Martín Javier Cuamea López
Expediente 420/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/12/2021
Partes del expediente
- Martín Javier Cuamea López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Ensenada, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial que antecede y toda vez que en esta misma data en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se ordenó el archivo de aquél expediente como asunto totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva por las autoridades responsables solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado.
- Principal
Ensenada, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, acuérdese lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión correspondiente.
- Principal
Notifíquese personalmente;
- Principal
de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada María Lohana Elizabeth Velasco, el proveído de doce de noviembre del año en curso, el cual a la letra dice: "... Ensenada, Baja California, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del estado de Baja California, con sede en Ensenada, mediante el cual hace del conocimiento de éste órgano jurisdiccional que el dos de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 120/2021, se dictó en perjuicio del quejoso Martín Javier Cuamea López, auto de vinculación a proceso, por hechos que la ley señala como delitos previstos en el artículo 225, fracción VIII, así como el diverso señalado en el numeral 259 Bis, ambos del Código Penal Federal, en términos de los artículos 7, fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13, fracción II, todos del Código Penal Federal. En virtud de lo anterior, se desprende que el aquí quejoso Martín Javier Cuamea López, reclamó por esta vía de control constitucional lo siguiente: "1.- La resolución dictada en audiencia de impugnación a determinaciones del Ministerio Público, celebrada en fecha 16 de agosto de 2021, en el expediente de impugnación 06/2021 del índice de la responsable, en la que se determinó dejar insubsistente el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado en la carpeta de investigación FED/VG/UNAIBC/ 0000253/2018 seguida en mi contra. 2.- La orden emitida a la Representación Social de la Federación, para efecto de que, en el término de 15 días, a partir del dictado de la resolución de 16 de agosto de 2021, solicite fecha y hora para la celebración de audiencia inicial de formulación de imputación en mi contra. Lo anterior, al sustituirse al Ministerio Público de la Federación, en cuanto a las funciones del órgano persecutor de delitos en la carpeta de investigación del índice de la representación social investigadora. Todas y cada una de las consecuencias jurídicas que traen aparejadas la resolución dictada por la ordenadora. De la autoridad responsable ejecutora, reclamo: 3.- La ejecución de la orden emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta Ciudad, de solicitar fecha y hora para la celebración de audiencia inicial de formulación de imputación en mi contra." Como se advierte del informe justificado remitido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del estado de Baja California, con sede en Ensenada, registrado con folio 10920, en la audiencia de dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno, efectuada en la impugnación de las determinaciones del Ministerio Publico 6/2021, se determinó dejar insubsistente el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-BC/0000253/2018; sin embargo, se advierte que del oficio que se atiende, hubo un cambio en la situación jurídica del quejoso. Lo anterior es así, ya que la responsable informa que dictó auto de vinculación a proceso, en contra del aquí quejoso Martín Javier Cuamea López, por hechos que la ley señala como delitos previstos en el artículo 225, fracción VIII, así como el diverso señalado en el numeral 259 Bis, ambos del Código Penal Federal, en términos de los artículos 7, fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13, fracción II, todos del Código Penal Federal. Documental pública que merece valor probatorio pleno en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" Énfasis añadido. Del dispositivo antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior, toda vez que como ya se dijo, el quejoso Martín Javier Cuamea López, reclamó por esta vía de control constitucional, la solicitud de fecha y hora para la celebración de audiencia inicial de formulación de imputación, al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del estado de Baja California, con sede en Ensenada y otra autoridad, y del oficio remitido por la precitada autoridad responsable, se obtiene que existe un cambio en la situación jurídica del quejoso, al haberse dictado auto de vinculación a proceso, dentro de la carpeta judicial 120/2021; de ahí que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de vinculación a proceso de dos de noviembre de dos mil veintiuno, de tal modo, las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación respectiva en el libro de juzgado correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, materia penal, con número de registro 169410, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En atención a lo anterior, se hace extensivo el sobreseimiento a la autoridad señalada como responsable en su carácter de ejecutora, debido a que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada en la audiencia de dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno, efectuada en la impugnación de las determinaciones del Ministerio Publico 6/2021, de ahí que no sea procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de ejecución. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución".
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