Martín Hernández Chávez

Expediente 932/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
932/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Martín Hernández Chávez
  • Martín Hernández Chávez y Otros.
  • Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta y un minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 932/2023, el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las remitidas por el Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales en el Estado de Oaxaca, a su informe justificado. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, la secretaria CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos; por lo que, el Juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 932/2023, que promovió ******************** y ********************por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Radicación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado físicamente a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, ******************** y Josué Morales Reyes, por derecho propio, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, actualmente denominado JUZGADO TERCERO PARA LA CONCLUSIÓN DE ASUNTOS PENALES TRADICIONALES. Actos reclamados "LA PRISIÓN PREVENTIVA EXCESIVA Y LA OMISIÓN DE CESAR DE OFICIO LA MISMA, YA QUE LLEVAMOS PRIVADOS DE NUESTRA LIBERTAD POR MÁS DE 13 AÑOS, DESDE EL 06 DE MAYO DE 2010, CUANDO SE LIBRÓ LA ORDEN DE ARRAIGO DOMICILIARIO, PETICIÓN QUE REALIZAMOS DE ACUERDO A LA JURISPRUDENCIA 2026992, EMITIDA POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIA PENAL DE LA REGIÓN CENTRO SUR". Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda. 1. En acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número 932/2023, se admitió a trámite; se solicitó a los informes justificados; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes a la audiencia constitucional. Seguido los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos 45/2016 y 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza penal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca: La dilación del plazo constitucional máximo de la prisión preventiva impuesta a los procesados en la causa penal 58/2016 del índice de la responsable. Sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las constancias que remitió relativas a la causa penal 58/2015, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 231, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Dado que las partes procesales, no invocaron alguna causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de un motivo legal de improcedencia del juicio, se procede abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón a que no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue a realizarlo; al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. La quejosa argumenta en la demanda de amparo que la autoridad responsable vulnera su derecho previsto en la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a pesar de que fue detenida desde el año dos mil diez, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se ha dictado sentencia que haya causado estado en la causa penal que se instruye en su contra, por lo que el plazo de prisión preventiva ha excedido del contemplado en el referido precepto. A efecto de dar contestación a lo alegado por la parte quejosa, es necesario citar lo previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención." En congruencia con el postulado constitucional que se analiza, el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." De los preceptos citados se aprecia que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena que fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. En relación al tema que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 315/2021, analizó el precepto constitucional 20, apartado B, fracción IX, bajo los siguientes lineamientos: La Primera Sala del máximo tribunal citó como antecedente que al resolver el amparo en revisión 408/2015, tuvo la oportunidad de interpretar el contenido del artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución General, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, en donde se tomó como parámetro los tratados internacionales de los que México es parte, así como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales realizó una narrativa de los casos relevantes. Determinó que de conformidad con el artículo 19 constitucional, solamente serán fines legítimos para justificar la prisión preventiva, los que buscan asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos. Sobre los fines legítimos, la Primera Sala del máximo tribunal al resolver el recurso de revisión 205/2014 hizo aportaciones importantes al indicar que el riesgo de comisión de nuevos delitos, la reincidencia, la preservación del orden público o el riesgo para la sociedad o la comunidad, no son fines legítimos para concluir la necesidad de dictar prisión preventiva ya que éstos no son acordes con el principio pro persona, ni con el principio de presunción de inocencia, debido a que adelantan la conclusión punitiva o juzgan conductas futuras. Señaló la Sala en dicho precedente 205/2014, que el artículo 20, Apartado B, fracción IX de la Constitución Federal establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo de la pena que como máximo merezca el delito que motivare el proceso penal, y en ningún caso se extenderá por un lapso superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Así, el límite absoluto e inamovible de duración de la prisión preventiva, es el tiempo de pena máxima que merezca el delito del que nace el proceso penal. El precepto bajo análisis claramente señala que la prisión preventiva no podrá prolongarse por más de dos años, a menos de que la prolongación se haya debido a la actividad procesal derivada del ejercicio del derecho a la defensa del imputado. En efecto, el ejercicio del derecho a la defensa necesariamente impacta en la duración del proceso penal porque implica la activación de la maquinaria procesal contemplada en la ley para que las personas que enfrentan un proceso penal puedan ofrecer y desahogar los elementos de prueba necesarios, los cuales están sometidos al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio. Por lo tanto, el plazo de duración de la prisión preventiva necesariamente se prolongará, pero dicho lapso no puede existir sin estar sujeto a un escrutinio que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Primera Sala concluyó que para realizar este escrutinio, se tomarán en cuenta tres elementos i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades. Al estudiar la prisión preventiva en el sistema penal acusatorio, las autoridades deberán tomar en cuenta los estándares internacionales, los cuales señalan que la libertad del acusado es la regla y que la prisión preventiva es la excepción. También deberán considerar que esta medida cautelar restringe profundamente el derecho a la libertad personal de las personas, por lo tanto, ésta tiene que ser dictada con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, los casos en los que la persona se haya bajo una medida cautelar que limita en extremo el derecho a la libertad personal, como lo es la prisión preventiva, imponen a