Martin Gerardo Bustamante Gonzalez
Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Martin Gerardo Bustamante Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del cual, rinde su informe en relación con el cumplimiento a la suspensión de plano dictada en autos. 2. Remisión de promoción. Atento a ello, así como al estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de uno de septiembre del año en curso, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, acepto el conocimiento del presente asunto; por tanto, previa copia simple del ocurso que se acuerda, se ordena la remisión del mismo para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción (016500). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 891/2023 orden 868/2023, deducido del juicio en el que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas. Sin que resulte necesario acusar el recibo de estilo correspondiente, dado que, al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el acuse respectivo. 2. Se agregan oficios (16524 y 16525). Agréguense los oficios de cuenta signados, el primero en representación del Centro Penitenciario CP1 Varonil y el segundo por el Director Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, a través del cual rinden informe de suspensión de plano conforme al requerimiento que se le hizo en auto de veintiocho de agosto actual; asimismo, ténganse por exhibidas las constancias relacionadas con el expediente del quejoso **********; quedando enterado de su contenido. Por lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento con el cual se le conmino en el mencionado auto. 3. Se agrega oficio (promoción 016494). Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, a través del cual informa que aceptó el conocimiento previo planteado por este juzgado en auto de veintiocho de agosto de dos ml veintitrés, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que hay lugar; en atención a lo anterior previa copia simple que se quede en autos, se ordena la remisión de los oficios con números de correspondencia 16524 y 16525, por medio de las cuales las autoridades responsables rinden su informe en relación a la suspensión de plano concedida en autos. 4. Archivo de expediente. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de SEIS MESES. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Promovente Vía electrónica Fiscal Federal adscrito Oficio Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro Oficio
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, en representación de **********, en contra de actos reclamados del Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 17 y 133, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1058/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Incompetencia Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que ha virtud de esa figura las autoridades solo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho dispositivo legal, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, es decir, para fijar la competencia del juez de distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Del precepto legal en cita, se desprende el primer supuesto de la competencia territorial de los jueces de distrito: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en la residencia del lugar donde tiene su asiento el órgano jurisdiccional. Por tanto, en la especie se actualiza dicha hipótesis descrita, pues los actos reclamados en esta instancia consisten en la falta de atención médica, que atribuyen al Director, Jefe de Seguridad y Custodia, Área de Trabajo Social, Servicio Médico, todos adscritos al Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. Por ende, es patente señalar que los actos reclamados no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al lugar en donde se encuentra recluido el quejoso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurren en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, ubicado en el estado de Querétaro. De esta manera, si en el presente amparo se reclaman actos cuya ejecución se atribuye a una autoridad administrativa que reside fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, es evidente que estos producen un efecto en el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso, de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en cuya jurisdicción conllevan ejecución los actos reclamados. Es aplicable la tesis número I.1o.A.44 A, de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Tomo XIV, del mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. De igual forma, orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material. Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgador declina la competencia para el conocimiento del asunto y ordena remitir el expediente al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, a quien se le solicita atentamente informe si acepta o rechaza la competencia declinada a su favor; sin perjuicio de lo anterior remítase al homologo federal, el oficio de estilo vía interconexión a efecto de que este en aptitud de proveer lo que conforme a derecho corresponda. 4. Del cuaderno de antecedentes. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. 5. Suspensión de Plano. No se soslaya que la demanda de amparo carece de firma electrónica del promovente, sin embargo, dado que uno de los actos reclamados se encuentran en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, hace patente la necesidad de esta juzgadora de radicar la presente demanda y llevar a cabo actos tendentes a localizar al quejoso; es por ello que se proveerá lo necesario para levantar el estado de incomunicación y garantizar su salud mental y física. Ahora bien, en virtud de que el promovente de amparo **********, en representación de **********, se encuentra siendo sujeto a incomunicación y actos que ponen en riesgo su salud, en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, y toda vez que son actos que constituyen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que si llegaren a consumarse harían físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho reclamado, además lo que se traduce en una inminente violación a su integridad física, puesto que refiere: IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DA CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La incomunicación y la Desaparición Forzosa de la que es objeto mi hijo **********; la Falta de atención médica urgente dada la condición incapacitante de mi hijo, aquí quejoso, toda vez que derivado de un traumatismo craneoencefálico del que fue objeto, es que se encuentra medicado permanentemente además de la discapacidad física y mental que el quejoso padece. A. Atención médica. En atención a que en la demanda de amparo, se reclaman actos que ponen en riesgo la salud del quejoso **********, lo que se traduce en una inminente violación a su integridad mental y física, puesto que refiere: Lo que se traduce en una falta de atención respecto a su situación física y mental y demás padecimientos derivado de ello, por lo que si en esencia, el promovente reclama, la omisión de otorgarle los insumos y tratamiento necesario para los padecimientos que refiere; por ello, en aras de proteger su derecho a la salud, de conformidad con lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio