Martín Flores Cortez

Expediente 667/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
667/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Martín Flores Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de queja administrativa 235/2018, relativa al presente juicio 667/2018. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que DECLARÓ INFUNDADA la queja planteada por el quejoso Martín Flores Cortéz, en contra del proveído de doce de abril del año pasado, por medio del cual, se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta de su parte. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En las relatadas circunstancias y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la ley de la materia aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Finalmente, vistas las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo una prueba documental en original (foja 5); por tanto, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional, con el objeto de recoger los documentos de referencia que exhibió como prueba dentro del presente sumario constitucional; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran más de cinco años, serán susceptibles de destrucción, acorde a lo establecido en el Acuerdo indicado. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 372/2018-P, de veintiséis de abril de la presente anualidad, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, así como los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 2056/2017 (auxiliar 191/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veinticinco de abril del año en curso, y de la que se advierte que se sobreseyó el amparo a la parte quejosa, contra el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar el escrito de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, presentado en el juicio agrario 294/2014 y el auto de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el referido expediente. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envió. Asimismo, ténganse por recibidos dos legajos de pruebas y un disco compacto que contiene la resolución dictada en el presente juicio que se adjuntan. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que realizó la transferencia bancaria a nombre de la quejosa y remite el reporte de transferencias SPEI y cálculo de actualización. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de referencia, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veintiuno de marzo del presente año (fojas 90 a 93), la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento al fallo protector, del que se aprecia que remitió copia certificada del auto de dieciséis de marzo del año que transcurre, en el que dejó sin efecto todo lo relacionado a la admisión de las pruebas de inspección y judicial contable posterior al acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; asimismo, dejó insubsistente el acuerdo emitido el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por lo que respecta a la admisión de la prueba de inspección judicial con auxilio de peritos contables, ofertada por la parte demandada, a cargo del perito contador público Juan José Álcala Inda; asimismo, no tuvo por admitida la prueba de inspección judicial con auxilió del citado diestro, ofrecida por la parte demandada, por los motivos expuestos en dicho acuerdo. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintidós de marzo de la presente anualidad (foja 94) se dio vista a la parte quejosa, con el referido oficio y anexos, para que dentro del término de tres días siguientes al que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el dos de abril del presente año (foja 97); por ende, el término de tres días que le fue otorgado, transcurrió del cuatro al seis de abril mencionado. Lapso durante el cual el apoderado legal de la parte quejosa realizó diversas manifestaciones. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias de autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada por este Órgano de Control Constitucional, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 60 a 72), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".Deje insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 745/2016, de su índice, en el que admitió la prueba de inspección judicial con auxilio de peritos contables ofrecida por la parte demandada; y, Con plenitud de jurisdicción, dicte otro fundado y motivado, de acuerdo a los lineamientos de esta sentencia, es decir, deberá de señalar con precisión los motivos y fundamentos que tome en cuenta para determinar la idoneidad de la prueba, ponderando las manifestaciones tanto de la parte oferente como de la opositora aquí quejosa; En el caso de determinar que es procedente la admisibilidad de la prueba, deberá establecer las medidas necesarias para preservar el carácter confidencial de la información de la parte actora, así también especificar en qué términos se va a desahogar la prueba, esto es, cuando menos los puntos concretos que deberán de tomarse en cuenta para ello, a fin de proteger la información de la parte actora." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 745/2016, de su índice, en el que admitió la prueba de inspección judicial con auxilio de peritos contables ofrecida por la parte demandada Con plenitud de jurisdicción, dictara otro fundado y motivado, de acuerdo a los lineamientos de esta sentencia, es decir, debería de señalar con precisión los motivos y fundamentos que tomara en cuenta para determinar la idoneidad de la prueba, ponderando las manifestaciones tanto de la parte oferente como de la opositora aquí quejosa y, En caso de determinar que es procedente la admisibilidad de la prueba, debería establecer las medidas necesarias para preservar el carácter confidencial de la información de la parte actora, así también especificar en qué términos se desahogaría la prueba, esto es, cuando menos los puntos concretos que deberían de tomarse en cuenta para ello, a fin de proteger la información de la parte actora. Luego, para evaluar el cumplimiento dado por la responsable, hay que considerar las siguientes actuaciones: En cumplimiento al requerimiento que para tal efecto se efectuó, mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veintiuno de marzo del presente año (fojas 90 a 93), la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento al fallo protector, del que se aprecia que remitió copia certificada del auto de dieciséis de marzo del año que transcurre, en el que dejó sin efecto todo lo relacionado a la admisión de las pruebas de inspección y judicial contable posterior al acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; asimismo, dejó insubsistente el acuerdo emitido el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por lo que respecta a la admisión de la prueba de inspección judicial con auxilio de peritos contables, ofertada por la parte demandada, a cargo del perito contador público **; asimismo, no tuvo por admitida la prueba de inspección judicial con auxilió del citado diestro, ofrecida por la parte demandada, por los motivos expuestos en dicho acuerdo. Por tanto, esta juzgadora estima que con lo anterior, se ha restituido al solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; y por ende, debe declararse que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Asimismo, con sustento en los Apartados Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, deberá conservarse, por lo tanto, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados, a excepción de la demanda de garantías y la resolución relativa a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Además, devuélvanse a su lugar de origen los legajos de constancias que obran por separado, en virtud de no resultar necesarias en el presente asunto. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que realizó el apoderado legal de la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dígasele que tiene expedito su derecho para hacer valer el recurso que estime conveniente.

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