Martín González Sandoval

Expediente 866/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
866/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Martín González Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubieran realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de octubre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, a la parte promovente Martín González Sandoval, el proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, que a la letra dice: Visto; con el escrito de demanda se tiene a Martín González Sandoval, por propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama al juez de Control del Poder Judicial del estado, con residencia esta ciudad y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 866/2019. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia en la demanda planteada por la parte quejosa. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables lo siguiente: "..Del Juez de Control, el citatorio que giro para la audiencia de imputación en la causa penal No. 0148/2019 y aquellos que haya emitido o pretenda emitir para comparecer ante él a la celebración de dicha audiencia, así como la orden de aprehensión, detención o comparecencia forzosa que obsequio, haya obsequiado o pretenda para privarme de mi libertad sin fundamento legal alguno. Del Ministerio Público responsable, la solicitud que haya elevado, eleve o pretenda elevar el Juez de Control para la audiencia de imputación y orden de aprehensión, detención o comparecencia forzosa en mi contra." . En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste último aplicada a contrario sentido, ya que el acto reclamado consistente en la orden de citación para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación en la causa penal 1487/2019, no es de aquellos que, por sí, afecte la libertad personal del quejoso y se trata de un acto judicial fuera de juicio, sin que afecte derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El contenido de los numerales transcritos, revela que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicios cuyos efectos sean de imposible reparación. También, se obtiene la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dentro de ellos, se encuentran la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la inexistencia de materia, dado que no habría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. En ese orden de ideas, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, por ello, dentro de la expresión de imposible reparación no pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación alguna a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de modo que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Sobre el tema de afectación a los derechos sustantivos en materia de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." El Máximo Tribunal del País sostuvo que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al precisar el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, conlleva a afirmar que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, los que, para ser calificados de esa manera, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. También refirió que un acto es considerado de imposible reparación, cuando recae sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, dicho Tribunal señaló que la interpretación de la referida porción normativa de la actual Ley de Amparo, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, la parte promovente Martín González Sandoval, reclama la orden de citación emitida en su contra por el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, dictada dentro de la causa penal 1487/2019 que se le inició por el hecho considerado como delito de sustracción de menores (cometido por padre sobre el menor de doce años), para que compareciera a las diez horas del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a la audiencia inicial de formulación de imputación. Cabe destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la forma de llamamiento para la audiencia inicial, establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De lo anterior se obtiene que la citación consiste en un medio de comunicación en el cual se le hace saber al imputado que debe comparecer a una diligencia, tratándose del proceso penal acusatorio y oral, en virtud de la petición del Ministerio Público de formalizar la investigación y, en su caso, formular la imputación que corresponda, en el caso, a la audiencia inicial, sin que ello implique una afectación a su libertad. En esas condiciones, el citatorio reclamado no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente; pues de la orden de citación efectuada al promovente, no se advierte que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano respecto el acto reclamado consistente en la orden de citación para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación en la causa penal 1487/2019. Por otra parte, en relación al acto que la parte quejosa hizo consistir en la posible orden de aprehensión o comparecencia forzada derivada de la inasistencia a la audiencia de imputación materia del citatorio analizado en párrafos precedentes, con motivo de la solicitud formulada por el fiscal para lograr la comparecencia del quejoso, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 fracción I, en virtud de que el acto reclamado, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, preceptos normativos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (Subrayado añadido). El numeral transcrito condiciona para la promoción del juicio de amparo, la existencia de que la parte quejosa resienta afectación real y actual en su esfera jurídica; por tanto, si no existe esa afectación o sea inminente, puede reputarse improcedente el juicio de amparo. Sobre el tópico que nos ocupa, respecto a la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sobre los actos futuros, como el reclamado, el Alto Tribunal de la Nación los ha clasificado en actos futuros e inciertos respecto de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, debido a que su realización está sujeta a meras eventualidades y actos futuros pero inminentes, contra los cuales procede el juicio de amparo, debido a que por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán. Por lo anterior, un acto futuro e incierto, no produce una afectación actual, real y directa a la impetrante, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos de la parte quejosa. En ese sentido, es de concluir que este tipo de actos actúa la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En cuanto a la actualización de la referida causa de improcedencia en la radicación de la demanda de amparo, la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 62/2002-PS, que originó la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE.", estableció en lo que interesa que: 1). Cuando de la simple lectura de la demanda de amparo indirecto se advierta, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que el Juez de Distrito puede y debe desecharla de plano. 