Martin Márquez Guerra
Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martin Márquez Guerra
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.****************************************SE ORDENA ARCHIVO********************Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que obra al rubro se advierte, que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por su parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva solicitada.********************Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el original de los cuadernos de suspensión al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el diecinueve de abril de dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia pronunciada el dieciséis de marzo del año en curso, por lo que se ordenó devolver a la autoridad señalada como responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial las documentales que acompañó en su informe justificado consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones dentro del juicio sumario civil 142/2021 de su índice, mediante sendo oficio, mismo que al observar se giró a una autoridad que no corresponde a este Juicio de garantías. Ahora, toda vez que como se desprende del sumario, las constancias a que hace alusión en el párrafo que antecede obran glosadas en el presente juicio de garantías; empero, las constancias con las que fue formado el tomo de pruebas relacionado con el juicio de garantías en que se actúa, fueron exhibidas por el tercero interesado, y en auto de dos de febrero del año que correr, se ordenó formar el tomo de pruebas para un mejor manejo del asunto. Atento a lo anterior toda vez que, con fecha dieciséis de marzo del año que corre, se dictó sentencia en este juicio de amparo, en el que se sobreseyó el asunto respecto de los actos reclamados por el que el quejoso Martín Márquez Guerra, al Juez Octavo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, misma que causó ejecutoria como fue expuesto en el primer párrafo de este acuerdo; con las documentales de que se habla, dése vista al mencionado tercero interesado Luis G. Huerta Corona, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este auto, comparezca a este juzgado debidamente identificado con documento oficial para hacerle la devolución de las documentales señaladas. Con el apercibimiento de que de no hacerlo, se entenderá su desinterés en la devolución de ellas y en su momento se procederá a su destrucción. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de marzo del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. SE DEVUELVE DOCUMENTAL A AUTORIDAD. Finalmente, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la documental que acompañó con su informe justificado; consistente en copias certificadas de diversas actuaciones dentro del juicio sumario civil 142/2021, solicitándole se sirva acusar recibo del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo VIII-1364/2022, promovido por Martín Márquez Guerra, por propio derecho contra actos del: Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil doce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Martín Márquez Guerra, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que precisó, en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su carácter de Autoridad Ejecutora y Responsable es el Licenciado en Derecho RAFAEL ARGUETA MORA, JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA, del distrito Judicial de Morelia . IV. NORMA GENERAL O ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN.- El acto de ejecución que me priva de la posesión de la cual este quejoso soy posesionario y que mediante ejecución de Sentencia Definitiva de data 2 dos de julio del año 2021 dos mil veintiuno, dentro de los autos que integran el Juicio Sumario civil, que se lleva en el juzgado octavo civil de primera instancia, bajo el número 142/2021, mediante la cual se condenó a la parte demandada a desocupar y entregar el bien inmueble dado en arrendamiento y apercibido de no hacerlo voluntariamente sería lanzado a su costa así como a pagar las rentas vencidas y no cubiertas en términos precisados en el considerando relativo así los resolvió y firmó en licenciado en derecho RAFAEL ARGUETA MORA, juez octavo de primera instancia en materia civil de este distrito judicial quien actuó en conjunto con la secretaria de acuerdos que autorizó, licenciada en derecho CLAUDIA SALUD LUNA MONGE, en relación a todo lo anterior quiero hacer de su conocimiento que yo como parte tercer extraño soy la persona que me encontraba viviendo en dicho inmueble y he tenido la posesión del mismo desde que tengo uso de razón y desconozco a la parte demandada de nombre EUGENIO ESCOBAR HUERTA, también manifestando que esta persona de la que ahora hago mención jamás se ha encontrado habitando mi domicilio ya que yo siempre lo he habitado de manera pacífica continua y pública, por lo cual desconozco en su totalidad el juicio y dicho emplazamiento que se dice se llevó