Martín Pérez Caporal
Expediente 136/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- Martín Pérez Caporal
- María Laura Rodríguez Espinoza
- Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
- Martín Pérez Caporal y Otros.
- María Laura Rodríguez Espinoza y Otros.
- Secretaria de la Defensa Nacional
- Jaime Margarito Garcia Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante oficios TSJ-SP-3P-21-76 y TSJ-SP-3P-21-72 la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo y, que con los mismos, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 121 y 122), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En principio, cabe destacar que, en sesión de nueve de julio de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Y dicte una nueva de manera fundada, motivada y congruente, en la que se ocupe de manera pormenorizada de los agravios enderezados en su contra; y al efecto, determine que sí se acreditó la identidad del predio objeto del delito de despojo; y hecho lo anterior, se pronuncie sobre los elementos del delito, pero analizando motivadamente el caudal probatorio, citando los fundamentos legales aplicables y explicando con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido en consideración para emitir su determinación. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo anterior, no se hará pronunciamiento sobre los criterios invocados por los quejosos, y demás conceptos de violación, ya que el efecto es precisamente que la responsable analice de manera exhaustiva, fundada y motivada, los puntos litigiosos, lo que incluye su análisis" (foja 94 vuelta y 95 frente). Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (fojas 97 y 98). Mediante oficio TSJ-SP-20-951, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, comunicó el acuerdo de la misma fecha, a través del cual dejó insubsistente la sentencia de once de enero de dos mil diecinueve (foja 101). Luego, con el oficio TSJ-SP-20-978, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 107 a 134), por tal motivo en auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 135 y 136). En auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo por las siguientes razones: "I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 108). II. Dictó una nueva en la que sostuvo que a pesar de que existiera discrepancia entre la denominación del predio, era un mero error mecanográfico en la cita del nombre del fundo, lo que quedaba demostrado con la prueba pericial en agrimensura y el contrato privado de compraventa, ya que las medidas del predio sí coincidían; por lo tanto, tuvo por acreditada la identidad del predio objeto del delito. III. Luego, señaló que de: 1) La querella de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xhochihua y Armando Pérez Guerra, de dos de agosto de dos mil doce, 2) La declaración del testigo de cargo Aurelio Tlecuitl Ocaña, de trece de septiembre de dos mil doce; y, 3) La declaración del testigo de cargo Benito Pérez Zanjuampa, de trece de septiembre de dos mil doce, no se acreditó el elemento de que el agente del delito, de propia autoridad y furtivamente ocupe un inmueble ajeno, con una conducta dolosa, encaminada a usurpar un derecho ajeno sobre un bien inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real. Ahora bien, la responsable no cumplió en sus términos la ejecutoria del amparo, pues si bien dejó insubsistente la sentencia reclamada; y emitió otra en la que determinó que sí se acreditó la identidad del predio objeto del delito de despojo, lo cierto es que no se ocupó de manera pormenorizada de los agravios expuestos por los apelantes, pues precisamente éstos se inconformaron sobre el análisis de los elementos del delito que realizó el juez de origen. Así, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, tiene que dar contestación a los agravios expuestos por los apelantes, lo anterior a la luz de las pruebas que obran en autos, para así cumplir con el principio de exhaustividad de las sentencias (efecto principal en el amparo directo). En el entendido, de que la responsable cuenta con libertad de jurisdicción para pronunciarse sobre la calificativa de los agravios expuestos, y resolver el asunto, atendido los elementos del tipo penal. Por consiguiente, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, y dicte otro en el que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de nueve de julio anterior, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra" (fojas 175 y 176). Por oficio TSJ-SP-P3-21-63, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, informó el acuerdo de la misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte (foja 185). Luego, con el oficio TSJ-SP-3P-21-72, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de diecisiete del mismo mes y año (fojas 188 a 220), por tal motivo se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 221 y 227). Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 183). