Martín Parra Cervantes

Expediente 490/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
490/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Martín Parra Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de veintinueve de junio del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que en alcance a su informe justificado remitió la Agente del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene puntualizar que del análisis integral efectuado a la demanda de amparo, en concordancia con las demás constancias que integran el juicio, se desprende que el acto que tilda de inconstitucional el impetrante el cual consiste en: El citatorio de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 39-UTC01 de Tarimoro, Guanajuato, el cual se dirigió al quejoso a fin de que se presentara ante su potestad el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste el citatorio de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 39-UTC01 de Tarimoro, Guanajuato, el mismo no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, habida cuenta que como se vio, en el referido citatorio se fijaron las diecisiete horas con treinta minutos del veinticuatro de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la diligencia de carácter ministerial señalada para recabar la entrevista del aquí quejoso, cuando la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el ocho de mayo de esta anualidad, según se advierte del matasellos que obra en la misma, por lo cual es inconcuso que se hizo con posterioridad a la data señalada para el desahogo de la diligencia contenida en el referido citatorio, lo que imposibilita el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, al haber transcurrido la fecha de la cita. Entonces, si en el citatorio que se reclama se señalaron las diecisiete horas con treinta minutos del veinticuatro de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la entrevista por parte del peticionario de amparo y el líbelo constitucional se presentó hasta el ocho de mayo hogaño; es incuestionable, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra del agraviado efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia, esto es, porque al momento de presentar la demanda de amparo, ya había pasado la fecha que se señaló en el citatorio para el desahogo de la diligencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, específicamente las constancias que en alcance a su informe justificado remitió la Agente del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene puntualizar que del análisis integral efectuado a la demanda de amparo, en concordancia con las demás constancias que integran el juicio, se desprende que el acto que tilda de inconstitucional el impetrante el cual consiste en: El citatorio de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 39-UTC01 de Tarimoro, Guanajuato, el cual se dirigió al quejoso a fin de que se presentara ante su potestad el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste el citatorio de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 39-UTC01 de Tarimoro, Guanajuato, el mismo no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, habida cuenta que como se vio, en el referido citatorio se fijaron las diecisiete horas con treinta minutos del veinticuatro de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la diligencia de carácter ministerial señalada para recabar la entrevista del aquí quejoso, cuando la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el ocho de mayo de esta anualidad, según se advierte del matasellos que obra en la misma, por lo cual es inconcuso que se hizo con posterioridad a la data señalada para el desahogo de la diligencia contenida en el referido citatorio, lo que imposibilita el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, al haber transcurrido la fecha de la cita. Entonces, si en el citatorio que se reclama se señalaron las diecisiete horas con treinta minutos del veinticuatro de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la entrevista por parte del peticionario de amparo y el líbelo constitucional se presentó hasta el ocho de mayo hogaño; es incuestionable, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra del agraviado efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia, esto es, porque al momento de presentar la demanda de amparo, ya había pasado la fecha que se señaló en el citatorio para el desahogo de la diligencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, las que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto a su petición en el sentido de que se le proporcione copia de la sentencia, dígasele que una vez que se emita la misma deberá reiterar su solicitud.

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