Martín Cárdenas Méndez
Expediente 399/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martín Cárdenas Méndez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió copia certificada de las constancias que integran los autos del juicio de amparo 399/2019-IV, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por los solicitantes de amparo. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y quedó registrado con el número de queja civil 381/2019. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ***, por su propio y derecho y como representante común de ***, también conocida como ***, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo (fojas 17 a 25); en ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto impugnado y en apoyo remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el presente sumario constitucional, además del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para la substanciación del recurso que se hace valer. Finalmente, por cuanto al señalamiento que hace el quejoso de las constancias que deberán remitirse al superior de instancia, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden; ello en virtud, de que en el acuerdo materia de la queja se desechó la demanda de amparo, por lo que se debe remitir para la tramitación del recurso copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra los actos que reclama de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y de otra autoridad, que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 399/2019-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la tesis III.1o.C.7 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 424, Tomo IV, Noviembre de 1996, Registro 200905, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo permite el desechamiento de plano de la demanda de garantías, sólo en caso de que, examinada ésta, se encuentre algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, la interpretación lógica y racional de tal precepto, conduce a establecer que un motivo de improcedencia tiene esas características cuando se desprende de dicho escrito y no cabe la menor posibilidad de desvirtuarlo en forma alguna. Por tanto, si mediante la aportación de pruebas es factible desvanecer la causa de improcedencia que se deduce de la citada demanda, el Juez de Distrito no debe desechar ésta, sino admitirla y seguir el trámite correspondiente, para brindar al quejoso la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendientes a demostrar la procedencia de su acción constitucional." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo en lo toral consiste en: "VI.- ACTO RECLAMADO: DE LA CUARTA SALA DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ: a).- Reclamo la sentencia dictada, el día 10 de Septiembre de 2019, notificada el día 13 de Septiembre de 2019, en los autos del Toca Civil de Apelación número 595/2019; en la cual se confirmó el auto de fecha 13 de Octubre de 2017, que en su parte conducente no admite diversas pruebas el C. Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, S.L.P., dentro de los autos del expediente 172/2016, correspondiente al juicio Ordinario Civil por Nulidad y otorgamiento de escrituras, promovido por RAQUEL CARDENAS LOPEZ, en contra del aquí Quejoso. DEL C. JUEZ PRIMERO CIVIL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. a).- La ejecución en cumplimiento de la resolución mencionada en el inciso a) del apartado precedente." (sic) En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el artículo 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que encuentran su sustento en la jurisprudencia número P.J/. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 39, Registro 2006589, libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma, sustenta lo anterior, la Tesis: 891, Apéndice de 2011, Octava Época, visible en la página 995, Registro 1002957, cuyo rubro dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Registro 184249, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado consistente en la sentencia emitida el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos del toca civil 595/2019 del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que confirmó el auto de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio ordinario civil por nulidad y otorgamiento de escrituras número 172/2016, promovido por Raquel Cárdenas López, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelve en definitiva el juicio natural, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En efecto, como se dijo, el solicitante de amparo se duele de la sentencia que recayó al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en el juicio ordinario civil por nulidad y otorgamiento de escrituras 172/2016 del índice del juzgado responsable, contra el auto de trece de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desecharon las pruebas confesionales ofrecidas por la parte demandada en el juicio de origen; alegando el solicitante de amparo que la responsable dejó de tomar en consideración lo estipulado en Código Procesal Civil. Sin embargo, como se ha dicho, el desechamiento de las pruebas de mérito, no trasgrede en forma sustancial algún derecho fundamental del peticionario de amparo, puesto que puede que no tengan la fuerza de convicción suficiente para que la sentencia que resuelva el fondo del controvertido de origen, no salga de acuerdo a las pretensiones del demandado (aquí quejoso); y en caso contrario dicha sentencia podría ser recurrida y señalar en el recurso la transgresión procesal aquí apuntada, o promover el juicio de amparo directo de no ser apelable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, del Tomo XIX, Enero de 2004 , Registro 182385, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis VI.2o.C.514 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1524, del Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Registro 174195, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. SU DESECHAMIENTO ES RECURRIBLE EN RECLAMACIÓN A EFECTO DE PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL RESPECTIVA EN EL AMPARO DIRECTO QUE EN SU CASO SE PROMUEVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor desde el 1o. de enero de 2005, establece que la reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento; por tanto, el desechamiento de pruebas debe impugnarse a través de dicho recurso, por tratarse de un auto que no pone fin al procedimiento, ya que de no hacerse así la violación procesal respectiva deberá estimarse consentida y no podrá someterse a examen en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva, por no haberse preparado la acción constitucional en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia VI.2o.C. J/24 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1777, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Registro 2015061, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE EN RECLAMACIÓN, A EFECTO DE PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL RESPECTIVA EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor desde el 1 de enero de 2005, establece que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento; por tanto, la admisión o el desechamiento de pruebas debe impugnarse por medio de dicho recurso, al tratarse de un auto que no pone fin al procedimiento ya que, de no hacerse así, la violación procesal respectiva deberá estimarse consentida y no podrá someterse a examen en el juicio de amparo directo que, en su caso, se promueva, por no haberse preparado la acción constitucional, en términos de los artículos 161 de la Ley de Amparo abrogada y 171 de la vigente. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Hidalgo número ciento once altos, interior siete, Zona Centro, de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Armando Hermosillo Saucedo y Néstor Yáñez Hernández, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. De igual forma, se tiene como autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 24 de la Ley de Amparo a Ma. de Lourdes López Rojas, ello por así haberlo solicitado el solicitante de amparo. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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