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: Dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 183). 2. Dictó una nueva en la que de manera fundada y motivada analizó y valoró las pruebas siguientes: Querella de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, presentada ante el Agente del Ministerio Público investigador, el dos de agosto de dos mil doce, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 197 vuelta y 198). Fotocopia certificada por el agente del Ministerio Público, de la constancia firmada por Francisco Xochihua Salazar, Jorge Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua, Arturo Ixtlapale Flores y Martín Pérez Caporal, de la que consta que el primero de los mencionados recibió la cantidad de $300,000.00 pesos, por la entrega de un campo deportivo; a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja198). Diligencia de inspección ocular y fe de documentos, realizada por el Agente del Ministerio Público Investigador el dos de agosto de dos mil doce, respecto de cuatro recibos de impuesto predial, aviso de modificación al padrón municipal de predios por término en la vigencia de avalúo; avalúo catastral de la comunidad de Atlamaxac; constancia de posesión, suscrita por el Presidente de Comunicad de Atlamaxac; dos recibos por diversas cantidades, así como la escritura pública relativa al acta notarial solicitada por Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra; a la que le dio valor probatorio pleno probatorio de un indicio en base al artículo 216 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 198 vuelta y 199). Fotocopia certificada por el Agente del Ministerio Público de la constancia de posesión expedida por el ingeniero Mateo Sánchez Rojas, respecto de la posesión por parte de Martín Pérez Caporal, Armando Pérez Guerra y Adrián Flores Xochihua, respecto del predio urbano denominado "Tlaxcaltitla" (foja 199 vuelta). Fotocopias certificadas por el Agente del Ministerio Público de los recibos de pago por concepto de la compraventa del inmueble denominado "Tlaxcantitla", a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 200). Fotocopia certificada por el Agente del Ministerio Público Investigador del instrumento número tres mil ochocientos veinticuatro, de la escritura pública relativa al acta notarial solicitada por Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, de la entrega material por parte de Inocencio Xochihua Salazar, de una fracción de terreno denominado "Tlaxcaltitla" a la que le dio valor probatorio en términos del artículo 211 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 200). Declaración a cargo de Benito Pérez Zanjuampa, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el trece de septiembre de dos mil doce, a la que le dio valor probatorio en términos de los artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 200 vuelta y 201). Declaración a cargo de Aurelio Tlecuilt Ocaña, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el trece de septiembre de dos mil doce, a la que le dio valor probatorio en términos de los artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 201 y 202). Diligencia de inspección ocular y fe ministerial del lugar del inmueble denominado "Tlaxcaltitla", practicada por el Agente del Ministerio Público Investigador, el veintinueve de enero de dos mil trece, a la que le dio valor probatorio en términos del artículo 216 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 202). Dictamen pericial en materia de agrimensura, construcción, valuación de bienes inmuebles y daños, rendido por Fausto Ochoa Martínez, perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el que tuvo por acreditada la identidad del bien en litigio, al que le dio valor probatorio en términos del artículo 218 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 203). Con dichos medios de prueba determinó que, a pesar de que existiera discrepancia entre la denominación del predio, era un mero error mecanográfico en la cita del nombre del fundo, por lo que tuvo por acreditada la identidad del predio materia del despojo. Luego, procedió con el estudio de las siguientes pruebas: Declaración preparatoria de treinta de mayo de dos mil trece, a cargo del sentenciado Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, en la que negó haber cometido el ilícito que se le imputa, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 205). ii. Interrogatorio a Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, realizado por la defensa ante el a quo, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 205 vuelta y 206). iii. Interrogatorio realizado a Jorge o Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, Benito Pérez Zanjuampa y Aurelio Tlecuilt Ocaña, ante el a quo, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, determinando que incurrieron en contradicciones (fojas 206 y 207). iv. Declaraciones de testigos de descargo