las autoridades la obligación judicial de tramitarlos, no solo de manera diligente, sino además con mayor prontitud, tal y como lo indica el artículo primero de la Constitución y el Caso Bayarri vs. Argentina, resuelto por la Corte Interamericana Bajo esas premisas, resulta fundado el concepto de violación alegado por la parte quejosa en la demanda de amparo. Lo sustentado en el párrafo que precede es así, ya que de lo establecido por el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que no se logra advertir impedimento constitucional o legal para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio pueda ser revisada en el plazo de dos años previstos en la fracción del artículo citado, para el efecto de que se determine si cesa o se encuentra justificada su prolongación. En efecto, el precitado artículo 20, apartado B, fracción IX Constitucional indica que los imputados tienen derecho a que la prisión preventiva que se les imponga no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motive el proceso y en ningún caso será superior a dos años; ello, siempre y cuando su prolongación se deba al ejercicio de derecho de defensa del imputado. Por tanto, como lo interpretó la Primera Sala del máximo tribunal, atendiendo a que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normativa internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, llegado el límite de dos años de duración, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación; esto, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa por el juez de control. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. Atento a lo anterior, de conformidad con los estándares internacionales, así como de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar ese escrutinio las autoridades tomaran en cuenta tres elementos: La complejidad del asunto. La actividad procesal del interesado y, La conducta de las autoridades. Por lo que respecta a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. En relación a la actividad procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal, para lo cual debe considerarse que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por las partes. En tanto que por lo que atañe al último elemento referente a la conducta de las autoridades, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que los constituyen. En ese contexto, cuando del análisis de los elementos antes mencionados, el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su actividad procesal no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente en la conducción del proceso, el resultado será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar a que se debata en la audiencia la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso contrario, el juez de Primera Instancia de manera fundada y motivada determinará con base en los parámetros antes precisados que la prisión preventiva aun cuando excede de los dos años previstos en el precepto constitucional, esta se encuentra justificada. Bajo esas consideraciones, le asiste la razón a la solicitante de amparo ya que como lo argumenta fue privada de su libertad en el año dos mil diez, por lo cual a la fecha de la presentación de la demanda -diecinueve de septiembre de dos mil dos mil veintitrés-, ha transcurrido un plazo de más de trece años; por ello, el juez Penal que tramita su proceso debe analizar, bajo el escrutinio antes precisado, si la prisión preventiva bajo la cual se encuentra la solicitante de amparo se encuentra justificada o deberá cesar. No es obstáculo para el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que para que se realice ese análisis deba existir la petición expresa de la parte interesada, pues como ya se dijo con anterioridad, la Primera Sala del máximo tribunal determinó que al ser la libertad la regla general, una vez transcurrido el plazo de dos años previsto en el precepto constitucional 20, apartado B, fracción IX, es obligación del juez del proceso vigilar que la prisión preventiva se encuentre debidamente justificada. Por tanto, atendiendo a lo fundado del concepto de violación lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** y Josué Morales Reyes, para los efectos que se precisaran en seguida. Efectos de la concesión de amparo. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria, deberá: 1. Previa citación de las partes, revise si la prisión preventiva bajo la cual se encuentran los quejosos ******************** y ********* se encuentra justificada o puede tenerse por concluida esa medida; para lo cual, deberá dictar la resolución correspondiente con plenitud de jurisdicción. 2. Acreditar ante este órgano jurisdiccional el cumplimiento otorgado, remitiendo las constancias correspondientes. SÉPTIMO. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." OCTAVO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas que se hubieran citado en esta ejecutoria, anteriores a la Onceava época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios, respectivamente, del Decreto por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. NOVENO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** y ********************contra actos del Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos séptimo y noveno de esta sentencia en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta y certificación que anteceden, se advierte que para el veinte de octubre de este año se encontraba programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con los avisos de los Coordinadores de Magistrados y Jueces del Decimotercer Circuito y las Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veintisiete de octubre de esta anualidad, por lo que fue jurídica y materialmente imposible desahogar la aludida audiencia. Luego, visto el estado de autos se advierte que en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca; por lo que, tomando en consideración el motivo expuesto en el párrafo que antecede, es evidente que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Diferimiento Por lo anterior, se reprograma la audiencia constitucional, y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, mediante el cual, rinde su informe justificado solicitado en autos. Pruebas Conforme al numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de dicha autoridad responsable, las copias certificadas de la causa penal 58/2016 que remite, en tres tomos; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Constancias con las cuales se ordena formar los cuadernos auxiliares 1, 2 y 3 de pruebas, respetando el folio y entresello correspondientes, y que quedan a disposición de las partes para su consulta, en la secretaría de este juzgado. Vista Finalmente, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, informa que instruyó al Oficial Judicial "A" de su adscripción, para que habilite por el plazo de diez días, el expediente electrónico del juicio de amparo ********************/2016 de su índice. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" de la adscripción, para que realice la vinculación electrónica de este expediente en el referido sistema con el citado juicio de amparo; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.

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