Martín Núñez Zamora y Otros.

Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1130/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Martín Núñez Zamora y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual trascribe el proveído de catorce de marzo de la presente anualidad, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada y el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió la demanda original glosada al expediente 1130/2017 del índice de este juzgado, siete copias de la misma así como los autos del citado juicio; en ese sentido, estese en espera de que dicho órgano jurisdiccional informe si acepta o no la competencia planteada.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y en su carácter de representante común de **********, ********** y **********, calidad que acredita en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, con copia certificada del auto de nueve de junio de la presente anualidad, dictado dentro del juicio C-59/2014 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1130/2017-IV. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal, y las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En relación al tema que nos ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó a la conclusión de que las tercerías excluyentes de dominio tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del toca de apelación 669/2017 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, en la que revocó la diversa de cinco de octubre de la misma anualidad, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, dentro del juicio C59/2014 de su índice, y asumiendo jurisdicción resolvió la tercería excluyente de dominio planteada. En ese sentido, si el acto reclamado consiste en una resolución que puso fin al juicio, es inconcuso que es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y por tanto, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Adrian García Jiménez y José Luis García Fonseca al contar con cédula profesional 8188613 y 739600 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribun ales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y únicamente en términos de la última parte del párrafo segundo del precepto legal en cita, a la diversa persona que menciona, por no encontrase en ese supuesto. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, téngase a la promovente autorizando a Omar Adrián García Jiménez el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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