Sergio Anaya Minor y Joel Virgilio Juárez Flores, ante el juez de la causa, a la que le dio valor probatorio en términos de los artículos 219 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 207 vuelta). v. Interrogatorio realizado a Martín Pérez Caporal y Aurelio Tlecuilt Ocaña, a los que dio valor probatorio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 208). vi. Interrogatorio realizado a Sergio Anaya Minor, Joel Virgilio Juárez Flores, Inocencio Xochihua Salazar, Joel Xochihua Cuayahuit, Benito Pérez Zanjuampa y Aurelio Tlecuilt Ocaña, a los que dio alcance probatorio de un indicio en términos del artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 208 vuelta y 209). vii. Declaración a cargo de Nabor Ixtlapale Pérez o Arturo Ixtlapale Pérez, rendidas ante el juez de la causa, a las que les negó valor probatorio en términos del artículo 222 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 209 vuelta y 210). 3. Procedió al análisis de los agravios expresados en el recurso de revisión, así como al estudio de los elementos del delito de despojo consistentes en: a) que una persona ocupe un inmueble ajeno; b) que lo haga de propia autoridad; y, c) que dicha ocupación sea de manera furtiva y, de manera paralela dio contestación a los agravios que se le formularon. Por lo que hace al agravio consistente en que no se aplicó correctamente el artículo 308 del código penal del Estado dado que el a quo omitió valorar todas las pruebas e indicios con los que se acredita plenamente el delito de despojo, así como la responsabilidad penal del imputado Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, determinó que el primer elemento del delito consistente en que una persona ocupe un inmueble ajeno, se encuentra acreditado, pero no es suficiente para tener por acreditado el delito de despojo ya que la sola intromisión al inmueble no es suficiente para tipificar la conducta de despojo (fojas 210 y 211). Que el juez de primera instancia ignoró los hechos ocurridos en el mes de abril de dos mil doce, relativos a que el activo del delito introdujo un trascabo y volteó el pasto del predio en cuestión, así como cuando derribó una portería que se encontraba en dicho inmueble, hechos que constituyen actos de ocupación de inmueble, resolvió que con esto no se demuestra el delito de despojo, ya que a partir de los actos precisados el sentenciado no ocupó en definitiva el inmueble de mérito (fojas 212 vuelta a 214). Respecto del segundo y tercer elemento del tipo penal de despojo, precisados en los incisos c) y d), esto es, que la ocupación se haga de propia autoridad y de manera furtiva consideró que se encontraban plenamente demostrados con las constancias procesales ya descritas, determinó que con la querella de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochicale y Armando Pérez Guerra, así como de la declaración de los testigos de cargo Benito Pérez Zanjuampa y Aurelio Tlecuilt Ocaña, se advierte que los agraviados y vecinos de San Cosme Atlamaxac, Municipio de Tepeyanco, detentan la posesión, de manera pública, continua y pacífica y no se advierte que dicha posesión haya sido interrumpida por el sentenciado Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar (foja 216). En cuanto a los agravios del Ministerio Público y de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, en sentido de que si no procediera fallo condenatorio en contra de Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, que de todos modos se tendría que condenar a éste a la reparación del daño causado, la Sala responsable determinó improcedente dicha petición en razón de que la querella presentada por Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, fue presentada y ratificada ante el Ministerio Público Investigador, por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 308 fracción I del Código Penal del Estado de Tlaxcala (foja 217), que establece como reparación la restitución del inmueble despojado; por tanto, el pago solicitado es improcedente. Por todo lo anterior la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala determinó que, no se encontraba debidamente acreditado el delito de despojo, por lo que confirmó la sentencia absolutoria a favor de Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar (foja 218 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como se mencionó en líneas precedentes: Dejó insubsistente la sentencia reclamada. Dictó una nueva en la que se ocupó de manera pormenorizada de los agravios expresados; determinó que sí se acreditó la identidad del predio objeto del delito de despojo; se pronunció sobre los elementos de la acción, analizó motivadamente el caudal probatorio. Con libertad de jurisdicción determinó que no se encontraba debidamente acreditado el delito de despojo atribuido a Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, por lo que confirmó la sentencia absolutoria a favor de éste. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria, sin exceso o defecto. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante oficios TSJ-SP-3P-21-76 y TSJ-SP-3P-21-72 la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo y, que con los mismos, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 121 y 122), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En principio, cabe destacar que, en sesión de nueve de julio de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Y dicte una nueva de manera fundada, motivada y congruente, en la que se ocupe de manera pormenorizada de los agravios enderezados en su contra; y al efecto, determine que sí se acreditó la identidad del predio objeto del delito de despojo; y hecho lo anterior, se pronuncie sobre los elementos del delito, pero analizando motivadamente el caudal probatorio, citando los fundamentos legales aplicables y explicando con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido en consideración para emitir su determinación. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo anterior, no se hará pronunciamiento sobre los criterios invocados por los quejosos, y demás conceptos de violación, ya que el efecto es precisamente que la responsable analice de manera exhaustiva, fundada y motivada, los puntos litigiosos, lo que incluye su análisis" (foja 94 vuelta y 95 frente). Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (fojas 97 y 98). Mediante oficio TSJ-SP-20-951, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, comunicó el acuerdo de la misma fecha, a través del cual dejó insubsistente la sentencia de once de enero de dos mil diecinueve (foja 101). Luego, con el oficio TSJ-SP-20-978, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 107 a 134), por tal motivo en auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 135 y 136). En auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo por las siguientes razones: "I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 108). II. Dictó una nueva en la que sostuvo que a pesar de que existiera discrepancia entre la denominación del predio, era un mero error mecanográfico en la cita del nombre del fundo, lo que quedaba demostrado con la prueba pericial en agrimensura y el contrato privado de compraventa, ya que las medidas del predio sí coincidían; por lo tanto, tuvo por acreditada la identidad del predio objeto del delito. III. Luego, señaló que de: 1) La querella de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xhochihua y Armando Pérez Guerra, de dos de agosto de dos mil doce, 2) La declaración del testigo de cargo Aurelio Tlecuitl Ocaña, de trece de septiembre de dos mil doce; y, 3) La declaración del testigo de cargo Benito Pérez Zanjuampa, de trece de septiembre de dos mil doce, no se acreditó el elemento de que el agente del delito, de propia autoridad y furtivamente ocupe un inmueble ajeno, con una conducta dolosa, encaminada a usurpar un derecho ajeno sobre un bien inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real. Ahora bien, la responsable no cumplió en sus términos la ejecutoria del amparo, pues si bien dejó insubsistente la sentencia reclamada; y emitió otra en la que determinó que sí se acreditó la identidad del predio objeto del delito de despojo, lo cierto es que no se ocupó de manera pormenorizada de los agravios expuestos por los apelantes, pues precisamente éstos se inconformaron sobre el análisis de los elementos del delito que realizó el juez de origen. Así, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, tiene que dar contestación a los agravios expuestos por los apelantes, lo anterior a la luz de las pruebas que obran en autos, para así cumplir con el principio de exhaustividad de las sentencias (efecto principal en el amparo directo). En el entendido, de que la responsable cuenta con libertad de jurisdicción para pronunciarse sobre la calificativa de los agravios expuestos, y resolver el asunto, atendido los elementos del tipo penal. Por consiguiente, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, y dicte otro en el que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de nueve de julio anterior, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra" (fojas 175 y 176). Por oficio TSJ-SP-P3-21-63, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, informó el acuerdo de la misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte (foja 185). Luego, con el oficio TSJ-SP-3P-21-72, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de diecisiete del mismo mes y año (fojas 188 a 220), por tal motivo se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 221 y 227). Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 183). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: Dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 183). 