Martín Navarrete Rodríguez

Expediente 1210/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1210/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Martín Navarrete Rodríguez
  • Amparo Gutiérrez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de siete de junio de dos mil veintitrés en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número J3-2576/2023-PRESIDENCIA, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ordinario laboral de indemnización constitucional número 3A-I357/2012. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora bien del artículos 61, fracción XXI y artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la persona peticionaria del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa tesitura, visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo promovida por Saúl Alanis Luna, apoderado jurídico de Martín Navarrete Rodríguez, Pantaleón Rodríguez Pérez y Amparo Gutiérrez Gutiérrez, Presidente, Secretario y Tesorera de la persona moral "Tlaximaloyan Colonias Rurales Asociación Civil", se ADVIERTE que reclama la omisión de emitir el acuerdo correspondiente de la promoción presentada el siete de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual solicitan la devolución del billete de depósito presentado dentro del expediente laboral número 3A-I357/2012. De las constancias que obran en el expediente, se advierte mediante el oficio número J3-2526/2023- PRESIDENCIA, la autoridad responsable anexo copia certificada auto de veinticinco de mayo del año en curso, de donde dio contestación al escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable resolvió: En tal virtud, al haber emitido el acuerdo relativo al escrito materia del acto reclamado, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto, se estima que cesaron los efectos de tal omisión, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número J3-2576/2023-PRESIDENCIA, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ordinario laboral de indemnización constitucional número 3A-I357/2012. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora bien del artículos 61, fracción XXI y artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la persona peticionaria del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa tesitura, visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo promovida por Saúl Alanis Luna, apoderado jurídico de Martín Navarrete Rodríguez, Pantaleón Rodríguez Pérez y Amparo Gutiérrez Gutiérrez, Presidente, Secretario y Tesorera de la persona moral "Tlaximaloyan Colonias Rurales Asociación Civil", se ADVIERTE que reclama la omisión de emitir el acuerdo correspondiente de la promoción presentada el siete de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual solicitan la devolución del billete de depósito presentado dentro del expediente laboral número 3A-I357/2012. De las constancias que obran en el expediente, se advierte mediante el oficio número J3-2526/2023- PRESIDENCIA, la autoridad responsable anexo copia certificada auto de veinticinco de mayo del año en curso, de donde dio contestación al escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable resolvió: En tal virtud, al haber emitido el acuerdo relativo al escrito materia del acto reclamado, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto, se estima que cesaron los efectos de tal omisión, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte tercero interesado, el acuerdo siete de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número J3-2576/2023-PRESIDENCIA, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ordinario laboral de indemnización constitucional número 3A-I357/2012. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora bien del artículos 61, fracción XXI y artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la persona peticionaria del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa tesitura, visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo promovida por Saúl Alanis Luna, apoderado jurídico de Martín Navarrete Rodríguez, Pantaleón Rodríguez Pérez y Amparo Gutiérrez Gutiérrez, Presidente, Secretario y Tesorera de la persona moral "Tlaximaloyan Colonias Rurales Asociación Civil", se ADVIERTE que reclama la omisión de emitir el acuerdo correspondiente de la promoción presentada el siete de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual solicitan la devolución del billete de depósito presentado dentro del expediente laboral número 3A-I357/2012. De las constancias que obran en el expediente, se advierte mediante el oficio número J3-2526/2023- PRESIDENCIA, la autoridad responsable anexo copia certificada auto de veinticinco de mayo del año en curso, de donde dio contestación al escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable resolvió: En tal virtud, al haber emitido el acuerdo relativo al escrito materia del acto reclamado, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto, se estima que cesaron los efectos de tal omisión, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano