Martín Hernández Hurtado
Expediente 924/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2023
Partes del expediente
- Martín Hernández Hurtado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de junio de dos mil veintitrés. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. En razón a que dicha resolución no requiere ejecución material, con fundamento en una interpretación a contrario del artículo 214 de la Ley de Amparo2 , así como en lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo3 ; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que las partes no allegaron al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese; y, mediante oficio a la autoridad responsable4 .
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto el estado de autos, así como, la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se dictó un auto en el que, entre otras cosas, se sobreseyó fuera de audiencia, sin que obre constancia de que se notificara tal determinación a la autoridad responsable. II. Reenvío de oficio. A fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente proveído, se ordena el reenvío del oficio derivado del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, a fin de que la autoridad responsable en cita, se encuentre debidamente notificada. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad en cita1
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. I. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio TCA.1650/2022, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de mérito, con el que se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. II. Datos de localización. De igual manera, se tiene a la citada autoridad proporcionando datos de localización, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto lo informado por la autoridad responsable, y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Para resolver el presente asunto, se colige que se actualiza la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, pues en la especie, aconteció una circunstancia que dejó sin efectos la omisión combatida en esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto que señaló la parte quejosa como el reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo es: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAME: por la naturaleza del acto reclamado la paralización total del juicio desde el 09 de Junio del 2022 y con ello la omisión por parte de la Autoridad Responsable a emitir el Acuerdo Admisorio de Pruebas correspondiente, dentro del juicio laboral 755/2022/1, no obstante que transcurrió en exceso el término legal para la emisión del mismo y las constantes solicitudes por parte dellrabajador actor. .". Así, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado emitió un acuerdo en el que proveyó lo relativo a la admisión de medios de prueba dentro del expediente 755/2022/1. Determinación de la que allegó en copia fotostática certificada. Constancia que merece valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR ROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así pues, es claro que, en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se emitió el auto que proveyó lo relativo a la admisibilidad de medios de prueba dentro del expediente de origen, así como lo relativo a su desahogo; lo cual se reclamó como omisión de actuar en la presente instancia. Por lo que, en el momento procesal correspondiente, de conceder el amparo en contra de dicha determinación, existiría la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación del derecho violado, a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la ley que rige el juicio constitucional, dado que la omisión ya venció. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior, se colige que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la citada legislación. De este modo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". Finalmente, conviene precisar que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento de juicio, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos. Aplica al particular, la jurisprudencia 51/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007920, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de agosto de dos mil veintidós. I.- Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por ******, apoderado de Fraccionadora *****, en el que solicita copias simples del escrito inicial de demanda y designa como delegada a la persona que menciona en el ocurso que se atiende; atento a ello se provee: II. No ha lugar a acordar Visto el ocurso de cuenta, dígase al promovente que no es factible proveer de conformidad a lo solicitado; a razón de que según se advierte en autos, ******, no es parte procesal en el presente juicio de amparo. Sin que sea factible ordenar la remisión del escrito de referencia al expediente que corresponda, ya que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte que forme parte en algún procedimiento del índice de este juzgado de distrito. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Martín García Rosas331/2022
- Martín González Andrade1056/2019
- Martín Guerrero Guadarrama1200/2015
- Martín Gutiérrez Hernández614/2018
- Martín Gutiérrez Hernández1498/2018
- Martín Guzmán Cárdenas2986/2015
- Martín Izquierdo Dorantes1166/2022
- Martin Izquierdo Dorantes438/2020
- Martin Izquierdo Dorantes942/2022
- Martín Jiménez González589/2017
- Martín Lara Urenda1116/2021
- Martín Lara Urenda447/2022