2. Dictó una nueva en la que de manera fundada y motivada analizó y valoró las pruebas siguientes: Querella de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, presentada ante el Agente del Ministerio Público investigador, el dos de agosto de dos mil doce, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 197 vuelta y 198). Fotocopia certificada por el agente del Ministerio Público, de la constancia firmada por Francisco Xochihua Salazar, Jorge Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua, Arturo Ixtlapale Flores y Martín Pérez Caporal, de la que consta que el primero de los mencionados recibió la cantidad de $300,000.00 pesos, por la entrega de un campo deportivo; a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja198). Diligencia de inspección ocular y fe de documentos, realizada por el Agente del Ministerio Público Investigador el dos de agosto de dos mil doce, respecto de cuatro recibos de impuesto predial, aviso de modificación al padrón municipal de predios por término en la vigencia de avalúo; avalúo catastral de la comunidad de Atlamaxac; constancia de posesión, suscrita por el Presidente de Comunicad de Atlamaxac; dos recibos por diversas cantidades, así como la escritura pública relativa al acta notarial solicitada por Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra; a la que le dio valor probatorio pleno probatorio de un indicio en base al artículo 216 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 198 vuelta y 199). Fotocopia certificada por el Agente del Ministerio Público de la constancia de posesión expedida por el ingeniero Mateo Sánchez Rojas, respecto de la posesión por parte de Martín Pérez Caporal, Armando Pérez Guerra y Adrián Flores Xochihua, respecto del predio urbano denominado "Tlaxcaltitla" (foja 199 vuelta). Fotocopias certificadas por el Agente del Ministerio Público de los recibos de pago por concepto de la compraventa del inmueble denominado "Tlaxcantitla", a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 200). Fotocopia certificada por el Agente del Ministerio Público Investigador del instrumento número tres mil ochocientos veinticuatro, de la escritura pública relativa al acta notarial solicitada por Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, de la entrega material por parte de Inocencio Xochihua Salazar, de una fracción de terreno denominado "Tlaxcaltitla" a la que le dio valor probatorio en términos del artículo 211 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 200). Declaración a cargo de Benito Pérez Zanjuampa, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el trece de septiembre de dos mil doce, a la que le dio valor probatorio en términos de los artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 200 vuelta y 201). Declaración a cargo de Aurelio Tlecuilt Ocaña, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el trece de septiembre de dos mil doce, a la que le dio valor probatorio en términos de los artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 201 y 202). Diligencia de inspección ocular y fe ministerial del lugar del inmueble denominado "Tlaxcaltitla", practicada por el Agente del Ministerio Público Investigador, el veintinueve de enero de dos mil trece, a la que le dio valor probatorio en términos del artículo 216 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 202). Dictamen pericial en materia de agrimensura, construcción, valuación de bienes inmuebles y daños, rendido por Fausto Ochoa Martínez, perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el que tuvo por acreditada la identidad del bien en litigio, al que le dio valor probatorio en términos del artículo 218 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 203). Con dichos medios de prueba determinó que, a pesar de que existiera discrepancia entre la denominación del predio, era un mero error mecanográfico en la cita del nombre del fundo, por lo que tuvo por acreditada la identidad del predio materia del despojo. Luego, procedió con el estudio de las siguientes pruebas: Declaración preparatoria de treinta de mayo de dos mil trece, a cargo del sentenciado Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, en la que negó haber cometido el ilícito que se le imputa, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 205). ii. Interrogatorio a Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, realizado por la defensa ante el a quo, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 205 vuelta y 206). iii. Interrogatorio realizado a Jorge o Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, Benito Pérez Zanjuampa y Aurelio Tlecuilt Ocaña, ante el a quo, a la que le dio el alcance probatorio de un indicio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, determinando que incurrieron en contradicciones (fojas 206 y 207). iv. Declaraciones de testigos de descargo Sergio Anaya Minor y Joel Virgilio Juárez Flores, ante el juez de la causa, a la que le dio valor probatorio en términos de los artículos 219 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 207 vuelta). v. Interrogatorio