Martín Hernández Vázquez

Expediente 197/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
197/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Martín Hernández Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de ocho de febrero de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió documentos susceptibles de devolución; se le previene para que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró ejecutoriado este juicio, dichos documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Sociedad Cooperativa de Autotransportes Villaflores, S. C. L., por conducto de su apoderado legal ***, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra el acto y autoridad que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 197/2023-VII. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la (1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: (a) Las determinaciones de ocho de diciembre de dos mil veintidós y veintitrés de enero de esta anualidad, pronunciadas dentro del expediente laboral J/O/919/2017, de su índice. Ahora bien, del contenido de las determinaciones que son materia del acto reclamado, esta resolutora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción III, de la citada Ley. Lo anterior es así, puesto que constituyen un actos intraprocesales, esto es, actos dentro de juicio que pueden repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. En efecto, el juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, se concluye que por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía es la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V, del artículo 107, de la Ley Amparo, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Cabe mencionar, que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, cuya publicación se realizó el viernes dos de mayo de dos mil catorce, a las doce horas con cinco minutos, con número de registro IUS 2006338, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así las cosas, se concluye que las actuaciones que llevó a cabo la autoridad señalada como responsable (1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en (a) las determinaciones de ocho de diciembre de dos mil veintidós y veintitrés de enero de esta anualidad, pronunciadas dentro del expediente laboral J/O/919/2017, de su índice; se encuentran relacionados con violaciones intraprocesales; es así, ya que de la narrativa de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa manifiesta en forma expresa que el contenido de dichas determinaciones versan exclusivamente sobre la admisión de las pruebas, ofrecidas por la parte actora de ese sumario, y su preparación, para su desahogo. En efecto, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se desprende que los actos que por esta vía reclama a la (1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, son las actuaciones de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por la que emitió pronunciamiento respecto de la admisión de las pruebas ofertadas por la accionante de esa controversia laboral, saber, las consistentes en la instrumental de actuaciones, las presunciones legal y humana y la confesional a cargo de la demandada, y la diversa de veintitrés de enero de esta anualidad, a través de la cual ordenó el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de las partes que integran la litis natural. Como se ve, los actos supracitados pueden ser reparados a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto; de igual forma, se colige que no se han consumado irreversiblemente las violaciones en el disfrute del derecho humano de que se trate. Ahora, en el caso que dicho acto transcienda al resultado de la sentencia que se dicte en el juicio de origen, éste podrá reclamarse como violación procesal en el amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de actos que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, haga imposible reparar las violaciones reclamadas. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. IV. Desechamiento. Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en: ********************. Se tiene como autorizados en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su respectiva cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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