Martín Hernández Rodríguez

Expediente 2215/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2215/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Martín Hernández Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que al día de hoy, no se ha logrado emplazar a juicio al tercero interesado ********************, no obstante que por auto de once de marzo del año en curso (foja 113), se inició la investigación contemplada en el artículo 27, fracción III, inciso b de la Ley de Amparo, esto es, se requirió a las dependencias denominadas Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Administración desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Nayarit "1", Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suministrador de Servicios Básicos del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Tepic, Gerente Integral Área Tepic de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio y Directores Generales de Catastro Estatal y Municipal, todos con sede en esta ciudad, para que informaran si dentro de sus registros obraba algún domicilio en donde pudiera ser emplazado a juicio el mencionado tercero interesado, sin haber obtenido resultados positivos. En las anotadas condiciones, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordena el emplazamiento a juicio del tercero interesado ******************** mediante EDICTOS, los cuales deberán ser publicados por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el país (EL UNIVERSAL, EXCELSIOR, LA JORNADA, ENTRE OTROS A NIVEL NACIONAL), haciéndole de su conocimiento que en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, se encuentra instaurado el juicio de amparo 1808/2018 promovido por ********************, contra actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en Mazatlán, Sinaloa, consistente en todo lo actuado dentro del expediente agrario número ********************. De igual manera, hágase del conocimiento del tercero interesado: "********************", que queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, copia de la demanda, para su traslado, requiriéndosele para que señale domicilio en esta capital para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de los treinta días, al en que surta efectos la última notificación que se realice en los citados periódicos, de conformidad con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se publicará en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el arábigo 27, fracción II, de la ley de la materia. Hágase de su conocimiento a dicho tercero interesado que la audiencia constitucional se encuentra programada para las ********************; en la inteligencia de que, si en la fecha en que se le practique el emplazamiento correspondiente, ya hubiese transcurrido la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ello no será obstáculo para que se realice la publicación de los edictos, toda vez que este Juzgado de Distrito estará en espera de la entrega de la publicación de los mismos. Por otra parte, quedan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este Juzgado las copias de los edictos respectivos para su oportuna publicación; para que en el término de VEINTE DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recogerlos, pagar su publicación y exhibir ésta o en su caso, manifieste su imposibilidad económica para solventar ese gasto, así como para que acredite dicha imposibilidad; apercibida que de ser omisa a lo anterior, con fundamento en el numeral 63, fracción II, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobreseerá el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como por medio de edictos al tercero interesado ********************.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 47-63), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve (foja 64), se dio vista a la parte quejosa y tercero con interés con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el veintisiete de septiembre siguiente (foja 66) y al tercero interesado el treinta de septiembre del año en curso (foja 67); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para el quejoso del uno al tres de octubre del actual año, así como para el tercero interesado del dos al cuatro del mes y año en cita, respectivamente; sin que en dichas fechas realizaran manifestación alguna las citadas partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 18-26), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.]se concede el amparo solicitado para el efecto de que, en observación del principio de justicia pronta, el Presidente y Auxiliar, ambos de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, provean lo conducente para que se emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 694/2016 y lo notifique a las partes." Luego, en auto de trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 34-35) se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió a la junta responsable para que en el término de diez días lo acatara. En ese sentido, el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era emitir y notificar el laudo respectivo dentro del juicio laboral de origen 694/2016, toda vez que, como se desprendía de las constancias que integran el presente juicio de amparo, había transcurrido un plazo excesivo en el referido conflicto laboral desde que la responsable de mérito declaró cerrada la instrucción y lo notificara a las partes. Luego, a través del oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 47-63), remitió copia certificada del laudo en primera resolución emitido el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 694/2016 de su índice. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior, aun cuando la autoridad responsable, no acompañó las constancias de notificación del laudo de mérito, en razón de que si bien es cierto, la citada actuación forma parte del cumplimiento no menos lo es que dicha notificación quedó suplida con la realizada por el actuario judicial de la adscripción. Sirve de sustento a lo expuesto, la siguiente jurisprudencia aplicada por analogía: "***." Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. NOTIFÍQUESE, Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el precepto 192 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el ocurso y anexos de cuenta, en vías de cumplimiento a la sentencia amparadora, en la inteligencia de que se está en espera del cumplimiento total de la misma. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico, las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en copias certificadas del juicio 13/1999 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ixtlán del Río, Nayarit, se obtiene que Marco Antonio Rivas Núñez demandó a Rafael Salazar Sánchez, a quien reclamó la prescripción positiva del inmueble ubicado en calle México e Hidalgo de la población de Jala, Nayarit, identificado con clave catastral 87-41-002-005-003. Ahora bien, la suscrita considera, salvo mejor opinión, que no es legalmente competente, por razón de turno, para resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que en el diverso Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, ahora Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit se tramitó el juicio de amparo 702/1999 promovido por Rafael Salazar Sánchez contra el acto reclamado al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit, consistente en el emplazamiento por edictos al juicio civil ordinario número 13/1999, todo el procedimiento practicado en el mismo, la sentencia dictada y el acuerdo que la declaró ejecutoriada. Precisado lo anterior, es inconcuso, que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, en la que se regula lo relativo a los sistemas de turno de asuntos de dichas oficinas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, dicho órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo del asunto y, por ende, es quien debe resolverlo, por los motivos que enseguida se expresarán. En principio debe precisarse que del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, concerniente a los sistemas de turno de asuntos que realizan las oficinas de correspondencia común, se advierte, en lo que aquí interesa, que los jefes de las oficinas aludidas, previo a realizar el turno aleatorio, tienen la obligación verificar si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Lo anterior, en el entendido de que el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto del turno que deba darse a los asuntos que se vayan a tramitar en órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurran en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico, por estar conociendo, o bien, haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 46/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 585, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguiente: En efecto, los artículos 45 y 46 de la Sección Octava del acuerdo general en análisis, establecen lo siguiente: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; De lo anterior se colige, que existen juicios de amparo relacionados, en los siguientes supuestos: El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que esté conociendo, o bien, que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, se turnará al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; o, Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; Entonces, es dable deducir que, por regla general, cuando se actualizan estos supuestos la competencia debe determinarse en favor del juzgador que tuvo el último conocimiento de un juicio de amparo relacionado al que se pretende turnar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 184/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Novena Época, página 222 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y contenido siguiente: Asimismo, dicha porción normativa establece que cuando se turne un asunto a determinado órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer. Ahora, en el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit, en apoyo a su informe de ley, consistente en los autos que integran el juicio 13/1999 de su índice, se advierte que Rafael Salazar Sánchez promovió juicio de amparo indirecto contra diversos actos que atribuyó a dicho juez, el cual por razón de turno conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, actualmente denominado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, cuyo titular lo registro con el número de expediente 702/1999 y resolvió el uno de febrero de dos mil concediendo el amparo. Por tanto, es inconcuso que el citado órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo del asunto que aquí se ventila, pues, como se precisó, se encuentra relacionado con el citado juicio de amparo 702/1999, de su numerario, el cual fue promovido por Rafael Salazar Sánchez. Ahora bien, de todo lo anterior, se advierte que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 46, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, porque ambos juicios de amparo se encuentran relacionados, toda vez que los actos reclamados en éstos, se encuentran vinculados al tener como su origen el mismo juicio natural, pues los actos reclamados consiste en la orden de cancelación de la inscripción de la escritura pública número "3,718" que ampara el inmueble ubicado en calle México número 31 y 33, esquina con la calle Hidalgo (actualmente con número visible 25) de la población de Jala, Nayarit, emitida en el contradictorio de origen 13/1999, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit. Por tanto, con apoyo en lo establecido en los invocados artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado federal estima que el presente asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral citado en segundo término y, por ende, no le corresponde resolver el juicio de amparo promovido por Héctor Manuel Carrillo Santana y Margarita del Socorro Jacobo Cambero, contra los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit y otras autoridades, por lo que se ordena remitir el presente expediente de amparo, así como los legajos de prueba y cuadernos incidentales relativos a éste al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes, solicitándole a su titular tenga a bien informar a este órgano de control constitucional, el acuerdo que recaiga a la presente determinación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el returno del presente juicio se realice con posterioridad a que este órgano jurisdiccional se avocó de su conocimiento, toda vez que el citado acuerdo general no establece algún momento procesal para pronunciarse al respecto, pues el numeral 45, fracción ll del acuerdo en análisis establece expresamente que cuando la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, turne asuntos de manera relacionada lo hará al órgano jurisdiccional que conoce o conoció del asunto previo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 129/2010, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189 del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: Así como, por las razones que informa, la diversa tesis XVII.2o.2 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3342, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: Por tanto, con las principales constancias que integran el juicio que nos ocupa, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, en el entendido de que se difiere la audiencia constitucional y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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