Martín Lira Soria

Expediente 398/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
398/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
31/08/2018

Partes del expediente

  • Martín Lira Soria
  • Martín Lira Soria y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho manifestación alguna. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Efectos de la concesión En sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a MARTÍN LIRA SORIA y SAMUEL MALDONADO TAVARES, para el efecto de que la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "a) Continúe con la investigación respecto de las manifestaciones de tortura de los quejosos, armonizadas con las razones fundadas que obran en autos, dentro del plazo que no deberá exceder de seis meses, y desahogue las probanzas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos de tortura alegados, lo que deberá realizar bajo su más estricta responsabilidad, con entera independencia del tiempo transcurrido desde la comisión de los actos de tortura y el momento en que se alegaron. El plazo de seis meses fijado se estima razonable, atendiendo a que desde que se dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos -diez de noviembre de dos mil trece- hasta la fecha en que este órgano federal resuelve, han transcurrido más de dos años sin que se resuelva mediante sentencia su situación legal. b) Efectúe todas las gestiones necesarias, de manera expedita, diligente e inmediata, para lograr el desahogo de la valoración psicológica de los quejosos, conforme a los lineamientos del Protocolo de Estambul, tomando en consideración que, respecto de Martín Lira Soria ya se designó psicóloga para esos efectos por parte del Director de Prevención y Readaptación Social, misma que aceptó y protestó el cargo para efectuar dicha evaluación el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis en el centro de su reclusión, por lo que el juzgador responsable podrá gestionar una fecha para su práctica anterior a ésa y que no exceda de los seis meses ya fijados. En ese mismo sentido y dentro del plazo fijado de seis meses, respecto del quejoso Samuel Maldonado Tavares, la autoridad responsable deberá solicitar la designación de perito en la materia a las diferentes instituciones, dependencias públicas, organismos descentralizados, de este municipio o de otros, incluso a propuesta de las partes -incluido el Ministerio Público- y del defensor, atendiendo a lo previsto en los artículos 293 y 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán, a fin de lograr su desahogo en la fecha más próxima que no rebase el plazo estipulado. c) Fenecido el plazo de seis meses, cierre el periodo de instrucción y dicte la sentencia respectiva, en la que vincule los resultados de esa investigación a nivel intraprocesal, y en caso de que al finalizar ese término, no cuente con el desahogo de la valoración psicológica de los quejosos conforme a los lineamientos del Protocolo de Estambul, deberá estimar en beneficio de los procesados la ausencia de tales pruebas y continuar a la siguiente etapa procesal." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo En proveído de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió al juez responsable en cita a efecto de que acatara el fallo protector. Por oficio presentado el diez de agosto de dos mil dieciséis, la juez responsable informó que en auto de ocho de agosto de ese año, dictado en la causa penal número 302/2014-II, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, ordenó continuar con la investigación respecto de las manifestaciones de tortura de los quejosos, así como desahogar las probanzas que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos de tortura alegados; así como, giró las comunicaciones necesarias al Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado y a la Directora del Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", a efecto de solicitarles una fecha más próxima para las valoraciones psicológicas de Martín Lira Soria y Samuel Maldonado Tavares. Mediante oficio presentado el cuatro de julio de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos del juzgado de origen, remitió copias certificadas de diversas constancias de la causa natural, entre las que destacan, el Dictamen Psicológico conforme al Protocolo de Estambúl, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, practicado al aquí quejoso Martín Lira Soria, y su posterior acta de ratificación de dictamen de trece de enero de dos mil diecisiete. Posteriormente, al analizar las constancias que allegó la juez responsable a través de su oficio presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, en proveído de once de ese mismo mes y año, se determinó requerir a la responsable para que manifestara si con la valoración psiquiátrica practicada al quejoso Samuel Maldonado Tavares, tendría por desahogado en todos sus términos y procedimientos el Protocolo de Estambul en torno del citado quejoso, aún y cuando el propio médico que lo practicó estableció que no era siguiendo los lineamientos del citado protocolo; o bien, si no tendría colmado dicho protocolo con esa valoración psiquiátrica. En acato a lo anterior, por oficio presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el juez responsable informó que en auto de trece de ese mes y año, que la pericial practicada al quejoso, no reunía los requisitos mínimos del Protocolo de Estambul, motivo por el