existía precisión respecto al momento en que el actor disfrutaría de la media hora diaria para ingerir alimentos, lo que haría que ese lapso quedara a elección del patrón, quien dijo podría utilizarlo a su conveniencia y no a la del trabajador (foja 139). Antes de pronunciarse sobre la condena respecto de la acción principal, la responsable también, consideró que la carga de demostrar la inexistencia del despido le corresponde a ambas demandadas, pero que éstas no cumplieron con dicha obligación procesal; para ello, examinó las pruebas ofrecidas por la parte enjuiciada, consistentes en la confesional del actor, la que dijo no beneficia los intereses de los oferentes; así como la presuncional legal y humana (fojas 140 vuelta y 141). Al pronunciarse sobre la calificación de la oferta de trabajo, la responsable citó como fundamento diversas tesis aisladas, y preceptos de la abrogada Ley burocrática local. Con lo cual se advierten satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación exigidos en la sentencia protectora. 3. Siguiendo los lineamientos establecidos en la misma ejecutoria, reiteró: a) La condena al pago de siete días festivos, pero por la cantidad de $5,211.36 (cinco mil doscientos once pesos 36/100 moneda nacional) [foja 142]. b) La condena al pago de cincuenta y dos días de descanso semanal u obligatorio, correspondiente al domingo, pero por la cantidad de $38,712.96 (treinta y ocho mil setecientos doce pesos 96/100 moneda nacional) [foja 144]. c) Con libertad de jurisdicción condenó a los demandados al pago de días de descanso obligatorio, correspondiente al sábado de cada semana, durante el último año de labores, teniendo en cuenta la excepción de prescripción opuesta; sin embargo, la condena por tal prestación fue solamente por cuarenta y nueve sábados, al haberse restado los tres sábados que ya habían sido materia de condena como días festivos laborados, esto es, uno de mayo y veinticinco de diciembre de dos mil diez, así como uno de enero de dos mil once. Además, para cuantificar el monto a cubrir por este reclamo, se aprecia que la responsable tuvo en cuenta la forma triple prevista en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, y con libertad de jurisdicción fijó el quantum de dicha condena (foja 144). d) De igual forma, con libertad de jurisdicción, calificó como inverosímil la jornada laboral aducida por el trabajador, reclamada como tiempo extraordinario, comprendida de lunes a viernes las veinticuatro horas del día, al considerar que no resulta creíble que el trabajador hubiera desempeñado tal jornada, si no contaba con algún lapso para descansar y reponer energías; por lo que, absolvió a los demandados del pago de horas extras. Como fundamento de esta última absolución, invocó los artículos 12, 13 y 14 de la abrogada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y criterios, entre ellos, la jurisprudencia 7/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL". e) Igualmente, con plenitud de jurisdicción, el Tribunal responsable condenó a las demandadas con quienes se entabló la relación laboral, al pago de salarios devengados y no pagados, por el período comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil once, apoyada en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, luego de considerar que es carga de los enjuiciados demostrar que cubrieron el salario en ese período, pero que no cumplieron con dicha obligación procesal [foja 147 vuelta]. Con cual, se advierten también satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación, en el pronunciamiento relacionado con los reclamos de horas extras y salarios devengados. f) Finalmente, en el nuevo laudo la responsable dejó de nombrar al actor como "Jesús Antonio Medina Rojas". De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 149), sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto (foja 156). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de julio de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Martín Ramírez Chavarría, la protección constitucional, para los efectos de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita uno nuevo en el que deberá reiterar las siguientes consideraciones: a) La absolución del codemandado Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala. b) Que entre los demandados Secretaría de Gobierno y la ahora Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, y el actor Martín Ramírez Chavarría, existió relación de trabajo. c) Que el inicio del vínculo laboral fue el once de febrero de dos mil cinco y que la misma concluyó el nueve de febrero de dos mil once. d) Que el nombramiento otorgado al actor fue el de chofer de camión de mando superior, pero que durante el tiempo que duró la relación de trabajo se desempeñó como Coordinador de Zona, y que sus funciones eran ejecutar la operatividad de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos de prevención y/o auxilio, recuperación y apoyo, tendentes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; que tales acciones se llevaban a cabo ante los riesgos, emergencias o desastres, y que estaba a su cargo coordinar la operatividad de las mismas; y que tales actividades corresponden a las de un trabajador de confianza. e) Que el último salario quincenal percibido por el actor, asciende a $3,722.45, lo que representa $248.16 pesos diarios. 