a cabo en mi domicilio nunca estuve enterado de tal juicio sobre Recisión de contrato escrito de Arrendamiento, ya que solo tuve conocimiento hasta el día en el que fui desalojado del inmueble que fue el día 15 quince de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, ya que ese día yo me encontraba trabajando y mi hijo que vive conmigo en ese momento se encontraba en la tienda que está cerca de la casa no así en mi domicilio y fue por el dicho de mi otro hijo de nombre Cristian Márquez guerrero que fue a salir a buscarnos y llegó a la tienda donde en ese momento se encontraba su hermano que le informó que se encontraban sacando nuestras pertenencias a la calle, y al regresar fue que me entero de dicho juicio en el cual se me hizo mención que el dueño era un tal LUIS G HUERTA CORONA y poseedor porque según ellos el que se encontraba habitando el inmueble era el señor EUGENIO ESCOBAR HUERTA, por lo que quiero resaltar que no es así ya que yo siempre he habitado el inmueble que ahora es materia de esta controversia, y que desconozco en su totalidad ese juicio el cual a mí nunca me fue notificado ni emplazado no me dieron derecho a defenderme de él por lo que ahora pido amparo y protección a mis derechos y que se me reponga el procedimiento para poderme defender sobre lo que en ese juicio se trata. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A través del escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso aclaró que su nombre correcto es MARTÍN MÁRQUEZ GUERRA y no Martín Márquez Guerrero. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo le correspondió a este Juzgado de Distrito; así, mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, previo cumplimiento a prevención que fue realizado en diverso de ocho de diciembre en cita, se ordenó formar el expediente bajo el número VIII-1364/2022; admitir a trámite el señalado ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, en diverso de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Luis G. Huerta Corona, quien compareció a través del ocurso presentado el uno de febrero del año que corre, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. De igual forma, cabe señalar que el tercero interesado Luis G. Huerta Corona; presentó escrito de alegatos. Finalmente, la audiencia constitucional, previos diferimientos, se celebró el quince de marzo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman actos de ejecución derivados de un procedimiento en materia civil cuyas consecuencias tienen materialización en un inmueble ubicado en esta ciudad, donde este tribunal constitucional ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado de la autoridad responsable, el siguiente: La orden de desalojo dictada dentro del Juicio Sumario Civil número 142/2021 sobre rescisión de contrato escrito de arrendamiento y otras prestaciones, que promovió Luis G. Huerta Corona en contra de Eugenio Escobar Huerta del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, respecto del inmueble tipo casa rústica ubicada en el rancho de Puerta Blanca, de la Tenencia de Santiago Undameo, en Morelia, Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue reclamado. Lo anterior se ve corroborado con la copia fotostática debidamente certificada del Juicio Sumario Civil número 142/2021, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, promovido por promovió Luis G. Huerta Corona en contra de Eugenio Escobar Huerta del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, respecto del inmueble tipo casa rústica ubicada en el rancho de Puerta Blanca, de la Tenencia de Santiago Undameo, en Morelia, Michoacán, que remitió a este órgano jurisdiccional, con lo que se evidencia la emisión del acto reclamado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto reclamado en esta vía constitucional. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, este juzgador estima que en relación al acto reclamado por el quejoso, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo existe interés jurídico cuando el peticionario cumpla con la carga de acreditar fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, Martín Márquez Guerra, por su propio derecho, como tercero extraño en estricto sentido, instó el presente juicio de amparo, reclamando en forma destacada la orden de desalojo dictada dentro del Juicio Sumario Civil número 142/2021, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, promovido por Luis G. Huerta Corona en contra de Eugenio Escobar Huerta del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, respecto del inmueble tipo casa rústica ubicada en el rancho de Puerta Blanca, de la Tenencia de Santiago Undameo, en Morelia, Michoacán. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el desalojo del inmueble en el que reside, es necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acredite la afectación que le causa en su esfera jurídica la ejecución de tal acto, esto es, que el bien raíz respecto del cual se emitió es de su propiedad y/o tiene su legal posesión. