Martín Pérez López
Expediente 365/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 46 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 13/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Pérez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Zulay Noriko Pérez Espinoza, promovente del amparo en que se actúa en favor del quejoso directo Martín Pérez López; atento a su contenido, téngasele autorizando en el presente juicio a las personas que indica, quienes únicamente se encontrarán autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no acreditaron estar legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho, pues de una consulta que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontraron sus cédulas profesionales, ni se anexó documento con lo que acrediten tal circunstancia. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: ZULAY NORIKO PÉREZ ESPINOZA EB FAVOR DE MARTÍN PÉREZ LÓPEZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Ahora, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sean debidamente notificadas del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que ajuntó a su demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de la garantía, toda vez que no se exhibió, al no aperturarse el incidente respectivo. Por otra parte, dado que de autos se advierte que no obra constancia de notificación a las autoridades responsables del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplido el fallo protector; por tanto, remítaseles copia simple del mismo, a fin de que queden debidamente enteradas de sus contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Ahora, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sean debidamente notificadas del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que ajuntó a su demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de la garantía, toda vez que no se exhibió, al no aperturarse el incidente respectivo. Por otra parte, dado que de autos se advierte que no obra constancia de notificación a las autoridades responsables del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplido el fallo protector; por tanto, remítaseles copia simple del mismo, a fin de que queden debidamente enteradas de sus contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ZULAY NORIKO PÉREZ ESPINOZA EN FAVOR DE MARTÍN PÉREZ LÓPEZ. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Centro Estatal de Atención Oncológica dependiente de la Secretaría de Salud, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 195 a 213), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Martín Pérez López. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 302 y 303), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Centro Estatal de Atención Oncológica dependiente de la Secretaría de Salud, mediante oficios presentados el treinta de noviembre, diez y once de diciembre informó las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Bajo ese contexto, por auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 319), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Centro Estatal de Atención Oncológica dependiente de la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus competencias, continuaran prestando atención médica de forma diligente al quejoso de forma ininterrumpida el servicio de asistencia médica que requiera -salvo prescripción médica en contrario- en el más alto nivel, sin costo alguno, así como el suministro de medicamentos necesarios que indicara el galeno tratante en los plazos que éste estableciera [sin que se le impusiera como condición proporcionar material alguno], ya que el único requisito constitucional valido que corre a cargo del usuario para la prestación de dicho servicio público, lo es, la cuota familiar, de cuyo pago se encuentra exento el quejoso, lo anterior a efecto de que permita un adecuado tratamiento y sea puntualmente cumplido por todo el tiempo que dure y en caso de sea esencial, la atención quirúrgica, hospitalaria o cualquier otro tipo de estudio que resulte indispensable durante el tiempo que resultara necesario para garantizar a éste una vida digna, buscando así que su padecimiento sea más llevadero y con la menor sintomatología posible. Por tratarse de una prestación periódica y permanente, para efectos de cumplir con la ejecutoria de amparo, bastaba con que la autoridad responsable hiciera el pronunciamiento en el sentido de que acatará el fallo, con independencia de que en lo sucesivo debe proporcionar el tratamiento al quejoso en los términos expuestos (foja 213). Al respecto, el Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Centro Estatal de Atención Oncológica dependiente de la Secretaría de Salud realizaron lo siguiente: I. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho remitió nota médica firmada por el médico tratante en el cual requirió actualización de estudios de laboratorio y de imagenología para plantear adyuvancia (foja 305 y 306). II. Asimismo, el Director General del Hospital Dr. Miguel Silva informó que el quejoso no es paciente de ese hospital, pero que ha acudido a realizarse diversos estudios que le han sido solicitados por personal médico del Centro Estatal de Atención Oncológica teniendo su próxima cita el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (foja 307). III. Mediante oficio sin número presentado el diez de diciembre ante este Juzgado, el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud y representante del Director General del Hospital "Dr. Miguel Silva" informó que los estudios de laboratorio requeridos por el médico tratante se realizaron el cinco de diciembre del presente año, para lo cual se requirieron diversos insumos que fueron proporcionados de manera gratuita, asimismo que el siete de diciembre pasado, el quejoso tenía cita médica para indicarle que tratamiento debía seguir (foja 313). IV. En el mismo oficio, la autoridad responsable a través de su representante informó que el quejoso ha recibido el tratamiento médico necesario para atender su padecimiento clínico por parte de la Secretaría de Salud y/o Servicios de Salud de Michoacán, asimismo, que esa Secretaría garantizaba la vida e integridad de quejoso, así como su atención médica a fin de asegurar el nivel esencial de acceso a la salud para que no sufra ningún deterioro y otorgar su derecho humano a la salud (fojas 313 y 314). V. El once de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió la nota médica de siete de diciembre en la cual se le prescribió como plan médico quimioterapia y pre medicación habitual (foja 317 y 318). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que ha continuado prestándole atención médica de forma diligente e ininterrumpida al quejoso el servicio de asistencia médica que requiere, en el más alto nivel, sin costo alguno, así como el suministro de medicamentos necesarios que indicó el galeno tratante en los plazos que éste estableció. Máxime que, la autoridad responsable informó que esa Secretaría garantizaba la vida e integridad de quejoso, así como su atención médica a fin de asegurar el nivel esencial de acceso a la salud para que no sufra ningún deterioro y otorgar su derecho humano a la salud Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Centro Estatal de Atención Oncológica dependiente de la Secretaría de Salud, cumplió con el fallo protector, pues acató los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues ha continuado prestándole atención médica de forma diligente e ininterrumpida al quejoso el servicio de asistencia médica que requiere, en el más alto nivel, sin costo alguno, así como el suministro de medicamentos necesarios que indicó el galeno tratante en los plazos que éste estableció; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que al derivar obligaciones de tracto sucesivo con motivo de la concesión de amparo -dada la naturaleza de la atención médica, en los términos apuntados en la ejecutoria de amparo-, las autoridades responsables continúan con la encomienda de garantizar la atención médica integral y gratuita, así como con el suministro de medicamentos necesarios que permitan un adecuado tratamiento al quejoso para garantizar a éste una vida digna. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Quedan 42 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Martín Miguel Hernández Cárdenas513/2020
- Martín Molinero Marín182/2022
- Martín Montes de Oca Bernal1305/2019
- Martín Ortíz Calderón936/2021
- Martín Padilla Ávila62/2020
- Martín Patiño Soto318/2021
- Martín Piza Cruz27/2021
- Martín Ramos Medina559/2019
- Martín Ramos Medina560/2019
- Martín Rangel Corona369/2021
- Martín Roberto Arriaga García247/2019
- Martín Rodríguez Méndez521/2020