Martín Padilla Ávila

Expediente 62/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
62/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Martín Padilla Ávila
  • Titular de la Secretaria de Bienestar en Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Estado de autosVisto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diez de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; entonces, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO la resolución aludida para todos los efectos legales a que haya lugar. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseeyó en el juicio de amparo. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de billete de depósito, dado que no se aperturó el incidente de suspensión respectivo. Anotaciones De lo anteriormente determinado, háganse las anotaciones de las anteriores determinaciones en los libros de gobierno respectivos, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Estado de autosVisto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diez de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; entonces, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO la resolución aludida para todos los efectos legales a que haya lugar. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseeyó en el juicio de amparo. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de billete de depósito, dado que no se aperturó el incidente de suspensión respectivo. Anotaciones De lo anteriormente determinado, háganse las anotaciones de las anteriores determinaciones en los libros de gobierno respectivos, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-62/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Martín Padilla Ávila solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Titular de la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, con residencia en esta ciudad, por el acto consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Acto que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por la garantía contenida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el que por auto de veintidós de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite por lo que ve a la omisión reclamada al Titular de la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, con residencia en esta ciudad; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48, 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero del propio año, toda vez que el acto reclamado es de carácter negativo, es decir, carece de ejecución, por lo cual encuadra en la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar la omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al momento de rendir el informe justificado, la autoridad responsable realizó diversas manifestaciones, sin embargo, del mismo se advierte la existencia del acto reclamado, pues a la presentación de la demanda de amparo no se había dado respuesta a la petición que elevó la parte quejosa; circunstancia que se corrobora con la documental consistente en el oficio 136/700/720/726/087/2020 de once de septiembre de dos mil veinte (el cual se adjuntó al comunicado presentado el dieciséis de octubre pasado), misma que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. En esa virtud, para el día en que se presentó la demanda, la omisión atribuida a la autoridad responsable existía. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 153, tomo VI, materia común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que se lee: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 588, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, materia común, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al igual que la jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Dicho lo anterior, respecto al acto reclamado que se hace consistir en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el presente juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es así porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que se reclama o realiza el que debía, como cuando en el caso se demanda una omisión, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho humano violado; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. En el caso concreto, la autoridad responsable mediante oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de octubre de la presente anualidad, remitió la constancia consistente en el oficio 136/700/720/726/087/2020 de once de septiembre de dos mil veinte; documental que evidencia que la autoridad responsable dio respuesta a la petición de la quejosa que realizó el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y, dio trámite a su solicitud, ya que ingresó tal petición al programa de obtención de una pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente. Tal hecho se hizo del conocimiento a la parte quejosa, como se desprende de la contestación de la responsable, se notificó al autorizado de esa parte el dos de octubre de dos mil veinte, como se constata de la documental en comento la cual se inserta a continuación: Por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de haber cesado dicha pasividad, pues como se indicó, la responsable dio trámite a la petición del quejoso; de ahí que, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la ley en la materia, y de acuerdo a lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, procede sobreseer en el juicio respecto de tal acto. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes, regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Padilla Ávila, contra el acto que reclamó del Titular de la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Cumple requerimientoVisto el comunicado que remite el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento de cinco de los actuales pues remite la contestación (oficio 136/700/720/726/087/2020) a la petición que realizó la parte quejosa, cuya omisión se reclama en este asunto. Prueba documentalEn ese contexto, y en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su comunicado, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza; asimismo, dése vista a las partes con dichas pruebas a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Atento a lo anterior, córrase traslado al peticionario de amparo con el comunicado de cuenta y sus anexos, a fin de que tenga pleno conocimiento del trámite dado a su solicitud y, con ello, proceda conforme a sus derechos e intereses considere. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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