Martín Moreno Cruz
Expediente 330/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martín Moreno Cruz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 330/2019-III, informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Martín Moreno Cruz, la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo 852/2019-III de su índice. Ahora bien, toda vez que obra en autos la totalidad de los informes de las autoridades responsables y se tiene conocimiento del juzgado al que le correspondió conocer de la demanda promovida por Martín Moreno Cruz, remítase vía mensajería acelerada los originales de dichos informes, previa copia certificada que de los mismos se dejen en este sumario, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, a efecto de que el juez federal pueda proveer de manera inmediata los informes relativos a la suspensión de plano, háganse de su conocimiento mediante el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo solicita. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de que se ordenó su archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el secretario de acuerdos encargado del despacho del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el trato dado a la suspensión de plano concedida en el presente sumario a favor del aquí quejoso. Por tanto, una vez que este juzgado federal tenga conocimiento del órgano de control constitucional que le correspondió conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de la incompetencia planteada, resérvese remitir el original del citado ocurso, previa copia certificada que del mismo se deje en este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 162/2019-III (orden 502/2019), que fue enviado a fin de que notificara al quejoso Martín Moreno Cruz, el proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, así como a las autoridades responsables para que conocieran de la medida cautelar de plano concedida en dicho acuerdo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales enviadas por este juzgado federal, sin que sea necesario acusar recibo de estilo en virtud de que dicho sistema lo genera automáticamente. Por otra parte, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, remitidos vía correo electrónico por el Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalcazar y por la Directora del Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, ambos del estado de San Luis Potosí, mediante los cuales informan el trato dado a la suspensión de plano concedida en el presente sumario a favor del aquí quejoso. Por tanto, una vez que este juzgado federal tenga conocimiento del órgano de control constitucional que le correspondió conocer de la demanda de amparo promovida por Martín Moreno Cruz, en virtud de la incompetencia planteada y hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, resérvese remitir los originales de los citados ocursos, previas copias certificadas que de los mismos se dejen en este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Martín Moreno Cruz, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Guadalcazar, San Luis Potosí y otra autoridad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 330/2019-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues se estima que está configurada la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los efectos y consecuencias de los actos reclamados son ejecutados fuera de la residencia en que ejerce sus funciones este juzgado de distrito. La conclusión asentada tiene sustento en la naturaleza de los actos de autoridad tildados de inconstitucional, que consisten en: 1.- La omisión de dictar la inmediata libertad. 2.- La orden de traslado e internamiento en el Centro de Reinserción Social con sede en Rioverde, San Luis Potosí. 3.- La omisión de acordar la petición de prescribir la pena privativa de libertad. Con el propósito de hacer comprensible el sentido de esta resolución, es necesario analizar el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El invocado precepto legal establece los parámetros para fijar la competencia por territorio en el medio de control constitucional, lo cual obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En este orden de ideas, del examen del precepto legal en cita, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan: a) La primera, contenida en el primer párrafo de la norma en estudio, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda determina la competencia del Juez de Distrito en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, el juzgador que debe conocer y dirimir el litigio planteado es aquel ante quien se haya presentado la demanda de amparo. c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se presente la denuncia a la probable afectación de las prerrogativas constitucionales del promovente. En la especie, el peticionario de amparo considera que los actos controvertidos lesionan sus derechos fundamentales, habida cuenta que las autoridades responsables han sido omisas en acordar la prescripción de la pena privativa de libertad. Bajo este orden de ideas, es evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para resolver el problema planteado en esta instancia, dado que dicho acto de autoridad no se ejecuta dentro del ámbito territorial en que ejerce sus funciones este órgano jurisdiccional. Por lo contrario, aquél es llevado a cabo dentro de la jurisdicción de los juzgados federales con sede en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Es así que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, no resulta competente para conocer y resolver este juicio de amparo, dado que el desempeño de sus actividades las desarrolla