la suspensión de plano a **********, a efecto de que las autoridades responsables, acrediten fehacientemente ante este órgano jurisdiccional haber brindado todas las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los padecimientos señalados, así como la dotación del medicamento prescrito a su discapacidad física y mental, con todas las medidas de seguridad correspondientes para su debida atención y tratamiento. En el entendido, que las autoridades responsables no podrán negar el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento médico permanente, derivado de la discapacidad física y mental que el quejoso padece, hasta en tanto hayan rendido el informe correspondiente a la suspensión de plano otorgada, en el que deberán precisar claramente lo atinente al suministro de medicamentos; además de precisar o, en su caso indicar lo relativo a la restricción que exista para brindar el tratamiento al padecimiento como servicio de salud, lo anterior con fundamento en el artículo 4 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución... En la inteligencia de que si los padecimientos que menciona la parte quejosa, implican alguna otra afectación a su salud, deberá brindar la atención bajo los lineamientos antes establecidos; ello para hacer realmente eficaz la protección a su derecho humano a la salud. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.18o.A.33 K (10a.), del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Décima Época, visible a página 2160, cuyo rubro y texto, son: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud. B. Incomunicación. Ahora bien, en atención a que el promovente **********, sostiene en su demanda que el quejoso se encuentra incomunicado, dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, con domicilio ubicado en: Carretera a Chichimequillas KM 8,5, San José El Alto, 76238, Santiago de Querétaro, y toda vez que se trata de un acto que constituye un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, que si subsistiera haría físicamente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano reclamado; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese todo acto de incomunicación, al quejoso **********, así como aislamiento y negación de acceso a un defensor privado, sin causa legal o injustificada en la referida agencia del ministerio público, y por ende le sea posible el acceso a la visita familiar, así como de su defensa a la cual tiene derecho como detenido en dicha agencia, lo anterior en los términos establecidos por la ley y a efecto de evitar desintegración familiar de dicho quejoso y no dejarlo en estado de indefensión. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables, para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo cualquier acto que implique la incomunicación y actos prohibidos consistentes en las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, golpes, amenazas, el tormento de cualquier especie y cualquier otras penas inusitadas y trascendentales, en contra del quejoso **********, debiendo hacer de su conocimiento el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quienes estime conveniente y se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para tales efectos; asimismo, para que se le permita ver a su abogado o persona de confianza. Ahora, toda vez que se advierte que **********, se encuentra privado de su libertad en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, mismo que se encuentra fuera de la competencia territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda y se constituya en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, y requiera el acceso al mismo, así como a cualquier otra área en la que se pueda encontrar el quejoso **********, en el lugar en mención, para lo cual incluso deberá llamarlo por su nombre en voz alta, o en su caso, requerir en ese mismo acto al encargado de dicho centro, para que lo presente ante el actuario judicial del juzgado exhortado y realice la notificación del presente acuerdo. 6. Informe del Cumplimiento de la Suspensión de Plano. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades responsables Director, Jefe de Seguridad y Custodia, Área de Trabajo Social, Servicio Médico, todos adscritos al Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, sin importar que su denominación actual y correcta sea diversa, (lo que deberán precisar al recibir los oficios que se giran); para que dentro del término de veinticuatro horas, informen sobre el cumplimiento que den a esta resolución, apercibidas que de no hacerlo así, serán responsables en los términos que señala en Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que pudieran incurrir, como lo establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se les responsabiliza, por cualquier violación que pudieran cometer a esta determinación, en la inteligencia de que deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Igualmente, se les requiere para que a sus informes, que como se dijo que deberán rendir de forma inmediata, acompañen las constancias que sustenten su dicho. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades, que el actuario adscrito al juzgado federal comisionado para dar cumplimiento a la presente determinación, se encuentra facultado para llevar a cabo todos y cada uno de los actos necesarios para el cumplimiento de su cometido, en la inteligencia de que deberá recibir todo clase de colaboración por parte de las aludidas autoridades para la realización del fin mencionado. Por otra parte, se apercibe al impetrante de amparo, que en caso de que las denominaciones de las autoridades responsables así señaladas, sean incorrectas o inexistentes, se dejaran de tener como autoridades responsables en el presente asunto a las mismas, lo anterior para una impartición de justicia pronta y expedita, de conformidad en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de llevar a cabo la referida diligencia, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno. Solicitando al juzgado federal que le corresponda conocer de la comunicación oficial de mérito, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional y a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique el exhorto, la constancia de notificación ordenada, así como el oficio por el cual ordene devolver el mismo. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto 7. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario ********** 8. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR.1 . 9. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, quienes cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Sin que haya lugar autorizar como medio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado Federal, por haberse habilitado las notificaciones vía electrónica. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 11. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. 12. Teléfono de guardia. Asimismo, se pone a su disposición, únicamente para cuestiones de carácter urgente, el número de celular 56 33806 758. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente [en el lugar de reclusión] Promovente Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Homologo Federal Oficio
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