Martín Humberto Hidalgo Martínez
Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/05/2021
Partes del expediente
- Martín Humberto Hidalgo Martínez
- Juez de Control y Enjuiciamiento para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda: A. ARCHIVO De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que el original de dicho incidente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, ya que se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión y se destruirá el resto de las mismas, por considerarse que no tienen relevancia. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo referido. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo 18 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; el órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, el original del presente incidente y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciarse en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. APERCIBIMIENTO En consideración de que en el presente caso, no acontece el supuesto que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, se omite proveer del apartado E), del presente auto. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Alfredo Aranda Nieto, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se negó la protección constitucional solicitada. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables ni a la parte tercera interesada, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se negó la protección constitucional solicitada; además a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos relativos. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a su depuración, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en ese mismo artículo. Realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Alfredo Aranda Nieto, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL (.) En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas con cincuenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 155/2021-III, promovido por Martín Humberto Hidalgo Martínez, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Alfredo Aranda Nieto, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. El Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado 4 Emplazamiento a las autoridades responsables Asimismo, se da cuenta con el pedimento registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el folio 4320, por medio del cual la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita hace diversas manifestaciones a guisa de alegatos, y solicita copia certificada de la resolución que se dicte. De igual manera, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: Autoridades ResponsablesSentido del informeAcuerdo 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. No es cierto Dieciséis de marzo de dos mil veintiuno 2. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. No es cierto Treinta de marzo de dos mil veintiuno 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Dos, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 4. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Cuatro, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 5. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Seis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 6. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Diez, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 7. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Once, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 8. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Doce, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 9. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Trece, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 10. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Catorce, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 11. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Quince, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 12. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Dieciséis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 13. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Diecisiete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 14. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Dieciocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 15. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veintidós, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 16. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veinticuatro, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 17. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veinticinco, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 18. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veintiséis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 19. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veintisiete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Dieciocho de marzo de dos mil veintiuno 20. Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, a través del Jefe de Grupo adscrito, con sede en esta ciudad. No es cierto Dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 21. Director Jurídico de la Policía Especializada, en ausencia del Director General, con residencia en esta ciudad. No es cierto Dieciséis de marzo de dos mil veintiuno 22. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veintiuno, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. Inexistente Cinco de abril de dos mil veintiuno 23. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Veintiocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. Inexistente Cinco de abril de dos mil veintiuno 24. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Uno, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Doce de abril de dos mil veintiuno 25. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Siete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Doce de abril de dos mil veintiuno 26. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Nueve, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. No es cierto Doce de abril de dos mil veintiuno 27. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Tres, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. Omisa Doce de abril de dos mil veintiuno 28. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Ocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. Omisa Doce de abril de dos mil veintiuno 29. Fiscal del Ministerio Público Investigador número Diecinueve, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. Omisa Doce de abril de dos mil veintiuno El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el pedimento de cuenta y relaciónese en la etapa respectiva. Tocante a la copia que solicita, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídase en su oportunidad, previa razón y recibo que deje en autos para debida constancia, una vez que se emita la resolución respectiva. En el entendido de que, tal y como lo ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal, para diligencias de esa naturaleza: A) De conformidad con el artículo 3, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", que entró en vigor el tres de agosto de la anualidad en curso, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de copias será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. B) La expedición y entrega de las copias solicitadas queda sujeto a que el personal del servicio de fotocopiado que se encuentra al interior del este edificio sede del Poder Judicial de la Federación, esté laborando, toda vez que dicho establecimiento es el autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para prestar ese servicio. C) En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente, gestión (en caso de que se encuentre el centro de fotocopiado para su obtención) durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrán que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad electrónica que maneje el sistema nacional de agendas de citas de los órganos jurisdiccionales. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que, puede solicitar la reproducción electrónica de la constancia que solicita, a través de la cita que al efecto genere, con los aparatos tecnológicos que le permitan la reproducción de dichas constancias. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener la copia solicitada. Período probatorio: El Secretario da cuenta, manifestando que ninguna de las partes exhibió probanza alguna, por lo que se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que la parte quejosa no los expuso; y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita los expresó mediante pedimento detallado anteriormente, los cuales, con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados y por hechas sus manifestaciones; razón por la que se cierra esta fase. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, el Secretario certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 155/2021-III, promovido por Martín Humberto Hidalgo Martínez; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Martín Humberto Hidalgo Martínez, mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y los actos que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Admisión y trámite. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 155/2021-III y se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertidos de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. 2. Juez de Control y Enjuiciamiento para la Atención de Delitos Graves, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número uno, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 4. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número dos, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 5. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número tres, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 6. Fiscal del Ministerio Público Investigador, investigador cuatro, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 7. Fiscal del Ministerio Público Investigador, investigador seis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 8. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número siete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 9. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número ocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 10. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número nueve, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 11. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número diez, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 12. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número once, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 13. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número doce, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 14. Fiscal del Ministerio Público Investigador número trece adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 15. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número catorce, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 16. Fiscal del Ministerio Público Investigador número quince, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 17. Fiscal del Ministerio Público Investigador número dieciséis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 18. Fiscal del Ministerio Público Investigador diecisiete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 19. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número dieciocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 20. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número diecinueve, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 22. Fiscal del Ministerio Público Investigador, actuando en auxilio del investigador número veintidós, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 23. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veinticuatro, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 24. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veinticinco, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 25. Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la mesa investigadora número veintiséis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 26. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veintisiete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 28. Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada. 29. Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General. Todos con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La orden de aprehensión, localización, presentación, citación y/o detención y su ejecución. TERCERO: Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. 2. Juez de Control y Enjuiciamiento para la Atención de Delitos Graves, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número uno, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 4. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número dos, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 6. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número cuatro, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 7. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número seis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 8. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número siete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 10. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número nueve, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 11. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número diez, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 12. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número once, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 13. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número doce, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 14. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número trece, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 15. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número catorce, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 16. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número quince, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 17. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número dieciséis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 18. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número diecisiete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 19. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número dieciocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 22. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veintidós, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 23. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veinticuatro, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 24. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veinticinco, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 25. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veintiséis, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 26. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número veintisiete, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 28. Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado. 29. Dirección General de la Policía Especializada. Lo anterior, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En ese contexto, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de dichas autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO: Certeza del acto reclamado. Debido a que no obstante fueron notificadas del oficio por el que se les requirió su informe justificado, fueron omisas en rendirlo las siguientes autoridades responsables: 5. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número tres, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 9. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número ocho, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. 