realizado a Martín Pérez Caporal y Aurelio Tlecuilt Ocaña, a los que dio valor probatorio en base al artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 208). vi. Interrogatorio realizado a Sergio Anaya Minor, Joel Virgilio Juárez Flores, Inocencio Xochihua Salazar, Joel Xochihua Cuayahuit, Benito Pérez Zanjuampa y Aurelio Tlecuilt Ocaña, a los que dio alcance probatorio de un indicio en términos del artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (fojas 208 vuelta y 209). vii. Declaración a cargo de Nabor Ixtlapale Pérez o Arturo Ixtlapale Pérez, rendidas ante el juez de la causa, a las que les negó valor probatorio en términos del artículo 222 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala (foja 209 vuelta y 210). 3. Procedió al análisis de los agravios expresados en el recurso de revisión, así como al estudio de los elementos del delito de despojo consistentes en: a) que una persona ocupe un inmueble ajeno; b) que lo haga de propia autoridad; y, c) que dicha ocupación sea de manera furtiva y, de manera paralela dio contestación a los agravios que se le formularon. Por lo que hace al agravio consistente en que no se aplicó correctamente el artículo 308 del código penal del Estado dado que el a quo omitió valorar todas las pruebas e indicios con los que se acredita plenamente el delito de despojo, así como la responsabilidad penal del imputado Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, determinó que el primer elemento del delito consistente en que una persona ocupe un inmueble ajeno, se encuentra acreditado, pero no es suficiente para tener por acreditado el delito de despojo ya que la sola intromisión al inmueble no es suficiente para tipificar la conducta de despojo (fojas 210 y 211). Que el juez de primera instancia ignoró los hechos ocurridos en el mes de abril de dos mil doce, relativos a que el activo del delito introdujo un trascabo y volteó el pasto del predio en cuestión, así como cuando derribó una portería que se encontraba en dicho inmueble, hechos que constituyen actos de ocupación de inmueble, resolvió que con esto no se demuestra el delito de despojo, ya que a partir de los actos precisados el sentenciado no ocupó en definitiva el inmueble de mérito (fojas 212 vuelta a 214). Respecto del segundo y tercer elemento del tipo penal de despojo, precisados en los incisos c) y d), esto es, que la ocupación se haga de propia autoridad y de manera furtiva consideró que se encontraban plenamente demostrados con las constancias procesales ya descritas, determinó que con la querella de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochicale y Armando Pérez Guerra, así como de la declaración de los testigos de cargo Benito Pérez Zanjuampa y Aurelio Tlecuilt Ocaña, se advierte que los agraviados y vecinos de San Cosme Atlamaxac, Municipio de Tepeyanco, detentan la posesión, de manera pública, continua y pacífica y no se advierte que dicha posesión haya sido interrumpida por el sentenciado Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar (foja 216).En cuanto a los agravios del Ministerio Público y de Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, en sentido de que si no procediera fallo condenatorio en contra de Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, que de todos modos se tendría que condenar a éste a la reparación del daño causado, la Sala responsable determinó improcedente dicha petición en razón de que la querella presentada por Martín Pérez Caporal, Adrián Flores Xochihua y Armando Pérez Guerra, fue presentada y ratificada ante el Ministerio Público Investigador, por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 308 fracción I del Código Penal del Estado de Tlaxcala (foja 217), que establece como reparación la restitución del inmueble despojado; por tanto, el pago solicitado es improcedente. Por todo lo anterior la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala determinó que, no se encontraba debidamente acreditado el delito de despojo, por lo que confirmó la sentencia absolutoria a favor de Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar (foja 218 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como se mencionó en líneas precedentes: Dejó insubsistente la sentencia reclamada. Dictó una nueva en la que se ocupó de manera pormenorizada de los agravios expresados; determinó que sí se acreditó la identidad del predio objeto del delito de despojo; se pronunció sobre los elementos de la acción, analizó motivadamente el caudal probatorio. Con libertad de jurisdicción determinó que no se encontraba debidamente acreditado el delito de despojo atribuido a Inocencio Xochihua Salazar o Francisco Xochihua Salazar, por lo que confirmó la sentencia absolutoria a favor de éste. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria, sin exceso o defecto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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