Martin Jhovany Ruiz García

Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
47/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Martin Jhovany Ruiz García

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de Verificador y Ejecutor de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Con base en lo anterior, se ordena el archivo del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa anexó documentos a su escrito inicial de demanda, con apoyo en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, requiérasele para que en el plazo de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el citado párrafo segundo del artículo 18 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de Verificador y Ejecutor de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, contra actos que reclama del Magistrado adscrito a la Sexta Sala Juzgadora de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 47/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia advertida. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, esta juzgadora advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, 5°, fracción I, 6° y 7°, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [...]". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". De las disposiciones legales transcritas se desprende, en lo que al caso interesa, lo siguiente:  Que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, que puedan verse vulnerados por normas generales o actos de la autoridad.  Que dicho juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame en esta vía; lo que se traduce en el principio rector del juicio de amparo denominado instancia de parte agraviada.  Que son partes en el juicio constitucional, entre otros, el agraviado y la autoridad responsable; el primero es el gobernado, quien considera que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, fueron violentados por la norma general o por el acto de autoridad reclamados y, la segunda, es el ente facultado por la ley para dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar la norma general o el acto reclamado, esto es, que se encuentra investido de imperio, ya que actúa en ejercicio de una potestad soberana.  Que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, siempre que esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado encontrándose, en un plano de igualdad con los particulares, pero no cuando los actos que reclamen estén estrechamente relacionados con el quehacer público que la Constitución y leyes le encomiendan. Asimismo, de los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, dicho juicio únicamente puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, debiendo precisar que respecto de los actos o resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Asimismo, se instituye que excepcionalmente las autoridades del Estado Mexicano podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, siempre que el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, dentro de una relación de coordinación, es decir, que dicha afectación se dirija sobre bienes o derechos que les pertenezcan, en semejanza a los de los particulares, derivadas de relaciones jurídicas de naturaleza privada; por lo que, de no actualizarse dichas hipótesis fácticas-jurídicas, carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. De lo anterior, se infiere que en aquellos casos en los que las autoridades del Estado, actúen haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, se encontrarán excluidas de la posibilidad de promover el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues dicho medio de control constitucional, se encuentra reservado para la eficaz protección de los derechos humanos de los gobernados ante los actos ilegales y arbitrarios de las autoridades. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad en ejercicio de los atributos propios, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esta parte debe precisarse que las personas morales oficiales son los órganos del gobierno del Estado que, en determinados momentos, fungen como gobernados ante dependencias u órganos gubernamentales, y que en dichas relaciones sufren algún perjuicio en su esfera jurídica patrimonial, teniendo entonces a su favor la acción de amparo, que podrán gestionar, desde luego, a través de los funcionarios públicos legalmente facultados para ello; por lo que, la procedencia del amparo deviene del hecho de que, al ser catalogados esos entes como gobernados, son titulares de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución al ver afectado su patrimonio (sus intereses o derechos patrimoniales), y pueden inconformarse para efectos de proteger su esfera jurídica, en el entendido de que si actúan como autoridades públicas, no procederá el juicio de amparo. En efecto, si bien las personas morales oficiales pueden promover el juicio de amparo contra actos de autoridad que afecten sus intereses patrimoniales, ello es posible únicamente cuando actúan como personas morales de derecho privado; pero si dichas personas morales oficiales promueven el juicio de amparo para defender alguno de sus actos de autoridad, el mismo es improcedente, ya que éste no fue creado para defender al Poder frente a otro Poder, con independencia de que el acto en cuestión sea una resolución intermedia o la que diera fin al juicio respectivo, dado que en cualquiera de esas circunstancias, lo que define la procedencia del juicio de amparo es la calidad con la que la persona moral oficial actúa en el procedimiento de que se trata y no la actuación procesal en que se dé el acto reclamado. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable si se tiene en cuenta que las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter, a saber: como entidad pública, o bien, como persona moral de derecho privado. En el primer caso, la acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investida como poder público. En la segunda situación, no actúa con ese carácter sino en las mismas condiciones que los particulares, esto es, a pesar de ser un órgano de gobierno, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, por tanto, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, sus derechos se encuentran protegidos por el juicio constitucional. Para una mejor comprensión de lo anterior, debe precisarse que existen tres clases diversas de relaciones, a saber: 1) Relaciones de coordinación: Son las que se presentan entre sujetos que tienen la misma calidad y que actúan dentro de los lineamientos de derecho privado, es decir, del derecho civil o del mercantil, así como dentro del derecho social, por lo que hace al derecho laboral; dentro de esta clase de relaciones, se establece una subdivisión, atendiendo a los sujetos que intervienen en las mismas: a) Relaciones de coordinación privada.- entre gobernados que actúan en el marco del derecho civil y del mercantil, así como de derecho social, entre trabajadores y patrones; y b) Relaciones de coordinación públicas.- las que se dan entre gobernados y gobernantes, pero cuando éstos últimos no actúan dentro del ámbito del ius imperii, es decir, cuando no están investidos de fuerza pública. Por tanto, en dichas relaciones de coordinación los sujetos que intervienen actúan en igualdad de circunstancias y con calidad de gobernados frente al Estado y sus autoridades. 2) Relaciones de suprabordinación: Son aquéllas que se presentan entre autoridades públicas únicamente en el desempeño de sus funciones establecidas constitucional y legalmente, mismas en las que no intervienen, ni por exclusión, los particulares gobernados. 3) Relaciones de supra a subordinación: Se dan cuando los sujetos que en ellas participan, son, por un lado, los gobernados y, por el otro, el gobierno del Estado y sus autoridades en uso del ius imperii, es decir, investidos de fuerza pública. De acuerdo con lo anterior, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, en un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. Expuesto ello y considerando que los actos reclamados derivan de un juicio administrativo, en el cual los quejosos por conducto de su representante legal no se encuentran en un plano de igualdad y tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, el cual dispone, como se dijo, que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, siempre que se trate de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". En efecto, al interpretar el contenido de dicho precepto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. Refirió además, que si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, evidentemente, dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla - cuando el ente público obra como cualquier particular-, pues, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. De esta manera precisó, que siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. En las relatadas circunstancias, de acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el simple hecho de que una persona moral oficial sea parte dentro del juicio administrativo, no implica de manera alguna que se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Esto es así, porque en los juicios de naturaleza administrativa -sea cual fuera la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante- , lo que se encuentra a debate es, precisamente, un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular no se ubican de forma alguna en un plano de igualdad, pues, precisamente, el fin del juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones. De esta manera, concluyó la superioridad, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo - sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen, precisamente, del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. Lo anterior es así, pues aunque en algunos casos se pudiera considerar que mediante el juicio contencioso administrativo las personas morales oficiales pretenden proteger cuestiones patrimoniales, lo cierto es que no se surte el diverso supuesto atinente a que actúen en un plano de igualdad fáctica jurídica, como si se tratase de un particular, lo cual constituye el requisito sin el cual, no puede actualizarse el supuesto de excepción consagrado en el precepto 7 de la Ley de Amparo; puesto que en el despliegue de su actuación como ente de gobierno, se encuentra desprovisto de toda posibilidad de exigir la protección de derechos fundamentales. Máxime que en el juicio contencioso administrativo los actos reclamados no derivan del conflicto suscitado con motivo de la actuación de la entidad quejosa como sujeto de derecho privado o particular, sino de sus funciones públicas, de modo que la circunstancia de figurar como parte en el juicio contencioso del que provienen los actos reclamados, no la legitima para acudir al amparo. