Martín Guerrero Guadarrama

Expediente 1200/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1200/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
16/06/2015

Partes del expediente

  • Martín Guerrero Guadarrama
  • Mario Guerrero Guadarrama
  • Caja Popular Alianza del Municipio de Apaseo el Grande Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto; por cuanto ve a la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos MARTÍN GUERRERO GUADARRAMA Y MARIO GUERRERO GUADARRAMA; hubieran recurrido el auto dictado por este Juzgado en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de garantías; por lo que con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del artículo 2º del ordenamiento legal invocado, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como total y legalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, por haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. . .VI

  2. Principal

    Como está ordenado en el juicio de amparo número 229/2015-IV, promovido por MARÍA RAMOS NÚÑEZ, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 138 de la invocada ley, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; asimismo, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, la autoridad se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, además podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En términos del artículo 144 de la ley reglamentaria, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia incidental. Al efecto, la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en: el proceso legislativo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, así como la falta de llamamiento al Procedimiento para el fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias SC/DJAC/33/2012, en particular, la resolución de nueve de enero de dos mil quince y como consecuencia la ejecución de dicha determinación. Así en primer término, debe negarse la suspensión provisional solicitada, ya que las determinaciones combatidas se encuentran consumadas en lo que se refiere a la suspensión, al haberse emitido con anterioridad a la presentación de la demanda de garantías, por tanto, de concederse, se darían efectos restitutorios a dicha medida cautelar, propios en su caso, de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 1090, visible en la página 756, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, misma que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados, es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Ahora, por lo que refiere a los efectos y consecuencias del acto reclamado, en términos del artículo 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Vigor, se procede a realizar el análisis respectivo ponderado la apariencia del buen derecho y el interés social acorde con lo estatuido en el numeral 138 de la Ley de Amparo aludida. Por lo tanto, atendiendo a la apariencia del buen derecho y al interés social, se estima que en el caso particular, debe concederse la suspensión provisional a la parte incidentista. Previamente, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo referida exige dos requisitos para conceder la suspensión: I.- Que la solicite el quejoso, y, II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. De acuerdo a lo anterior, en el caso se advierte que la suspensión provisional fue solicitada por la quejosa, que no se sigue perjuicio al interés social, esto es, que con la medida no se daña un interés colectivo y si, por el contrario, el incidentista aduce tener interés para obtener la medida cautelar solicitada, ya que dicha situación le causa perjuicio, en esa virtud, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de la Materia, lo procedente es conceder la medida cautelar que solicita, para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute la resolución condenatoria emitidas dentro del expediente número SC/DJAC/33/2012, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en la interlocutoria que para tal efecto se pronuncie. En la inteligencia, de que la presente medida surte efectos, únicamente si a la fecha no se ha llevado a cabo dicha ejecución. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 602, publicada en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 545, que dice: "SUSPENSIÓN. INTERÉS PÚBLICO. Al resolverse sobre la suspensión de los actos reclamados, deben sopesarse, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, los daños y perjuicios (patrimoniales o no) que la parte quejosa puede resentir con la ejecución de los actos reclamados o con los efectos provocados o derivados de ellos, contra los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al interés público o al bienestar general con la dilación de la ejecución de los actos. Es decir, no se trata de examinar si es conveniente o necesario al interés general que se realicen los actos reclamados, sino que se debe determinar si hay o no urgencia en que se realicen y comparar los daños que la suspensión puede ocasionar al interés público, con los daños que la ejecución o consecuencias de los actos reclamados pueden ocasionar a la parte quejosa. Y al analizar estos elementos, de ninguna manera se debe perder de vista que al quejoso se le obliga a garantizar los daños que pueda causar, ya que para ello se le exige una fianza, mientras que las autoridades no suelen indemnizar los daños (patrimoniales o no) que causan a los particulares con la ejecución de los actos reclamados. En efecto, se ha venido estimando (sin que aquí deba analizarse si con ello satisface el artículo 80 de la Ley de Amparo) que en caso de concesión del amparo la restitución de las cosas al orden anterior no incluye la obligación de la autoridad de pagar los daños y perjuicios causados a la parte quejosa con la ejecución de sus actos que fueron encontrados inconstitucionales y, por ende, ilícitos." Por otro lado, el artículo 116, fracción III, de la anterior Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a la incidentista, que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa y como autorizado para tal efecto al profesionista que se menciona en el proemio de la demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles, para la realización de las notificaciones que se ordenen en el presente asunto, ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia. . .IV

  3. Principal

    Agreguese oficio de autoridad mediante el cual interpone recurso de revisión... requierasele por copias faltantes...

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 15/05/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 14/05/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que la quejosa no desahogó la vista otorgada por acuerdos de diecisiete y veintinueve de abril de dos mil quince, con motivo de los informes a través de los que la autoridad responsable informó dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; no obstante estar apercibida que en caso de no realizar manifestación alguna, este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente En esa medida, esto órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veinte de marzo de dos mil quince, este juzgado determinó en su resolutivo único conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a ROSA MARÍA ROMERO CHAVERO, en contra del acto que reclamó a la Junta Especial número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, Querétaro, para los efectos apuntados en el considerando sexto de la sentencia, que señalan: "[.] En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que la Junta responsable obre en el sentido de respetar la garantía violada; es decir, proceda a emitir el laudo relativo al juicio laboral 0144/2013 de los de su índice, respetando los plazos y términos establecidos por los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo y una vez realizado lo anterior, el actuario adscrito notifique a las partes el laudo respectivo. [.]" Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia y se proveyó el comunicado 459/2015 remitido por la responsable al que adjuntó copia certificada del laudo relativo al juicio laboral 0144/2013 de los de su índice. No obstante lo anterior, dado que no remitió las constancias de notificación correspondiente a ese fallo, por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil quince, se requirió a la responsable para que exhibiera las mismas, lo que realizó mediante el oficio 620-2015, recibido en este juzgado el veintiocho de abril de dos mil quince. Es así, que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la responsable dictó el laudo relativo al juicio laboral de donde derivó el acto reclamado y lo notificó a las partes, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .III(NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE)

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