Martin Ignacio Carreño Villanueva
Expediente 350/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martin Ignacio Carreño Villanueva
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado determinación Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se desprende que el proveído de veintiséis de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue notificado de manera personal a la parte promovente del amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y, por lo mismo, se ordena notificar el mencionado acuerdo mediante el usuario electrónico autorizado en autos, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. inserción: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Se agrega escrito Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso * * * * * * * * mediante el cual, desahoga el requerimiento formulado en autos. Atento a lo anterior, se provee: Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicado el 02 de marzo de 2023 en el DOF." Asimismo, en el escrito de cuenta, precisa que los artículos cuya inconstitucionalidad reclama son: "31, numeral 3; 61, numerales 1, inciso b), 4, 5, 9 y 10; 71 numeral 1, incisos a) y b), así como el numeral 2; 72 numerales 1 al 5; 73 numeral 1; 74 numerales 1 al 4; 76 numerales 1 al 4; 77 numerales 1, 2 y 4; 78 numerales 1 y 5; 125 Ter; 125 Quater; 125 Quinquies; 125 Sexies; 125 Septies; todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformados, adicionados o derogados, por Decreto publicado el 2 de marzo de 2023 en el DOF. Asimismo, los Transitorios Décimo, Decimoprimero; Décimo Segundo y Décimo Tercero, Décimo Octavo Vigesimoquinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 02 de marzo de 2023 en el DOF." Actos que atribuye a: 1) Congreso de la Unión, 2) Titular del Poder Ejecutivo Federal, 3) Titular de la Secretaría de Gobernación y, 4) Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Actos contra los cuales se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)" Respecto a la fracción invocada de ese numeral, se precisa que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio de control constitucional o un recurso extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de ello, la Constitución Federal prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, toda vez que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 166, fracción III, incisos d) y e), prevé la competencia del Tribunal Electoral para resolver los conflictos o diferencias laborales entre dicho órgano o entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen vulneraciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Por tanto, se estima, este juicio de amparo es improcedente, debido a que los actos reclamados, por su naturaleza y carácter procesal, no pueden ser impugnados por esta vía constitucional; lo anterior, pues si bien se atribuye a: 1) Congreso de la Unión, 2) Titular del Poder Ejecutivo Federal, 3) Titular de la Secretaría de Gobernación y, 4) Consejo General del Instituto Nacional Electoral., lo cierto es que su naturaleza es en materia electoral, ajena a la competencia de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 162431, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." (Énfasis añadido) Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, registro digital 168997, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." (Énfasis añadido) En dichos criterios el máximo tribunal estableció que la causa que se invoca no se actualiza por el sólo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda; sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De ahí que, para que se actualice la causa de improcedencia analizada, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos tales actos están sujetos al control constitucional. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa también argumente que el decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Capacitación electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 10 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en razón de que ese tópico versa sobre la materia electoral regulada por el citado decreto, en concreto, sobre la integración de las autoridades electorales; lo que torna improcedente esta instancia constitucional, dado que, se reitera, existen diversos medios de defensa para impugnar ese acto, como lo es, la acción de inconstitucionalidad. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, registro digital: 161391, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas." Por lo expuesto, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovido por el quejoso * * * * * * * * *. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EN ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Se agrega escrito Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso * * * * * * * * mediante el cual, desahoga el requerimiento formulado en autos. Atento a lo anterior, se provee: Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicado el 02 de marzo de 2023 en el DOF." Asimismo, en el escrito de cuenta, precisa que los artículos cuya inconstitucionalidad reclama son: "31, numeral 3; 61, numerales 1, inciso b), 4, 5, 9 y 10; 71 numeral 1, incisos a) y b), así como el numeral 2; 72 numerales 1 al 5; 73 numeral 1; 74 numerales 1 al 4; 76 numerales 1 al 4; 77 numerales 1, 2 y 4; 78 numerales 1 y 5; 125 Ter; 125 Quater; 125 Quinquies; 125 Sexies; 125 Septies; todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformados, adicionados o derogados, por Decreto publicado el 2 de marzo de 2023 en el DOF. Asimismo, los Transitorios Décimo, Decimoprimero; Décimo Segundo y Décimo Tercero, Décimo Octavo Vigesimoquinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 02 de marzo de 2023 en el DOF." Actos que atribuye a: 1) Congreso de la Unión, 2) Titular del Poder Ejecutivo Federal, 3) Titular de la Secretaría de Gobernación y, 4) Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Actos contra los cuales se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)" Respecto a la fracción invocada de ese numeral, se precisa que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio de control constitucional o un recurso extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de ello, la Constitución Federal prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, toda vez que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 166, fracción III, incisos d) y e), prevé la competencia del Tribunal Electoral para resolver los conflictos o diferencias laborales entre dicho órgano o entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen vulneraciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Por tanto, se estima, este juicio de amparo es improcedente, debido a que los actos reclamados, por su naturaleza y carácter procesal, no pueden ser impugnados por esta vía constitucional; lo anterior, pues si bien se atribuye a: 1) Congreso de la Unión, 2) Titular del Poder Ejecutivo Federal, 3) Titular de la Secretaría de Gobernación y, 4) Consejo General del Instituto Nacional Electoral., lo cierto es que su naturaleza es en materia electoral, ajena a la competencia de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 162431, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." (Énfasis añadido) Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, registro digital 168997, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." (Énfasis añadido) En dichos criterios el máximo tribunal estableció que la causa que se invoca no se actualiza por el sólo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda; sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De ahí que, para que se actualice la causa de improcedencia analizada, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos tales actos están sujetos al control constitucional. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa también argumente que el decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Vocal de Capacitación electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 10 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en razón de que ese tópico versa sobre la materia electoral regulada por el citado decreto, en concreto, sobre la integración de las autoridades electorales; lo que torna improcedente esta instancia constitucional, dado que, se reitera, existen diversos medios de defensa para impugnar ese acto, como lo es, la acción de inconstitucionalidad. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, registro digital: 161391, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas." Por lo expuesto, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovido por el quejoso * * * * * * * * *. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EN ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional el trece de abril de dos mil veintitrés, que promovió * * * * * * *, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 350/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y prevención Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existen irregularidades, Toda vez que la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicado el 02 de marzo de 2023 en el DOF." En tanto que, en el capítulo relativo a las autoridades responsables, señaló las siguientes: 1. Congreso de la Unión. 2. Titular del Poder Ejecutivo Federal. 3. Titular de la Secretaría de Gobernación. 4. Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de su admisión, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo, previo a proveer lo conducente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que quede notificada de este auto, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad, deberá: a) Señalar si el presente juicio de amparo lo presenta por su propio derecho, o como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrito al Ejecutiva 10 del Instituto Nacional Electoral con sede en Miahuatlán, Oaxaca b) Especifique qué acto le reclama a cada una de las autoridades responsables que señala en su demanda, pues únicamente relata de manera generalizada los actos reclamados. Debiendo especificar los artículos que reclama en el presente juicio así como la legislación respectiva y fecha de su publicación y promulgación de cada una de ellas. c) Hecho lo cual deberá señalar, si la impugnación de las norma o normas que realiza lo hace en su carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. d) En su caso, deberá precisar si los actos reclamados al Congreso de la Unión los realiza de manera conjunta como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; o cada una de las personas integrantes de las cámaras , o en su defecto de manera conjunta respectivamente, como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Lo anterior, a fin de contar con mayores datos y estar en aptitud de entablar correctamente la litis, de admitirse la demanda, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con el objeto de que las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, o en su caso, acordar lo que en derecho corresponda, pues, al respecto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar tal circunstancia. Asimismo, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que exhibe cuatro copias de la misma, sin que se hayan adjuntado las copias necesarias para correrle traslado a las demás partes; por tanto, a fin de proveer sobre la admisión del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 110, requiérase también a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, cumpla con lo siguiente: Exhiba una copia más de su escrito de demanda; pues para el trámite del presente juicio de amparo se necesita un total de cinco copias, las cuales son necesarias para correr traslado a las autoridades responsables (siendo cuatro en el presente caso) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; esto, atendiendo a que únicamente adjuntó cuatro copias de su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.106/2005, registrada con el número 177046, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página 170, del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1 a . / J . 106 / 2005, registrada con el número 177046, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página 170, del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Igualmente, apoya lo anterior, en lo conducente, atento al artículo 6 transitorio de dicha Ley, la jurisprudencia número 66/2010, de la contradicción de tesis número 111/2010, entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha once de agosto de dos mil diez, cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA. De los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo se advierte la obligación del promovente del amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5o., fracción IV, de dicha ley. El incumplimiento de ese requisito lleva al juzgador a prevenir al quejoso para que lo cumpla, y en caso de omisión, debe tenerse por no interpuesta la demanda, salvo los amparos en materia penal en los que la ley hace una excepción sobre el particular. Por tanto, el requisito formal referido no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta, no corresponden a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Además, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatarlos al pretender ejercer aquel derecho, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse a las formas previstas por el legislador". Por lo anterior, se apercibe a la parte quejosa y a su autorizado que tiene señalado en este juicio, para que se conduzcan en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Apercibimiento. Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio, autorizados y consulta de expediente Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "SEnotificaciones", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. Sin que obste para lo anterior que indique domicilio físico para tal efecto, toda vez que solicita expresamente que se practiquen las notificaciones de manera electrónica. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Por otra parte, téngase por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *****, pues a pesar de que su cédula profesional no se encuentra registrada ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en la demanda de cuenta, se advierte que tienen emitida a su favor la cédula profesional de números 8868727 y 5465913 expedidas por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si la quejosa otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V , de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Pruebas Se reserva proveer lo conducente en relación a las probanzas ofrecidas, hasta en tanto la parte quejosa cumpla con el requerimiento efectuado en líneas que anteceden. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Instrucción y envío de oficios Se ordena a la actuaria llevadora de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, desde este momento se autoriza a la actuaria firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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