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Precisado lo anterior, conviene traer a colación los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos y los tomos de pruebas que fueron remitidos por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial al momento de rendir su informe justificado, en ese sentido, de su análisis se desprende lo siguiente: El once de marzo de dos mil veintiuno, Luis G. Huerta Corona promovió en contra de Eugenio Escobar Huerta, en la vía sumaria civil rescisión de contrato escrito de arrendamiento respecto de la casa rústica ubicada en el rancho de Puerta Blanca, de la Tenencia de Santiago Undameo, en Morelia, Michoacán, que mide y linda al Oriente: veinte metros con MARTÍN MÁRQUEZ GUERRA; al Norte: Diez metros con MARTÍN MÁRQUEZ GUERRA; al Poniente: veinte metros con Raúl Cruz Tero; al Sur: Diez metros con Camino Real de Atécuaro, que quedó registrado con el número 142/2021, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Admitido y tramitado el juicio, con fecha dos de julio de dos mil veintiuno, se pronunció sentencia, en cuyo resolutivo segundo, el Juez declaró procedente la acción personal que sobre rescisión de contrato escrito de arrendamiento y otras prestaciones ejerció Luis G. Huerta Corona, contra Eugenio Escobar Huerta, declarando rescindido el contrato de arrendamiento base de la acción y, en consecuencia, condenó a la parte demandada a desocupar y entregar el inmueble dado en arrendamiento, apercibido que de no hacerlo voluntariamente sería lanzado a su costa. Tal determinación causó ejecutoria en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por lo que en ese mismo auto requirió a la parte demandada, mediante notificación personal, para que en el improrrogable término de tres días cumpliera voluntariamente con el fallo ejecutoriado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa, de lo que quedó notificado Eugenio Escobar Huerta el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. En diverso de catorce de septiembre de dos mil veintidós, a petición de la actora, la responsable emitió acuerdo que dice: "(.) Dada cuenta con el escrito que suscribe Luis G. Huerta Corona, parte actora, tomando en consideración que ha fenecido el término legal para que la parte demandada cumpliera manera voluntariamente (sic) con la sentencia definitiva, respecto de la entrega real y material del inmueble materia de Litis; sin que lo hubiere hecho; se ponen los autos en estado de ejecución de sentencia, señalándose días y horas hábiles de despacho, para que el personal del juzgado se constituya en el inmueble de mérito y ponga en posesión real y material a la parte actora; autorizándose el uso de un cerrajero y el auxilio de la fuerza pública para que auxilien al personal de este Juzgado en la práctica de la diligencia, para lo cual se ordena remitir a la Dirección de Seguridad Pública de esta ciudad, para que proporcione los elementos de esa corporación a su cargo, a fin de que auxilien al personal del juzgado en la práctica de la diligencia respectiva. Póngase el oficio a disposición de la parte interesada para que lo haga llegar a su destino, previo recibo que se deje en autos. (.)." Lo narrado en el punto que antecede, tuvo cumplimiento en diligencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que el personal del Juzgado Octavo de Primera en Materia Civil de este Distrito Judicial, se constituyó en el domicilio ubicado en el inmueble tipo casa rústica ubicada en el rancho Puerta Blanca de la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de esta ciudad, e hizo entrega real y material de tal inmueble al actor Luis G. Huerta Corona, quien lo recibió a su entera satisfacción. (.)." Como se observa, lo transcrito revela que los actos combatidos en esta instancia de control constitucional no causan daño alguno en la esfera jurídica del quejoso. Ello es así porque como se desprende de lo narrado, en el Juicio Sumario Civil del que deriva el acto reclamado, la parte demandada fue Eugenio Escobar Huerta, a quien en sentencia dictada el dos de julio de dos mil veintiuno, se condenó a desocupar y a entregar al actor, en forma real y material el inmueble materia de ese controvertido. Lo que causó ejecutoria el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Por esta razón, en diligencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, el personal del Juzgado Octavo de Primera en Materia Civil de este Distrito Judicial, se constituyó en el domicilio ubicado en el inmueble tipo casa rústica ubicada en el rancho Puerta Blanca de la Tenencia de Santiago Undameo, en esta ciudad, e hizo entrega real y material de tal inmueble al actor Luis G. Huerta Corona, quien lo recibió a su entera satisfacción. Lo anterior se corrobora con lo manifestado por el Juez responsable, al momento de rendir el informe justificado que le fue requerido, en el que esa autoridad fue coincidente