Martín Madrigal Herrera
Expediente 554/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Madrigal Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito presentado vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal por Miguel Ángel Carrillo Martínez, atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón a que mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se le tuvo únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones, no así para hacer uso de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que solamente se le facultó para ese efecto. Tiene aplicación al anterior criterio, por identidad jurídica, la jurisprudencia número V.2º. J/92, visible en la página 65, Tomo 78, Junio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACION DEL. EN LAS MATERIAS CIVIL. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE ACREDITARSE SU CARACTER DE PROFESIONISTA Y PROPORCIONARSE LOS DATOS CORRESPONDIENTES EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGUE TAL AUTORIZACION. En el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se establecen dos hipótesis que prevén las facultades de quienes fungen en el juicio de garantías como autorizados. En el primer supuesto, como regla general el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, la que quedará facultada para oír notificaciones en nombre del autorizante, para interponer los recursos que procedan conforme a derecho, ofrecer y rendir medios probatorios, formular alegatos, solicitar la suspensión diferimiento de las audiencias, impulsar el procedimiento a efecto de impedir la consumación del término de la caducidad de la instancia o el sobreseimiento por inactividad procesal y realizar todo acto tendiente a la defensa de los intereses de quien le otorga autorización; encontrándose impedidos únicamente a sustituir o delegar sus facultades a un tercero; en el segundo supuesto, como regla de excepción que rige en las materias civil, mercantil o administrativa, el propuesto con tal fin deberá acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, ello como condición legal para que pueda gozar de las facultades enumeradas en la primera parte del precepto en comento, a menos de que el quejoso o el tercero perjudicado sólo hagan la designación de una persona con capacidad legal y para el único efecto de que escuche notificaciones y se imponga de los autos, sin gozar por ende de las facultades amplias que se mencionan al inicio del párrafo de mérito. En suma, a efecto de que la autorización que se otorgue por parte del quejoso o del tercero perjudicado en un juicio del orden civil, mercantil o administrativo, adquiera validez legal, es indispensable que el autorizado se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y que esa circunstancia se acredite. Por lo tanto, si quien interpone un recurso como autorizado del quejoso o del tercero perjudicado no acreditó durante el juicio de garantías estar facultado para ejercer la profesión de abogado, ni se proporcionan los datos correspondientes, debe estimarse que no se cumplen con los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo y, por ende, carece de legitimación para interponer dicho recurso." Así como la tesis número V.2º.64 C, visible en la página 833, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense los cuadernos incidentales respectivos. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio 1015/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001832/2018, de las que se advierte que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se decretó libertad al aquí quejoso Martín Madrigal Herrera, en términos del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;."" Ahora, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable nulifique o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal Miguel Ángel Carrillo Martínez, promovió demanda de garantías a favor de MARTÍN MADRIGAL HERRERA y otra, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.60.96, a nombre del citado promovente, contra actos de la Policía Municipal de Tarímbaro, Michoacán y otra autoridad, consistentes en: "La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del hoy quejoso (sic), ejercitada por la Autoridad Responsable, logrando la privación de mi libertad (sic)". La cual se admitió a trámite el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, únicamente respecto del quejoso MARTÍN MADRIGAL HERRERA. Así también de las constancias que adjuntó la autoridad responsable de cuenta, relativas a la Carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001832/2018, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro de los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al presente juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso Martín Madrigal Herrera, señaló como acto reclamado la ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en su contra, también lo es que el veintisiete de junio del año en curso, en términos del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue puesto en libertad, de conformidad con el acuerdo emitido en esa misma fecha por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de Carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001832/2018. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio DSPMT/323/SJ/2018, signado por el Comisario Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias certificadas de las constancias que alude en su ocurso de cuenta, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9° y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad designando como delegados a las personas que indica, no así autorizándolos para recibir notificaciones, ya que las autoridades responsables no se encuentran en el supuesto del artículo 12 del ordenamiento jurídico en consulta, pues el dispositivo 9 únicamente las faculta para nombrar delegados y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Tarímbaro, Michoacán. NOTIFÍQUESE.
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