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la ejecutoria dictada en la Contradicción de Tesis 374/2016, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". En conclusión, las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro en un juicio contencioso administrativo, porque ello no satisface el requisito de actuar en un plano de igualdad fáctica jurídica, como si se tratara de un particular, según lo dispone el artículo 7 de la Ley de Amparo, consultable en la página 1022 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Décima Época, registro 2015321. Ante ese panorama jurisprudencial, de la demanda y de sus anexos, se advierte que los quejosos por conducto de su representante legal promueven el presente juicio de amparo con motivo del auto dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 422/2022, del índice de la Sexta Sala Juzgadora de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que se determinó, entre otras cosas, lo siguiente: ".Se concede la suspensión del acto reclamado, consistente en el retiro de sellos de suspensión, colocados mediante acta de doce de julio de dos mil veintidós, con folio ***, por la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, es decir, lo anterior para que se le permita llevar a cabo la actividad de comercialización del energético GAS LP, en la estación de carburación asegurada a la moral demandante, lo anterior hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente asunto y esta cause ejecutoria". (Sic.) Lo que resulta insuficiente para actualizar la hipótesis de excepción de procedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 7 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados derivan de un juicio contencioso administrativo en el cual la aquí quejosa, a pesar de ser parte demandada, no se encuentra en un plano de igualdad con la señalada como tercera interesada. Lo anterior es así, porque la finalidad del juicio contencioso administrativo es, precisamente, determinar la validez o nulidad de los actos de ese órgano del Estado. En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de promover el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe de operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. Pues como se destacó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 374/2016, determinó que en los juicios de naturaleza administrativa -cual fuera la posición procesal de la autoridad ya sea como demandada o como accionante-, lo que se encontraba a debate era precisamente un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentre la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues precisamente el fin de dicho juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones; de ahí que la defensa del acto administrativo "no puede ser considerado como un derecho del hombre [...] para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya". En consecuencia, al no contar la parte quejosa con legitimación activa para promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, 5°, fracción I, 6° y 7°, de la Ley de Amparo y en consecuencia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de Verificador y Ejecutor de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. Sin que con la anterior determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que como es parte del juicio de origen, se encuentra en condiciones de promover los medios de defensa que la ley de la materia que rige el juicio de origen prevé en caso de resultar inconforme. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO: Se notifica por lista de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, a la parte quejosa, el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en virtud del aviso de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, auto que en lo conducente señala: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de Verificador y Ejecutor de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, contra actos que reclama del Magistrado adscrito a la Sexta Sala Juzgadora de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 47/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia advertida. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, esta juzgadora advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [...]". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". De las disposiciones legales transcritas se desprende, en lo que al caso interesa, lo siguiente: Que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, que puedan verse vulnerados por normas generales o actos de la autoridad. Que dicho juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame en esta vía; lo que se traduce en el principio rector del juicio de amparo denominado instancia de parte agraviada. Que son partes en el juicio constitucional, entre otros, el agraviado y la autoridad responsable; el primero es el gobernado, quien considera que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, fueron violentados por la norma general o por el acto de autoridad reclamados y, la segunda, es el ente facultado por la ley para dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar la norma general o el acto reclamado, esto es, que se encuentra investido de imperio, ya que actúa en ejercicio de una potestad soberana. Que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, siempre que esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado encontrándose, en un plano de igualdad con los particulares, pero no cuando los actos que reclamen estén estrechamente relacionados con el quehacer público que la Constitución y leyes le encomiendan. Asimismo, de los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, dicho juicio únicamente puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, debiendo precisar que respecto de los actos o resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Asimismo, se instituye que excepcionalmente las autoridades del Estado Mexicano podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, siempre que el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, dentro de una relación de coordinación, es decir, que dicha afectación se dirija sobre bienes o derechos que les pertenezcan, en semejanza a los de los particulares, derivadas de relaciones jurídicas de naturaleza privada; por lo que, de no actualizarse dichas hipótesis fácticas-jurídicas, carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. De lo anterior, se infiere que en aquellos casos en los que las autoridades del Estado, actúen haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, se encontrarán excluidas de la posibilidad de promover el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues dicho medio de control constitucional, se encuentra reservado para la eficaz protección de los derechos humanos de los gobernados ante los actos ilegales y arbitrarios de las autoridades. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad en ejercicio de los atributos propios, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esta parte debe precisarse que las personas morales oficiales son los órganos del gobierno del Estado que, en determinados momentos, fungen como gobernados ante dependencias u órganos gubernamentales, y que en dichas relaciones sufren algún perjuicio en su esfera jurídica patrimonial, teniendo entonces a su favor la acción de amparo, que podrán gestionar, desde luego, a través de los funcionarios públicos legalmente facultados para ello; por lo que, la procedencia del amparo deviene del hecho de que, al ser catalogados esos entes como gobernados, son titulares de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución al ver afectado su patrimonio (sus intereses o derechos patrimoniales), y pueden inconformarse para efectos de proteger su esfera jurídica, en el entendido de que si actúan como autoridades públicas, no procederá el juicio de amparo. En efecto, si bien las personas morales oficiales pueden promover el juicio de amparo contra actos de autoridad que afecten sus intereses patrimoniales, ello es posible únicamente cuando actúan como personas morales de derecho privado; pero si dichas personas morales oficiales promueven el juicio de amparo para defender alguno de sus actos de autoridad, el mismo es improcedente, ya que éste no fue creado para defender al Poder frente a otro Poder, con independencia de que el acto en cuestión sea una resolución intermedia o la que diera fin al juicio respectivo, dado que en cualquiera de esas circunstancias, lo que define la procedencia del juicio de amparo es la calidad con la que la persona moral oficial actúa en el procedimiento de que se trata y no la actuación procesal en que se dé el acto reclamado. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable si se tiene en cuenta que las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter, a saber: como entidad pública, o bien, como persona moral de derecho privado. En el primer caso, la acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investida como poder público. En la segunda situación, no actúa con ese carácter sino en las mismas condiciones que los particulares, esto es, a pesar de ser un órgano de gobierno, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, por tanto, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, sus derechos se encuentran protegidos por el juicio constitucional. Para una mejor comprensión de lo anterior, debe precisarse que existen tres clases diversas de relaciones, a saber: 1) Relaciones de coordinación: Son las que se presentan entre sujetos que tienen la misma calidad y que actúan dentro de los lineamientos de derecho privado, es decir, del derecho civil o del mercantil, así como dentro del derecho social, por lo que hace al derecho laboral; dentro de esta clase de relaciones, se establece una subdivisión, atendiendo a los sujetos que intervienen en las mismas: a) Relaciones de coordinación privada.- entre gobernados que actúan en el marco del derecho civil y del mercantil, así como de derecho social, entre trabajadores y patrones; y b) Relaciones de coordinación públicas.- las que se dan entre gobernados y gobernantes, pero cuando éstos últimos no actúan dentro del ámbito del ius imperii, es decir, cuando no están investidos de fuerza pública. Por tanto, en dichas relaciones de coordinación los sujetos que intervienen actúan en igualdad de circunstancias y con calidad de gobernados frente al Estado y sus autoridades. 2) Relaciones de suprabordinación: Son aquéllas que se presentan entre autoridades públicas únicamente en el desempeño de sus funciones establecidas constitucional y legalmente, mismas en las que no intervienen, ni por exclusión, los particulares gobernados. 3) Relaciones de supra a subordinación: Se dan cuando los sujetos que en ellas participan, son, por un lado, los gobernados y, por el otro, el gobierno del Estado y sus autoridades en uso del ius imperii, es decir, investidos de fuerza pública. De acuerdo con lo anterior, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, en un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. Expuesto ello y considerando que los actos reclamados derivan de un juicio administrativo, en el cual los quejosos por conducto de su representante legal no se encuentran en un plano de igualdad y tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, el cual dispone, como se dijo, que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, siempre que se trate de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". En efecto, al interpretar el contenido de dicho precepto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. Refirió además, que si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, evidentemente, dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla - cuando el ente público obra como cualquier particular-, pues, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. De esta manera precisó, que siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. En las relatadas circunstancias, de acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el simple hecho de que una persona moral oficial sea parte dentro del juicio administrativo, no implica de manera alguna que se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Esto es así, porque en los juicios de naturaleza administrativa -sea cual fuera la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante- , lo que se encuentra a debate es, precisamente, un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular no se ubican de forma alguna en un plano de igualdad, pues, precisamente, el fin del juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones. De esta manera, concluyó la superioridad, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo - sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen, precisamente, del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. Lo anterior es así, pues aunque en algunos casos se pudiera considerar que mediante el juicio contencioso administrativo las personas morales oficiales pretenden proteger cuestiones patrimoniales, lo cierto es que no se surte el diverso supuesto atinente a que actúen en un plano de igualdad fáctica jurídica, como si se tratase de un particular, lo cual constituye el requisito sin el cual, no puede actualizarse el supuesto de excepción consagrado en el precepto 7 de la Ley de Amparo; puesto que en el despliegue de su actuación como ente de gobierno, se encuentra desprovisto de toda posibilidad de exigir la protección de derechos fundamentales. Máxime que en el juicio contencioso administrativo los actos reclamados no derivan del conflicto suscitado con motivo de la actuación de la entidad quejosa como sujeto de derecho privado o particular, sino de sus funciones públicas, de modo que la circunstancia de figurar como parte en el juicio contencioso del que provienen los actos reclamados, no la legitima para acudir al amparo. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la ejecutoria dictada en la Contradicción de Tesis 374/2016, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". En conclusión, las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro en un juicio contencioso administrativo, porque ello no satisface el requisito de actuar en un plano de igualdad fáctica jurídica, como si se tratara de un particular, según lo dispone el artículo 7 de la Ley de Amparo, consultable en la página 1022 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Décima Época, registro 2015321. Ante ese panorama jurisprudencial, de la demanda y de sus anexos, se advierte que los quejosos por conducto de su representante legal promueven el presente juicio de amparo con motivo del auto dictado el **********, dentro del expediente **********, del índice de la Sexta Sala Juzgadora de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que se determinó, entre otras cosas, lo siguiente: ".Se concede la suspensión del acto reclamado, consistente en el retiro de sellos de suspensión, colocados mediante acta de **********, con folio **********, por la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, es decir, lo anterior para que se le permita llevar a cabo la actividad de comercialización del energético **********, en la estación de carburación asegurada a la moral demandante, lo anterior hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente asunto y esta cause ejecutoria". (Sic.) Lo que resulta insuficiente para actualizar la hipótesis de excepción de procedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 7 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados derivan de un juicio contencioso administrativo en el cual la aquí quejosa, a pesar de ser parte demandada, no se encuentra en un plano de igualdad con la señalada como tercera interesada. Lo anterior es así, porque la finalidad del juicio contencioso administrativo es, precisamente, determinar la validez o nulidad de los actos de ese órgano del Estado. En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de promover el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe de operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. Pues como se destacó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 374/2016, determinó que en los juicios de naturaleza administrativa -cual fuera la posición procesal de la autoridad ya sea como demandada o como accionante-, lo que se encontraba a debate era precisamente un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentre la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues precisamente el fin de dicho juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones; de ahí que la defensa del acto administrativo "no puede ser considerado como un derecho del hombre [...] para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya". En consecuencia, al no contar la parte quejosa con legitimación activa para promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7, de la Ley de Amparo y en consecuencia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de Verificador y Ejecutor de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. Sin que con la anterior determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que como es parte del juicio de origen, se encuentra en condiciones de promover los medios de defensa que la ley de la materia que rige el juicio de origen prevé en caso de resultar inconforme. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que, por única ocasión, se constituya en el domicilio ubicado en **********, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del correo electrónico que señala como medio alterno ya que no es previsto por la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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