3. Con libertad de jurisdicción el Tribunal responsable, de manera fundada y motivada, deberá pronunciarse en cuanto a la acción de indemnización constitucional por despido injustificado, así como respecto al pago de salarios caídos y prima de antigüedad, teniendo en cuenta que el actor, al haber sido contratado durante la vigencia de la abrogada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, goza del derecho a la estabilidad en el empleo, independientemente de la naturaleza de sus funciones; analizando para ello la totalidad de las constancias existentes en autos, entre ellas la oferta de trabajo realizada por la enjuiciada. 4. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria deberá: a) Reiterar la condena al pago de siete días festivos, pero por la cantidad de $5,211.36 (cinco mil doscientos once pesos 36/100 moneda nacional). b) La condena al pago de cincuenta y dos días de descanso semanal u obligatorio, correspondiente al domingo, pero por la cantidad de $38,712.96 (treinta y ocho mil setecientos doce pesos 96/100 moneda nacional); y con libertad de jurisdicción pronunciarse en cuanto a los sábados reclamados también como días de descanso semanal, y de estimar procedente su pago, tendrá que tener en cuenta la excepción de prescripción opuesta por los enjuiciados, así como los tres sábados que ya fueron materia de condena como días festivos laborados, y la forma triple en que debe cuantificarse la condena, prevista en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo. c) Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se pronuncie en cuanto al reclamo de horas extras y salarios devengados, estos últimos por el período comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil once. En el entendido, que tratándose del reclamo de horas extras, deberá analizar con plenitud de jurisdicción la verosimilitud o no de la jornada laboral y, de ser el caso, tener en cuenta la excepción de prescripción opuesta por el demandado, que resultó procedente, y que los sábados y domingos fueron materia de reclamo como días de descanso semanal. d) Finalmente, deberá prescindir de nombrar al actor como Jesús Antonio Medina Rojas." (Fojas 111 vuelta a 113). En la misma ejecutoria se negó la protección constitucional a los quejosos adherentes Secretaría de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil, ambas del Estado de Tlaxcala. Cabe mencionar que el presente juicio de amparo está relacionado con el diverso 361/2017, promovido a su vez por la Secretaría de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, ambas de esta Entidad, en el cual, en sesión de la misma fecha, se les negó la protección constitucional solicitada. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado (fojas 123 y 124); y el veintiuno subsecuente dictó uno nuevo (fojas 129 a 147), en el que siguiendo los lineamientos del fallo protector: 1. Reiteró las siguientes consideraciones: a) La absolución del codemandado Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala [foja 135 vuelta]. b) Que entre los demandados Secretaría de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, y el actor Martín Ramírez Chavarría, existió relación de trabajo [133 vuelta]. c) Que el inicio del vínculo laboral fue el once de febrero de dos mil cinco y que el mismo concluyó el nueve de febrero de dos mil once [foja 133 vuelta]. d) Que el nombramiento otorgado al actor fue el de chofer de camión de mando superior; que durante el tiempo que duró la relación de trabajo se desempeñó como Coordinador de Zona, y que sus funciones eran ejecutar la operatividad de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos de prevención y/o auxilio, recuperación y apoyo, tendentes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; que tales acciones se llevaban a cabo ante los riesgos, emergencias o desastres, y que estaba a su cargo coordinar la operatividad de las mismas; y que tales actividades corresponden a las de un trabajador de confianza [fojas 133 vuelta, 135 y 137]. e) Que el último salario quincenal percibido por el actor, asciende a $3,722.45, lo que representa $248.16 pesos diarios [foja 133 vuelta]. Asimismo, reiteró la consideración en el sentido que el horario al que se encontraba sujeto el actor, comprendía los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día, que también se dejó firme en la ejecutoria de amparo (fojas 86 y 136). 