20. Fiscal del Ministerio Público Investigador, número diecinueve, adscrito a la Unidad Central de Investigación de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Fiscalía General del Estado de Chiapas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les presumen ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de localización, presentación, citación y/o detención y su ejecución. Cobra aplicación a la anterior consideración, la tesis que establece: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal . Sin que obste a lo anterior que la quejosa haya reclamado a los fiscales responsable una orden de aprehensión, debido que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo, únicamente las autoridades judiciales tienen esa facultad QUINTO: Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo, por las razones que la integran, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Al no existir en la especie causa de improcedencia que analizar, se impone entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, para lo cual se tienen a la vista los conceptos de violación esgrimidos por los impetrantes del amparo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Al no existir causa de improcedencia del juicio que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por el impetrante de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, en atención, que ello no resulta una obligación para el Juez de amparo, tomando en consideración que no existe precepto legal que así lo establezca. Es aplicable, la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Los conceptos de violación expresados por los solicitantes de amparo, resultan ineficaces; por tanto, infundados, conforme a las consideraciones que este Órgano de Control Constitucional precisará al respecto. Como se dejó expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado se hace consistir en la orden de localización, presentación, citación y/o detención y su ejecución. En la especie, el artículo 117 de la Ley de Amparo invocada, establece: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de esta ley. (.)." El precepto legal transcrito, ha sido interpretado por la Jurisprudencia, de la manera siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En el presente asunto se actualiza el supuesto señalado en el inciso g), consistente en: ".g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De la transcripción del citado dispositivo legal, se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado y las garantías que dice el quejoso se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo; por tanto, al no haber aportado prueba para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, además que se violen en su perjuicio las garantías constitucionales que refiere en su demanda de garantías. Se afirma lo anterior, pues no basta el simple hecho que el impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se violan en su perjuicio las garantías constitucionales puesto que atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, le corresponde al quejoso la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho y la violación de las garantías constitucionales que dicen son objeto con el actuar de la responsable; es decir, demostrar que realmente existen los actos que refiere; de ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado por el quejoso, dependa en principio de la existencia de la petición que hayan formulado ante la autoridad responsable de acreditarse éstos supuestos-que en la especie no aconteció-, pues no existe constancia de tales actos, como lo refiere el aquí quejoso; por lo que, al no haber acreditado tales circunstancias; es decir, lo que argumenta en su demanda de amparo, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado, menos aún determinar que se viola en su perjuicio los derechos constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO PARA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si bien es cierto que el artículo 78 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme al tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo." Así como, la diversa Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." De igual manera, la Jurisprudencia, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE AQUEL. Aun reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis, probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia; por lo que si el quejoso, pudiendo hacerlo, no aporta pruebas para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque la autoridad responsable hubiera omitido su informe." En esa tesitura, si la orden de localización, presentación, citación y/o detención y su ejecución, es de lo que se duele la parte quejosa, no es inconstitucional en sí misma, por las consideraciones ya señaladas, evidentemente la presunción de dicha omisión es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, se insiste, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, como lo dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo, al no haberse aportado los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que lo haya hecho, por ende, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el inconforme. No pasa inadvertido para esta autoridad que el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que no obren en autos y que se estimen necesarias para resolver el asunto; sin embargo, dicha disposición se actualiza cuando la autoridad haya rendido informe justificado aceptado la existencia del acto reclamado, pero no cuando, como acontece, se haya presumido su certeza por la omisión de la responsable de rendirlo, ya que en ese caso corresponde la carga de la prueba a los quejosos, púes la orden de localización, presentación, citación y/o detención y su ejecución, que reclama de la autoridad omisa, no es violatoria de derechos en sí misma; por ende su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el acto. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como la diversa tesis XI.2o.29 P, visible en la página 1214, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUÁNDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSE LAS PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. El último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen la regla general sobre el deber que tiene el Juez de Distrito de recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, cuando la autoridad responsable acepta ser cierto el acto reclamado; sin embargo, tratándose de órdenes de aprehensión, exclusivamente, cuando las autoridades ejecutoras manifiestan ser ciertos los actos a ellas imputados pero sin remitir constancias que lo justifiquen, y la ordenadora es omisa en rendir su informe o niega el acto que por ese motivo se presume cierto, el juzgador estará obligado a requerir a aquéllas para que le proporcionen los datos y constancias del caso, con el objeto de advertir, primeramente, si la orden de captura es inconstitucional en sí misma, ya por haber sido dictada por autoridad carente de facultades para ello o por no estar ostensiblemente fundada y motivada; o bien, en la hipótesis de que cumpla con esos requisitos, recabar de la ordenadora los documentos correspondientes a la averiguación o causa suspensas para resolver el asunto; empero, esa obligación se hace patente siempre y cuando el quejoso comparezca a la audiencia constitucional a solicitar su diferimiento para tal efecto, demostrando así su interés en el asunto y el que no le precluya el derecho para recabar la prueba de mérito." En razón de lo anterior y al no advertirse que deba suplirse en favor de la parte quejosa la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues tal suplencia sólo opera respecto de la deficiencia o falta de conceptos de violación, lo que procede es NEGAR a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado, por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO: Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martín Humberto Hidalgo Martínez, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades indicadas en el diverso tercero de este fallo, por las consideraciones ahí expuestas. Segundo. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Martín Humberto Hidalgo Martínez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, en términos del diverso sexto de este fallo. Tercero. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; y que entre hoy y la fecha de notificación a las partes, respecto de los informes rendidos por las autoridades responsables, no media el plazo de ocho días al que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional estaba fijada para hoy. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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