cual, ordenó su debido desahogo a través de la psicóloga adscrita al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Así, mediante oficio allegado el dieciséis de enero del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada de la diligencia de ratificación de dictamen psicológico practicado al procesado y aquí quejoso Samuel Maldonado Torres. Previo requerimiento, el tres de julio de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, exhibió copias certificadas de la sentencia definitiva de diecinueve de junio del año en curso, dictada en el proceso penal número 302/2014-II, en la cual, siguiendo con las restantes obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: 1. Antes de iniciar el estudio de los elementos constitutivos del tipo penal de secuestro, abordó el aspecto de la denuncia de tortura hecha por los acusados y aquí quejosos Samuel Maldonado Tavares y Martín Lira Soria, a efecto de estar en condiciones de determinar o no de la exclusión de sus respectivas declaraciones ministeriales, llevando a cabo el análisis por separado en relación a cada uno de los quejosos. 2. Por tanto, luego de analizar las pruebas existentes en el proceso, estimó que eran suficientes para determinar que los quejosos fueron víctimas de tortura, y por ello excluyó las respectivas declaraciones ministeriales de dos de noviembre de dos mil trece, en las que confesaron los hechos que se les atribuyen, al contribuir el derecho a un debido proceso, contenido en los artículo 20 Constitucional y 329 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, lo que da lugar a que no sea tomada en consideración, al haberse obtenido de forma ilegal. 3. Hecho lo anterior, procedió a realizar el estudio de los elementos del tipo penal de secuestro agravado y la responsabilidad jurídico penal de los acusados, para resolver que se justificaron plenamente el delito en comento y a plenitud la responsabilidad penal de los aquí quejosos en su comisión; motivo por el cual, les impuso condena de prisión, multa, reparación del daño y una indemnización a favor de los ofendidos. Con dicha sentencia, se ordenó dar vista a la partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse continuado dentro del proceso penal de origen número 302/2014-II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, la investigación respecto de las manifestaciones de tortura de los quejosos, para lo cual, se efectuaron las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la valoración psicológica de los quejosos, conforme a los lineamientos del Protocolo de Estambul; y una vez que se desarrollaron las mismas y el resto de pruebas en la causa penal de origen, se decretó el cierre de instrucción, para luego, con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictar sentencia en la que se vincularon los resultados de esa investigación a nivel intraprocesal, determinando que las pruebas existentes en el proceso, eran suficientes para concluir que los quejosos fueron víctimas de tortura, excluyendo sus respectivas declaraciones ministeriales emitidas el dos de noviembre de dos mil trece, en las que confesaron los hechos que se les atribuyen; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas, no obstante que al analizar los elementos del tipo penal y la responsabilidad penal de los acusados, con el resto de probanzas del proceso, el juez responsable haya encontrado culpables a los quejosos en la comisión de ilícito que se les atribuyó. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse solicitado la medida suspensiva y por ende, no haberse formado incidentes de suspensión. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, mediante el cual, remite copia certificada de la sentencia definitiva de diecinueve de junio de este año, dictada en la causa penal número 302/2014-II. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa, el siguiente auto: Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, mediante el cual, remite copia certificada de la sentencia definitiva de diecinueve de junio de este año, dictada en la causa penal número 302/2014-II. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha no obra constancia que acredite que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, haya cumplido con el restante lineamiento que le fue impuesto en la ejecutoria de amparo, consistente en: "c) Fenecido el plazo de seis meses, cierre el periodo de instrucción y dicte la sentencia respectiva, en la que vincule los resultados de esa investigación a nivel intrapocesal, y en caso de que al finalizar ese término, no cuente con el desahogo de la valoración psicológica de los quejoso conforme a los lineamientos del Protocolo de Estambul, deberá estimar en beneficio de los procesados la ausencia de tales pruebas y continuar a la siguiente etapa procesal."; toda vez que, la última información que rindió la responsable fue a través de su oficio número 200-II, donde comunicó que se había declarado finalizado el término probatorio dentro de la causa penal de origen y se había ordenado dar vista al representante social adscrito para que formulara sus conclusiones. Se requiere a la autoridad responsable En esa virtud, se requiere a la autoridad judicial responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis y remita las constancias relativas. Subsiste apercibimiento En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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