2. Con libertad de jurisdicción el Tribunal responsable tuvo por demostrado que el actor fue despedido injustificadamente el diez de febrero de dos mil once, por lo que condenó a los demandados Secretaría de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, al pago de la indemnización constitucional por el importe de noventa días de salario (foja 141). También con plenitud de jurisdicción condenó a ambos enjuiciados al pago de salarios caídos o vencidos desde la fecha en que ocurrió el despido y hasta que sea cumplimentado el laudo, con apoyo en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y los absolvió del pago de prima de antigüedad (foja 141 vuelta), esta última prestación, por considerar que la misma no se encuentra prevista en la abrogada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Previamente, la responsable tuvo en cuenta que el actor, al haber sido contratado durante la vigencia de la abrogada ley burocrática local, goza del derecho a la estabilidad en el empleo, independientemente de la naturaleza de sus funciones [fojas 136 y 137], y con libertad de decisión, calificó de mala fe la oferta de trabajo realizada por ambos enjuiciados, al estimar que en la propuesta no existía precisión respecto al momento en que el actor disfrutaría de la media hora diaria para ingerir alimentos, lo que haría que ese lapso quedara a elección del patrón, quien dijo podría utilizarlo a su conveniencia y no a la del trabajador (foja 139). Antes de pronunciarse sobre la condena respecto de la acción principal, la responsable también, consideró que la carga de demostrar la inexistencia del despido le corresponde a ambas demandadas, pero que éstas no cumplieron con dicha obligación procesal; para ello, examinó las pruebas ofrecidas por la parte enjuiciada, consistentes en la confesional del actor, la que dijo no beneficia los intereses de los oferentes; así como la presuncional legal y humana (fojas 140 vuelta y 141). Al pronunciarse sobre la calificación de la oferta de trabajo, la responsable citó como fundamento diversas tesis aisladas, y preceptos de la abrogada Ley burocrática local. Con lo cual se advierten satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación exigidos en la sentencia protectora. 3. Siguiendo los lineamientos establecidos en la misma ejecutoria, reiteró: a) La condena al pago de siete días festivos, pero por la cantidad de $5,211.36 (cinco mil doscientos once pesos 36/100 moneda nacional) [foja 142]. b) La condena al pago de cincuenta y dos días de descanso semanal u obligatorio, correspondiente al domingo, pero por la cantidad de $38,712.96 (treinta y ocho mil setecientos doce pesos 96/100 moneda nacional) [foja 144]. c) Con libertad de jurisdicción condenó a los demandados al pago de días de descanso obligatorio, correspondiente al sábado de cada semana, durante el último año de labores, teniendo en cuenta la excepción de prescripción opuesta; sin embargo, la condena por tal prestación fue solamente por cuarenta y nueve sábados, al haberse restado los tres sábados que ya habían sido materia de condena como días festivos laborados, esto es, uno de mayo y veinticinco de diciembre de dos mil diez, así como uno de enero de dos mil once. Además, para cuantificar el monto a cubrir por este reclamo, se aprecia que la responsable tuvo en cuenta la forma triple prevista en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, y con libertad de jurisdicción fijó el quantum de dicha condena (foja 144). d) De igual forma, con libertad de jurisdicción, calificó como inverosímil la jornada laboral aducida por el trabajador, reclamada como tiempo extraordinario, comprendida de lunes a viernes las veinticuatro horas del día, al considerar que no resulta creíble que el trabajador hubiera desempeñado tal jornada, si no contaba con algún lapso para descansar y reponer energías; por lo que, absolvió a los demandados del pago de horas extras. Como fundamento de esta última absolución, invocó los artículos 12, 13 y 14 de la abrogada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y criterios, entre ellos, la jurisprudencia 7/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL". e) Igualmente, con plenitud de jurisdicción, el Tribunal responsable condenó a las demandadas con quienes se entabló la relación laboral, al pago de salarios devengados y no pagados, por el período comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil once, apoyada en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, luego de considerar que es carga de los enjuiciados demostrar que cubrieron el salario en ese período, pero que no cumplieron con dicha obligación procesal [foja 147 vuelta]. Con cual, se advierten también satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación, en el pronunciamiento relacionado con los reclamos de horas extras y salarios devengados. f) Finalmente, en el nuevo laudo la responsable dejó de nombrar al actor como "Jesús Antonio Medina Rojas". De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la ley de amparo. Apizaco, Tlaxcala, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 1409/2018, de veintitrés del mes y año en curso, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, remite copia certificada del laudo de veintiuno anterior; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con el diverso 1338/2018, y su respectivo anexo entregando copia autorizada del laudo correspondiente, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.

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