2). Sin embargo, cuando exista duda de si tales actos, bajo determinadas condiciones, llegarán a realizarse o se requieran elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se deberá admitir la demanda a trámite, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, ya que en este último supuesto, ante la certeza de la existencia de una causal de improcedencia, lo conducente será sobreseer en el juicio. Ahora bien, en el caso concreto, se actualiza el primer supuesto, debido a que se acredita de manera manifiesta e indudable, que el acto reclamado por la parte quejosa es futuro de realización incierta, lo que cual se evidencia, con las manifestaciones de la parte quejosa en la demanda de amparo en que se actúa, puesto que controvierte una posible orden de aprehensión o comparecencia forzosa a solicitud del Ministerio Publico, para lograr su comparecencia a la audiencia inicial ante el Juez de Control. En el presente juicio de amparo, sino que se encuentra sujeto a la eventualidad para su materialización de que:  Que el quejoso no asista a la audiencia inicial de imputación, materia del citatorio analizado en párrafos precedentes, sin justificación legal alguna.  Que ante su incomparecencia, el fiscal solicité al Juez de Control, la orden de aprehensión o comparecencia forzada, para lograr su asistencia a la citada audiencia.  Que el Juez de Control emita la orden de aprehensión o comparecencia en su caso, para lograr su asistencia a la audiencia de imputación. Por lo anterior, la posible orden de aprehensión o comparecencia forzada derivada de la inasistencia a la audiencia de imputación atribuida al juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con motivo de la solicitud formulada por el fiscal para lograr la comparecencia del quejoso; es por ello, un acto futuro, probable o remoto, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En ese orden de ideas, se desprende que la posible orden de aprehensión o comparecencia forzada derivada de la inasistencia a la audiencia de imputación atribuida al juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con motivo de la solicitud formulada por el fiscal para lograr la comparecencia del quejoso, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado, toda vez que no procede contra actos no existentes aún, pues su procedencia está supeditada que se tenga plena certeza de su realización. Por tanto, al evidenciarse plenamente, de manera indudable y manifiesta, respecto al acto reclamado consistente en la posible orden de aprehensión o comparecencia forzada derivada de la inasistencia a la audiencia de imputación atribuida al juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con motivo de la solicitud formulada por el fiscal para lograr la comparecencia del quejoso, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso, y en ese sentido se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la ley reglamentaria antes citada, se desecha de plano por notoriamente improcedente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página doscientos treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil dieciocho, correspondiente a la Décima Época, de registro 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Subrayado y negritas añadido). Por otra parte, respecto el diverso acto reclamado siguiente: "Del mismo representante social la omisión de citarme a la carpeta de investigación que haya integrado para ofrecer pruebas y estar en aptitud de defenderme." Analizado el expediente en su integridad, el suscrito juzgador advierte de oficio, que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" (Subrayado añadido). Ello, en virtud de que, el acto reclamado en este juicio constitucional, se hizo consistir en la omisión de ser citado a la carpeta de investigación que haya integrado para ofrecer pruebas y estar en aptitud de defenderse. Sin embargo, de los anexos al escrito inicial de demanda, se desprende que el promovente fue citado a la audiencia de imputación inicial en su contra y la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, dictado dentro de la causa penal 1487/2019 que se instruye en contra del referido quejoso por el delito de sustracción de menores (cometido por padre o madre sobre el menor de doce años), ordenó citarlo para que compareciera el diez horas del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a la audiencia inicial de formulación de imputación. En consecuencia, se desprende que se transitó de la etapa de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal; por tanto, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de situación jurídica de las fases procesales subsecuentes. En ese contexto, es claro que con el citatorio de la audiencia inicial de imputación, ordenado dentro de la causa penal 1487/2019, del cual derivan los actos reclamados, es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica en esta instancia constitucional que impide examinar las violaciones cometidas de los actos reclamados de que se trata, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la citación antes referida ordenada por el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, dentro de la causa penal 1487/2019. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, tomo IV, diciembre de 1996, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.2o.P.44 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, visible en el libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página mil setecientos dos, con número de registro 2013315, cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." (Subrayado y negritas añadido). Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, interpretado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. En otro tenor, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende y como autorizados de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Ochoa Paredes, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Evelyn Vanessa Romero Zamarripa, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula en el Sistema de Registro en líneas supra citado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las demás partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria.

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