fuera del ámbito territorial en que se ejecutan los actos de autoridad controvertidos. Ahora, para resolver la disyuntiva de qué órgano garante de derechos humanos es competente para continuar en conocimiento de este asunto, es necesario partir del hecho de que aquellos actos de autoridad han sido ejecutados, por ende, se actualiza la hipótesis a que alude el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Amparo. No obstante, se está ante la problemática de que la demanda de amparo es promovida fuera del ámbito territorial de los Juzgados de Distrito en los que se ejecuta la pena privativa de libertad. Desde esta perspectiva, se considera que el órgano de control constitucional que debe dirimir en definitiva las peticiones del quejoso, es el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, pues en su jurisdicción territorial se lleva a cabo la ejecución de los actos reclamados (Rioverde). Ello es así, si se parte del hecho de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de reinserción Social de Rioverde, San Luis Potosí, lugar en el que está cumpliendo con la pena privativa de libertad, de ahí que, al reclamar la omisión de resolver su solicitud de prescripción de su condena y el dictado de su libertad, es evidente que continua ejecutándose la referida pena en el centro penitenciario, el cual se localiza en el territorio del citado Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 48/2005, publicada en la página 5, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registrito 178232, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." De igual forma, se invoca por su sentido la jurisprudencia número 1a./J. 14/2014 (10a.), publicada en la página 633, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006160, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." No es óbice a lo anterior, que el quejoso reclame actos omisivos respecto a su solicitud de prescripción de la condena y de libertad, pues implícitamente tienen una ejecución en la privación de libertad del quejoso, en tanto que se continúa recluido en el referido centro penitenciario, lo que actualiza la competencia por territorio de dicho juzgado de distrito. En consecuencia, como este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad controvertidos, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en San Luis Potosí, capital, a efecto de que resuelva lo que conforme a derecho estime pertinente. En la inteligencia que las copias simples de la demanda serán remitidas a las autoridades responsables con motivo del otorgamiento de la suspensión de plano que será pronunciada dentro de esta determinación. Para los efectos relatados fórmese el cuaderno de antecedentes a que haya lugar y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Ahora, no pasa inadvertido que el peticionario de amparo, en su escrito de demanda, específicamente en el apartado del incidente de suspensión, solicita los efectos para que cesen los actos de tormento a que se encuentra sometido, considerados de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO TODO ACTO DE TORMENTO, QUE AFECTE A Martín Moreno Cruz. En este contexto, comuníquese por oficio a las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo, así como al Director del Centro de Reinserción Social de Rioverde, San Luis Potosí, para que suspendan bajo su más estricta responsabilidad dichos actos y se abstengan de ejecutar en el aquí quejoso cualquiera de los actos restringidos por la aludida norma primaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7 publicada en la página 951, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 229397, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Además, requiérase a dichas autoridades para en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en cuanto al cumplimiento que dé a la medida cautelar decretada, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se instaurará el proceso penal correspondiente por el delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo, a efecto de que les sean impuestas las sanciones a que se refiere dicha disposición legal, esto es, pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Ahora bien, se desprende que el quejoso Martín Moreno Cruz, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Rioverde, San Luis Potosí; por tanto, con fundamento 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado y en el ámbito de su jurisdicción ordene al personal a su cargo le notifique el presente proveído en el referido centro penitenciario; asimismo, notifique los oficios que se anexan con la finalidad de que las autoridades responsables conozcan la medida cautelar de plano, decretado a favor del peticionario en comento. Cabe precisar, que se conceden amplias facultades al juez exhortado para que haga uso de los medios legales necesarios para el cumplir con la diligencia encomendada, las que para el caso de que estime pertinente librar despacho, podrá hacer extensivas a la autoridad que corresponda. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que lleve a cabo la diligencia encomendada inclusive en días y horas inhábiles. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema de seguimiento de expedientes lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del artículo 110 del referido Acuerdo General Conjunto, en un solo tanto. Por otra parte, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Eduardo García González toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuario adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Carlos Alberto Ávalos Cervantes, secretario que autoriza y da fe.
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