en manifestar que al ahora quejoso no le resulta carácter alguno dentro de la controversia, ya que en ésta únicamente se ordenó el desalojo del inmueble respecto del demandado Eugenio Escobar Huerta, circunstancia que quedó acreditada con las constancias que acompañó a su informe justificado consistente en copia fotostática debidamente certificada del Juicio Sumario Civil número 142/2021. No se inadvierte que el promovente Martín Márquez Guerra, señaló en su demanda de garantías que tiene la posesión del inmueble materia de la Litis de origen. No obstante, a la demanda de amparo no adjuntó documento alguno para acreditar su interés respecto del referido bien; es decir, que demuestre que es titular de algún derecho legítimamente tutelado respecto de la posesión del inmueble de que se trata, de propiedad o fecha cierta. Lo anterior se estima así porque la sola manifestación del quejoso en el sentido de poseer el inmueble litigioso por las razones que indicó, no genera por sí solo la existencia de derechos posesorios, si no se acredita una calidad distinta a la de un simple ocupante. En ese sentido, si bien a través del juicio de amparo la posesión es susceptible de protegerse, ésta será aquella definida por el derecho común y el quejoso que se ostente como persona extraña al juicio civil y poseedor de un inmueble objeto de una controversia, para lo cual se tendrá que exhibir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que resulte de fecha cierta. En efecto, el marco jurisprudencial y legal permite concluir que la posesión de un inmueble es susceptible de protegerse a través del juicio constitucional, siempre y cuando derive de un título basado en alguna figura jurídica o precepto de la ley común, de ahí que la parte quejosa debe acreditar la titularidad de ese derecho posesorio sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de dicho acto. Por lo que, si en el caso, Martín Márquez Guerra, por propio derecho, sostiene su interés en una posesión de hecho, entendida como aquella que se ejerce sobre un inmueble por la circunstancia de que habita en ese lugar, como simple detentador material de éste, sin título jurídico que avale dicha posesión, ni invocó y acreditó el derecho del que hace derivar la posesión, el otorgamiento de la protección constitucional no puede tener como efecto constituir derechos que no haya tenido el peticionario de derechos fundamentales antes de la presentación de la demanda de amparo. Máxime que las documentales que anexó a su libelo constitucional, consistentes en la constancia de residencia y de origen y vecindad, expedidas el uno de noviembre y nueve de diciembre ambas datas del dos mil veintidós, únicamente son indicios de que el quejoso reside en el lugar que señalan, mientras que los recibos de pago de servicio de energía eléctrica acreditan que en el sitio mencionado el quejoso contrató el tal servicio de energía eléctrica; finalmente la credencial para votar expedida en su favor por el Instituto Federal Electoral, demuestra que el quejoso señaló como domicilio el bien conocido en la población de Pueblo Viejo, Municipio de esta ciudad. De ahí que tales documentales no son idóneas y eficaces para acreditar la posesión, en tanto no evidencian la existencia de un contrato que hubiera transferido el dominio o posesión del predio materia de la queja ante esta instancia, al quejoso. A través de algún acto jurídico de fecha cierta, que sustente su supuesta detentación material Esto es, tales documentos no corroboran la existencia de algún título que otorgue la titularidad del derecho subjetivo que el quejoso acude a defender en esta instancia constitucional. Aunado a lo anterior es oportuno destacar que acorde a las documentales exhibidas por el tercero interesado y con las que se formó el tomo de pruebas correspondiente, puede advertirse que el inmueble materia del reclamo en esta vía constitucional, egresó de la esfera de bienes del quejoso en cumplimiento a la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil dieciséis, por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al resolver el Juicio Sumario Civil número 431/2016, que sobre cumplimiento de contrato escrito de compraventa de inmueble y otras prestaciones promovió Luis Gilberto Ocegueda Barragán en contra del aquí quejoso Martín Márquez Guerra, en la que se condenó a este último a la entrega del inmueble predio rústico ubicado en el rancho de Puerta Blanca, Tenencia de Santiago Undameo, Michoacán, que mide y linda al Oriente veinte metros con Martín Márquez Guerra; al norte diez metros con Martín Márquez Guerra; al Poniente veinte metros con Raul Cruz Tero; al sur diez metros con Camino Real de Atécuaro. En suma, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, respecto del acto reclamado; en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Martín Márquez Guerra, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
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